El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha firmado una nueva legislación que endurece drásticamente las penas contra inmigrantes indocumentados, estableciendo la pena de muerte para aquellos declarados culpables de asesinato premeditado, violación de menores y tráfico de drogas.
Esta medida, contemplada en los proyectos de ley HB 3C y SB 4-C, obliga a los tribunales a dictar la pena capital en estos casos, eliminando la posibilidad de que jueces o jurados consideren circunstancias individuales o atenuantes. Además, la ley convierte en delito estatal la presencia de extranjeros sin documentos en Florida, imponiendo penas de cárcel a quienes ingresen o permanezcan sin autorización en el estado.
Castigos más severos para inmigrantes irregulares y pandillas transnacionales
El nuevo paquete legislativo amplía las sanciones penales contra personas que hayan ingresado ilegalmente al país, estableciendo que cualquier extranjero indocumentado mayor de 18 años que resida en Florida sin estatus legal podrá enfrentar hasta nueve meses de prisión. En caso de reincidencia, la condena aumentará a un año y un día.
Asimismo, aquellos que hayan sido deportados y regresen sin autorización enfrentarán penas mínimas de cinco años de cárcel. La ley también permite aplicar la pena capital a inmigrantes asociados con pandillas o grupos criminales, reforzando la lucha contra organizaciones delictivas transnacionales.
Críticas y preocupaciones sobre el impacto de la medida
Maria DeLiberato, directora ejecutiva de Floridanos por Alternativas a la Pena de Muerte (FADP), expresó su preocupación por la eliminación del derecho a un juicio con jurado en los casos donde se imponga la pena capital. Según su organización, esta reforma vulnera derechos fundamentales y representa un retroceso de 50 años en la jurisprudencia de la Corte Suprema de EE.UU.
En un comunicado, FADP denunció que la legislación no resuelve las causas de la inmigración irregular, sino que simplemente criminaliza aún más a quienes llegan al país en busca de mejores oportunidades. Además, señalaron que el proyecto no aborda temas esenciales como políticas fronterizas, regulaciones de visados o medidas humanitarias.
Una estrategia alineada con las políticas de Donald Trump
La implementación de estas medidas ocurre en un contexto donde la administración de Donald Trump ha intensificado sus esfuerzos por endurecer la política migratoria. Recientemente, el expresidente firmó una orden ejecutiva para restablecer la pena de muerte en casos de delitos graves cometidos por inmigrantes ilegales, argumentando que esta sanción es fundamental para la seguridad pública.
Sin embargo, a diferencia de la legislación de Florida, la orden de Trump deja un margen de maniobra a los jueces para evaluar cada caso. En cambio, la normativa impulsada por DeSantis impone automáticamente la pena de muerte, eliminando cualquier posibilidad de reconsideración.
Para garantizar la ejecución de estas disposiciones, el estado de Florida asignará 250 millones de dólares a las agencias de seguridad locales y 48,2 millones de dólares al Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor, que tendrá un papel en la implementación de la ley.
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