La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que no tiene planes de impulsar una reforma fiscal en el corto plazo, argumentando que existen alternativas significativas para incrementar los ingresos públicos sin modificar el actual esquema tributario. En conferencia, enfatizó que la clave está en combatir la corrupción y fortalecer las medidas ya implementadas para mejorar la recaudación fiscal.
Sheinbaum destacó los avances logrados durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pero reconoció que aún hay pendientes en materia económica. En este contexto, subrayó que para el año 2024 se proyecta un aumento de 400 mil millones de pesos en los ingresos federales respecto a 2023, en términos reales, sin recurrir a cambios fiscales.
La presidenta descartó cualquier incremento en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), al que calificó como el impuesto más regresivo, reafirmando que su enfoque está en garantizar una mayor recaudación sin afectar a los sectores más vulnerables de la población. “Todavía hay áreas de oportunidad para obtener mayores ingresos y lo vamos a trabajar primero antes de pensar en una reforma fiscal”, expresó.
Sobre la posibilidad de discutir una reforma fiscal para 2026, Sheinbaum fue enfática al reiterar que no se trata de una prioridad actual. “No estamos pensando en eso. Primero hay que seguir en esta tarea de ampliar ingresos antes de pensar en aumentar tasas de impuestos. No lo estamos considerando por lo pronto”, puntualizó.
La mandataria también hizo referencia a las medidas adoptadas contra las empresas que realizan prácticas de facturación fraudulenta, recordando que ya existe una reforma que permite aplicar prisión preventiva a quienes incurran en evasión fiscal. Estas acciones, aseguró, son fundamentales para garantizar que los recursos lleguen al pueblo y fortalecer la equidad tributaria.
En un tono crítico, Sheinbaum señaló que el Poder Judicial otorga amparos indiscriminados a empresas evasoras, lo cual consideró una práctica que perpetúa privilegios injustificados. Subrayó la necesidad de avanzar hacia una reforma judicial que respalde la legalidad sin proteger intereses particulares. “Debe existir el amparo, pero no para garantizar privilegios en contra de la ley”, concluyó.
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