Desechó la Suprema Corte el desechable desecho que buscaba invalidar parcialmente la reforma judicial. En pocas y reaccionarias palabras, se jugó el futuro del país y se perdió, el “juicio final” llegó a su fin en unas cuantas horas y no pasó nada, ni el Ejecutivo tuvo que ignorar el proyecto de González Alcántara Carrancá (ese que ni siquiera se discutió), ni el Legislativo tuvo que archivar la resolución, y aparentemente, “las consecuencias de cambiar, de la noche a la mañana toda la forma en que se van a elegir a jueces y magistrados”, como decía el magistrado autor del mentado proyecto, no ha repercutido en el vida diaria de los mexicanos de a pie que no saben que desconocen aquello que los conservas afirman que los mexicanos de a pie no saben que desconocen. Sin embargo, debemos asumir que , así lo dicta lo que queda del PRIAN, el vox populi de la comentocrácia al servicio de la iniciativa privada y el mismo Juan Luis González Alcántara Carrancá, Norma Piña y cia., el Estado de Derecho ha desaparecido gracias al siempre culpable actuar de las ministras Lenia Batres, Jasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf que, junto con Alberto Pérez Dayán votaron en contra de la humilde propuesta de propuestas que buscaba salvar nuestra democracia, nuestras libertades, el país y el nepotismo al interior del Poder Judicial.
El fondo de la propuesta del ministro González Alcántara Carrancá, que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la nación propuesto, en una terna, por Andrés Manuel López Obrador, era preservar la independiente independencia del Poder Judicial que no debe rendirle cuentas a nadie más que a sí mismo y los intereses de sus miembros. Si alguien sabe lo que significa tener que rendir cuentas y estar maniatado a voluntades ajenas a la inviolable lectura del espíritu constitucional, es él. Él, que creyó en el proyecto cuatrero de los cuatroteros y pronto se dio cuenta que se había equivocado al hacerlo. Él, que se convirtió en ministro por propuesta de Morena y ahora tiene la libertad de defender causas opuestas a las que defiende Morena, sabe lo peligroso que es tener ministros que tengan que rendirle cuentas a quienes los pusieron donde están. Si él, propuesto por López Obrador, puede realizar su trabajo de acuerdo con sus convicciones e intereses, resulta impensable que un ministro pueda mantenerse imparcial si llega a donde llegue electo por la ciudadanía. Seamos serios. Que la gente pueda elegir a sus jueces obliga a los jueces a someterse a un concurso de popularidad en el que su quehacer se verá trastocado por la necesidad de ganar la simpatía del electorado, exactamente como le sucede a legisladores y representantes del Poder Ejecutivo, a todos los niveles, que solo actúan pensando en su popularidad y nunca, jamás de los jamases, toman decisiones que no son populares. Y si los jueces se ven sometidos a la presión de un concurso de popularidad, la independencia judicial desaparecerá, el Poder Judicial dejará de ser un contrapeso libre y se verá obligado a la terrible y muy baja realidad lumpemproletariada de rendir cuentas al pueblo y trabajar dando la cara al mismo ¡¿De verdad?! ¡¿Dónde quedará la pompa de formar parte del Poder Judicial?!
Lo que González Alcántara Carrancá proponía iba más allá del tendido de puentes entre los Poderes de la Unión, el hombre le tendió la mano al Poder Ejecutivo para abrir las puertas de una negociación que permitiera salvaguardar lo salvaguardable, mantener intacta la estructura nepotista del Poder Judicial y el negocio de la impartición de justicia y la preservación de la desigualdad en México. La reforma judicial, aprobada —no gracias al voto de más de 35 millones de mexicanos que decidieron apoyar un proyecto, el voto popular no importa nada, lo que importa es el voto de dos congresistas aislados— gracias a Yunes y Daniel Barreda, “no genera —de acuerdo con la sabia sabiduría magistrada del ministro González Alcántara Carrancá —las condiciones mínimas de seguridad jurídica requeridas en cualquier sistema democrático”, la ciudadanía no va a contar con la información suficiente para emitir un informado voto informado, y eso es peor a que la ciudadanía no vote en absoluto y la decisión de quienes son jueces, magistrados y ministros, quede en manos del mismo Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y del Legislativo, controlado y sin sorpresas. Elegirlos democráticamente corrompe, en palabras del ministro obradorista antiobradorista, los fundamentos de una nación representativa y democrática. Porque nada corrompe más los fundamentos de una nación representativa y democrática que elegir democráticamente a quienes habrán de representar a la ciudadanía.
Entrados en gastos
En esa misma línea se ha mantenido la campaña de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, que está en campaña a pesar de oponerse a la elección popular de los miembros del Poder Judicial, que busca que la Constitución se escriba en piedra y no sufra ni una sola modificación, quien lamenta que ese “inmenso manto protector de certeza, de confianza, de seguridad y de unión entre los mexicanos” que es la Constitución, no se confundan con el manto guadalupano, haya sufrido desde su promulgación más de 800 modificaciones. El Poder Judicial es el más conservador de los tres poderes y debe preservar la viabilidad de una sociedad anquilosada y rancia, cuyas leyes no respondan a las necesidades y circunstancias de la sociedad. Modificar la constitución, dice Piña, es erosionar “su legitimidad, vulnerando sus atributos como este manto protector de certeza”. Y nadie quiere quedarse descubierto de un manto que permite arroparte bien, arropar a tus hijos, sobrinos, nietos y a los nietos de tus nietos. Lamentablemente, lo que sucedió hoy en la SCJN genera “inseguridad y la seguridad jurídica es un valor indispensable para vivir en una sociedad medianamente organizada, sin ella no pueden existir otros valores básicos, no habría Derecho estable”. Adiós estado de derecho, adiós valores básicos nepotistas, adiós impartición de justicia como la conocíamos, será una pena que de nada sirva ser el mejor postor si con ello no se puede comprar la justicia en este país.
- Carlos Bortoni es escritor. Su última novela es Historia mínima del desempleo.
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