En los últimos tres años, el Poder Judicial de la Federación ha otorgado la libertad a 72 líderes e integrantes de la delincuencia organizada en México, mediante sentencias absolutorias, libertades provisionales y anticipadas, así como cambios de medidas cautelares, según publicó El Universal. Entre los beneficiados destacan personas procesadas por narcotráfico, delitos contra la salud, tortura y secuestro, entre otros cargos.
El pasado jueves, el Gobierno de México sorprendió con el traslado de 29 capos de alto y medio rango a Estados Unidos, entre los que sobresalen Rafael Caro Quintero (Don Rafa), Vicente Carrillo Fuentes (El Viceroy), Antonio Oseguera Cervantes (Tony Montana) y Miguel Ángel Treviño Morales (El Z-40). Más tarde, infirmes oficiales revelaron que jueces de Poder Judicial tenían planeado liberar a más de una decena de los generadores de violencia.
El Universal destacó que, de enero de 2022 a enero de 2025, diversos juzgadores emitieron resoluciones que permitieron la libertad de presuntos delincuentes de alta peligrosidad, como Inés Coronel Barrera, suegro de Joaquín El Chapo Guzmán, liberado el 5 de abril de 2022, o Javier Adrián Salazar Ortiz (El Barbas), quien fue absuelto el 29 de febrero de 2024. Además, Fernando Sánchez Arellano (El Ingeniero), sobrino de los fundadores del Cártel de los Arellano Félix, recibió libertad provisional el 25 de diciembre de 2023.
Por su parte, Milenio reveló que el Gobierno de México tiene bajo investigación a 16 jueces de distrito, señalados por retardar la extradición de los hermanos Treviño Morales, líderes del Cártel de Los Zetas. En más de siete años, estos jueces difirieron en 36 ocasiones las audiencias de la junta de peritos, incluso retrasando en nueve ocasiones la identificación fisionómica de los imputados.
El pasado viernes 28 de febrero, la Presidenta Sheinbaum arremetió contra la corrupción en el Poder Judicial, calificándola como “aberrante y ofensiva”, luego de la extradición de 29 presos al gobierno de Estados Unidos.
Crisis judicial y controversia en las liberaciones
El registro de libertades incluye a personajes como José Antonio Yepes (El Marro), fundador del Cártel Santa Rosa de Lima, y Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, líder del Cártel del Golfo, entre otros. En muchos casos, las resoluciones se basaron en argumentos que el fiscal general Alejandro Gertz Manero calificó como “ridículos y desproporcionados”, señalando que se utilizaron pretextos como “no son ellos, que son otros”, a pesar de contar con fotografías y datos concluyentes.
Las autoridades mexicanas presentaron en agosto de 2023 una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) contra los jueces implicados, quienes en más de ocho años no concluyeron la instrucción de extradición de los hermanos Treviño Morales. Finalmente, el 27 de septiembre de 2024 se determinó que ya no había pruebas pendientes, abriendo la puerta a la resolución del proceso.
Harfuch y Gertz exponen corrupción del Poder Judicial
El pasado jueves, durante conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre el traslado de 29 detenidos considerados generadores de violencia a Estados Unidos, donde enfrentan cargos por delitos de alto impacto como tráfico de drogas, delincuencia organizada, trasiego de fentanilo, tráfico de armas y secuestro.
García Harfuch explicó que esta acción se tomó el pasado 27 de febrero luego de que el Gabinete de Seguridad obtuviera información sobre posibles acuerdos entre algunos jueces para favorecer a estos delincuentes, ya sea mediante su liberación o retraso en sus procesos judiciales.
Por su parte, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, aseguró que el traslado de estos criminales se realizó en estricto apego a los convenios bilaterales entre México y Estados Unidos. Ante la posibilidad de que alguno de los extraditados enfrente la pena de muerte, Gertz Manero enfatizó que las sanciones impuestas en territorio estadounidense deben respetar los acuerdos suscritos entre ambos países.
“Tenemos un acuerdo muy claro en el sentido de que una legislación como la mexicana, que no contempla esa sanción [la pena de muerte], debe ser respetada”, declaró el Fiscal General.
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