La Fiscalía General de la República (FGR) solicitará al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que se investigue al juez de distrito del Reclusorio Norte, Gustavo Aquiles Villaseñor, quien dejó en libertad a Ramón “N”, exfuncionario de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), quien enfrenta una acusación por su presunta participación en el desvío de 203 millones de pesos.
La FGR comunicó que tras la decisión del juez de control a favor de Ramón “N”, de contratos ilegales en representación de SEDESOL, la Fiscalía apelará e iniciará una carpeta de investigación por delitos contra la administración de justicia por servidores públicos.
El pasado lunes, Aquiles Villaseñor rechazó los argumentos que presentó el Ministerio Público Federal al interpretar que los contratos no fueron ilegales, siendo así que indicó que estos eran legítimos.
La razón por la que el juez del Reclusorio Norte señaló que los contratos eran legítimos, fue porque el acuerdo se realizó entre la Dependencia de la Administración Pública Federal (SEDESOL) con un Órgano Descentralizado de la Administración Pública Estatal, por lo que no era aplicable la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
No obstante, en un comunicado, la Fiscalía detalló que el representante del Ministerio Público le indicó al juez que La ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, sí le era aplicable al investigado en el procedimiento de contratación de servicios.
Asimismo, el representante añadió que si SEDESOL subcontrató a 17 personas físicas y morales en un porcentaje del 94.6% del importe del contrato original está obligada a aplicarse a la Ley de adquisiciones, como lo señala el Artículo 1°.
Cabe añadir que con base en el artículo 225 del Código Penal Federal, la FGR abrirá una carpeta de investigación por delitos cometidos contra la administración de justicia por servidores públicos.
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