La Cuarta Transformación sigue hacia el cambio de régimen

“… Estoy contenta. El día de ayer triunfó el pueblo de México y ganó la fuerza de la razón. La cordura frente a la irracionalidad. La elección de jueces, ministras, ministros, magistradas y magistrados va, el primero de junio del 2025. La transformación del país es profunda para bien de todas y todos los mexicanos …”.

Claudia Sheinbaum Pardo. Presidenta de la República.
Conferencia Mañanera del Pueblo. 6 de noviembre de 2024.
https://youtu.be/sgtz_wKK9Cc

En los principios de la Cuarta Transformación (4T) el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, fue muy claro al fundamentar la misma a partir de aspectos de alta relevancia tales como: la lucha contra la corrupción, la pobreza, la desigualdad, la impunidad y la injusticia. Sin embargo, puso especial énfasis, como gran estratega político, que el gobierno transformador requería, para un cambio de régimen, la recuperación del Estado.

Recordemos que el Estado mexicano sufrió modificaciones sustanciales con la finalidad de permitir el establecimiento del modelo neoliberal en México. De amplia gama fueron los ámbitos en los que la estructura estatal se reformó durante por lo menos seis sexenios. Los cambios dirigidos por las élites políticas y económicas se dirigieron sobre todo a la implantación de un régimen oligárquico.

En su momento López Obrador fue muy claro y expuso al pueblo mexicano que la transformación desarrollada no implicaba simplemente llegar al gobierno, sino tomar el poder a partir de promover, impulsar y trabajar denodadamente en la construcción de un régimen basado en principios. En ese afán colocó todo el capital político reunido a lo largo de varias décadas.

En 2018 La salida. Decadencia y renacimiento de México¹, López Obrador refería diversas acciones requeridas para que la 4T se consolidara en el poder. Destaco una esencial: el rescate del Estado. En su libro, escrito en 2017, claramente identificó el contexto imperante afirmando lo siguiente:

Al apoderarse de las instituciones públicas y controlar los Poderes de la Unión. “El Estado se encuentra secuestrado por una minoría… en nuestro país existe una República simulada, falsa… debemos recuperarlo y convertirlo en promotor del desarrollo político, económico y social… Hay que desechar el engaño de que para crecer el Estado debe diluirse o subordinarse a las fuerzas del mercado. El estado no puede eludir su responsabilidad pública, económica y social”.

Efectivamente, a lo largo de los seis años de su gobierno se dedicó a construir las nuevas bases del Estado mexicano. El renacimiento económico y social de nuestro país contó con voluntades sin las cuales las transformaciones no hubieran sido posibles. En torno a ese renacimiento AMLO sumó a la mayoría del pueblo mexicano y a dos de los tres poderes de la Unión, el Ejecutivo, como su titular, y a los representantes populares en el constituyente permanente.

Sin duda se logró sentar las bases de un nuevo país. Sin embargo, la tarea constructiva apenas comenzaba. Importante tener presente a las oposiciones desde los partidos políticos conservadores, los poderes fácticos y la anquilosada estructura de un poder judicial que en momentos determinantes del cambio se pusieron al frente del conservadurismo más feroz. Este abanderamiento de las causas reaccionarias se tradujo en el boicot a reformas sustanciales para la 4T utilizando una lluvia de recursos legales y/o legaloides de todo tipo.

Así, el poder judicial y las élites enquistadas en el mismo identificaron la custodia de los intereses, opositores a la 4T, con la conservación de sus propios privilegios conseguidos a lo largo de décadas en las que han prevalecido el nepotismo y la corrupción.

Por lo tanto, se hacía necesaria o mejor dicho urgente una reforma al tercero de los poderes de la Unión. Intentos se promovieron con la presidencia de la Suprema Corte, a cargo del ministro Arturo Saldívar, poco se pudo hacer. El titular del ejecutivo decide entonces presentar la iniciativa de reforma al poder judicial el 5 de febrero del 2024.

Con la visión que lo caracteriza esperó el resultado del proceso electoral del 2 de junio, aunque como recordarán previamente había llamado al pueblo a llevar a cabo el Plan C. Esperó a que la legislatura elegida por la población, mediante la puesta en marcha de esa estrategia electoral, se instalara en el Congreso el 1 de septiembre del año en curso y tras la aprobación de la reforma al poder judicial, en los términos constitucionales requeridos, el día 15 del mismo mes el presidente la publica en el Diario Oficial de la Nación.

Durante la confrontación dirigida contra la 4T por las élites corruptas del poder judicial, primero para impedir la aprobación de la reforma y después para bloquear su puesta en marcha se recurrió a toda clase de recursos. Hubo momentos en que la escalada en contra de la reforma fue muy intensa personalizándose en López Obrador y después en Claudia Sheinbaum. Parecía que el cambio de régimen sería aplazado impidiendo la continuidad de nuevos espacios de transformación en el país.

En ese contexto, la Suprema Corte se reunió el martes 5 de noviembre para discutir un proyecto presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá cuyo objetivo era invalidar parcialmente la reforma que ya es Constitución en México. De manera inesperada, desde dentro del grupo de allegados a la presidenta Norma Piña surgió el punto de quiebre: el ministro Alberto Pérez Dayan retomó los criterios con los que con anterioridad había considerado casos similares de intentos de modificar, desde la suprema corte, el texto constitucional, dejando solo a siete de los ocho votos necesarios para avalar la propuesta de González Alcántara. Las ministras Batres, Esquivel y Ortiz se sumarían a la negativa.

El resultado de todo lo ocurrido, hasta el desenlace del martes pasado, apunta a la continuidad del proceso para la elección popular de jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros en junio del año próximo. Pero creo que debemos de estar plenamente conscientes de que la reforma al poder judicial y los cambios en leyes secundarias que podrían incluir incluso modificaciones a nivel constitucional nuevamente, le darán la oportunidad, le abrirán otros espacios al Segundo Piso de la 4T para consolidar el rescate del Estado, es decir hacer realidad el necesario cambio de régimen, una vez que a los poderes ejecutivo y legislativo se sumará, gradualmente, un poder judicial saneado afín a la continuidad con cambio.