El exlíder del Cártel de Sinaloa podría esperar hasta abril para conocer su condena, debido a dificultades logísticas y riesgos en regiones mexicanas donde se obtiene evidencia mitigante.
La defensa de Ismael “El Mayo” Zambada, ex jefe del Cártel de Sinaloa, pidió a la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, un aplazamiento de 90 días para la audiencia de sentencia inicialmente programada para el 12 de enero de 2026.
A través de una carta enviada al juez Brian Cogan, su abogado Frank Pérez explicó que la preparación del memorándum de sentencia se ha visto obstaculizada por la violencia e inestabilidad en varias regiones de México. “Una parte sustancial de la evidencia mitigante debe ser obtenida de individuos localizados en zonas de alta violencia, lo que ha generado serias dificultades logísticas para coordinar conversaciones, obtener cartas y recopilar información de familiares y testigos”, señaló Pérez.
El abogado detalló que los retrasos no son intencionales y que varios colaboradores apenas han podido confirmar su disponibilidad para aportar pruebas a favor de Zambada. Asimismo, confirmó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está enterado del aplazamiento y no se opone a la solicitud.
“El Mayo” se declaró culpable de delitos relacionados con crimen organizado el pasado 25 de agosto, lo que lo expone a una potencial cadena perpetua. Sin embargo, su disposición a colaborar con las autoridades podría reducir significativamente su condena si se convierte en testigo protegido.
Durante su admisión de culpa, Zambada narró su implicación en el narcotráfico desde 1969, el control de sicarios y sobornos a autoridades mexicanas, y ofreció disculpas a las víctimas de sus acciones. La sentencia aplazada podría reprogramarse para abril de 2026, mientras la defensa completa el informe mitigante que busca atenuar su condena.
El exgobernador de Tamaulipas sigue esquivando la justicia mientras el PAN lo coloca como carta política para América del Norte.
Francisco Javier García Cabeza de Vaca ha convertido su historial en una biografía criminal impulsada por la bancada azul.
El exgobernador panista de Tamaulipas se convirtió más en protagonista de una serie de crímenes financieros que en un administrador serio del estado. Su gestión estuvo marcada por acusaciones de lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal, mientras el PAN lo resguardaba entre complicidad y espectáculo político.
Desde antes de asumir la gubernatura, las sospechas sobre el origen de su fortuna ya rondaban los pasillos de la política local.
La FGR documentó cómo Cabeza de Vaca utilizó empresas fachada, familiares y prestanombres para adquirir propiedades de lujo: ranchos en Tamaulipas, departamentos en Estados Unidos y bienes raíces en México, todo por montos que desbordaban sus ingresos declarados. Mientras tanto, el PAN miraba hacia otro lado, como si ignorar los escándalos los hiciera desaparecer.
El momento más sonado fue el desafuero en 2021, donde la Cámara de Diputados aprobó retirarle el fuero y la SCJN de Norma Piña intervino, generando un conflicto constitucional que Cabeza de Vaca supo aprovechar como un truco de magia legal para evadir la justicia mientras gobernaba.
Tras concluir su mandato, el exgobernador salió del país, burlando las órdenes de aprehensión, y logró un amparo que detuvo temporalmente su procesamiento. Un amparo que muchos califican más como un salvoconducto panista que como justicia.
Ahora, el mismo PAN lo coloca como Representante para América del Norte, un puesto que más parece un premio de consolación por sus “méritos” en evadir la ley que una estrategia seria de política exterior.
La movida busca capitalizar su doble nacionalidad y atraer simpatizantes migrantes, mientras Cabeza de Vaca sigue moviéndose en la política como pez en el agua turbia del poder, rodeado de amparos, escándalos y el aplauso silencioso de su partido.
El exgobernador de Tamaulipas demuestra que, en el PAN, la justicia es relativa y el oportunismo es ley: mientras la ciudadanía observa, él colecciona cargos y amparos como si fueran trofeos de su saga judicial.
La legendaria banda System Of A Down regresará a México el 27 de mayo de 2026, al Estadio GNP Seguros, acompañada por la banda británica IDLES.
Tras el éxito de su gira por estadios en Norteamérica y la venta de 500 mil boletos en América Latina a principios de 2025, System Of A Down confirma su regreso a la Ciudad de México, con una próxima presentación en el Estadio GNP Seguros el 27 de mayo de 2026. La banda estará acompañada por el grupo británico IDLES, garantizando un espectáculo enérgico y cautivador.
La preventa para fans inicia el 10 de diciembre a las 10 a.m. hora local, la preventa Banamex será el 15 de diciembre, y la venta general se abrirá el 16 de diciembre a través de Ticketmaster o en la taquilla del inmueble.
System Of A Down, formada en Los Ángeles, ha vendido más de 42 millones de discos en todo el mundo, ha ganado un GRAMMY, y se mantiene como una de las bandas de rock más influyentes del siglo XXI, con más de 24 millones de oyentes mensuales en Spotify. Está integrada por Daron Malakian (guitarra y voz), Serj Tankian (voz y teclados), Shavo Odadjian (bajo) y John Dolmayan (batería).
IDLES, originarios de Bristol, Reino Unido, y activos desde 2009, son reconocidos como una de las bandas de rock más destacadas de la última década. Su más reciente álbum, TANGK, es considerado por ellos mismos como su obra más ambiciosa hasta la fecha.
Quintana Roo presentó su Plan Estratégico 2050, una visión a 25 años construida con más de 6 mil habitantes del estado, en el Parque Quintana Roo. La gobernadora Mara Lezama Espinosa afirmó que este instrumento marca “un antes y un después” para la entidad, al convertirse en un modelo de planeación democrática y con la voz real de la ciudadanía.
Quintana Roo presenta el Plan Estratégico para el Desarrollo Sostenible 2050, una hoja de ruta de largo plazo construida con la participación directa de más de 6 mil habitantes del estado. Durante un evento multitudinario en el Parque Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama Espinosa afirmó que este instrumento marca “un antes y un después” para la entidad al convertirse en el primer plan estatal de 25 años, elaborado bajo un modelo de planeación democrática y con la voz real de la ciudadanía.
La Gobernadora destacó que el PEDS 2050 surgió del diálogo abierto a través de más de 60 mecanismos participativos, como talleres, foros territoriales, entrevistas, mesas temáticas y una encuesta digital estatal. Con más de 2 mil 500 asistentes presenciales, el respaldo de organizaciones civiles, instituciones académicas y organismos internacionales fue contundente. Actores como Ciudadanos por la Transparencia, el Consejo Ciudadano y el ILPES coincidieron en que el reto ahora es convertir el Plan en una práctica viva: “Que no se quede en el papel”.
Coordinado por la Secretaría de Finanzas y Planeación y validado por la Consejería Jurídica, el documento establece metas claras, indicadores y acciones que deberán seguir los tres Poderes del Estado, los municipios y las instituciones que ejercen recursos públicos. Mara Lezama resaltó que esta visión a 25 años permitirá anticipar escenarios, fortalecer la toma de decisiones y consolidar un desarrollo justo, equilibrado y sostenible para todas las comunidades de Quintana Roo.
El Plan está integrado por cinco dimensiones estratégicas: Planeta, Persona, Prosperidad, Paz y Pertenencia, las cuales articulan un modelo de transformación profunda con identidad propia. Además, incorpora un sistema permanente de evaluación que facilitará a la ciudadanía conocer avances, desafíos y ajustes necesarios durante los próximos años. La Gobernadora invitó a las y los quintanarroenses a apropiarse del documento y convertirlo en una herramienta colectiva: “Este Plan es de la gente, no de un gobierno”.
El evento reunió a representantes de los tres niveles de gobierno, organismos civiles y académicos, quienes reconocieron que Quintana Roo se coloca como referente nacional en planeación de largo plazo. Con este paso, el estado sienta las bases de un futuro construido desde la participación ciudadana, la transparencia y la visión compartida de quienes habitan el territorio.
El nombre de César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua y exdiputado federal, volvió a los titulares al confirmarse su recaptura en Chihuahua. Este arresto, a cargo de la FGR bajo la dirección de Ernestina Godoy, marca el inicio de un nuevo proceso penal de fuero federal por Operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).
El exgobernador de Chihuahua, exdiputado federal y exmiembro del PRI, ha enfrentado una larga lista de acusaciones que van desde el peculado hasta el lavado de dinero.
El 8 de diciembre de 2025, la FGR confirmó la recaptura de César Duarte en la capital de Chihuahua, como parte de una nueva acción penal por su presunta responsabilidad en delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Y no es un capricho, como algunos comentócratas opinan. No. La detención, en realidad, obedece a una orden de aprehensión emitida por un juez federal en mayo de 2024, que solo pudo ejecutarse tras la autorización del gobierno de Estados Unidos, país que previamente lo había extraditado en 2022 por otras acusaciones.
La fiscal Ernestina Godoy, quien recientemente fue nombrada titular de la FGR, aceleró la ejecución de este expediente, dándole continuidad a una investigación que se gestó durante la gestión del polémico Alejandro Gertz Manero. En ese momento, y en cuanto recibió luz verde de Washington, la FGR de Gertz Manero ordenó su captura y su traslado al penal de máxima seguridad del Altiplano, una cárcel en la que han estado detenidos delincuentes como Joaquín “el Chapo” Guzmán y Rafael Caro Quintero.
Ahora bien, las acusaciones contra Duarte no son nuevas ni escasas. De hecho, en su contra, se han librado 21 órdenes de aprehensión (20 locales y una federal) por diversos delitos. Le enumeró algunos de ellos:
Peculado agravado
Asociación delictuosa
Lavado de dinero
Enriquecimiento ilícito
Uso indebido de atribuciones
Financiamiento ilegal al PRI
Retención de salarios a burócratas
Robo de ganado destinado a pequeños productores
Y presunta creación de un banco con recursos públicos
Pero eso no es todo. Además, Duarte ha sido señalado como protagonista de la Operación Safiro, un esquema de desvío de recursos públicos para financiar campañas del PRI, y de contar con una ‘nómina secreta’, mediante la cual habría entregado sobornos a políticos, periodistas y líderes sindicales.
Pero hay una pregunta que debe responderse: ¿Cuál fue el origen de las investigaciones contra Duarte?
Le doy los detalles: el proceso judicial se remonta al sexenio de Javier Corral, sucesor de César Duarte como gobernador de Chihuahua.
De hecho, durante su toma de protesta en 2016, Corral, antes panista y actual simpatizante de Morena, anunció que se llevarían a cabo investigaciones por irregularidades detectadas durante la entrega-recepción.
Es importante destacar que durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador también se presionó públicamente para que no se permitiera la impunidad. Le digo más: en 2022, López Obrador acusó que la administración de Maru Campos, actual gobernadora de Chihuahua, estaba otorgando beneficios judiciales al exgobernador Duarte y obstaculizando la justicia.
Hay quien se pregunta: ¿Qué pasó con la primera detención de César Duarte? Yo se lo digo: César Duarte fue capturado por primera vez el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida, y su extradición se concretó el 2 de junio de 2022. Sin embargo, el tratado de extradición entre México y Estados Unidos exige que el país solicitante solo procese al extraditado por los delitos expresamente incluidos en la solicitud original.
Ahora bien, tras permanecer dos años en prisión, una jueza penal ordenó el cambio de medida preventiva y Duarte fue puesto en libertad. Previo a su detención, el exmandatario priísta continuaba dicho proceso legal con un brazalete de localización.
Pero le cuento más: su administración en Chihuahua, que comprendió de 2010 a 2016, estuvo marcada por un pernicioso control sobre los medios de comunicación locales, viajes oficiales sin justificación (163 vuelos a Estados Unidos) y un manejo opaco de los recursos estatales. Duarte dejó al estado con una deuda de más de 55 mil millones de pesos.
Entre las múltiples investigaciones sobre Duarte destaca la compra de al menos seis ranchos en un periodo de apenas cinco meses, muchos de ellos presuntamente adquiridos con recursos públicos. A César Duarte se le acusa también de construir una presa en una de sus propiedades sin permisos y de adquirir bienes de lujo tanto en México como en Estados Unidos, con recursos cuya procedencia no ha podido justificar.
En total, las autoridades han asegurado 16 ranchos vinculados a Duarte y su familia.
Uno de los casos más polémicos durante su administración fue el asesinato de Marisela Escobedo, quien fue asesinada en 2010 frente al Palacio de Gobierno mientras exigía justicia por el feminicidio de su hija.
Ese es César Duarte, el exgobernador priista a quien algunos desbrujulados intentan defender.
Más de 85 mil mexicanos fueron arrestados por el ICE en los primeros meses del nuevo gobierno de Trump, un tercio del total, pese a que 75 mil detenidos no tienen antecedentes penales. Organizaciones civiles alertan negligencia, muertes y condiciones inhumanas en centros de detención.
En los primeros nueve meses del nuevo gobierno de Donald Trump, el ICE detuvo a más de 220 mil migrantes, de los cuales 85 mil eran mexicanos, convirtiéndolos en el grupo más numeroso bajo custodia. De acuerdo con cifras oficiales citadas por NBC News, la mayoría eran hombres entre 25 y 45 años. Les siguieron guatemaltecos (31 mil) y hondureños (24 mil).
Aunque Washington insiste en que el enfoque es capturar criminales, 75 mil personas arrestadas no tenían historial penal, lo que expertos califican como una contradicción con el discurso oficial. El promedio diario de detenciones llegó a 824, más del doble que durante la administración de Biden, pero aún lejos de la meta de 3 mil planteada por Stephen Miller, impulsor de la estrategia anti inmigrante.
Organizaciones como Detention Watch Network denunciaron que el DHS está realizando arrestos arbitrarios a gran escala, con reportes crecientes de muertes, negligencia médica, hacinamiento, falta de alimento, aislamiento y traslados excesivos, lo que ha roto vínculos familiares. Hasta principios de diciembre, se habían registrado al menos 25 fallecimientos bajo custodia del ICE, la cifra más alta en décadas.
Amnistía Internacional documentó abusos “horrorosos” en el centro conocido como Alcatraz de los caimanes, en Florida, describiendo condiciones insalubres, fugas de aguas negras, insectos, luces encendidas 24 horas, mala alimentación y atención médica insuficiente o negada. Algunos detenidos fueron confinados en estructuras tipo jaula de apenas 60 centímetros, con los pies encadenados a la tierra, un trato que calificaron como casi tortura.
Además, activistas denunciaron acciones para debilitar programas de protección para jóvenes y mujeres embarazadas, quienes enfrentan detenciones irregulares y procesos que pueden derivar en separación familiar permanente. El gobierno mantiene actualmente 65 mil 735 personas detenidas y otras 182 mil bajo supervisión en programas alternativos.
Mientras tanto, la opinión pública muestra señales de hartazgo: casi dos tercios de los votantes rechazan la política migratoria del presidente. Entre los independientes —clave para las próximas elecciones— la desaprobación es similar. Este escenario ha contribuido al declive en la aprobación presidencial, que Gallup sitúa en 36%, el punto más bajo de su segundo mandato.
En Playa del Carmen, la presidenta municipal Estefanía Mercado impulsa el programa “Salud Sin Tanto Choro”, una iniciativa que lleva servicios médicos directamente a colonias y comunidades. Gracias a este esquema, más de 16 mil personas ya han recibido atención gratuita y sin trámites.
Playa del Carmen alcanzó un nuevo hito en materia de salud pública luego de que la presidenta municipal, Estefanía Mercado, anunciara que más de 16 mil personas han sido beneficiadas por el programa “Salud Sin Tanto Choro”, una estrategia que lleva servicios médicos gratuitos y sin trámites innecesarios directamente a colonias y comunidades. Se resaltó que esta política nació con un objetivo puntual: acercar la atención de calidad a quienes antes no podían acceder a ella.
La iniciativa ha tenido un impacto profundo en el municipio al ofrecer consultas generales, medición de signos vitales, detección de enfermedades crónicas, atención psicológica, entrega de medicamentos y acompañamiento especializado a miles de familias que habían permanecido desatendidas. Mercado sostuvo que este programa marca un antes y un después, pues ahora es el gobierno quien llega al territorio para garantizar el derecho a la salud sin barreras.
Durante su mensaje, la presidenta reconoció el esfuerzo colectivo detrás del proyecto, destacando la labor del personal médico, voluntariado y servidores públicos que han logrado que “Salud Sin Tanto Choro” llegue a lugares donde nunca antes se había brindado atención directa. Afirmó que la salud es uno de los ejes prioritarios de su administración y que esta visión humanista continuará guiando las acciones del gobierno municipal.
El avance del programa refleja, además, un compromiso permanente con el bienestar de los habitantes de Playa del Carmen. La alcaldesa reiteró que la meta es ampliar la cobertura y llegar a más personas cada día, fortaleciendo una política pública que ha transformado la forma en que se brinda atención en el municipio.
Con este logro, el Ayuntamiento reafirma su propósito de construir un Playa del Carmen más justo, más sano y con oportunidades reales para todos sus habitantes, impulsando una estrategia que ya se posiciona como una de las más relevantes en materia social.
El crimen organizado es, ante todo, un negocio ilegal que busca ganancias económicas y opera como una empresa. El terrorismo, en cambio, es la generación de violencia con fines políticos, diseñada para causar miedo e influir en gobiernos o poblaciones. Aunque a veces se cruzan, sus motivaciones, métodos y objetivos son distintos.
El reciente ataque con explosivos frente a la base de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán, es un ejemplo concreto de cómo la violencia en ciertas regiones puede manifestarse de manera extrema. Este hecho ilustra la distinción entre crimen organizado y terrorismo, ya que la utilización de un explosivo recuerda tácticas propias de la violencia terrorista. Sin embargo, como explica la literatura sobre el tema, la motivación y el objetivo de la acción determinan su naturaleza, diferenciando si se trata de un ataque para obtener ganancias económicas o de un acto con fines políticos.
¿Qué es el crimen organizado?
Hablar de crimen organizado no es tan simple como parece, ya que el sociólogo Juan Gabriel Tokatlián advierte que no existe una definición única ni universal: el concepto es amplio, cambiante y, a veces, hasta escurridizo. Por ello es que propone tratarlo con una mirada “fenomenológica”, es decir, observar cómo funcionan realmente estas organizaciones para entender sus rasgos básicos.
En términos sencillos, el crimen organizado es un negocio ilegal que opera como una empresa:
Tiene un grupo de personas, valga la redundancia, bien organizado
Opera de manera estable en el tiempo
Se dedican a actividades delictivas con un objetivo claro: ganar dinero o beneficios materiales
Ejemplos: un cártel que trafica drogas, una red dedicada al robo de autos, o una grupo que cobra piso a comerciantes. En todos los casos el objetivo es lucrar por medio de una actividad ilícita. Sus decisiones, estructura y acciones giran alrededor de proteger el negocio y sus ganancias.
No confundir crimen organizado con terrorismo
En años recientes, especialmente en América Latina, algunas agencias de seguridad de EUA han empujado la idea de que el crimen organizado —sobre todo el narcotráfico— y el terrorismo son prácticamente lo mismo. Esta visión errónea mezcla dos fenómenos que, aunque a veces se rozan, no tienen el mismo objetivo ni operan igual.
Esta confusión ignora que cada uno tiene dinámicas propias y que no todos los países enfrentan estos problemas de la misma manera.
¿Qué es entonces el terrorismo?
El terrorismo es, ante todo, una acción o varias acciones violentas con fines políticos. Su objetivo no es ganar dinero, sino transmitir un mensaje político utilizando el miedo como principal herramienta.
Un atentado con bomba en un aeropuerto, un ataque armado contra civiles o la amenaza de destruir infraestructura: en todos estos casos, la violencia —o la amenaza de ella— busca atemorizar a una población o presionar a un gobierno para que haga o deje de hacer algo.
Ejemplos: ungrupo extremista que detona explosivos en edificios gubernamentales para exigir cambios políticos. Aunque financie parte de sus actividades robando bancos o mediante secuestros, su meta sigue siendo política, no económica.
Diferencia clave
De acuerdo con el jurista Howard Abadinsky, el crimen organizado es una “empresa no ideológica”: no quiere imponer creencias ni cambiar gobiernos, solo proteger y expandir su negocio. Puede involucrarse en política pero solo para comprar protección, evadir controles o corromper autoridades que le faciliten operar.
En cambio, el terrorismo sí tiene metas políticas, ideológicas o religiosas. La violencia no es un medio para ganar dinero, sino para cambiar el panorama político de un país o una región.
A veces se cruzan, pero no son lo mismo
A veces un cártel puede usar tácticas terroristas —por ejemplo, colocar coches bomba o exhibir violencia extrema—, pero como herramienta, no como identidad. Busca intimidar a rivales o autoridades para proteger sus operaciones, no para transformar un sistema político.
También ocurre lo contrario: algunas organizaciones terroristas recurren a actividades criminales para financiarse, aunque su objetivo final sigue siendo político.
¿Por qué importa diferenciarlos?
Porque sus estrategias, sus motivaciones y su impacto son distintos:
El crimen organizado necesita un ambiente relativamente estable para realizar sus negocios; por eso tiende a corromper, infiltrar y controlar sectores económicos y gubernamentales, evitando llamar demasiado la atención.
El terrorismo, en cambio, busca generar inestabilidad y miedo, porque eso le da fuerza política.
Un cártel preferirá sobornar a un policía para que le permita operar o lo deje en libertad; un grupo terrorista preferirá atacar una estación de policías para enviar un mensaje.
Fuente: Qué es el crimen organizado. Marcelo Fabián Sain. 1a ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, 2017
Morelos con el gobierno de acelera Margarita González Saravia ha rehabilitado 88 kilómetros de rutas de evacuación del Popocatépetl con una inversión de 147 millones de pesos, devolviendo seguridad vial a miles de habitantes que por años esperaron mantenimiento en estas carreteras clave.
En una gira de trabajo por Ocuituco, la gobernadora Margarita González Saravia anunció un avance significativo en la rehabilitación de las cinco Rutas de Evacuación del volcán Popocatépetl, un proyecto estratégico que forma parte del Circuito Tierra y Libertad. Tras años de abandono en estas vías, la intervención busca garantizar que las comunidades de Los Altos y el oriente de Morelos cuenten con caminos seguros y funcionales ante cualquier eventualidad volcánica.
Los trabajos, ejecutados por la Secretaría de Infraestructura estatal en coordinación con la SICT federal, abarcan 88 kilómetros que conectan a diez municipios clave, con una inversión superior a 147 millones de pesos y un avance físico del 47%, las obras proyectan alcanzar el 60% de la red total intervenida, beneficiando a más de 187 mil habitantes y generando 386 empleos directos. La mandataria subrayó que estas carreteras no habían recibido mantenimiento durante varios años y que la prioridad es avanzar lo máximo posible para fortalecer la seguridad regional.
Las labores incluyen bacheo profundo y superficial, renivelación, sobrecarpetas de concreto asfáltico, limpieza de cunetas, desyerbe y colocación de señalamientos, acciones indispensables para garantizar vialidades transitables durante una emergencia. En la Ruta de Evacuación número dos, el tramo Metepec–Tetela del Volcán registra un 70% de progreso, mientras continúa la tercera etapa del corredor Yecapixtla–Ocuituco, convirtiéndose en la ruta con mayor avance.
La gobernadora destacó que el esfuerzo conjunto entre los gobiernos estatal y federal ha permitido mantener obras activas en las cinco rutas de evacuación, reforzando la infraestructura preventiva de la región. A su vez, autoridades municipales reconocieron la relevancia del proyecto, entre ellos el alcalde de Ocuituco, René Jacobo Ortuño, quien resaltó que estas vialidades habían permanecido sin intervención durante años.
Al encuentro asistieron representantes de Protección Civil estatal, autoridades municipales de Yecapixtla, Tetela del Volcán y Hueyapan, así como personal técnico de la SICT, quienes reafirmaron su compromiso de acompañar el proceso de modernización vial que permitirá a Morelos contar con rutas seguras y confiables ante el comportamiento del volcán.
La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, acumula señalamientos por despidos injustificados, presunta opacidad en contratos y operativos de “mano dura” contra comerciantes.
A poco más de un año de haber asumido la titularidad de la alcaldía Cuauhtémoc, la gestión de Alessandra Rojo de la Vega se ha consolidado no solo por sus denuncias contra administraciones pasadas, sino por una serie de controversias internas y externas que han marcado su ejercicio.
El estilo de gobierno, caracterizado por represón y operativos sin aviso previo, ha generado un clima de tensión constante con sindicatos, comerciantes y adversarios políticos, quienes acusan a la alcaldesa de autoritarismo y de utilizar el aparato administrativo con fines de revancha o control político.
Conflicto laboral y acusaciones de despidos masivos injustificados
El escándalo más persistente de su administración ha sido el conflicto laboral con el personal de base y sindicalizado de la demarcación.
Bajo la bandera de combatir la corrupción y la figura del “aviador” heredado de gestiones anteriores, Rojo de la Vega implementó una reestructuración de personal que se tradujo, de acuerdo a denuncias sindicales, en la separación o reubicación forzosa de cientos de trabajadores.
Los empleados afectados han acusado a la alcaldesa de realizar despidos injustificados por motivos políticos, argumentando que las bajas se concentraron en personal con afiliación o simpatía hacia el partido opositor que gobernó la demarcación previamente.
Estas decisiones han derivado en múltiples manifestaciones, paros laborales y la interrupción de servicios, lo que ha puesto en evidencia la inestabilidad interna en el funcionamiento operativo de la alcaldía.
Uso de recursos y señalamientos por presunta opacidad
Su administración ha enfrentado críticas por el manejo discrecional de recursos. Un foco de controversia ha sido la contratación y adjudicación de servicios de seguridad privada y vigilancia.
Se ha señalado una presunta falta de transparencia en la selección de proveedores para estos servicios, sugiriendo que los montos contratados no siempre se justifican con la mejora real de la seguridad en la demarcación.
Una investigación realizada por Los Reporteros Mx reveló graves contradicciones, omisiones y una evidente manipulación de cifras. La alcaldesa presumió los “logros” que beneficiarían, según ella, a los más de 545 mil habitantes de esa demarcación. Entre estos estaban la instalación de 51 mil luminarias, adquisición de 53 patrullas nuevas y recuperación de 20 mil metros cuadrados de vía pública.
Pero la alcaldesa de oposición olvidó mencionar un detalle fundamental: las patrullas no son propiedad de la alcaldía; son arrendadas. Por si fuera poco, documentos oficiales de la propia alcaldía se contradicen sobre el número exacto de unidades y su costo real.
Choques por el reordenamiento urbano y abuso de autoridad
La política de “mano dura” en el reordenamiento del espacio público ha sido otra fuente constante de escándalos.
Los operativos de desalojo de comerciantes informales, especialmente en las colonias Juárez, Centro, y Tepito, han sido frecuentes y polémicos. Comerciantes ambulantes y organizaciones vecinales han denunciado que estos operativos se llevan a cabo con exceso de fuerza, intimidación y sin agotar las vías de diálogo o de reubicación formal.
En varios incidentes documentados, se han reportado confiscaciones de mercancía y enfrentamientos directos entre el personal de la alcaldía y los vendedores, lo que ha escalado las tensiones sociales.
Y como si todo lo anterior no bastara para el expediente de escándalos, recientemente la alcaldesa “invitó amablemente” a comerciantes de La Lagunilla a formar parte de la famosa marcha de la supuesta Generación Z, ese evento que buscó venderse como espontáneo pero que tuvo más producción que un espectáculo del Ajusco.
Incluso se señaló que la movilización habría sido financiada para quedar bien con su conocido aliado, Ricardo Salinas Pliego. Un cierre digno para una administración que, en vez de gobernar, parece empeñada en competir por el premio a la mejor telenovela política del año.
Al final, Alessandra Rojo de la Vega parece empeñada en demostrar que, si no puede gobernar con resultados, al menos puede gobernar con escándalos. Su administración avanza como sus operativos: sin aviso, sin consenso y con más ruido que claridad. Rojo de la Vega domina el espectáculo, lástima que la alcaldía no necesita una influencer, sino una administradora.
