Miles de personas se manifestaron en Budapest para exigir la dimisión del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, tras revelarse abusos sistemáticos contra menores en centros estatales. El caso ha detonado una crisis política en uno de los gobiernos más longevos de Europa.
Miles de húngaros salieron a las calles este fin de semana para exigir la renuncia del primer ministro Viktor Orbán, luego de que salieran a la luz graves abusos físicos y sexuales cometidos contra menores en instituciones estatales de detención y cuidado infantil. La protesta, una de las más numerosas de los últimos años, avanzó hasta las oficinas del mandatario en la capital.
Encabezados por líderes de la oposición, los manifestantes portaron velas, antorchas y juguetes de peluche como símbolo de solidaridad con las víctimas, mientras coreaban consignas como “¡Protejan a los niños!”. La movilización reflejó el creciente enojo social por lo que se percibe como inacción gubernamental ante un escándalo que se arrastra desde hace años.
Las autoridades confirmaron la detención de siete personas vinculadas con el centro estatal de menores de Budapest, mientras la fiscalía mantiene abiertas investigaciones contra el antiguo director del lugar, señalado por presuntamente encabezar una red de prostitución, trata de personas y lavado de dinero. El caso se agravó tras la difusión de un video que provocó la dimisión del director en funciones del centro.
Ante la presión social, el gobierno colocó los cinco correccionales juveniles del país bajo supervisión policial directa. Orbán, quien acumula más de 15 años en el poder y se prepara para enfrentar elecciones en abril, calificó los abusos como “inaceptables y criminales”, aunque para amplios sectores de la población esas declaraciones resultan insuficientes.
La magnitud de la protesta deja claro que el escándalo ha erosionado la legitimidad del gobierno y se perfila como uno de los mayores desafíos políticos para Orbán desde que asumió el poder, al poner en el centro del debate público la responsabilidad del Estado en la protección de la infancia.
Con información de La Jornada.
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