Una noche de violencia sacudió a Uriangato, Guanajuato este domingo 10 de agosto, cuando un grupo armado irrumpió en un bar sobre la calle Campesinos, colonia Emiliano Zapata, y disparó contra los presentes, dejando un saldo preliminar de ocho personas fallecidas.
Un video de seguridad que circula en redes muestra cómo una camioneta blanca llega al lugar. Antes de que los agresores bajaran, un ciclista pasa frente al bar, justo antes de que inicie una ráfaga de disparos. Los atacantes, al menos cuatro hombres armados, abrieron fuego desde la entrada del bar y luego huyeron rápidamente en la camioneta, con un quinto cómplice al volante.
Tras el ataque, se desplegó un fuerte operativo con policías municipales, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, quienes acordonaron la zona para permitir las labores periciales. Los paramédicos confirmaron las ocho muertes en el lugar.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre detenciones relacionadas con el hecho ni la identidad de las víctimas. Se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles y avances en la investigación.
En menos de un año, el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum ha reorganizado el aparato de seguridad nacional, recuperando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) como eje central en la estrategia contra la delincuencia organizada, con un enfoque renovado en inteligencia y coordinación.
La SSPC, liderada por Omar García Harfuch, cuenta ahora con nuevas facultades para la investigación, prevención y recopilación de inteligencia, además de un equipo clave que incluye a Omar Reyes Colmenares en la Unidad de Inteligencia Financiera y Francisco Almazán Barocio al frente del Centro Nacional de Inteligencia.
Gracias a estas reformas y nombramientos, México ha registrado una reducción del 25% en homicidios dolosos hasta junio, junto con aseguramientos históricos de drogas y destrucción de laboratorios clandestinos, reflejando un avance significativo en seguridad pública, de acuerdo con un análisis de Milenio.
Las reformas constitucionales y leyes recientes fortalecen a la SSPC con mayores facultades legales y la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia, integrando 13 dependencias en un Consejo Nacional presidido por la titular del Ejecutivo.
Además, se ha adscrito la Guardia Nacional a la Defensa Nacional y se trabaja en la creación de una policía civil especializada, consolidando un esquema de seguridad coordinado, eficiente y preparado para enfrentar el crimen organizado en México.
En lo que va de 2025, las autoridades mexicanas han asegurado 96 narcolaboratorios clandestinos, superando las cifras de años anteriores y evidenciando un aumento en la producción oculta de drogas en zonas alejadas y sin condiciones sanitarias, alertan expertos.
De acuerdo con una investigación de El Universal, de enero de 2019 a diciembre de 2024, se han decomisado 282 laboratorios, principalmente en Sinaloa (152), Durango (51), Aguascalientes (16), Jalisco y Michoacán (14 cada uno).
Según datos de la Fiscalía General de la República (FGR), estos laboratorios están equipados con utensilios improvisados: bidones de plástico, ollas ennegrecidas, estufas rústicas y mesas desgastadas, ubicados en zonas sin infraestructura ni higiene, lo que agrava el riesgo para la salud de los consumidores.
El químico e investigador Gabriel Vera destaca que los narcolaboratorios pasaron de operar cerca de zonas urbanas a ubicarse en la sierra, donde el equipo es de baja calidad y sin protección para quienes “cocinan” las drogas. Además, señala que la reutilización de recipientes sin limpieza genera acumulación de subproductos peligrosos que contaminan las sustancias finales.
Para el consultor en seguridad Alberto Hidalgo, el traslado de narcolaboratorios a zonas remotas obedece a la dificultad de detección por parte de las autoridades, pese al uso de tecnologías como cámaras térmicas y drones.
Durante la Conferencia Mañanera del lunes 11 de agosto, Pablo Gómez, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, detalló la iniciativa propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbaum, publicada el 4 de agosto. El decreto tiene como eje central fomentar la participación ciudadana en la transformación del marco electoral.
Gómez destacó que la comisión convocará a la población a expresar su opinión sobre las reformas necesarias y realizará análisis técnicos para guiar los cambios. Para ello, se integrarán grupos de trabajo especializados y se expedirá un reglamento interno que regule la operación del organismo.
La comisión está vinculada a diversas dependencias del Ejecutivo federal, con la coordinación directa de:
Pablo Gómez, coordinador general.
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación.
José Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Ernestina Godoy Ramos, consejera Jurídica del Ejecutivo Federal.
Lázaro Cárdenas Batel, titular de la Oficina de la Presidencia.
Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Asesores Presidenciales.
Arturo Zaldívar, coordinador General de Política y Gobierno.
Según Pablo Gómez, México atraviesa una etapa de cambios que busca consolidar el bienestar social y ampliar los derechos, con reformas constitucionales que transforman las instituciones para fortalecer la democracia.
La comisión promoverá un diálogo permanente abierto a toda la ciudadanía, no solo a políticos, para construir una reforma electoral incluyente. El plan de trabajo contempla consultas públicas y debates sobre temas clave como libertades políticas, representación popular, sistema de partidos y financiamiento.
Cualquier persona podrá participar a través del portal web oficial de la comisión, donde se publicarán las consultas y se convocará a debates públicos en la sede de la Secretaría de Gobernación. El programa de actividades se dará a conocer con anticipación para garantizar la cobertura de medios.
Las conclusiones de este proceso serán entregadas a la Presidenta Claudia Sheinbaum en enero de 2026, marcando un paso fundamental en la transformación electoral de México.
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, cuenta con la aprobación del 72% de las y los capitalinos, según la más reciente encuesta de El Financiero, frente a un 27% que desaprueba su gestión.
El sondeo revela que lo mejor evaluado son los apoyos sociales, con 75% de opinión favorable, seguidos por el manejo de la economía (66%), la vivienda (52%) y la seguridad pública (50%). En transporte público, la aprobación alcanza el 49%, mientras que el Metro registra 48%.
La seguridad pública es uno de los rubros con mayor avance: la opinión favorable sobre su manejo subió 10 puntos en dos meses, al pasar de 40% en mayo a 50% en julio. Además, el 59% de la población percibe que la seguridad mejoró en el último semestre, frente a un 36% que opina lo contrario.
El porcentaje de personas que señalan la inseguridad como el principal problema de la capital cayó de 79% en marzo a 66% en julio. Sin embargo, persisten desafíos: el abasto de agua registra 67% de opiniones negativas, la corrupción 78% y el crimen organizado 82%.
La encuesta también muestra que la percepción de corrupción ha aumentado, pasando de 6% en marzo a 16% en julio como mención principal entre los problemas de la ciudad.
El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, de 39 años, falleció la madrugada de este lunes en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde permanecía hospitalizado desde el 7 de junio, cuando fue víctima de un atentado armado durante un mitin político en el barrio Modelia.
El ataque fue perpetrado por un menor de 14 años, detenido en flagrancia tras dispararle dos veces en la cabeza. Las investigaciones vinculan a Elder José Arteaga Hernández, alias “El Costeño”, como presunto autor intelectual, y a otros cinco implicados, entre ellos Katerine Andrea Martínez, alias “Gabriela”, señalada de entregar el arma y coordinar la logística.
Su estado se agravó en las últimas semanas debido a una hemorragia en el sistema nervioso central, que obligó a nuevas cirugías y a mantenerlo en cuidados intensivos bajo sedación profunda.
Hijo de la periodista Diana Turbay —asesinada durante un secuestro— y nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala, Miguel Uribe inició su carrera política a los 25 años como concejal de Bogotá, consolidándose como figura influyente de la derecha y opositor del presidente Gustavo Petro.
La vicepresidenta Francia Márquez llamó a “rechazar la violencia y fortalecer el diálogo democrático”. Expresidentes como Álvaro Uribe e Iván Duque lo recordaron como “una promesa para Colombia” y “un líder íntegro”. Incluso el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, envió condolencias y exigió justicia.
Su esposa, María Claudia Tarazona, y su hermana, María Carolina Hoyos, lo despidieron con emotivos mensajes, prometiendo cuidar de sus hijos y mantener vivo su legado. El asesinato de Uribe reaviva la alerta por la violencia política en Colombia, que sigue truncando vidas y proyectos de nación.
Una tromba azotó la capital la tarde y noche de este domingo, provocando caos en el Metro, cierre temporal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), calles inundadas, autos varados en bajopuentes y afectaciones en viviendas, hospitales y edificios de gobierno.
A las 18:44 horas, un cortocircuito en un transformador de la estación San Antonio Abad de la Línea 2 interrumpió el servicio en ese tramo y en Viaducto y Chabacano. Dos horas después fue restablecido. Sin embargo, pasadas las 21:00 horas, se suspendió el servicio en cinco estaciones de la Línea 5 y dos de la Línea 3, incluyendo Terminal Aérea, Hangares, Pantitlán, Tlatelolco y Guerrero. También se reportaron anegaciones en la entrada de San Lázaro (Línea B) y filtraciones en la Línea 1.
La alerta púrpura —máximo nivel de advertencia por lluvias— obligó a suspender operaciones en el AICM, desviando vuelos a aeropuertos cercanos. Dentro del recinto, pasajeros reportaron filtraciones y encharcamientos en pasillos y salas.
Informamos que desde que iniciaron las lluvias de esta tarde, activamos el plan #Tlaloque con todos los servicios de emergencia de la capital.
Se han registrado fuertes lluvias y caída de granizo así como anegaciones de agua en distintos puntos de la ciudad, mismos que ya son…
En el Zócalo, el agua alcanzó 30 centímetros e ingresó al Palacio del Ayuntamiento. El Hospital General Balbuena también sufrió inundaciones de hasta 25 centímetros en un área de 100 metros, de acuerdo con el Heroico Cuerpo de Bomberos.
El operativo Tlaloque desplegó a la SSC para auxiliar a peatones y automovilistas atrapados en puntos críticos como Viaducto y Circuito Interior, donde el agua formó un espejo de 40 metros. También hubo trabajos de desazolve, retiro de basura y árboles caídos en vialidades como Marina Nacional, Fray Servando y avenida Norte 172.
El estado de Tamaulipas enfrenta una situación financiera crítica, con una deuda pública directa que superaba los 15 mil millones de pesos al cierre de 2024.
A pesar de que la Secretaría de Finanzas, que estaba a cargo de Adriana Lozano Rodríguez, se jactaba de haber reducido el endeudamiento, los hechos demuestran lo contrario.
Pese a que el gobierno de Américo Villarreal asegura no estar pidiendo créditos, la Secretaría de Finanzas emitió, en diciembre de 2024, la convocatoria 01/2024 para solicitar un crédito de hasta dos mil millones de pesos, argumentando una “insuficiencia de liquidez de carácter temporal”.
Este contradictorio intento de reducir la deuda, mientras se buscaba nuevo financiamiento, culminó con la salida de Lozano Rodríguez en enero de 2025.
Y aunque la salida de la titular de finanzas, quien durante el gobierno de Vicente Fox fue nombrada subadministradora del SAT en Matamoros, se justificó como una renuncia por “cuestiones personales”, la realidad apunta a que hubo señalamientos de malos manejos.
Su sustituto, Jesús Lavín Verástegui, asumió el cargo prometiendo, como ya lo había hecho antes la administración de Américo Villarreal, que no adquiriría más deuda.
Pero la promesa duró poco.
En abril del mismo año, se solicitó un préstamo de 500 millones de pesos al Grupo Financiero HSBC.
CIFRAS A MODO VS. REALIDAD CIUDADANA
Dos meses después de adquirir la nueva deuda, Lavín Verástegui declaró que Tamaulipas era el estado con “mejores resultados financieros” en la frontera norte.
Y para respaldar su jubilosa afirmación, presentó un reporte del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) que indicaba una disminución en la deuda pública per cápita, pasando de 5 mil 201 pesos en 2021 a 4 mil 488 pesos en 2025.
Sin embargo, estas cifras alegres, aunque parecían técnicamente correctas, maquillaban una realidad más compleja.
Y es que, mientras las cifras oficiales buscaban tranquilizar a la población, la deuda real y su impacto continúan sintiéndose en la economía de a pie.
Y es que hoy, cada tamaulipeco tiene una deuda per cápita de 4 mil 488 pesos.
Esto se traduce en una carga financiera directa para cada ciudadano, que ve cómo el dinero se desvía para pagar intereses en lugar de invertirse en infraestructura, servicios o programas sociales.
CONSECUENCIAS EN LA ECONOMÍA LOCAL
Lo más alarmante de este persistente endeudamiento es que la situación financiera de Tamaulipas tiene consecuencias directas en la economía local, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs).
Rigoberto Beltrán Sarabia, coordinador estatal del INEGI, señala que el endeudamiento en la banca privada y el alto costo de la materia prima se han convertido en los principales obstáculos para estos negocios.
A la administración de Américo Villarreal no parece interesarle que la dependencia financiera de bancos sea un riesgo latente ni que, sumado a los altos gastos operativos y la baja demanda, se ponga en jaque la viabilidad de muchos emprendimientos.
La población está preocupada porque la narrativa oficial ha estado plagada de contradicciones y promesas incumplidas.
Lo cierto es que, en Tamaulipas, las finanzas públicas son un laberinto de mentiras.
Y la única realidad es que, ahora mismo, la deuda de ese estado, gobernado por MORENA, asciende a 15 mil 227 millones 44 mil 582 pesos.
Las mentiras en las finanzas públicas se pagan con el bienestar social.
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, rechazó firmemente cualquier cesión territorial en las negociaciones que preparan Estados Unidos y Rusia para poner fin al conflicto que inició la invasión rusa en 2022, de acuerdo con información recopilada por El Economista.
Donald Trump anunció que se reunirá con Vladimir Putin el 15 de agosto en Alaska, señalando que el posible acuerdo podría incluir “intercambios territoriales”, una propuesta que Kiev y sus aliados europeos han rechazado por considerar que alentaría la agresión rusa.
“Los ucranianos no regalarán su tierra al ocupante. Nuestras fronteras están en la Constitución y no se modificarán”, afirmó Zelenski en un mensaje en video, reforzando la postura inamovible de Ucrania.
Rusia reclama las regiones de Luhansk, Donetsk, Zaporiyia, Jérson y la península de Crimea, pero no controla completamente esos territorios, lo que complica aún más las negociaciones.
Aunque expertos ven en esta iniciativa un primer intento realista de paz, advierten que cualquier concesión territorial podría ser devastadora para Ucrania y su soberanía.
En una emotiva ceremonia por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Hugo Aguilar Ortiz, próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró que el pueblo indígena entrará “por todas sus puertas” al máximo tribunal del país.
Ante integrantes del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI) y representantes de 70 pueblos originarios y afromexicanos, Aguilar resaltó que “no gana Hugo Aguilar, ganan los pueblos indígenas y afromexicanos de México”, destacando el compromiso de llevar sus causas a la SCJN.
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, fui invitado a participar en la conferencia magistral “La Reforma Constitucional Indígena y Afromexicana, y el Nuevo Poder Judicial en México”, organizada por el Congreso de Guerrero. #DíaInternacionalPueblosIndígenaspic.twitter.com/IPtJHoPDgY
Durante el acto en el Centro Cultural Los Pinos, celebró la entrega simbólica del bastón de mando a los nueve ministros, que representa “un nuevo sello de justicia y autoridad”, diferente a la tradicional justicia occidental.
Aguilar invitó al CNPI a la toma de protesta el 1 de septiembre, con la promesa de “depurar y limpiar” el Poder Judicial de corrupción, nepotismo y vicios, y aseguró que los pueblos indígenas serán protagonistas en esta transformación histórica.
Con un discurso cargado de emoción, el futuro presidente de la SCJN refrendó que esta nueva etapa implicará justicia con dignidad y la recuperación del poder judicial para el pueblo mexicano.
