Durante la marcha pacífica de jubilados que se realiza todos los miércoles frente al Congreso, con la finalidad de actualizar sus pensiones y recibir medicamentos, elementos de la Gendarmería, policías de la Federal y otras fuerzas de seguridad, recurrieron al uso de extrema violencia para “contenerla”.
Esta represión se presentó incluso cuando los manifestantes cumplían el ya de por sí cuestionable protocolo de protestar sobre la banqueta, impuesto por la ministra Patricia Bullrich, quien para sorpresa de nadie, ya cuenta con varias denuncias en su contra.
El resultado fue de varios jubilados heridos, ataques sin distinción hacia ancianas y ancianos, entre ellos el sacerdote Francisco “Paco” Oliveira, que integra el grupo de curas por la opción por los pobres y que fue herido seriamente en la frente.
Como consecuencia de estos casos, la población argentina vive el temor de ser atacada por las supuestas fuerzas de seguridad, donde lo único seguro, es el uso desmedido de la violencia hacia personas que, en muchas ocasiones, no suman ni una décima parte de la fuerza represiva.
Bajo este ambiente de violencia desmedida, incertidumbre, violación a los Derechos Humanos e incontables actos que atentan contra el bienestar físico y social de la población argentina; provocado por el gobierno de extrema derecha de Javier Milei, organismos en defensa de los derechos humanos, movimientos sociales e incluso algunos sectores políticos, están denunciando una profunda represión estatal, poniendo como excusa la lucha contra el narcotráfico.
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