El domingo 30 de marzo de 2025 marcó un momento decisivo en la historia de México: por primera vez, los ciudadanos tendrán la oportunidad de elegir directamente a los miembros del Poder Judicial de la Federación, una de las instituciones más poderosas y fundamentales del país. Esta reforma histórica no sólo transforma el concepto de justicia, sino que también abre la puerta a una nueva era democrática, en la que el pueblo finalmente podrá decidir quiénes serán los jueces encargados de dictar las leyes y proteger los derechos fundamentales de todos. El 1 de junio, México vivirá una jornada electoral sin precedentes que renovará 881 cargos judiciales clave, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hasta los tribunales locales.
El proceso electoral, supervisado por el Instituto Nacional Electoral (INE), tiene reglas estrictas que buscan garantizar la transparencia y la equidad. A diferencia de otras elecciones, los candidatos no podrán recurrir a financiamiento público o privado, lo que implica que cada aspirante deberá utilizar sus propios recursos para promoverse, ya sea a través de eventos públicos, redes sociales o material promocional impreso. El INE ha fijado topes de gasto diferenciados según el cargo, lo que limita el impacto de las campañas en términos financieros, y favorece un ejercicio más austero y centrado en la labor de los propios aspirantes. Además, se prohíbe la contratación de espacios en medios tradicionales, lo que hace que el debate público sobre los candidatos se desarrolle de manera más orgánica y directa, aunque esto también limita la exposición de los aspirantes.
Este ejercicio de elecciones judiciales es fundamental por el número de cargos en disputa —9 ministros de la SCJN, 2 magistraturas en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 15 magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF, 464 magistrados de circuito y 386 jueces de distrito— así como por el impacto profundo que tendrá en el sistema judicial mexicano. En este proceso, los ciudadanos elegirán a jueces para cargos locales o regionales y estarán decidiendo quiénes serán los nuevos ministros de la Corte, responsables de tomar decisiones que afectan a todos los mexicanos. La renovación de la SCJN, en particular, puede redefinir el rumbo de la justicia en el país, y tener un efecto directo sobre los derechos humanos, la transparencia y la lucha contra la corrupción.
A pesar de la relevancia del proceso, las campañas no han estado exentas de controversias. Críticas han surgido, tanto desde la oposición como desde el propio ámbito judicial, cuestionando la transparencia y los métodos utilizados para la selección de los candidatos. Acusaciones de falta de rigor y de politización del proceso de insaculación de candidatos han sido uno de los principales focos de discusión. Algunos aseguran que este nuevo modelo electoral podría afectar la independencia del Poder Judicial, un principio fundamental para garantizar la imparcialidad de la justicia. Sin embargo, estos temores, aunque válidos, deben ser matizados. La reforma también pretende darle a los ciudadanos la capacidad de elegir a sus jueces, lo cual puede ser un paso positivo hacia la democratización del sistema judicial.
Es importante recalcar que el 1 de junio no solo es una fecha de elecciones, sino una oportunidad histórica para que el pueblo de México se apropie de una de las instituciones más influyentes del país. El sistema judicial, que en el pasado ha sido percibido como lejano y, en ocasiones, como parte de una elite desconectada de las necesidades del pueblo, está ahora al alcance de todos. Las campañas, aunque limitadas por las restricciones impuestas, representan una oportunidad de oro para que los ciudadanos se informen y hagan valer su voto en la selección de quienes serán los encargados de impartir justicia.
Por supuesto, la verdadera prueba de este proceso será el grado de participación y el nivel de información con el que los votantes lleguen a las urnas. En la actualidad, el INE ha facilitado el acceso a la información de los candidatos mediante la plataforma “Conóceles”, donde los aspirantes pueden exponer sus trayectorias, propuestas y planes de trabajo. Este acceso a la información es clave para que los votantes tomen decisiones bien fundamentadas, basadas en la capacidad, experiencia y compromiso de los candidatos, y no en simples afinidades políticas o ideológicas.
Este 1 de junio, México estará frente a un proceso electoral sin precedentes. La elección del Poder Judicial de la Federación es una oportunidad para renovar los cargos, y debería también restaurar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial. Es un llamado a la participación, a la democracia directa y, sobre todo, a la construcción de un sistema judicial que esté a la altura de las expectativas de todos los mexicanos. Este será un proceso que pondrá a prueba el futuro de la justicia en México y, al mismo tiempo, el compromiso de la sociedad para elegir, de manera informada y responsable, a quienes dictarán las leyes que regirán el país.
- La columnista, Mariuma Munira Vadillo Bravo, es Maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales.Puedes contactarla en Facebook: MUMA Mariuma Munira, Twitter: @MariumaMunira.
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