La alcaldía Benito Juárez niega su relación con el Cártel Inmobiliaro, pero un juicio de amparo del Tribunal de Justicia Administrtiva demuestra lo contrario. El testimonio de un vecino afectado deja a la luz cómo operan funcionarios del PAN para dañar el patrimonio de los ciudadanos.
El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de la CDMX sentenció a la alcaldía Benito Juárez (BJ) por autorizar la construcción ilegal de un edificio que no cumple con los parámetros del Reglamento para Construcciones del Distrito Federal (RCDF). Este caso fue resuelto a través del juicio de amparo 528/2021.
El inmueble ilícito está localizado en la colonia Américas Unidas, calle 5 de febrero número 1073 y, debido a su construcción irregular, el sismo del 19 de septiembre de 2017 dañó la casa de al lado, patrimonio del vecino Ricardo, quien demandó a la BJ por la vía penal y administrativa. Las afectaciones dejaron el lugar inhabitable, pero Ricardo aún permanece ahí debido a su trabajo.
El fallo del pasado 4 de mayo del 2022 contra la BJ demuestra que el Cártel Inmobiliario, operado por el Partido Acción Nacional (PAN), no es una persecución política de la Fiscalía General de Justicia local, como declara Santiago Taboada, candidato del PAN a jefe de gobierno de la CDMX.
“Es el único caso en más de 30 años que ha perdido la alcaldía, en 2016 se denunció ante la Contraloría y un mes antes del sismo de 2017 dijeron que todo estaba bien, que no había ningún problema . El sismo es muy fuerte, mi mamá estaba muy alterada, la hospitalizan 4 días después y un mes después muere porque no aguantó. Es demasiada la presión de decir que tu casa se te va a colapsar. Ya nos habían dicho 2 arquitéctos antes […] que si era muy fuerte un sismo, se podían dañar las columnas”.
Externó Ricardo en entrevista para Los Reporteros Mx.
El vecino Ricardo señaló que el TJA local acreditó la actividad irregular de los funcionarios del PAN por permitir construcciones ilegales. Además, se constató que la BJ perdió el juicio por daño patrimonial. La alcaldía negó su responsabilidad para emitir una indemnización porque consideraron que no se había acreditado la actividad irregular atribuida a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la BJ. Sin embargo, la sentencia del TJA determinó causa y efecto entre el daño estructural y una mala práctica administrativa de la BJ al mando del PAN. Esto demuestra actos de corrupción inmobiliaria.
Ex delegado encarcelado por corrupción.
La investigación del caso indica que en 2016, cuando Christian Von Roehrich era delegado de la BJ, el inmueble fue declarado ilegal, pero la alcaldía no antendió el caso. Asimismo, en este entramado de corrupción, se demuestra que el Cártel Inmobiliario, supuestamente, ha estado amparado por los regentes de la BJ, desde Jorge Romero (2012-2015) hasta Santiago Taboada (2018-2023).
Se recuerda que Von Roehrich se fugó del país cuando la FGJ emitió una orden de aprehensión en su contra. Pero el 21 de abril de 2023, mientras intentaba huir de las autoridades, fue arrestado en McAllen, Texas, y después extraditado a México. Von Roehrich fue vinculado a proceso y permanece preso en el Reclusorio Norte por su presunta relación con el Cártel Inmobiliario.
La BJ causa daño patrimonial
El vecino Ricardo precisó que fue Jorge Romero, actual diputado por el PAN, quien autorizó la construcción ilegal que, hasta la fecha, daña su casa. Además, el RCDF indica que, para que una edificación sea estable, debe existir una separación de seguridad sísmica de 19 cm entre edificios y, como señaló el juicio de amparo 528/2021, esta norma no se aplica en las edificaciones relacionadas al Cártel Inmobiliario.
Así, el vecino Ricardo destacó que la distancia entre su casa y el inmueble ilegal es mucho menor. En este sentido, el sismo del 19 de septiembre de 2017 ocasionó que el edificio ilegal junto a su casa la dejara inhabitable.
El demandante comentó que otro sismo de gran magnitud podría ocasionar la pérdida total de su vivienda, sin que la BJ se haga responsable de sus acciones en favor del Cártel Inmobiliario. Por último, Ricardo indicó que se han hecho varios peritajes para constatar los daños y el consecuente pago. Hasta el momento se desconoce una cantidad exacta porque los prejuicios son variables.
“Lo único cuantificable hasta ahorita, aproximado, es la demolición y la reconstrucción, que se puede comprobar con constructores y no baja de 9 mdp”.
Aseveró Ricardo en entrevista.
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