El nuevo Órgano de Administración Judicial detectó un déficit cercano a 14 mil millones de pesos y graves carencias que pusieron en riesgo el pago de salarios en el Poder Judicial.
El extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dejó un déficit financiero de casi 14 mil millones de pesos, además de serias deficiencias operativas y materiales, reveló Néstor Vargas Solano, presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), durante la presentación de su primer informe de labores, a 100 días de asumir el cargo.
El funcionario advirtió que las irregularidades heredadas del CJF, encabezado por Norma Piña Hernández, pusieron en riesgo el pago de salarios de más de 50 mil trabajadores, debido a que no existía un tabulador vigente para cubrir la nómina en la primera quincena de septiembre, situación por la que ya se dio vista a la Contraloría.
Vargas Solano señaló que lo encontrado evidencia redes internas que beneficiaban a unos cuantos, operando al margen de las necesidades reales del personal judicial. “Estamos frente a un hecho histórico”, afirmó, al asegurar que estas prácticas ya están siendo desmanteladas.
Entre las principales anomalías detectadas destacan el abandono en el mantenimiento de inmuebles, la falta de equipo básico como impresoras y escáneres, descoordinación administrativa y una crisis en la gestión de archivos, con depósitos documentales saturados hasta en 98%.
También expuso que no se realizaron estudios jurídicos, presupuestales ni financieros para cumplir con pagos previstos en la reforma judicial, particularmente para jueces y magistrados que renunciaron o participaron en procesos electorales.
Ante este panorama, el OAJ implementó medidas correctivas inmediatas, como la creación de un nuevo tabulador salarial para el propio órgano y el Tribunal de Disciplina Judicial, sin afectar las prestaciones de los niveles 12 al 34. Asimismo, se eliminaron beneficios como el seguro de gastos médicos mayores y el de separación individualizada para mandos altos y nuevo ingreso, en apego a una política de austeridad.
En materia de seguridad, se trabaja en la actualización del Plan Estratégico de Seguridad Institucional 2023–2026 y de protocolos ante emergencias y agresiones. Vargas Solano subrayó que el OAJ sienta las bases de una administración judicial más eficiente, austera y transparente, separada de las funciones jurisdiccionales.
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