Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, y el ministro en retiro Arturo Zaldívar, explicaron los fundamentos legales que sostienen la improcedencia de los amparos interpuestos contra la reciente reforma al Poder Judicial. Ambos señalaron que los jueces que han otorgado suspensiones en contra de la reforma están excediendo sus competencias y actuando al margen de la Constitución.
Godoy subrayó que la reforma constitucional es una facultad exclusiva del Constituyente Permanente, como lo establece el artículo 135 de la Constitución, y que esta función es soberana, no sujeta a revisión judicial. Según la consejera, no hay ninguna disposición en el sistema jurídico mexicano que permita al Poder Judicial revisar o anular las decisiones del Órgano Revisor de la Constitución, por lo que los jueces no pueden autofacultarse para invalidar las reformas. Agregó que la actuación de estos jueces implica una “usurpación de atribuciones” que corresponde al poder legislativo.
Asimismo, Godoy anunció que presentarán una denuncia ante el Consejo de la Judicatura para que se revise el actuar de los jueces de distrito que han otorgado amparos, ya que, según su postura, están contraviniendo la Constitución y sus propios criterios. Señaló que dichos jueces están desafiando la soberanía del pueblo de México y del Congreso, que es el legítimo representante del Poder Reformador.
Por su parte, Zaldívar recordó que la Constitución también obliga al Poder Judicial a actuar dentro del ámbito de sus competencias. Según el exministro, las suspensiones que se han concedido son “abiertamente contrarias a derecho”, ya que el amparo no procede contra reformas constitucionales ni contra procesos legislativos. De igual manera, explicó que la suspensión no puede tener un efecto restitutivo, es decir, no puede invalidar o retirar una publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Zaldívar fue enfático al señalar que exigirle a la presidenta Claudia Sheinbaum actuar en contra de lo publicado en el Diario Oficial es “jurídicamente imposible”, y sostuvo que los jueces que han otorgado estos amparos están actuando con un claro conflicto de interés, desafiando el orden constitucional al intentar frenar la reforma.
Ambos funcionarios defendieron que la reforma al Poder Judicial es un acto soberano del Congreso, y que cualquier intento por detenerla vulnera el Pacto Federal y trastoca el equilibrio de poderes en el país.
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