¿Alguna vez han escuchado hablar de “el peso de la historia”? Este concepto hace alusión a la influencia de hechos, decisiones y acontecimientos que, aunque ya ocurrieron, siguen dejando una huella significativa en la sociedad, las instituciones o la cultura de un país.
El mejor ejemplo de esto fue lo ocurrido ayer, 5 de noviembre, un evento que marca un parteaguas en la política y la justicia mexicana, luego de que los ministros afines a intereses de poder no pudieran frenar la reforma del Poder Judicial.
La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, lo expresó con claridad: “Sea cual sea la decisión que se tome hoy, se estará hablando en los libros de historia de nuestro país”. A pesar de los intentos anticonstitucionales, el peso de la historia es tan grande que ni todo el dinero logra comprar una sentencia a conveniencia.
Parecía que la SCJN tenía los ocho votos suficientes para echar atrás una reforma constitucional (de manera ilegal), pero ante los ojos y oídos de propios y extraños, el ministro Alberto Pérez Dayán dejó claro que no acompañaría la propuesta, pues la Corte jamás podría declarar inconstitucional a la Constitución.
Ante esto, y el evidente enojo de siete ministros, la presidenta Piña discutió si seis votos eran suficientes, argumentando que la reforma, ya vigente, establece que con seis votos se puede declarar la inconstitucionalidad de una ley. Es decir, estaban dispuestos a jugar con las reglas que no les gustan, pero que les convienen, para invalidar esas mismas reglas.
Afortunadamente, tampoco lograron imponer su voluntad, y ante la impotencia, prefirieron terminar la sesión.
Las cosas fuera del recinto judicial se tornaron bastante agresivas, pues el grupo de trabajadores que buscan mantener sus privilegios acusaron a Dayán de ser traidor e incluso agresor sexual, una acusación grave que, de ser cierta, los convierte en cómplices por encubrirlo cuando les convenía. Esta situación no solo es inmoral, sino ilegal.
Sin embargo, sus amenazas subieron de tono al advertir que tomarán la justicia en sus propias manos, asegurando que todo aquel que esté a favor de la reforma judicial “la pagará”.
Estas amenazas podrían desestimarse, entendiendo que están perdiendo privilegios que ni el Presidente de la República tiene. Pero cuando figuras como el presidente del PAN, el senador Marco Cortés, sugieren la posibilidad de un golpe de Estado militar y llaman a un levantamiento de la sociedad civil, estas amenazas se tornan peligrosamente serias.
La historia se encargará de juzgar a quienes hoy amenazan el estado de derecho, pues la verdadera justicia no responde a intereses de unos cuantos. No podemos permitir que el odio y el miedo nublen la razón; México ha llegado demasiado lejos como para volver atrás. La Constitución no es un juguete político, y los intereses particulares jamás deberían estar por encima de la voluntad de un pueblo decidido a seguir avanzando hacia un país más justo y democrático.
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.
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