Categoría: Alejandro Castellanos López

La responsabilidad del Estado con relación a la calidad de vida de las personas de la 3ª edad, se ve amenazada por la inflación y la falta de conciencia de los entes neoliberales que quieren seguir adueñándose de los recursos que se destinan y no tienen una actitud solidaria, socialmente responsable ni de conciencia o amor al prójimo. 

Si hablamos de quienes tienen una pensión por su edad y que nunca fueron protegidos, ni cubiertos por la limitada seguridad social, y siempre quedaron entrampados en el subempleo o en ir consiguiendo chambitas temporales que les permitieron sobrevivir al día, o incluso tener buenos ingresos, pero de manera irregular y sin generar ninguna seguridad financiera, tendremos que aceptar que el monto actual de las pensiones consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es insuficiente y aún precario y debiera ser mucho mayor, cargando su peso presupuestal en la recuperación fiscal de las grandes empresas cuyas contribuciones siguen siendo mucho menores a lo que debieran y a lo propuesto por organismos internacionales.

Hace unos días, algún defensor del concepto “son pobres porque quieren”, afirmaba que, en el fondo la gente es floja y por eso no “progresa”. Es evidente que nunca ha visto de frente al rostro de la verdadera pobreza, cuyo dolor y desesperación es contagioso para quien tiene un poquito de alma en el cuerpo, y algo de conciencia y humanidad formados en su corazón. 

En el sistema capitalista, la fuerza de trabajo produce su salario y el costo del producto final, en las primeras horas de cada jornada y más del 70% del tiempo restante, crea la riqueza de la que se adueña quien posee el centro de trabajo o la empresa y de este valor, el Estado solo recibe una aportación un poco mayor al 8%, pero también recibe la misma proporción del salario, amén de las aportaciones del trabajador, cuando está afiliado, al IMSS. 

Por lo general, las empresas encuentran los resquicios creados en las leyes fiscales que sus personeros en el Congreso de la Unión crearon en el pasado, para no contribuir lo suficiente y adueñarse de la mayor parte del producto del trabajo y así enriquecerse más. Lo que ocurra en el ámbito de la fuerza de trabajo, ya no es de su competencia y evadirán la responsabilidad que apropiarse del producto del trabajo de otras personas y pretenderán que el Estado asuma esa responsabilidad. 

Al Estado, efectivamente le corresponde la responsabilidad de proveer de servicios y recursos a la sociedad, pero también le corresponde la obligación de obtener lo que en justicia le pertenece al trabajo para poder repartirlo con justicia, en obras, servicios y, desde luego, en seguridad social y pensiones para toda la gente que haya llegado a la edad en que es merecido disfrutar del tiempo laborado y en que, además, ya no es físicamente posible trabajar y producir con la misma eficiencia que antes, a sabiendas que la experiencia adquirida puede resultar desperdiciada por la ideología del capitalismo que prefiere desechar lo que considera inservible. Para la mentalidad neoliberal, neoporfirista y fascista, los seres humanos somos desechables en cuanto ya es imposible exprimir más utilidades de nuestras vidas. 

En la actualidad existe un enorme ejército de jóvenes y viejos que no tendrán acceso a pensiones justas y que tampoco tienen acceso a ingresos acordes con los costos que supone una vida con tranquilidad financiera que les permita una vida feliz y satisfactoria, que en el fondo, es la finalidad real del Estado, pero que no se puede alcanzar por las condiciones de explotación de la fuerza de trabajo que persisten en el capitalismo salvaje de nuestros días.

México tuvo un sistema de pensiones que era envidiado por el mundo y, aunque era mejorable en muchos aspectos, la burocracia dorada de los gobiernos de la segunda mitad del S.XX y los primeros del S. XXI, prefirieron destruirlo para pretender crear un sistema de ahorro para el retiro que dependiera de los trabajadores, sin responsabilidad real y efectiva de la patronal, que fuera negocio para algunos, obligatorio y sin verdaderas opciones para los trabajadores y trabajadoras, sin cobertura para quienes trabajaran por su cuenta, y todo, aunque a la larga fuera insuficiente para tener una vida digna y una vejez tranquila para ninguno.

Para este resultado último, tenían preparado el discurso, que ya empiezan a espetar en la cara de quienes no pueden acceder a una pensión justa ni suficiente, en el que dicen “era tu responsabilidad ahorrar para tu vejez”. Ineludiblemente se trata de una responsabilidad social que, ni el Estado ni la patronal, querían asumir en todo ese periodo y que actualmente apenas alcanza para cubrir el hambre de los viejos. 

Queda en el aire la pregunta, ¿qué será de los jóvenes que ya no tendrán una pensión vitalicia o a quienes sus patrones ni siquiera tienen afiliados al IMSS o los tienen registrados con el salario mínimo? ¿Qué será de ellos cuando llegue la hora de retirarse y se den cuenta de que los ahorros para su retiro han servido para enriquecer más a algunos y que no serán suficientes para sobrevivir con dignidad?

Cuando yo cumplí veintiocho años, ya vivía en un departamento propio, trabajaba 9 horas diarias, con dos días de descanso y seguía estudiando. ¿Cuántos jóvenes pueden decir algo así, habiendo recibido un título universitario en la actualidad? Esa puede ser una forma de medir la realidad económica actual y que es producto del capitalismo salvaje del llamado neoliberalismo que no es más que fascismo al que nos sometieron los regímenes de la segunda mitad del S. XX y los primeros años del S.XXI. 

La 4T no puede dejar esta deuda sin saldar con el futuro de quienes la hemos respaldado y luchamos por construir un México mejor sin violencia. Las facturas crecen. 

Una pensión digna, es aquella que puede permitir a un ser humano conservar sus ingresos iguales o superiores a los que tenía al decidir retirarse y con ellos una vida digna y sin pobreza ni limitaciones en los últimos años de su vida, aspirando siempre a tener una vejez feliz y en paz.

Trabajar solamente para sobrevivir parece haber sido la única finalidad de un ser humano durante el Siglo XX. Después de haber entregado los años más productivos de su existencia, una mujer o un hombre se ha ganado el derecho de pasar sus días con un poco de paz y sin ningún sobresalto. 

Las autoridades mexicanas, desde el sexenio de Miguel de la Madrid, hasta el de Peña Nieto, hicieron mutis y fueron incapaces, por decisión propia, de proteger y sancionar de forma correcta y apegada a la ley al sector empresarial, para obligarlos a mantener a la fuerza laboral, que los enriquecía cada día, cubierta plenamente con todos sus derechos. 

Por el contrario, se dedicaron a permitir y permitirse a sí mismos como patronal, a violar todos los derechos de cada trabajador, aún de aquellos cuyas organizaciones sindicales más o menos democráticas y combativas en empresas e instituciones aparentemente grandes y fuertes, por ejemplo, Diesel Nacional, Ruta 100, Mexicana de Aviación, Compañía de Luz y Fuerza del Centro, Ferrocarriles Nacionales de México, SEP y un largo etcétera, sometiéndolos bajo amenazas, prebendas o con su instrumento favorito, la corrupción, hasta lograr la desaparición de la mayoría éstas fuentes de trabajo que, además eran parte de la fortaleza del PIB y del desarrollo del país sumiéndolo en una crisis que devino, entre otras cosas, en el FOBAPROA y la crisis de los 90’s.

Esos gobiernos proto-fascistas y neo-porfiristas, se dedicaron a golpear sistemáticamente a la CFE, a TELMEX, a PEMEX, al IMP, al ININ, a las Universidades públicas, y otros. Siempre tratando de destruirlas con una estrategia de debilitamiento financiero paulatino, pero siempre cargando el peso de cada trampa en los hombros de las trabajadoras y trabajadores quienes fueron sometidos poco a poco y, en algunos casos, utilizando a sus propias organizaciones sindicales y a sus líderes ya corrompidos.

En el proceso de degradación laboral constante, los neoliberales terminaron con la posibilidad de una vejez digna y con seguridad financiera para todas esas generaciones y las venideras. Siempre que pudieron, todos ellos, incluido el gobierno, contrataban a su personal sin otorgarles una plaza definitiva o hacerlos “trabajadores de planta” o con “plaza de base” para evitar la acumulación de derechos, donde quedaba incluido el de una jubilación digna y una pensión suficiente y vitalicia, que al menos fuera igual a su último salario y con los incrementos anuales iguales o mayores a la inflación.

Para garantizar una vejez en plenitud, con paz y sin miseria, sería preciso volver al esquema de la ley anterior a la que aprobó el Congreso de la Unión en 1997, bajo el sexenio del beneficiario directo del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, el poco ilustre privatizador de FFCC N de M; creador del FOBAPROA y demás lindezas.

Volver a ese esquema es posible, fortaleciéndolo con una reforma fiscal en la que se graven las ganancias exorbitantes de las grandes empresas, léase Kimberly Clark, Carso, CEMEX, BIMBO; OXXO, Liverpool, Palacio de Hierro, Sanborns, Walmart, Grupo Minero México, todas las cerveceras, todos los bancos y, de nuevo, un largo etcétera, para cubrir las pensiones futuras y garantizar el derecho a una vejez feliz de todos los trabajadores mexicanos. 

La 4T, tiene aquí una gran oportunidad para hacer funcionar correctamente al aparato productivo del país, quitarse el miedo de confrontar a la patronal y respaldar, de manera efectiva y real a las trabajadoras y trabajadores y al mismo tiempo recibir el gran apoyo que significa la unidad de la gran fuerza laboral que mueve a México. Es necesario comprender que los trabajadores somos la vanguardia del Pueblo y “con el pueblo todo, sin el pueblo, nada”.

Las pensiones del Bienestar, que se convirtieron en derecho constitucional, resultan un buen apoyo, especialmente para los adultos mayores de 65 años, pero sin otro ingreso se vuelven insuficientes.  Afortunadamente la decisión presidencial las hará aumentar cada año.

Por otro lado, desde el sexenio de Ernesto Zedillo, en la misma legislatura que aprobó el FOBAPROA que sigue saqueando al país en favor de una banca voraz e irresponsable, las pensiones de los trabajadores se hicieron polvo, en buena medida por la inacción del IMSS en aquellos años, por la desinformación y por el miedo a perder el empleo, lo que motivó el silencio de los trabajadores.

Hay más responsables de que las pensiones de los trabajadores se vuelvan miserables como producto de la ley de 1997, además del Congreso de aquellos años, los sindicatos que se quedaron mudos o los obligaron a callar a billetazos o con amenazas, pero el más importante es quien se benefició directamente con el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, el propio Ernesto Zedillo Ponce de León. La 4T sigue endeudada con los miles de trabajadores que fueron afiliados al IMSS después de la promulgación de esa ley.  Bien podría derogarse y volver al esquema que permitía pensiones dignas equivalentes al salario de cada trabajador y trabajadora tomando en cuenta su edad y las semanas de cotización.

Hoy, con más de 1,300 semanas y un salario de 14,000 pesos mensuales, un trabajador de 65 años afiliado al IMSS en 1998 y con fondos en su AFORE cercanos a 450,000 pesos, recibirá una pensión mensual de poco más de 7,000 pesos mensuales, que pueden llegar a reducirse a la mínima que da el IMSS cuando se agoten sus ahorros, de los que no recibirá ni un centavo al retirarse a pesar de ser su propio dinero.

Hay que referir que, a pesar de la reforma que entra en vigor el próximo año, la situación para todos los afiliados al IMSS después de 1997, esto seguirá siendo la constante para estas generaciones.

Una ley tan injusta y ventajosa para las administradoras de esos recursos que, dicho sea de paso y como verdad, le pertenecen a cada trabajadora y a cada trabajador, debe ser derogada para adoptar una que la substituya y tome lo mejor de la legislación anterior, obligando a las administradoras de las AFORES a mejorar los rendimientos.

Por otro lado, y previniendo el posible daño al presupuesto federal, sería muy útil que las empresas que ganan más, contribuyan con más recursos, haciendo viable que las  pensiones sean realmente dignas para quienes han dejado su vida en su trabajo cotidiano, además de que ya es tiempo de reducir o desconocer la deuda generada por el FOBAPROA, que hizo que las deudas privadas ser convirtieran en públicas afectando, sobre todo, a quienes podíamos aspirar a una jubilación y retiro dignos y sin sobresaltos.

Las pensiones para que las personas que hemos entregado nuestra fuerza de trabajo, nuestra inteligencia y todas nuestras capacidades para nuestro sustento diario, pero también para el beneficio de algún patrón y en gran medida para el bien de nuestro país, deben garantizar que nuestros últimos años de vida no se conviertan en una constante penuria para nosotros mismos y nuestras familias. 

La dignidad y tranquilidad de los adultos mayores en México, sigue siendo una asignatura pendiente para el Estado Mexicano y una responsabilidad evadida por la patronal. Es preciso que la 4T actúe con más firmeza y valentía en este sentido. No se puede tener un país rico con viejos pobres.