El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, anunció la publicación de una reforma judicial que busca incorporar una perspectiva social en el acceso a la justicia. El objetivo principal es dar prioridad a los ciudadanos que se encuentren en alguna situación de desventaja social, como aquellos en condiciones de pobreza, marginación o pertenecientes a comunidades indígenas.
Batres destacó que esta reforma actualiza y refuerza los principios bajo los cuales se debe regir la función jurisdiccional en la Ciudad de México, garantizando que el acceso a la justicia sea más equitativo y justo para las personas y grupos sociales que enfrentan desigualdades.
Justicia desigual: ricos evaden prisión, pobres la sufren
En el marco del anuncio, desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Batres Guadarrama criticó la estructura desigual en el ámbito judicial, señalando que muchas veces las personas con dinero evitan la cárcel, mientras que quienes enfrentan dificultades económicas terminan tras las rejas.
“Hay muchos pobres en las cárceles y muchos que tienen dinero libran la prisión, libran la acción penal, libran los procesos”, afirmó el jefe de Gobierno, subrayando la necesidad de corregir estas injusticias a través de un sistema judicial que contemple las desigualdades estructurales.
Nueva visión: más allá de la igualdad formal
Batres explicó que esta reforma supera la idea de la “sola igualdad formal ante la ley”, reconociendo que las desigualdades sociales requieren de un tratamiento más profundo en el sistema judicial. Esta nueva perspectiva permitirá a los jueces tomar en cuenta la vulnerabilidad y desventaja en que pueden encontrarse ciertos ciudadanos al momento de acudir al sistema de impartición de justicia.
El jefe de Gobierno también destacó que la Constitución de la Ciudad de México ya reconocía el principio de “justicia social” en algunos apartados, pero no lo vinculaba directamente con la función jurisdiccional. Con esta reforma, que fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se busca que el Poder Judicial actúe de manera más sensible y justa frente a las desigualdades sociales.
Modificación en el artículo 35 del Poder Judicial
La reforma modifica el artículo 35 del Poder Judicial en su apartado A, donde se adiciona un párrafo clave: “En la función jurisdiccional se privilegiarán los principios de igualdad sustantiva, justicia restaurativa y justicia redistributiva para garantizar la tutela efectiva de los derechos humanos, en especial de aquellos grupos que se encuentran en situación de pobreza, exclusión, marginación o discriminación“.
Esta modificación busca asegurar que los principios de justicia social permeen de manera efectiva en los procesos judiciales, favoreciendo un sistema más equitativo y que responda a las necesidades de los sectores vulnerables de la sociedad.
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