Colectivos feministas han solicitado al Senado de la República y al Instituto Nacional Electoral (INE) exhortar al gobierno de Durango, gobernador por el PRIAN, a detener la violencia contra las mujeres en esa entidad, así como garantizar justicia ante la creciente impunidad y frenar las aspiraciones políticas de personajes acusados de ejercer violencia de género.
A través de un pronunciamiento, las activistas destacaron que, en el marco del 8 de marzo, es urgente visibilizar la situación de violencia en diversas entidades del país, donde siguen en aumento las denuncias contra políticos y funcionarios señalados por violentar a mujeres, en especial en Durango y Veracruz.
Según datos de los colectivos, durante 2024 en Durango se registraron 14 feminicidios, reflejando una crisis de violencia extrema contra las mujeres. Asimismo, se reportaron 271 denuncias por violación, lo que evidencia un alto índice de agresiones sexuales en la entidad.
Señalamientos contra dirigentes de MC y el PRIAN
Entre las denuncias presentadas, Aylin Campos, activista de Madres en Libertad, hizo un llamado al INE y al Senado para impedir la participación de Martín Vivanco, actual dirigente de Movimiento Ciudadano en Durango, en actividades políticas, señalándolo como uno de los agresores.
Cabe mencionar que el actual alcalde de la capital de Durango, Antonio Ochoa Rodríguez, y de sustracción priista, igualmente ha sido señalado de ejercer violencia de género en contra de una de sus ex parejas, sumado a que el edil conservador ha permitido que aumenten las violencias de género y familiar debido a su desatención a las causas.
Las colectivas reiteraron la urgencia de que el Senado y el INE adopten medidas para frenar las aspiraciones políticas de hombres acusados de violencia contra mujeres, enfatizando que el acceso a cargos públicos debe estar condicionado al respeto de los derechos humanos y a la erradicación de la violencia de género en México.
Ricardo Sevilla destapa la alarmante crisis de violencia familiar en Durango y tumba el discurso del alcalde panista, Antonio Ochoa
El periodista Ricardo Sevilla ha sacado a la luz un preocupante panorama sobre la violencia familiar en Durango, revelando cifras alarmantes que exponen la gravedad del problema y la aparente indiferencia de las autoridades municipales. En su más reciente reportaje, Sevilla detalla cómo la violencia en el estado, especialmente en la capital duranguense, ha alcanzado niveles históricos que han encendido las alertas de colectivos feministas y organizaciones civiles.
Según el reportaje, basado en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en enero de 2025 se registraron 365 denuncias por violencia familiar en el estado de Durango, lo que representa un incremento del 11% respecto a los últimos tres meses de 2024. El periodista destaca que la mayor concentración de casos se da en el municipio de Durango, donde se acumularon 223 denuncias solo en enero, convirtiéndose en la cifra más alta registrada en la historia de la capital.
La capital duranguense: epicentro de la violencia familiar
El texto de Sevilla enfatiza que el 61% de los casos denunciados en todo el estado ocurrieron precisamente en el municipio gobernado por el panista Antonio Ochoa Rodríguez. A pesar de la magnitud del problema, el reportaje resalta la falta de acciones concretas por parte de las autoridades municipales para enfrentar esta crisis.
Además, Sevilla narra cómo colectivos feministas han manifestado su preocupación por la creciente ola de violencia que afecta especialmente a las mujeres, mientras el gobierno local parece minimizar la situación. A esto se suma el testimonio de Anabel Ovalles, quien denunció haber sido víctima de violencia física por parte de su expareja, señalando además que algunos policías municipales y estatales protegieron al agresor, negándose inicialmente a detenerlo hasta que la víctima comenzó a grabar lo sucedido.
Factores agravantes: adicciones y falta de respuestas
El reportaje también aborda el vínculo entre la violencia familiar y las adicciones, un fenómeno que ha ido en aumento en Durango. Según el Instituto Municipal de la Mujer, el 50% de los casos de violencia familiar están relacionados con el consumo de sustancias prohibidas, lo que agrava aún más la situación en los hogares duranguenses.
Sevilla menciona además la declaración de la Fiscal General de Durango, Sonia Yadira de la Garza, quien reconoció que actualmente existen mil carpetas abiertas por casos de violencia contra la mujer. Sin embargo, el periodista destaca que la mitad de las víctimas terminan desistiendo de los procesos judiciales, ya sea por miedo o falta de confianza en las instituciones.
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