La Comisión de Justicia votará mañana un nuevo proyecto de ley para la Guardia Nacional (GN). Esta ley propone otorgar al cuerpo de seguridad atribuciones para realizar operaciones encubiertas e intervenir en telecomunicaciones. Además, permitirá la recolección de información en lugares públicos para prevenir delitos, incluso administrativos.
El dictamen justifica que la reforma constitucional de septiembre pasado incluyó a la GN como parte de la fuerza armada permanente. Por lo tanto, corresponderá a la Secretaría de la Defensa Nacional su control y operación.
La propuesta del Ejecutivo permite a la GN obtener información en las calles, siempre respetando el derecho a la vida privada y los derechos humanos. Sin embargo, los datos obtenidos violando derechos humanos no tendrán valor probatorio.
El Congreso aprobó en septiembre una reforma constitucional que devuelve el control de la Guardia Nacional al ejército, eliminando el mando civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ahora, se busca regular esta reforma con una nueva ley que aborde los principios, organización y atribuciones de la GN.
El proyecto define a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública, profesional y permanente, compuesta por personal militar con formación policial. También establece que la GN dependerá de la Secretaría de la Defensa para su organización, equipamiento y capacitación, y delimita su intervención en los estados a convenios temporales con los gobiernos locales.
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