Fueron meses y meses de trabajo arduo para que la reforma energética pudiera ir tomando forma hasta llegar a lo que hoy se conoce como el plan nacional de energía y que corresponde a una visión diferente acerca de las empresas estratégicas del Estado, así como su enorme trascendencia para el país. Por supuesto que el antecedente inmediato se remonta a la administración de López Obrador, pero hoy es una realidad a partir de los cambios constitucionales recientes impulsados desde Palacio Nacional.
Pero en esto de la energía eléctrica, obligadamente hay que partir de dos realidades que para nadie son un secreto en la CFE. La primera es el saqueo que por años sufrió la empresa a manos de funcionarios voraces a lo que habría que sumar el abandono intencional para justificar la entrada de poderosos intereses económicos; la segunda es que, concatenada con la primera, nuestro sistema eléctrico nacional poco alcanzaba en esas condiciones para satisfacer la demanda de los usuarios. Ambas realidades exigen de este gobierno tomar el rumbo adecuado para que, tanto los recursos públicos como los privados sean destinados de manera transparente y eficaz en aras de alcanzar el objetivo de este plan.
En ese sentido, y tal como establece el plan, los empresarios mexicanos tienen frente a sí una oportunidad de oro para incorporarse a dicha estrategia que sin duda les generará dividendos a diferencia de las condiciones actuales, pues, así como estaba la política pública para el sector, poco podrían hacer frente a competidores extranjeros. Es decir, la justicia energética que hoy se configura como uno de los ejes más destacados de esta estrategia de Claudia Sheinbaum, también contempla a los empresarios mexicanos que buscan invertir en temas que beneficien y alienten el desarrollo del país. Estando así las cosas, esa idea de robustecer a nuestro sistema eléctrico, sí o sí verá la participación privada con nuevas reglas que dejen en el pasado el tráfico de influencias acostumbrado desde tiempos remotos.
Si ya de por sí esto son buenas noticias para todas y todos en el país, a eso hay sumarle los beneficios que trae consigo la soberanía energética pues el Estado, teniendo la rectoría podrá garantizar su desarrollo. Sumemos también los beneficios para el medio ambiente puesto que se prioriza la transición energética que pondrá a este país a la vanguardia no sólo en el continente a mediano plazo, sino que llegará a ser modelo en otras partes del mundo.
Cada eje anunciado en este plan deja una buena impresión y marca claramente la tendencia de este gobierno respecto al sector. Es fundamental que se apueste por las cocinas limpias que principalmente beneficiarán a las madres jefas de familia, o que se pretenda expandir todo un programa de parques fotovoltaicos lo cual no es innovador en sí, ya existe, sin embargo estos cuentan con la posibilidad de ser aún más exitosos si el eje no solo se reduce a la captación de energía sino que a su vez apuesta por el almacenamiento que es una de las principales dificultades. Aquí resulta necesario hacer un paréntesis, hay empresas orgullosamente mexicanas que dejaron de utilizar el litio en baterías introduciendo nuevas tecnologías no contaminantes o menos contaminantes como el grafeno. Apostar por estas empresas y trabajar de manera coordinada puede acortar el plazo para que el plan cumpla con su objetivo.
En fin, Claudia Sheinbaum ha arrancado su mandato con pasos contundentes y parece ser que no hay obstáculos significativos que puedan retrasar el proceso de transformación, ya en enero quizá aparezca uno llamado Trump, ahí veremos otra historia porque de que la relación con el país vecino cambiará, ni duda queda.
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