El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes, expresó su confianza en que el Gobierno de México logrará un acuerdo diplomático y económico que frene el intento de imponer un impuesto del 5 por ciento a las remesas, iniciativa impulsada por el Partido Republicano en el Congreso de Estados Unidos bajo el respaldo de Donald Trump.
“Estos ingresos, cuando se reparten, resulta que es muy poco el dinero que le llega a cada familia; entonces sí les repercutiría. Estamos seguros que se va a llegar a un buen arreglo”, declaró Cervantes, al advertir sobre el impacto negativo que tendría el arancel sobre las comunidades más vulnerables de México.
El dirigente empresarial reveló que ha mantenido comunicación directa con la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien reconoció como parte de una estrategia de diálogo internacional basada en cooperación, firmeza y soberanía. “Hemos sido cooperativos, hemos sido buenos negociadores, pero sin sumisión. Esto es bien importante”, subrayó.
La iniciativa republicana fue aprobada en el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, aunque aún debe ser discutida en el pleno del Congreso estadounidense. De ser aprobada, impondría una tasa del 5 por ciento a las remesas enviadas por migrantes, sin importar su estatus legal.
Cervantes recordó que hace unos días viajó a Washington con una comitiva empresarial para promover inversiones y sostuvo reuniones con legisladores de distintos estados, donde se enfatizó la importancia de la relación económica bilateral y la necesidad de respetar los flujos de remesas como un derecho humano y familiar.
Las remesas representan cerca del 4 por ciento del PIB mexicano y en 2024 alcanzaron un récord histórico de 64 mil 745 millones de dólares, siendo la segunda fuente de divisas más importante del país, después de las exportaciones automotrices.
El Gobierno de México ya ha manifestado su rechazo a esta medida. La Presidenta Sheinbaum calificó la iniciativa como inconstitucional, al argumentar que los migrantes mexicanos ya pagan impuestos en EE.UU., por lo que gravar nuevamente sus envíos constituiría un doble cobro arbitrario.
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