La diputada de Morena, Hades Aguilar Castillo, presentó ante el Congreso de Guanajuato un punto de acuerdo solicitando a la Auditoría Superior del Estado (ASE) incluir en su programa de fiscalización 2025 una auditoría financiera y de cumplimiento sobre el modelo Planet Youth. Este programa, implementado por el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, recibió una inversión de 268 millones 505 mil 984 pesos entre 2018 y 2024, sin que se hayan presentado resultados concretos en la prevención de adicciones, según la legisladora.
“Es inaceptable derrochar cantidades tan significativas de dinero público y no contar con resultados palpables tras cuatro años de implementación”, declaró Aguilar Castillo durante su intervención.
Detalles de los gastos del programa
El programa Planet Youth, basado en el modelo islandés de prevención de adicciones, se financió con recursos públicos que se distribuyeron de la siguiente manera:
- 63 millones de pesos: Pagados a la empresa Planet Youth por concepto de consultoría.
- 200 millones de pesos: Destinados a la contratación de personal, incluyendo 97 psicólogos y ocho mercadólogos, además de la organización de cuatro congresos estatales, con un costo de 14 millones de pesos.
La diputada destacó la importancia de revisar estos recursos debido a la falta de indicadores que permitan medir su impacto en la disminución de las adicciones entre jóvenes y menores de edad en el estado.
Críticas a la implementación
Aguilar Castillo señaló que la situación de Guanajuato no es comparable con la de Islandia, país donde se desarrolló el modelo original de Planet Youth. Según explicó, las diferencias culturales, sociales y de seguridad dificultan la efectividad del programa en un contexto tan distinto.
Además, subrayó que, pese al compromiso de implementar 106 acciones específicas para combatir las adicciones, firmado por el entonces secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, no se han presentado resultados que permitan evaluar el éxito del programa.
La diputada también expresó preocupación por reportes de posibles irregularidades, como el “dobleteo de salarios” de funcionarios públicos que trabajaban como representantes regionales del programa.
La petición ante la ASE
El punto de acuerdo presentado busca que la ASE revise a fondo la gestión de recursos destinados al programa, con el objetivo de garantizar que el dinero público se haya utilizado de manera eficiente y transparente. Aguilar Castillo destacó que la ciudadanía tiene derecho a exigir resultados claros y palpables en programas que se financian con sus impuestos.
“Los guanajuatenses esperan soluciones reales y visibles, no promesas a largo plazo que no se reflejan en mejoras tangibles”, concluyó la legisladora.
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