Después de años de juicios y escándalos, la familia Weinberg ha decidido colaborar con las autoridades mexicanas. Este cambio de estrategia les permite pasar de acusados a testigos . El acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pone fin a un prolongado juicio civil en Miami, que buscaba recuperar 600 millones de dólares relacionados con contratos públicos fraudulentos.
Recientemente, los Weinberg notificaron a la Corte del Décimo Primer Circuito Judicial en Miami-Dade sobre el acuerdo confidencial. Por lo tanto, solicitaron desechar la demanda que nunca llegó a juicio con jurado.
Además, la UIF anunció que se habían programado audiencias ante un juez mexicano para implementar los términos del acuerdo. Sin embargo, estas audiencias se aplazaron para la próxima semana. Estaban relacionadas con el proceso penal que enfrentan los Weinberg en México.
El juicio civil se centró en 28 inmuebles en Florida, adquiridos a través de empresas de papel vinculadas a la familia. Hasta ahora, al menos dieciocho de estas propiedades se han vendido por más de 28 millones de dólares. Estos fondos forman parte de la reparación del daño que los Weinberg deberán cubrir.
En el marco del acuerdo, la familia Weinberg aceptó colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) como testigos. Este compromiso les permite enfrentar cargos penales con la posibilidad de una reducción de penas o incluso la exoneración, a cambio de su cooperación y el pago de la reparación del daño.
Este acuerdo marca un avance significativo en las investigaciones contra Genaro García Luna, exfuncionario federal condenado en Estados Unidos por recibir sobornos del Cartel de Sinaloa. Según la demanda civil, García Luna recibió sobornos de los Weinberg desde 2006 y luego se asoció con ellos.
La colaboración de la familia Weinberg podría ser clave en la lucha contra la corrupción en México. Este acuerdo refleja el compromiso del Gobierno mexicano por obtener justicia y desmantelar redes de corrupción vinculada.
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