La Fiscalía General de la República (FGR) expuso una serie de irregularidades y omisiones en las diligencias ministeriales realizadas por autoridades locales en el caso Teuchitlán, en el estado de Jalisco. Durante una conferencia de prensa, el titular de la dependencia, Alejandro Gertz Manero, detalló que las investigaciones realizadas entre septiembre y octubre de 2024 no cumplieron con protocolos esenciales.
Entre las principales fallas detectadas por la FGR, se encuentran:
- Ausencia de rastreo de indicios o huellas en el sitio de los hechos.
- Falta de un registro adecuado de las prendas de vestir y calzado abandonadas.
- Manejo deficiente de los vehículos hallados, de los cuales tres ya fueron reportados como robados.
- No se dio intervención inmediata a la FGR, pese a la evidencia de delitos como posesión y uso de armas de alto calibre, además de delincuencia organizada.
- Inspección incompleta del inmueble donde ocurrieron los hechos.
- No se identificaron ni analizaron de inmediato las huellas dactilares encontradas en el lugar.
Además, el fiscal Gertz Manero advirtió que, seis meses después, los servicios periciales del estado aún no cuentan con un dictamen definitivo sobre la antigüedad y la identidad de los restos hallados en el predio. Tampoco se han llevado a cabo estudios físicos y químicos que determinen si las zanjas encontradas en el lugar fueron utilizadas como hornos crematorios, pese a que la FGR señala que las temperaturas alcanzadas en el sitio sugieren esta posibilidad.
Asimismo, las autoridades estatales no han esclarecido posibles vínculos, encubrimientos y coparticipaciones de funcionarios locales con grupos delictivos que operan en la región. De acuerdo con testimonios de víctimas, algunos de los secuestrados en el inmueble fueron entrenados y reclutados por estos grupos criminales, y las identificaciones halladas en el sitio pertenecen a sicarios que ya han sido detenidos.
Otro aspecto alarmante es que, tras la intervención inicial de las autoridades locales, el inmueble quedó abandonado y sin protección, a pesar de estar asegurado por el Ministerio Público estatal. Además, no se investigó la propiedad del predio ni se tomaron declaraciones a las principales autoridades municipales, como el presidente municipal, el secretario general y el titular de Seguridad Pública, sobre sus responsabilidades en la prevención del delito.
Ante esta situación, la FGR solicitó de manera urgente a las autoridades estatales de Jalisco la entrega de peritajes definitivos y de todas las actuaciones relacionadas con el caso, con la finalidad de que la instancia federal pueda atraer la investigación y asumir el control del proceso.
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