La Fiscalía confirma que Mario ‘N’ desvió 8.2 millones de pesos y queda inhabilitado por 4.5 años para ocupar cargos públicos.
Mario ‘N’, ex secretario de Educación de Tamaulipas durante la administración de Francisco García Cabeza de Vaca, fue condenado a 19 años de prisión por ejercicio ilícito del servicio público y peculado, que lo convierte en el primer funcionario estatal de alto nivel en recibir sentencia por estos delitos. Además, deberá resarcir 8.2 millones de pesos al erario y pagar una multa de 52 mil 900 pesos, así como también cumplir 4.5 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos.
De acuerdo con información de Antonio Hernández para Milenio, Mario ‘N’ es primo hermano de Mariana Gómez Leal, esposa del exgobernador García Cabeza de Vaca, y también del actual senador José Ramón Gómez Leal. Durante la audiencia realizada de forma híbrida, el ex secretario participó vía Zoom por problemas de salud y se limitó a declarar: “Soy inocente y así mantengo mi calidad”.
El fallo judicial determinó cuatro años de cárcel por ejercicio indebido del servicio público y 15 años más por peculado, además de la obligación de reparar el daño económico causado. Parte del monto se transfirió a las arcas estatales a través de la aseguradora Metlife, derivado del contrato de seguro de vida para los trabajadores de la SET entre 2018 y 2022.
Este caso se suma a otras investigaciones de irregularidades en la administración panista, ahora bajo la fiscalización del gobierno morenista de Américo Villarreal Anaya. Entre los ex funcionarios señalados destacan Rómulo ‘N’, ex secretario de Bienestar Social; Gilberto Estrella Hernández, ex secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; Jesús ‘N’, ex secretario de Administración; y Elda ‘N’, contralora gubernamental, todos vinculados a procesos por uso indebido de recursos y atribuciones.
Además, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno detectó un quebranto de 344 millones de pesos en salud, ligado a empresas de los hermanos Carmona y al ex gobernador Cabeza de Vaca. El Congreso de Tamaulipas, con mayoría morenista, avaló la creación de una Comisión Especial para dar seguimiento a los casos y garantizar que no queden impunes.
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