La violencia de la extorsión no distingue rostro ni oficio: golpea el sustento de familias, ahoga a comerciantes y siembra miedo en comunidades enteras. Consciente de ello, el gobierno federal presentó una Estrategia Nacional contra la Extorsión que marca un antes y un después: a partir de ahora, la denuncia ya no recaerá únicamente en la víctima, sino que el Estado asumirá colectivamente su rol de ofendido y perseguirá de oficio este delito que crece sin pausa.
En el primer semestre de 2025, la extorsión creció un 27.7 % con respecto a 2019, reportándose 4 882 víctimas entre enero y mayo, la cifra más alta en un periodo similar desde 2015. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) arroja además un alarmante 96.7 % de cifra negra, lo que demuestra que casi nadie confía en denunciar.
Este incremento, lejos de ser homogéneo, se concentra en ocho entidades que suman el 66 % de los casos: Estado de México (2 049 carpetas), Guanajuato (879), Nuevo León (645), Ciudad de México (602), Veracruz (585), Jalisco (178), Michoacán (124) y Guerrero (47). En esos territorios, pequeños negocios, rutas de transporte y cultivos agrícolas se han convertido en escenarios de chantaje, cobro de piso y amenazas telefónicas. Estos números evidencian que la extorsión se ha enquistado en el día a día de millones de personas, y que la política de contención tradicional no ha sido suficiente.
Para transformar esa realidad, la Presidencia envió al Congreso una iniciativa para reformar el artículo 73 XXI a) de la Constitución. El propósito es claro: facultar al Legislativo para expedir una Ley General contra la Extorsión que obligue a todos los estados a perseguir este delito de oficio, al igual que ocurre con el homicidio. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó: “La víctima somos todos, somos el Estado mexicano”, subrayando que ya no hará falta que la persona agraviada arriesgue su vida para iniciar un proceso penal.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, confirmó que la propuesta será prioridad en el próximo periodo ordinario, a partir de septiembre. Sin convocar a un periodo extraordinario, Monreal anunció foros y diálogo previo para fortalecer y robustecer el proyecto, incorporando aportes de oposición y sociedad civil. Se tiene previsto legislar y concluir el dictamen antes de fin de mes, atendiendo “la urgencia de legislar en la materia”, afirmó.
La estrategia se sustenta en cinco líneas de acción:
- Línea 089: número nacional exclusivo para denuncias anónimas, atendido por operadores capacitados bajo protocolos de crisis y negociación.
- Bloqueo inmediato de líneas telefónicas y cuentas bancarias relacionadas con extorsiones, mediante órdenes judiciales fundadas y motivadas.
- Unidades especializadas y células de inteligencia desplegadas en los ocho estados más afectados.
- Operativos en prisiones, para confiscar los equipos que internos usan desde sus celdas para extorsionar a distancia.
- Protocolos de atención a víctimas, con orientación legal y psicológica, y capacitación continua a fiscales y policías, para garantizar un acompañamiento profesional y cercano.
En apenas semanas, las autoridades detuvieron a 1 137 personas por delitos de alto impacto, aseguraron 865 armas de fuego y 17 toneladas de droga, y desmantelaron 20 laboratorios. Estas acciones combinan el trabajo de la Guardia Nacional, la Sedena, la Marina, la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera, lo que refleja un frente unido contra las redes criminales.
Para evitar abusos, la presidenta remarcó en su conferencia matutina: “La Ley de Extorsión no espía ni censura; solo permite intervenir comunicaciones telefónicas con orden judicial”. Este recordatorio refuerza las salvaguardas del debido proceso y la protección de derechos humanos, pilares innegociables para que la estrategia sea efectiva y legítima.
Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, aplaude la persecución de oficio y la unificación del tipo penal, pero advierte que sin incentivos reales para denunciar y recursos suficientes las víctimas seguirán en silencio. Subraya también la urgencia de medir resultados con indicadores claros y limpiar las instituciones de procuración de justicia para recuperar la confianza.
La fuerza del Estado contrasta con la vulnerabilidad de quien sufre amenazas. Por ello, denunciar ya no es un acto solitario sino un compromiso colectivo: cada llamada al 089 es un paso para restituir la tranquilidad de miles de hogares. Acompañemos a las víctimas, exijamos transparencia en las investigaciones y demandemos que cada caso se traduzca en investigación, detención y sentencia.
No hay seguridad sin orden, pero tampoco hay paz duradera sin libertad, sin justicia y sin respeto por la dignidad humana. Ese es el equilibrio que debemos exigir en la nueva etapa que inicia con esta estrategia nacional contra la extorsión: un Estado que no calla, una sociedad vigilante y una esperanza compartida de vivir sin miedo.
- La columnista, Mariuma Munira Vadillo Bravo, es Maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales. Puedes contactarla en Facebook: MUMA Mariuma Munira, Twitter: @MariumaMunira.
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