El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, acusó que gobiernos neoliberales saquearon Puebla y dejaron una deuda millonaria que hoy limita el desarrollo del estado. El mandatario anunció acciones para finiquitar compromisos financieros, combatir redes de corrupción y enfrentar la inseguridad, incluso recurriendo a la SCJN si es necesario. Una ofensiva que busca cerrar definitivamente la etapa del desorden institucional.
El gobernador Alejandro Armenta aseguró que su administración trabaja de manera permanente para revertir los excesos heredados de gobiernos neoliberales que, afirmó, convirtieron a Puebla en un botín. Desde la capital del estado, el mandatario sostuvo que mientras en el pasado se permitió el saqueo y el abuso de poder, hoy su gobierno actúa para desmantelar prácticas de corrupción sin caer en persecuciones políticas ni violaciones a derechos.
Armenta subrayó que poner orden no significa atropellar garantías, sino terminar con el caos que permitió el crecimiento de negocios privatizadores y redes de corrupción. En ese contexto, criticó duramente a dirigentes de partidos de oposición, a quienes acusó de actuar con “cinismo descarado” al cuestionar decisiones actuales, pese a que durante sus gestiones se toleraron delitos como el robo y distribución ilícita de combustible.
Uno de los casos que ejemplifican ese legado, explicó el gobernador, es la deuda de 4 mil 300 millones de pesos generada por la construcción del Centro Integral de Servicios (CIS) Angelópolis, compromiso financiero que se extiende hasta 2037. Armenta calificó este adeudo como inmoral, al señalar que esos recursos podrían destinarse a obra pública, seguridad y educación en beneficio directo de la población.
Ante esta situación, informó que su administración mantiene negociaciones con empresarios para alcanzar un acuerdo que permita finiquitar la deuda. No obstante, advirtió que, de no lograrse una solución favorable para el estado, el gobierno poblano está dispuesto a acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para defender el interés público.
Finalmente, Armenta enfatizó que es obligación del gobierno restablecer el orden perdido, combatir la inseguridad y desarticular las cadenas de corrupción que operan con respaldo de complicidades locales. Afirmó que el combate a los grupos delictivos y a las estructuras que los protegieron es una prioridad para recuperar la gobernabilidad y cerrar definitivamente la etapa del saqueo institucional en Puebla.
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