A unos días de que trabajadores del Poder Judicial de la Federación iniciaran un paro de labores, el Poder Legislativo comenzó la discusión de la reforma judicial, la cual propone que el pueblo sea quien decida a los jueces, magistrados y ministros encargados de hacer valer la ley.
Mucho se ha hablado de dicha reforma; incluso algunos estudiantes de derecho se han sumado a la lucha contra ella. El problema radica en la desinformación que existe en torno a esta reforma.
Uno de los puntos más cuestionados es la elección popular del Poder Judicial, la cual, según afirman los trabajadores, atenta contra la carrera judicial. Sin embargo, esta afirmación es errónea, pues en la actualidad no existe una carrera judicial verdaderamente honesta.
Se estima que el 75% de quienes trabajan en el Poder Judicial tienen o han tenido familiares ahí. De hecho, muchos de los que laboran en este ámbito han comenzado a trabajar desde los 17 años, mucho antes de estar en la carrera de derecho.
Si hablamos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), muchos de ellos ni siquiera fueron jueces antes de su nombramiento como ministros.
Otro argumento utilizado por quienes se oponen a la reforma y a la votación popular de jueces, ministros y magistrados, es que con la reforma se perdería la autonomía del Poder Judicial. Este argumento también es cuestionable.
Actualmente, los ministros de la Corte son propuestos por el Presidente de la República y ratificados por el Senado. Es decir, por más meritocrática que sea la carrera de un juez, jamás llegará a la más alta tribuna del Poder Judicial si no tiene contactos o relaciones con el Poder Ejecutivo.
El tercer argumento, que en mi opinión merece ser considerado, es el temor de que el crimen organizado tome el control de la Corte. Este es un argumento más sólido; no obstante, en la actualidad, las resoluciones de varios ministros, magistrados y jueces han favorecido al crimen organizado. Un ejemplo de ello es la reciente resolución de una jueza federal que ordenó devolver propiedades y autos de lujo al “Mencho”, uno de los líderes narcotraficantes más peligrosos, que la Fiscalía General de la República había confiscado durante su detención.
Otro ejemplo es la liberación del exgobernador de Puebla, Mario Marín, quien torturó y encarceló a la periodista Lydia Cacho por revelar la red de tráfico de menores del empresario Kamel Nacif Borge.
Para evitar estos abusos, la reforma judicial propone la figura de jueces sin rostro, quienes permanecerían anónimos en casos de extrema peligrosidad, como los relacionados con el narcotráfico. Además, se sugiere que el Consejo de la Judicatura Federal, órgano encargado de la vigilancia del Poder Judicial, no sea presidido por el presidente de la SCJN.
Es cierto que mucho está en juego con esta reforma, pero su aprobación representaría un beneficio para la justicia mexicana. Esta reforma empoderaría al pueblo de México, dándole la facultad de decidir quiénes impartirán justicia de manera equitativa y sin sesgo político o comercial.
La discusión sobre la reforma judicial es esencial para el futuro de nuestro país. El proceso de selección de jueces debe reflejar los valores democráticos y la transparencia que tanto se necesitan en México. Solo así se podrá avanzar hacia un sistema judicial más justo, donde la justicia no esté al servicio de intereses particulares, sino al servicio del pueblo.
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.
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