Heineken: inversión sí, pero con perspectiva ambiental

Sin duda, uno de los aciertos de este gobierno ha sido el de revisar las concesiones de agua en aras de evitar de una vez por todas la extracción ilegal que proliferó desde la era de Peña Nieto; resulta todo un acierto porque el vital líquido se está acabando de manera acelerada y falta poco para que estemos ante una crisis que ponga en riesgo a la humanidad. Por el momento, aunque pareciera se avanza de manera lenta, lo real es que la política pública de CONAGUA ha priorizado que las concesiones sean utilizadas de manera eficiente y sustentable involucrando a los propios concesionarios. Claro que éstos últimos muestran resistencias (algunos específicamente) pero con todo y eso, parece que el diálogo va a generar buenos frutos.

Ahora bien, algunas de las empresas que se beneficiaron de dichas concesiones tienen claro que lo primordial es trabajar de manera conjunta con las autoridades para garantizar de entrada el derecho al agua para todas y todos, y, para ello, ponen la voluntad por delante honrando la responsabilidad social de las mismas, disposición que contrasta con otras que recurren a cualquier artimaña legal para mantener las concesiones sin importarles en lo más mínimo la sobre explotación del recurso. Aquí la CONAGUA tendrá una labor importante porque estará obligada a agotar todas las instancias necesarias para cumplir con la agenda marcada desde Palacio Nacional en cuanto al medio ambiente.

Hace unas semanas, con motivo de la lucha de FUDEMAH contra Niágara Bottling y PROPIMEX, se celebró un encuentro entre la fundación y la Comisión Nacional del Agua; los planteamientos fueron claros, y debiera de ser un aviso para ambas empresas, o al menos, les ayudaría a comprender una realidad: la exigencia se centra en que las concesiones se revisen a manera de que se ajusten al espíritu con el que fueron otorgadas ya que esto permitiría una gestión sostenible, además de que se contribuiría de manera significativa a reducir el impacto ambiental de estas empresas en el Estado de México. Es decir, si las empresas realmente operan de manera responsable en materia social y ambiental, además de que circunscriben a la concesión, se optimizaría el uso del agua en sus producciones sin menoscabo de que se realizaran acciones clave como el re uso del agua residual, la restitución del vital líquido al medio ambiente o, de manera no menos importante, la implementación de proyectos comunitarios tanto de restauración de ecosistemas como de conservación del agua.

Otro tema de suma importancia es en cuanto a las prácticas agrícolas, las empresas que poseen concesiones tiene tanto la capacidad técnica como los recursos necesarios para apostar por trabajar con los campesinos para que se promueva el uso eficiente del agua a través de la implementación de riegos tecnificados o el uso de agro fertilizantes que contribuyan a la calidad del suelo agrícola. Todo esto tiene un alto costo, sin duda, pero a la postre se traduce en regresar al medio ambiente, un poco de lo mucho que se extrae y, a la larga eso significará mucho para la existencia de la humanidad.

En concordancia con lo anterior, hay que resaltar el anuncio que hace apenas ayer Claudia Sheinbaum respecto a la inversión de 2 mil 750 millones de dólares que programa Heineken para su octava planta cervecera en el país y que pretende instalar en el hermoso estado de Yucatán; lo relevante es que la empresa comienza con lo primero que ha faltado en otro tipo de proyectos similares, o sea, con la consulta a la comunidad que tuvo a bien manifestar sus inquietudes. Parece ser que el compromiso hídrico de la cervecera, no se quedará sólo en papel o en los trámites burocráticos, sino que avanzará en una ruta que tome en consideración a los yucatecos y, que, de ser factible, será un nueve frente de desarrollo en la región.

Se trata entonces de una buena noticia, muy contrastante con la narrativa falsa de que el país carecerá de inversiones a partir de la reforma judicial. Contrario a esa falacia, hoy se demuestra que la participación estratégica de la iniciativa privada bajo un matiz de justicia ambiental (esperemos que así sea), se estarán sentando las bases de un nuevo modelo que reivindique los derechos humanos de los núcleos agrarios y el medio ambiente sano.