Los Reporteros Mx

Categoría: Mariuma Munira

  • Avanza reforma electoral de AMLO

    Avanza reforma electoral de AMLO

    El pasado 6 de diciembre de 2022, con 269 votos a favor, 225 en contra y una abstención, la reforma constitucional en materia electoral propuesta por nuestro Presidente de México Licenciado Andrés Manuel López Obrador fue rechazada en el pleno de la Cámara de Diputados Federal.

    Los legisladores de oposición desecharon la reforma electoral propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, al no alcanzar la votación de mayoría calificada que consta de dos tercios de los votos a favor y que se requiere en la Cámara de Diputados para poder modificar nuestra Constitución.

    0Dado que la falta de consensos era iminente, el Presidente AMLO trabajó en una propuesta que no modifica la Constitución; pero sí modifica un paquete de leyes secundarias y sólo necesita de una mayoría simple para ser aprobada; cuota de votos que el partido político Morena, junto con sus aliados el Partido Verde y el Partido del Trabajo, logran alcanzar en la Cámara Baja. Es decir en vez de modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), este nuevo intento reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

    Este “plan B” obliga a una reestructuración y ajuste de la tabla de remuneraciones para que ningún consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), gane más que el salario del Presidente de la República. Elimina seguros de gastos médicos mayores, exhorta a que todos los trabajadores sean considerados en el régimen de confianza e inscritos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Compacta la estrutura del Tribunal Electoral y del INE; en este último también liquida los fideicomisos que le permitían retener recursos públicos previstos para trabajadores, plantea que los órganos distritales pasen de 300 a 260 en toda la República y que éstos tengan carácter temporal y no permanente.

    Desaparece el servicio profesional de carrera, elimina o fusiona diversas áreas técnicas.Con el proyecto del Plan B Electoral, el gobierno propone en los siguientes rubros un ahorro de 5 mil millones de pesos aproximadamente, distribuidos de la siguiente forma:

    Desaparición de vocales distritales: 4 mil mdp

    Eliminación de 36 de las 300 juntas distritales: 1 mil mdp

    Cancelación de credencialización de mexicanos en el extranjero: 74.5 mdp

    Desaparición del PREP: 17.6 mdp

    El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que se busca eliminar, da tendencias de las votaciones a partir de muestras estadísticas, se busca desaparecerlo y que en su lugar el cómputo de resultados finales se dé a conocer en tiempo real desde el día de la votación.

    La propuesta modificatoria de leyes secundarias, plantea el derecho al voto de personas en prisión preventiva y personas con discapacidad que no puedan desplazarse a las urnas, así como agilizar el trámite de sufragios de mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero, que podrían votar con su pasaporte y no sólo con su credencial elector, además de hacerlo por medio del voto electrónico vía internet.

    En estas Leyes secundarias se elevaría a rango de ley la inclusión de candidaturas de grupos minoritarios y/o vulnerables, candidaturas impulsadas por el INE en pasados comicios electorales.

    Pese a que los Diputados Federales votaron a favor el poder trasladarse votos entre partidos que contenden en coalición, el Senado de la República elimina esa parte de la reforma y retoma las reglas actuales: “…según la elección de que se trate; los votos se sumarán para el candidato de la coalición y contarán para cada uno de los partidos políticos para todos los efectos establecidos en esta Ley. En ningún caso se podrá transferir o distribuir votación mediante convenio de coalición”.

    Otro aspecto que los Senadores defienden, es que los partidos políticos que no obtienen al menos el 3% de la votación en elecciones federales no pueden conservar su registro nacional.

    Así mismo restablece: “para que un partido político nacional cuente con recursos públicos locales debe obtener el 3% de la votación válida emitida en la elección de diputaciones de Congresos locales en el proceso electoral local anterior en la entidad federativa de que se trate”.

    Todas estas modificaciones aprobadas el pasado 7 de diciembre en la Cámara de Diputados, y que se encuentran en revisión por la Cámara de Senadores, toman relevancia para las próximas elecciones de junio 2023 a celebrarse en Coahuila y el Estado de México, la renovación de cuatro de los 11 asientos del Consejo del INE prevista para abril 2023 y la elección del nuevo o la nueva presidenta de México en julio de 2024.

    • La columnista es Maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales, Subdirectora Ejecutiva en la Unidad de Desarrollo Comercial del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ex Secretaria de la Mujer Oaxaqueña, contáctala en Facebook: MUMA Mariuma Munira, Twitter: @MariumaMunira
  • LOGRA AMLO HISTÓRICO AUMENTO AL SALARIO MÍNIMO

    LOGRA AMLO HISTÓRICO AUMENTO AL SALARIO MÍNIMO

    Las mexicanas y mexicanos tendremos el mejor inicio de año gracias a nuestro mandatario, el presidente de la república el Lic. Andrés Manuel López Obrador, pues arrancaremos el 2023 con un aumento histórico en el salario mínimo vigente, el porcentaje que se incrementará será del 20%, monto que en los últimos 40 años no se incrementaba en esta proporción.

    Las promesas económicas más relevantes que hizo nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador como candidato presidencial en 2018, contemplaban el aumento al salario mínimo al doble y que siempre los aumentos serían por encima de la inflación; promesa que se cumplirá al iniciar el próximo año, pues recordemos que a finales del 2018 el salario mínimo estaba en 88.36 pesos. 

    Nuestro mandatario siempre prometió ser un presidente que cumpliría la constitución y en esta materia lo está haciendo muy bien; nuestra carta magna establece que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades del trabajador y de su familia, y AMLO siempre ha estado al pendiente de ello, sabe que las circunstancias inflacionarias requieren ajustes para que a las familias les alcance para cubrir sus necesidades.

    Este incremento del 20% que comenzará a correr desde el primer día de 2023, fue posible gracias al consenso entre gobierno y los sectores obrero/empresarial, quienes acordaron que a partir del 1° de enero, el salario mínimo general pasa de 172 pesos diarios a 207 pesos, señalándose que con este incremento habremos recuperado 90% del poder adquisitivo, y significa un aumento de mil 52 pesos al mes, que beneficiará a más de 6.4 millones de trabajadores.

    De igual manera, el presidente de nuestra nación puntualizó que habrá un alza al salario en la zona libre de la frontera norte, donde llegará a 312.41 pesos, lo que representa mil 584 pesos mensuales. 

    El presidente también afirmó que el aumento al salario mínimo no implica riesgo de que se dispare la inflación, el primer mandatario subrayó que esta medida contribuye a recuperar poco a poco el poder adquisitivo del salario, en conjunto con el plan antiinflacionario, que incluye subsidio de más de 300 mil millones de pesos en 2022 para que no aumente el precio de las gasolinas y del diésel, lo que ubica a México como uno de los países con menos inflación en materia energética, por lo que continuará esta política de gran ayuda para el sector empresarial.

    Para explicar el progreso en la capacidad adquisitiva del salario mínimo, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, dijo que, al inicio de este gobierno, una persona que gana el SM podía comprar tres kg de frijol, mientras que con el aumento alcanzará para cinco kg; antes podía adquirir 3.2 kg de huevo y con el incremento podrá comprar 4.6 kg; en el caso de la tortilla pasa de 6.5 a 10.2 kg.

    Con esta acción, México asciende 31 posiciones a nivel internacional respecto a 2020, colocándose en el lugar 50 de 135 países, que monitorean este indicador.

    Durante los primeros cuatro años de administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el salario mínimo en nuestro país ha sufrido transformaciones relevantes. La primera fue cuando se homologó el salario para todo el país, con excepción de la frontera norte, y la segunda fue que de 2018 a la fecha pasó de 88.36 pesos a 172 pesos, sin contar el aumento que se reportó este jueves con un incremento del 20%, pasando a 207 pesos al día.

    Desde que AMLO asumió la presidencia a la fecha, el salario mínimo ha aumentado 83.64 pesos; si se toma en cuenta el aumento que habrá a partir del próximo primero de enero del 2023, el aumento será de 118.64 pesos al día.

    Así lo celebro y expreso nuestro presidente: “Es un avance muy importante, mucho muy importante y lo celebramos; es una muy buena noticia para los mexicanos. ¿Saben desde cuándo no aumentaba el salario mínimo en esta proporción? Desde hace más de 40 años. Es un día histórico el día de hoy.”

    • La columnista es Maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales, Subdirectora Ejecutiva en la Unidad de Desarrollo Comercial del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ex Secretaria de la Mujer Oaxaqueña, contáctala en Facebook: MUMA Mariuma Munira, Twitter: @MariumaMunira
  • Justicia con enfoque de género

    Justicia con enfoque de género

    La Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia en su artículo 21, define la violencia feminicida, como la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, las adolescentes y las niñas, producto de la violación de sus derechos humanos y del ejercicio abusivo del poder, tanto en los ámbitos público y privado, que puede conllevar impunidad social y del Estado.

    La muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada en nuestro sistema penal como feminicidio, es la forma más extrema de violencia contra la mujer y una de las manifestaciones más graves de la discriminación hacia ellas.

    En todo el mundo, cinco mujeres o niñas son asesinadas cada hora por alguien de su propia familia, en América Latina y el Caribe la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) informó que en la región se producen 12 muertes violentas de mujeres por razón de género cada día, en nuestro país México, no baja la trágica marca de 10 mujeres asesinadas cada día, y no todas estas muertes son tipificadas como feminicidios.

    De acuerdo con el Panorama Nacional sobre la Situación de la Violencia contra las Mujeres publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 1,250 mujeres son violentadas y sometidas a algún tipo de intimidación, hostigamiento, acoso o abuso sexual en calles, escuelas, centros laborales o en sus casas cada hora.

    Entre enero y octubre de 2022, en México se han registrado 777 feminicidios de acuerdo con los datos del último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), mientras que los homicidios dolosos en contra de mujeres, por otro lado, disminuyeron: 239 en octubre.

    En muchas ocasiones, los homicidios dolosos que se cometen contra las mujeres no son investigados con perspectiva de género ni tomando en consideración que podrían tratarse de feminicidios, esto de acuerdo con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM); ocasionándose que al registrar incorrectamente el feminicidio y registrarlo como homicidio doloso de mujer, se invisibilice el delito.

    El feminicidio en México comenzó a tipificarse en los códigos penales locales desde 2011, siendo Chihuahua el último en incluirlo en octubre de 2020, a nivel federal se tipificó el delito de feminicidio en el 2012, incluyéndose en el artículo 325 del Código Penal Federal con la definición: Privar de la vida a una mujer por razones de género.

    De los 32 estados que tiene el país en los que se incluye al feminicidio en los códigos penales sólo en 23 tienen un apartado específico, en los demás el tratamiento es dentro del apartado de homicidio doloso o lesiones, y cuando se tipifica de esa manera, se invisibiliza la razón de género. 

    Desde el inicio del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador se trabaja para que las muertes violentas de mujeres se clasifiquen como feminicidio, se generen acciones para prevenirlas y castigar a los responsables, ya que por muchas décadas se soslayó este crimen; incluso hasta hace unos años se negaba oficialmente para evitar reportarlo en las estadísticas oficiales.

    Recientemente, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez al encabezar el inicio de la campaña 16 días de Activismo contra la Violencia hacia las Mujeres, hizo un llamado este viernes a los Congresos de los estados del país para homologar el delito de feminicidio y los protocolos para su investigación, lo que garantizaría la debida diligencia y debido proceso para un verdadero acceso a la justicia.

    Respecto de este tema, toma especial relevancia la iniciativa para homologar el delito de feminicidio en todo el país, presentada por la senadora Olga Sánchez Cordero y la presidenta de la Comisión Especial para dar Seguimiento a los Casos de Feminicidio de Niñas y Adolescentes, Gabriela López Gómez, ambas senadoras de Morena.

    Este proyecto de decreto busca establecer el tipo penal del feminicidio en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para con ello homologarlo en todas las entidades federativas. 

    Esta modificación dará la pauta para que todas las autoridades que tengan la obligación de investigar y sancionar el delito de feminicidio tengan un parámetro de razonamiento y argumentación, que impidan cualquier resquicio de impunidad o error en la integración de las carpetas de investigación. 

    De ser aprobada esta iniciativa, las fiscalías y poderes judiciales podrán realizar acciones de capacitación y formación de su personal con manuales, protocolos e instructivos que homologuen su operación, con el objetivo de que no se vulneren los derechos de las mujeres víctimas del delito de feminicidio. 

    Esta reforma irá acompañada de la derogación del artículo 325 del Código Penal Federal y, a su vez, con un artículo transitorio que pida a los congresos estatales que realicen los ajustes legales necesarios para armonizar sus códigos penales. 

    Respecto a este mismo tema, de homologación del feminicidio, el pasado 6 de noviembre, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, habló de la necesidad de la homologación del feminicidio y la implementación de un protocolo nacional para su investigación.

    Esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, está siendo analizada a las Comisiones Unidas de Justicia; para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos Segunda, del Senado.

    • La columnista es Maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales, Subdirectora Ejecutiva en la Unidad de Desarrollo Comercial del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ex Secretaria de la Mujer Oaxaqueña, contáctala en Facebook: MUMA Mariuma Munira, Twitter: @MariumaMunira
  • Actualizan Ley Olimpia para contemplar la “sextorsión” como violencia digital 

    Actualizan Ley Olimpia para contemplar la “sextorsión” como violencia digital 

    En el mundo cibernético actual, con el cada vez más recurrente uso de las redes sociales y la digitalización de múltiples actividades cotidianas, el chantaje sexual es un problema que va en aumento, ya que los ciberdelincuentes utilizan imágenes privadas de las víctimas para hacer amenazas y peticiones graves,  afectando y vulnerando los bienes o integridad de las personas.

    La conducta descrita es definida por la Organización de las Naciones Unidas como sextorsión, actividad que supone el chantaje por un ciberdelincuente para que la víctima realice una determinada acción o entregue una cantidad de dinero con la amenaza de publicar o compartir imágenes íntimas que tiene de ella.

    Si bien la conducta antisocial denominada sextorsión puede ser realizada contra cualquier persona, es menester puntualizar, que las mujeres somos el grupo social más afectado, esto derivado de los estereotipos de género que todavía existen en México, la hipersexualización del cuerpo femenino, así como la violencia de género en sus distintas modalidades y expresiones.

    La violencia contra la mujer debe entenderse como cualquier acción u omisión basada en su género, que cause muerte, daño psicológico, físico, patrimonial, económico o sexual; en espacios físicos o virtuales donde acontecen estos actos de violencia contra el género femenino.

    En nuestro país ya habíamos  avanzado al reconocer la violencia digital con la Ley Olimpia aprobada en 2021, Ley que se reconoce la violencia digital como un tipo de violencia contra las mujeres que incluye acoso, hostigamiento, amenazas, insultos y vulneración de información privada, así como la difusión, distribución, publicación de contenido sexual sin consentimiento, aprobación o autorización de textos, fotos, videos o datos personales, a través de internet, redes sociales, correo, apps, o cualquier otro espacio digital y de comunicación.

    Esta Ley que dio un paso histórico en 2021 para proteger los derechos de las niñas y mujeres, y de forma principal su intimidad y su pleno desarrollo sexual, al aprobar la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que trajo consigo una reforma al Código Penal Federal que tipificó como delito la violencia digital y mediática, así como el acoso, hostigamiento y difusión de contenido sexual en contra de mujeres en plataformas de internet o a través de redes sociales.

    De nueva cuenta en el país damos un paso importante en el reconocimiento y protección de los derechos humanos de las mujeres, el 16 de noviembre, las diputadas y  diputados integrantes de la LXV Legislatuta Federal consideraron necesario actualizar y robustecer la Ley Olimpia, a efecto de contemplar a la “sextorsión” como una modalidad de violencia contra las mujeres, siendo que esta conducta transgrede y vulnera los derechos humanos al interior del Estado mexicano; por lo que en el Pleno de la Cámara de Diputados se aprobó, por unanimidad de 480 votos, el dictamen que considera como violencia digital la acción dolosa de amenazar, chantajear, coaccionar o extorsionar a exhibir contenidos sexuales sin consentimiento previo, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación.

    La iniciativa tiene por objeto tipificar el delito de violencia digital. Para ello propone considerar violencia digital a la acción de amenazar, chantajear, coaccionar o extorsionar a una persona mayor de edad con exponer, distribuir, difundir, exhibir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar o compartir imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de su persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización, eso con el objetivo de obtener un lucro o beneficio.

    La adición se hace al artículo 20 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia o Ley Olimpia al considerar necesaria la actualización de la Ley para contemplar la “sextorsión” como una modalidad de violencia contra las mujeres que transgrede y vulnera los derechos humanos de las mexicanas.

    Con la modificación a la Ley Olimpia, el Código Penal Federal sancionará toda acción dolosa que sea considerada como “sextorsión”. Actualmente, la sanción penal a nivel federal es de 3 a 6 años de prisión, 300 a 600 días de multa y el pago por reparación de daños y perjuicios ocasionados a la víctima.

    La incidencia de la conducta antisocial conocida como sextorsión ha ido incrementándose en los últimos años. Según estadísticas del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México del mes de mayo del presente año, la “sextorsión” se halla en el cuarto lugar de incidencia delictiva respecto a las modalidades de extorsión que ocurren en la Ciudad de México.

    De acuerdo a un estudio de Microsoft, la ‘sextorsión’ entre desconocidos (no confundir con la realizada entre personas que se conocen y exparejas) afecta al 3% de la población. En Facebook, de hecho, se producen más de 54.000 casos al mes.

    De acuerdo a INEGI, el  36.4 por ciento de las mujeres de entre 20 y 29 años de edad que utilizaron Internet en 2019 fueron víctimas de ciberacoso en los últimos doce meses, frente al 27.2 por ciento de los hombres. Además, se estima que 70 por ciento de las víctimas son adolescentes y mujeres, por lo que las “afecta de forma desproporcionada por su propio género”.

    En México, el principal blanco de las sextorsiones o extorsiones sexuales en línea han sido mujeres de 18 a 30 años de edad, en un 52%, según reveló un reporte recién publicado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México en el que se analizaron las cerca de 119,000 atenciones brindadas a mujeres de todo el país y del extranjero, en los últimos 14 meses.

    Está claro que la lucha por los derechos de las mujeres y niñas mexicanas sigue; al fortalecerse  la Ley Olimpia se busca reconocer como violencia digital aquellas acciones de difusión o exhibición de contenido íntimo que no necesariamente se consuma, pero que sí busca extorsionar o amenazar a las mujeres, por lo que fue necesario la oportuna actualización y fortalecimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia derivado del dinamismo social en el territorio nacional, así como a la generación de nuevas conductas y modalidades de violencia contra el género femenino, siendo que dichas conductas, como la “sextorsión”, vulneran los derechos humanos de las mujeres y transgreden la dignidad de las personas.

    • La columnista es Maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales, Subdirectora Ejecutiva en la Unidad de Desarrollo Comercial del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ex Secretaria de la Mujer Oaxaqueña, contáctala en Facebook: MUMA Mariuma Munira, Twitter: @MariumaMunira
  • Reforma de Ley aumenta vacaciones para la clase trabajadora

    Reforma de Ley aumenta vacaciones para la clase trabajadora

    México es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde se trabaja más horas al año, en promedio en nuestro país se trabajan 2,128 horas anuales, 24% más tiempo que en los demás países miembros de la Organización; donde los horarios laborales de los países miembros tienen como término medio: mil 678 horas anuales y a 40 horas semanales; en nuestro país el máximo legal es de los más altos, con 48 horas laborales a la semana, este exceso laboral no se ve reflejado en la productividad del trabajador y no se refleja en el Producto Interno Bruto (PIB), que está por debajo del promedio de la OCDE; los países que han disminuido el tiempo laborable han mostrado un incremento en su productividad.

    A nivel mundial México se encuentra entre naciones como Brunei, Nigeria, China, Uganda, Filipinas, Malasia y Tailandia con menos de 9 días de vacaciones al año, mientras el promedio global se sitúa en 20 días o más.La Organización Internacional de Trabajo (OIT), en el Convenio 132 sobre vacaciones pagadas, recomienda un periodo mínimo de descanso de 18 días tras un año de servicio, pero en nuestro país la cantidad es de tan solo una tercera pate (6 días), este convenio de la OIT todavía no ha sido ratificado por México a pesar de estar vigente desde hace casi 50 años.

    Cabe señalar que, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se establece en su artículo 24: “Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Los periodos vacacionales en México actualmente y de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo vigente, comienzan con 6 días el primer año, aumenta a ocho días después del segundo año laboral, a 10 luego del tercero y a 12 al concluir el cuarto año.

    En adelante se sumarán dos días por cada cinco años trabajados sin interrupción de contrato.De 1970 a la fecha, que lleva la actual legislación laboral, en ningún momento han sido modificados ninguno de los 6 artículos que se refieren a los periodos vacacionales de los trabajadores de nuestro país.Desde inicios del 2022, la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado de la República ha discutido ampliamente diversas propuestas e iniciativas para la ampliación de los días de vacaciones, planteadas por los grupos parlamentarios de Morena, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social.

    De acuerdo con datos proporcionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 75% de los mexicanos y mexicanas padece fatiga por estrés laboral, superando a países como China y los Estados Unidos.

    Esto implantado por el actual modelo económico que ha permanecido en nuestro país y que ha precarizado a la clase trabajadora, tanto que en más de 50 años las condiciones de vacaciones no se han modificado en la Ley Federal del Trabajo, por lo que es necesario contar con una legislación que esté a la vanguardia en materia laboral y que retribuya con dignidad al descanso que merecen los trabajadores mexicanos, quienes se ven también afectados por el síndrome de agotamiento profesional, también conocido como burnout.Por ello toma especial relevancia lo acontecido el día jueves 3 de noviembre de 2022, en el Senado de la República donde se aprobó por unanimidad de 89 votos, reformar los artículos 76 y 78 de la Ley Federal de Trabajo para aumentar los días de vacaciones de todos los trabajadores en México (Vacaciones Dignas), quienes a partir del primer año laborable gozaran de 12 días de vacaciones pagadas, agregándose 2 días anuales hasta el décimo año, del año 11 al 15 se podrán tomar 24 días de vacaciones, de 16 a 20 años laborando se gozaran de 26 días, de 21 al 25 años de trabajo se darán 28 días de descanso, de 26 a 30 años trabajados se aumentara a 30 días de descanso y de 31 a 35 años laborando se otorgaran 32 días de vacaciones. Esta reforma recién aprobada beneficiará a 4 de cada 10 trabajadores en el país.

    El aumento de vacaciones implicará también el del pago de la prima vacacional, la cual no puede ser inferior al 25% del importe del salario de los días que corresponden al periodo vacacional, recordando de igual manera que la prima vacacional es una de las prestaciones que integran el salario para efectos de indemnizaciones, para el salario base de cotización de los trabajadores y, por ende, en el pago de cuotas obrero-patronales al IMSS, SAR e INFONAVIT.

    Esta reforma aprobada es un hecho histórico que sucede en el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador quien ha pugnado para que se logren grandes avances en materia laboral, haciendo justicia a la clase trabajadora mexicana, reivindicando su lucha, ya que nos encontrábamos rezagados en garantizar el derecho al descanso para los trabajadores, lo que está repercutiendo en su salud y productividad.

    La propuesta aprobada contribuye a un mejor balance entre el trabajo y la vida personal, al otorgar más tiempo libre y de descanso a los trabajadores mexicanos, que podrían ver mejoras en su desempeño laboral y afianzar sus relaciones familiares.

    El dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados, en caso de ser aprobado también en esta cámara, entrará en vigor el día 1 de enero de 2023, o al siguiente día de su impresión en el Diario Oficial de la Federación si la publicación fuera en 2023, siendo aplicable a todas las relaciones de trabajo vigentes a esa fecha.

    • La columnista es Maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales, Subdirectora Ejecutiva en la Unidad de Desarrollo Comercial del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ex Secretaria de la Mujer Oaxaqueña, contáctala en Facebook: MUMA Mariuma Munira, Twitter: @MariumaMunira
  • REFORMA PENAL AUMENTA PENAS A QUIEN ATAQUE MUJERES CON ÁCIDO

    REFORMA PENAL AUMENTA PENAS A QUIEN ATAQUE MUJERES CON ÁCIDO

    En México los ataques con ácido son cada vez más frecuentes, lo que ha ocasionado mayor preocupación en la sociedad. Sin embargo, en el código penal federal actualmente esta situación no se encuentra plasmada, pese a que existen ciertas agravantes en dicho ordenamiento, ninguna hace alusión específica al uso de “ácidos”.

    Este tipo de violencia feminicida que se caracteriza por arrojar ácido u otras sustancias corrosivas en el rostro y cuerpo de una mujer con la finalidad de atentar contra su vida, su integridad y su libertad humana, ha tenido eco en el Senado mexicano, aprobándose por unanimidad, con 79 votos a favor, las reformas al Código Penal Federal para tipificar y sancionar con cárcel los ataques con ácido o sustancias químicas contra mujeres, con castigos hasta con 22 años de prisión a quien agreda con sustancias químicas o ácido a otra persona.

    Los ataques con ácido ocurren en todo el mundo, y afectan en mayor medida a las mujeres. De acuerdo con Acid Survivors Trust International (ASTI), cada año se llevan a cabo al menos 1,500 agresiones globalmente, aunque se estima que esta cifra únicamente refleja el 40% de los casos, pues la mayoría no se denuncia. Es importante señalar que, en más del 80%, las víctimas son mujeres; además de que en nueve de 10 casos son agredidas por una persona con la que tienen o tuvieron una relación

    Señala el director de Acid Survivors Trust International, John Morrison; que el 40% de las víctimas no ha cumplido los 18 años en el momento de la agresión y desde entonces llevará una vida difícil, con secuelas físicas y psicológicas graves, principalmente por quemaduras en el rostro y cuello, daños en las vías respiratorias o incluso ceguera. “Las que sobreviven a un ataque con ácido tienen altas probabilidades de ser rechazadas por sus familias y sus comunidades, que de alguna manera las culpabilizan. La mayoría no puede volver a su trabajo, no son tratadas con respeto por parte de las autoridades que, a menudo, les niegan su apoyo”.

    Los ataques con ácido en México no tienen cifras oficiales, pero la Fundación Carmen Sánchez ha registrado 28 víctimas de ataques con ácido en las últimas dos décadas.

    En nuestro país en este año 2022, entre enero y junio, al menos 47 mujeres fueron quemadas de manera intencional, en promedio se cometieron entre uno y dos agresiones de este tipo cada semana, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud federal sobre lesiones atendidas en clínicas y hospitales del país. En 29 casos, la paciente manifestó que hubo violencia familiar y en 18 no hubo un parentesco con el agresor.

    De acuerdo a los registros médicos, sólo en 28 de estos casos las autoridades de salud informaron ante el Ministerio Público que habían atendido las lesiones causadas de manera intencional. El resto de las víctimas sólo fueron atendidas y dadas de alta.

    El dictamen aprobado este jueves pasado, que adiciona el artículo 297 Bis del Código Penal Federal establece que se impondrán de siete a 13 años de prisión y multa de 300 a 700 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a quien por sí o por interpósita persona cause a otro lesiones con cualquier tipo de agente o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable, álcalis, ácidos y sustancias similares, incluyendo las que necesiten de otro agente para reaccionar.  

    Y provoque en una mujer un daño o enfermedad incurable; la inutilización completa o la pérdida de una extremidad u órgano; cuando quede perjudicada cualquier función orgánica o se genere alguna discapacidad o deformidad incorregible en la piel. De acuerdo con la iniciativa, se plantea que esta pena aumente en dos terceras partes, cuando exista o haya existido entre el agresor y la víctima una relación de parentesco, sentimental, afectiva, laboral o de confianza.  

    La reforma contempla que el personal de salud deberá notificar al Ministerio Público de todos los casos de lesiones provocadas por agentes químicos que reciban para atención médica; además, el Ministerio Público tendrá la obligación de garantizar la reparación del daño integral, adecuada, eficaz, efectiva y proporcional a la gravedad del daño, tal y como lo señala el artículo 30 de este ordenamiento.  

    El proyecto aprobado, también modifica el artículo 85 del Código Penal Federal, a fin de establecer que no se concederá la libertad preparatoria a los sentenciados por el delito de lesiones previsto en el artículo 297 Bis.  Este tipo de ataques con sustancias corrosivas son delitos sin agravante de género en 25 de las 32 entidades federativas del país, una condición que se modificará si la Cámara de Diputados avala el dictamen que los senadores han dado a la reforma del Código Penal Federal, recientemente aprobada.

    Con esta modificación al tipo penal, se protegen y tutelan los derechos de las mujeres al ampliarse los tipos de agresión física en su contra, un clamor que desde hace tiempo ante este tipo de ataques, le faltaba justicia, ante la impunidad lacerante por la violencia feminicida machista.

    • La columnista es Maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales, Subdirectora Ejecutiva en la Unidad de Desarrollo Comercial del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ex Secretaria de la Mujer Oaxaqueña, contáctala en Facebook: MUMA Mariuma Munira, Twitter: @MariumaMunira
  • Ciberseguridad, un desafío para cualquier país

    Ciberseguridad, un desafío para cualquier país

    La adopción de la tecnología y herramientas digitales ha impactado en el aumento de los casos de robo de información, lo que ha afectado el patrimonio de personas, familias, empresas y gobiernos.

    Nuestro país ha sido una de las naciones que más ha tendido a la alza los ciberataques, esto indica la necesidad de impulsar estrategias de ciberseguridad en los distintos órdenes de gobierno, pues recientemente hemos visto como han afectado las funciones de la administración pública, por lo que se deben proponer políticas públicas que busquen la protección tanto del patrimonio de la sociedad como de las actividades de la administración pública para prevenir ser vulnerados desde el exterior.

    Recientemente vimos como la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) fue hackeada, de la cual extrajeron 6 terabytes de datos con documentos inéditos de 2016 a 2022, y como la Plataforma Nacional de Transparencia fue objeto de alrededor de 59.8 millones de ataques cibernéticos.

    México ocupa el primer lugar con 85 mil millones de intentos de ciberataques en el primer semestre de 2022, lo que representa un aumento del 40% en cifras anuales. Le sigue Brasil con 31.5 mil millones de ciberataques durante el mismo periodo de tiempo y Colombia en tercer lugar con 6.3 mil millones; siendo los tipos más frecuentes de ataques cibernéticos: El robo de identidad, Fraudes financieros, Pérdida de propiedad intelectual, Phishing o estafas.

    La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) realiza el Índice de Ciberseguridad Global (ICG) de forma periódica y en la última versión (2020) situó a México en el lugar 52 de 182 países evaluados, con una calificación de 81.68.

    A nivel global nuestro país ocupa el cuarto lugar entre las naciones con mayor posibilidad de sufrir un ataque, nuestra nación se encuentra en una situación vulnerable, dado que cada 11 segundos se registra un intento de ciberataque, cuando en 2019 era de uno cada 19 segundos, este dato de acuerdo a Carla Rodríguez, directora de Desarrollo de Negocios en Ciberseguridad de la Embajada de Israel en México, durante su participación en el Congreso de Ciberseguridad e Inteligencia 2022.

    En el mundo más de 5 mil millones de personas usan Internet, lo que significa que el 63% de la población total del orbe ya está en línea y tiene acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC); este dato de acuerdo al nuevo informe ‘Digital 2022 April Global Statshot’ de DataReportal. En mala República Mexicana tenemos 80 millones de cibernautas, más las instituciones públicas, privadas y sociales, eso nos habla de la coordinación que debemos procurar para enfrentar a los ciberdelincuentes.

    La creciente dependencia a las soluciones digitales exige medidas de protección cada vez más fuertes, la ciberseguridad es uno de los mayores desafíos para las fuerzas de seguridad ya de cualquier país.

    Con la previsión de que las pérdidas mundiales debidas a la ciberdelincuencia alcancen los 6 billones de dólares este año, la población cuenta con que los gobiernos mejoren las normas de ciberseguridad y protejan los datos personales y financieros, cada vez más expuestos.

    Las pérdidas económicas en México ocasionadas por los ciberdelincuentes ascienden a más de 925 mmdp, lo que exige repensar la ciberseguridad en el país, afirmó Ezequiel Aguiñiga, presidente del Consejo de Administración de Proyectos y Suministros Interdisciplinarios (PSI-México).

    México no cuenta con una Ley dedicada al delito cibernético, lo cual es urgente; el artículo N° 211 del Código Penal prevé el delito informático, por lo que urge una Ley de Ciberseguridad, a fin de crear y fortalecer las leyes que ayuden a prevenir, erradicar y aplicar sanciones a los delitos asociados a la seguridad informática; aunado a que como país se han firmado compromisos internacionales como el Capítulo 19 del T-MEC y el Capítulo 14 del Tratado Integral Progresista de la Asociación Transpacífico, donde se establecen los lineamientos necesarios para garantizar la existencia de condiciones de seguridad que permitan prevenir, detectar y dar respuesta a los incidentes cibernéticos.

    Respecto al tema de ciberseguridad el Secretario General de la de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), Sr. Houlin Zhao,  afirmó: “En estos tiempos difíciles, la dependencia sin precedentes de las TIC para impulsar a la sociedad, la economía y la industria, hace que sea más importante que nunca asegurar el ciberespacio y crear confianza entre los usuarios”; “Los gobiernos y la industria deben colaborar para que las TIC sean siempre seguras y fiables para todos. El índice de Ciberseguridad Global es un elemento clave, ya que ofrece una instantánea de las oportunidades y lagunas que se pueden abordar para fortalecer el ecosistema digital de cada país”.

    • La columnista es Maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales, Subdirectora Ejecutiva en la Unidad de Desarrollo Comercial del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ex Secretaria de la Mujer Oaxaqueña, contáctala en Facebook: MUMA Mariuma Munira, Twitter: @MariumaMunira
  • Buen Fin 2022: Fortalece al comercio formal con las mejores ofertas del año

    Buen Fin 2022: Fortalece al comercio formal con las mejores ofertas del año

    La Secretaría de Economía, junto con el SAT, la Profeco y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) anunciaron el Buen Fin 2022, con este programa se busca fortalecer el mercado interno y ofrecer productos y servicios a precios bajos a favor de los consumidores, se llevará a cabo del 18 al 21 de noviembre; en esta edición viene con un sentido social y la finalidad de apoyar a las pequeñas y medianas empresas (Pymes).

    Este programa del Buen Fin surge inspirado en el  Black Friday norteamericano cuyo origen se remonta a los años 60, momento en que el comercio minorista estadounidense quería aumentar sus ventas durante las fiestas, celebrándose el primer viernes después de Acción de Gracias, en los Estados Unidos. En nuestro país la historia de El Buen Fin nace como una iniciativa del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en asociación con el gobierno federal y varias organizaciones del sector privado e instituciones bancarias para reavivar la economía mexicana, ayudando a la par a los mexicanos a comprar cosas a un precio mucho más bajo que el establecido normalmente.

    La primera edición de este programa se realizó en el año 2011, estableciéndose su anualidad, siempre antes del viernes negro como una forma de adelantarse al Black Friday del país vecino; y, en esta ocasión tendrá lugar la edición número 12, donde se ofrecerán  increíbles beneficios a los consumidores, más allá de los descuentos habituales sobre los precios base; además de ofertas con pagos a meses sin intereses, uno de los principales motivadores para adquirir una gama de productos. Otra de las razones por la que se decidió realizar este evento en noviembre es para que los clientes pudieran aprovechar el puente del 20 de noviembre, y claro, también para aprovechar los adelantos del aguinaldo.

    Durante el Buen Fin 2022, se espera que los comercios reciban  a 27 millones de clientes por día y  aunque no se mencionó de manera oficial la meta de ventas estimadas para esta edición, de acuerdo con el presidente de la CONCANACO- SERVYTUR, Héctor Tejeda, se prevé que la comercialización oscile hacia los 195,000 millones de pesos.

    El Buen Fin 2022; busca específicamente apoyar la economía interna, fomentar el consumo y fortalecer el comercio formal; lograr que las promociones y ofertas que ofrezcan los comerciantes y empresas participantes en “El Buen Fin” se encuentren entre las mejores del año, respecto a calidad, precio y en estricto apego a lo señalado en la normatividad vigente; llevar beneficios a las familias mexicanas; fomentar e impulsar la transformación digital de las micro, pequeñas y medianas empresas establecidas en el territorio nacional, con el fin de sumar a este segmento empresarial a la economía digital del país, a través de la capacitación, conocimiento, uso y aprovechamiento de herramientas tecnológicas que les permita su inclusión al comercio electrónico, en el marco del programa “El Buen Fin”. 

    El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) Ricardo Sheffield, destacó que ya se está llevando a cabo el operativo para verificar que los comercios no aumenten los precios de los 450 productos que más se venden en este periodo, para con ello evitar abusos en los precios, descuentos y promociones que serán ofrecidos al consumidor.

    En esta ocasión participan en el “El Buen Fin”, la Secretaría de Economía (ECONOMÍA), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Turismo (SECTUR), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), en lo referente al Sector Público; por parte del Sector Privado, el Consejo Coordinador Empresarial, A. C. (CCE), la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos (CONCANACO- SERVYTUR) -como coordinador general del Sector Privado-, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, A. C. (ANTAD), la Asociación de Bancos de México ABM, A. C. (ABM), la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) y la Asociación Mexicana de Internet, A.C. (AIMX), quienes son “Miembros Fundadores”, y la Asociación Mexicana de Venta Online, A.C. (AMVO), como “Invitado Permanente”.

    Referente a la puesta en marcha de este programa para 2022, la Secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, dijo que el Buen Fin “Responde a un marco de política económica que implica generar un bienestar para la economía familiar y las unidades, así como de proporcionar apoyos para fortalecer el mercado interno, sobre todo el de pequeños y medianos negocios”, quienes se enfrentan a los problemas de la inflación mundial.

    Asimismo Raquel Buenrostro anunció que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) otorgará premios por 500 millones de pesos a consumidores y empresas que participen del 18 al 21 de noviembre en “El Buen Fin”, para la obtención de estos premios los consumidores deberán pagar con tarjetas de crédito y débito de bancos participantes y comercios registrados, realizando una compra mínima de 250 pesos en comercios registrados.

    “Este sorteo del SAT, se realizará el próximo 9 de diciembre y aporta 500 millones de pesos en premios, tanto para los que compran, como para los que venden, en espera de que salgamos adelante con el bienestar para todas las familias. El sorteo se realizará el 9 de diciembre y tendrá dos premios mayores: Uno para el consumidor de 250,00 pesos y otro para el establecimiento de 260,000 pesos; así como 326,247 diferentes premios, dando un total de 500 millones de pesos”; expuso.

    Por su parte los comercios que quieran formar parte de este programa y participar deberán registrarse, en el sitio oficial www.elbuenfin.org, un proceso que es gratuito en todas las etapas de registro, además de que se les permitirá usar la marca.

    El Buen Fin, busca democratizar la participación de todas las empresas de nuestro país, permite que negocios y empresas de todos los tamaños aprovechen esta ventana para ofertar sus productos y servicios, ayudando a la par a los mexicanos a comprar cosas que consideren necesarias a un precio mucho más bajo que el establecido normalmente.

    • La columnista es Maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales, Subdirectora Ejecutiva en la Unidad de Desarrollo Comercial del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ex Secretaria de la Mujer Oaxaqueña, contáctala en Facebook: MUMA Mariuma Munira, Twitter: @MariumaMunira
  • Casi por unanimidad aprueban diputados destinar recursos de cuentas bancarias inactivas a seguridad pública

    Casi por unanimidad aprueban diputados destinar recursos de cuentas bancarias inactivas a seguridad pública

    La Cámara de Diputados aprobó el pasado 11 de octubre una reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito y su régimen transitorio, a fin de que los recursos abandonados en instituciones bancarias y que no han sido reclamadas durante seis años, sean destinados en partes proporcionales, a la beneficencia pública y al apoyo de los cuerpos policiales federales, estatales y municipales dedicados a la lucha contra la inseguridad pública.

    La iniciativa inicial fue presentada el 21 de septiembre, por el diputado Moisés Ignacio Mier Velazco (Morena) y suscrita por la diputada Juanita Guerra Mena (Morena), se enfoca a mantener la visión gubernamental del Presidente Andrés Manuel López Obrador de combatir a la delincuencia organizada y pacificar al país, mediante una estrategia que incluya el debilitamiento financiero y social de las organizaciones de la delincuencia organizada.

    Un dato por demás importante es el monto que el Diputado inicialista Ignacio Mier Velasco, promotor de esta reforma indica, pues señala que pueden ser por lo menos 10.000 millones de pesos y que estarían disponibles de inmediato, de cuentas inactivas, mientras que las estimaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) indican que puede ser de más de 75.000 millones. 

    La iniciativa precisa que: “No se está proponiendo disponer de los recursos de usuarios de servicios financieros con posibilidades de ser reclamados, sino de aquellos recursos cuyo derecho a ser reclamados han prescrito; es decir, que habiendo transcurrido los seis años que marca la ley, no fueron ni podrán ser reclamados por lo que no se afectan las garantías constitucionales”. Señala además que: “En el sistema financiero se alojan recursos que no tienen origen lícito, que provienen de la delincuencia organizada”.

    La lucha contra la inseguridad requiere necesariamente debilitar estructuras financieras del crimen organizado para lograr la pacificación del país, nuestro Mandatario Nacional ha redoblado sus esfuerzos con iniciativas para fortalecer los cuerpos de seguridad y ha designado para el próximo ejercicio fiscal (2023), de acuerdo al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la federación, un incremento de 7.4% más que el destinado en el año 2022, por lo que se ejercerá un gasto de 252.818 millones de pesos para las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, la Secretaría Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional.

    Al aprobarse esta iniciativa el Gobierno de México tendrá mayores recursos para las labores de seguridad, una nueva fuente de financiamiento provenientes de las cuentas bancarias que no han mostrado actividad o que han sido aparentemente abandonadas por sus titulares, incluyendo los intereses o rendimientos de las cuentas que no muestren depósitos o retiros en un lapso de seis años.

    Especifica que los recursos, así como los intereses y rendimientos acumulados, generados por todos los depósitos e inversiones en la cuenta global con excepción de aquellos previamente destinados a la beneficencia pública, prescribirán en favor de la seguridad pública y se deberán destinar hacia las políticas y acciones de combate a la delincuencia en los porcentajes proporcionales tanto para la Federación, como para los municipios y los estados. 

    De acuerdo con la reforma, de ser aprobada por el Senado, las cuentas con una cantidad menor a 51 mil 958.8 pesos, se destinarán a la beneficencia pública. Los depósitos con una cantidad mayor a los 51 mil 958.8 pesos serán de uso para la seguridad pública.

    El Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá instituir de manera anual los mecanismos de distribución de los recursos; atendiendo las necesidades y prioridades definidas en los instrumentos, así como en la legislación correspondiente, los cuales deberán establecer un porcentaje de 50 por ciento para la Federación, un 30 por ciento para las entidades federativas y un 20 por ciento para los municipios del país y alcaldías de la Ciudad de México.

    Al respecto de la discusión de esta iniciativa, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a lo que están comentando los integrantes de la oposición, dijo: “Ayer un lío, un escándalo de que queríamos confiscar las cuentas bancarias, de que, si nadie reclamaba una cuenta después de seis años, venga para acá. Para empezar es una iniciativa de legisladores que tiene que ver con la delincuencia”, expresó en conferencia de prensa en Palacio Nacional, recordando que esta iniciativa fue aprobada por mayoría en la Cámara de Diputados y que pasará a la de Senadores, además de que propuso ajustarla, ya que en la iniciativa se propone que los recursos confiscados se destinen a la Federación, a los estados y otro porcentaje para la seguridad pública, “yo digo que no, que sea para personas con discapacidad, adultos mayores o para el sector salud; esta medida en ningún momento pretende apoderarse de los ahorros de los mexicanos, como lo señalan los detractores del Presidente”.

    La iniciativa se encuentra ya en la Cámara de Senadores quien ya recibió la minuta que envió la Cámara de Diputados para reformar el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, en materia de recursos para el combate de la delincuencia, fue turnada a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen correspondiente, que se dará durante la presente semana.

    La inseguridad que impera en el país requiere que se destinen mayores recursos a las tareas de seguridad, en ese camino vemos que se está luchando, esta iniciativa podría generar mayores recursos para atender este rubro.

    • La columnista es Maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales, Subdirectora Ejecutiva en la Unidad de Desarrollo Comercial del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ex Secretaria de la Mujer Oaxaqueña, contáctala en Facebook: MUMA Mariuma Munira, Twitter: @MariumaMunira
  • La población mundial está envejeciendo; número y proporción de personas mayores va a la alza

    La población mundial está envejeciendo; número y proporción de personas mayores va a la alza

    La población mundial está envejeciendo, la mayoría de países del mundo están experimentando un aumento en el número y la proporción de personas mayores. Este fenómeno global traerá aparejado grandes consecuencias para casi todos los sectores de la sociedad, en particular sobre los mercados laborales, financieros y sobre la demanda de bienes y servicios como la educación, la vivienda, la salud, la atención a largo plazo, la protección social, el transporte, la información y las comunicaciones, así como sobre las estructuras familiares y los vínculos intergeneracionales.

    Estos nuevos desafíos nos plantean la importancia de trabajar en el establecimiento de políticas públicas que integren el envejecimiento en los procesos de desarrollo; así como en programas que contribuyan a que las personas mayores puedan vivir con mayor dignidad y seguridad.

    En el mundo datos de la ONU refieren que hay más de mil millones de hombres y mujeres mayores de 60 años, se estima que para 2030 habrá 1,400 millones y para 2050 se alcanzará los 2,100 millones. También plantea el informe de Naciones Unidas “Perspectivas de la población mundial 2019”, que para 2050 una de cada seis personas en el mundo tendrá más de 65 años (16%) y en Europa y América del Norte una de cada cuatro personas tendrá 65 años o más. Además, proyecta que en 2050 el número de personas de 80 años o más se triplique.

    Estos cambios del envejecimiento de la población a nivel global son el resultado de los avances logrados en la esfera del desarrollo social y económico, así como en la esfera de la salud, lo que ha modificado la esperanza de vida de las poblaciones mundiales, por ejemplo, mientras que de 2010 a 2015, la esperanza de vida era de 78 años en los países desarrollados y de 68 años en los países en desarrollo, entre 2040 y 2050, alcanzará los 83 años en los países desarrollados y los 74 años en los países en desarrollo.

    En nuestro país de acuerdo a los datos reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2021), existen alrededor de 15.1 millones de personas que cuentan con 60 años o más, lo que representa el 12% de la población existente. Los datos del INEGI también señalan que por cada 100 niños o niñas con menos de 15 años hay 48 adultos mayores, y de esta población adulta el 20% no cuenta con afiliación a una institución de servicio de salud, lo que representa casi 3 millones de personas adultas mayores sin servicios de salud.

    El INEGI señala que, por grupos de edad, en 2020, el 56% de las personas adultas mayores se ubicaban en el grupo de 60 a 69 años; conforme va avanzando la edad, disminuye a 29% entre quienes tienen 70 a 79 años y 15% en los que tienen 80 años o más. La estructura es similar entre hombres y mujeres, destacando que la proporción es ligeramente más alta en las mujeres de 80 años y más.

    Otro dato por demás importante de acuerdo al Censo 2020, es que en México hay 2.4 millones de adultos mayores que no saben leer ni escribir, lo que equivale a 16% de la población total de este grupo de edad; al desagregar el análisis por sexo, hay más mujeres de 60 años (y más) que son analfabetas (19%), que hombres (13%).

    En cuanto a la actividad económica de este grupo poblacional de adultos mayores en nuestro país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en su nueva edición (ENOEN), durante el primer trimestre de 2021 la tasa de actividad económica en los adultos mayores es de 29 por ciento. En los hombres (45%); esta tasa es casi tres veces mayor al de las mujeres (16%). La participación económica disminuye conforme avanza la edad, pasa de 39% para el grupo de 60 a 69 años a 8% entre quienes tienen 80 años y más.

    Un dato preocupante es que de los más de 15.1 millones de adultos mayores en nuestro país, 1.7 millones de ellos viven solos, y el 41.4% de los adultos que viven solos, son económicamente activos, de éstos se señala que prácticamente el 70% tiene alguna discapacidad o limitación para realizar una actividad básica como caminar, ver, mover o usar sus brazos o manos, aprender, recordar, concentrarse, escuchar, bañarse, vestirse, comer o hablar.

    El envejecimiento en México es, en realidad, una gran oportunidad para trabajar en las políticas públicas enfocadas a la atención de grupos vulnerados, de resignificar y dignificar la etapa de la vejez, debemos hacer valer la afirmación que el Estado es la instancia garante de los derechos sociales de toda la población, sin exclusión alguna; garantizar el reconocimiento de nuestros adultos mayores, vinculando el trabajo de las autoridades federales, estatales y municipales, haciendo partícipe al  sector  privado, para trabajar en conjunto sobre el proceso de envejecimiento, que  consiste en considerar actuaciones permanentes durante todo el ciclo vital de las personas en este segmento de población.

    Al respecto; el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador; se ha enfocado y avanzado al ir trabajando en las deficiencias estructurales dentro del marco de la pobreza, donde actualmente, más de ocho millones de adultos mayores mexicanos reciben apoyo económico de la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores, sin embargo debemos visibilizar más a este segmento poblacional y hacerlos partícipes en el logro de un envejecimiento más saludable. Promoviendo cada vez más la integración social, económica y política del sector, construyendo sociedades más inclusivas y adaptadas a las necesidades de las personas mayores para lograr comunidades más resilientes.

    • La columnista es Maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales, Subdirectora Ejecutiva en la Unidad de Desarrollo Comercial del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ex Secretaria de la Mujer Oaxaqueña, contáctala en Facebook: MUMA Mariuma Munira, Twitter: @MariumaMunira