Más de 85 mil mexicanos fueron arrestados por el ICE en los primeros meses del nuevo gobierno de Trump, un tercio del total, pese a que 75 mil detenidos no tienen antecedentes penales. Organizaciones civiles alertan negligencia, muertes y condiciones inhumanas en centros de detención.
En los primeros nueve meses del nuevo gobierno de Donald Trump, el ICE detuvo a más de 220 mil migrantes, de los cuales 85 mil eran mexicanos, convirtiéndolos en el grupo más numeroso bajo custodia. De acuerdo con cifras oficiales citadas por NBC News, la mayoría eran hombres entre 25 y 45 años. Les siguieron guatemaltecos (31 mil) y hondureños (24 mil).
Aunque Washington insiste en que el enfoque es capturar criminales, 75 mil personas arrestadas no tenían historial penal, lo que expertos califican como una contradicción con el discurso oficial. El promedio diario de detenciones llegó a 824, más del doble que durante la administración de Biden, pero aún lejos de la meta de 3 mil planteada por Stephen Miller, impulsor de la estrategia anti inmigrante.
Organizaciones como Detention Watch Network denunciaron que el DHS está realizando arrestos arbitrarios a gran escala, con reportes crecientes de muertes, negligencia médica, hacinamiento, falta de alimento, aislamiento y traslados excesivos, lo que ha roto vínculos familiares. Hasta principios de diciembre, se habían registrado al menos 25 fallecimientos bajo custodia del ICE, la cifra más alta en décadas.
Amnistía Internacional documentó abusos “horrorosos” en el centro conocido como Alcatraz de los caimanes, en Florida, describiendo condiciones insalubres, fugas de aguas negras, insectos, luces encendidas 24 horas, mala alimentación y atención médica insuficiente o negada. Algunos detenidos fueron confinados en estructuras tipo jaula de apenas 60 centímetros, con los pies encadenados a la tierra, un trato que calificaron como casi tortura.
Además, activistas denunciaron acciones para debilitar programas de protección para jóvenes y mujeres embarazadas, quienes enfrentan detenciones irregulares y procesos que pueden derivar en separación familiar permanente. El gobierno mantiene actualmente 65 mil 735 personas detenidas y otras 182 mil bajo supervisión en programas alternativos.
Mientras tanto, la opinión pública muestra señales de hartazgo: casi dos tercios de los votantes rechazan la política migratoria del presidente. Entre los independientes —clave para las próximas elecciones— la desaprobación es similar. Este escenario ha contribuido al declive en la aprobación presidencial, que Gallup sitúa en 36%, el punto más bajo de su segundo mandato.
Con información de La Jornada.
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