Por Ricardo Sevilla
Bajo la administración del panista Mauricio Kuri, el erario queretano se ha convertido en un auténtico botín para uno de los periódicos más antiguos de México: El Universal.
Y es que, a través de un entramado de adjudicaciones directas, el flujo de dinero público ha condicionado la línea editorial y ha transformando el periodismo de investigación hasta convertirlo en una extensión de la oficina de comunicación social de ese estado gobernado por el PAN.
A través de un reportaje de investigación, Los Reporteros Mx ha documentado un gasto que supera los 10.5 millones de pesos repartidos en contratos directos para evitar, tramposamente, las licitaciones públicas.
De hecho, la jugosa relación económica entre el gobierno de Querétaro y El Universal ha tenido como norma esencial las adjudicaciones directas. Tan solo este 2025, se concedieron 8 contratos directos, eliminando la competencia y la transparencia en la asignación de recursos.
Pero déjeme darle más detalles:
El flujo de efectivo no solo proviene del Poder Ejecutivo, sino que proviene de la UAQ (Universidad Autónoma de Querétaro) y de los Servicios de Salud, sectores donde el presupuesto, en teoría, debería ser destinado íntegramente para la operación y mejora de esas áreas, y no para maquillarle la imagen al panismo.
Si observamos los contratos, nos daremos cuenta de que el servicio contratado se limita a la difusión de “logros” y “boletines” previamente palomeados por el gobierno panista. Esto quiere decir, en la práctica, que el gobierno de Acción Nacional está comprando silencio frente a los escándalos que está enfrentando la administración de Kuri.
De hecho, es importante subrayar que, durante el transcurso de 2025, la administración del gobernador Mauricio Kuri González y el PAN en Querétaro han enfrentado diversos señalamientos y tensiones políticas que han marcado la agenda estatal.
Uno de los temas más controvertidos, por ejemplo, ha sido la revelación de un contrato por casi 4 mil millones de pesos otorgado a la empresa Seguritech Privada.
Otro incidente que dio la vuelta al país ocurrió apenas en julio, durante la renovación de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura. En medio de una sesión caótica con gritos y empujones entre diputados del PAN y MORENA, un legislador panista fue captado en video llevándose la urna con los votos.
Pero El Universal se negó a abundar en estos temas. Ahora sabemos por qué: la empresa “periodística” de Juan Francisco Ealy Ortiz recibía “chayote”.
Infelizmente, mediante este tipo de deleznables omisiones queda exhibido el clientelismo mediático entre un gobierno y un medio de comunicación. Y es que, en este caso, se establece una relación de dependencia donde el medio (que funciona como agente cultural) intercambia su capital simbólico (credibilidad) por capital económico del Estado.
Pero hay más.
Y es que al asignar a publicidad oficial presupuestos que rivalizan con el gasto educativo (188.9 millones de pesos), el estado prioriza la “percepción de bienestar” sobre el “bienestar real”.
Y no solo eso. Además, el uso de adjudicaciones directas crea una barrera de entrada para medios independientes o críticos, asfixiándolos financieramente mientras se engorda a los consorcios alineados al poder.
El hecho de que columnistas de “renombre” como Carlos Loret de Mola, Leon Krauze, Lorenzo Córdova, Luis Cárdenas o Azucena Uresti convivan en las mismas páginas de un medio que solo se dedica a la difusión de boletines pagados, otorga una falsa pátina de objetividad a la propaganda gubernamental.
Esto, en palabras más claras y enfáticas, quiere decir que El Universal se vende, gustoso, al panismo queretano. Y el precio del silencio, como queda evidenciado en todos estos contratos por adjudicación directa, es de 10 millones de pesos.
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