El recalentado navideño sabe mejor gracias a procesos químicos que intensifican el sabor y la textura de los platillos tras el reposo. La ciencia explica por qué pavo, bacalao y romeritos alcanzan su mejor versión al día siguiente, siempre que se sigan medidas de seguridad alimentaria.
Para muchos hogares mexicanos, la verdadera cena de Navidad no ocurre la noche del 24 de diciembre, sino la tarde del 25, cuando el tradicional recalentado navideño se convierte en protagonista.
Lo que durante años fue visto como una simple práctica de ahorro hoy es reconocido como un fenómeno culinario respaldado por la ciencia.
No se trata de nostalgia ni de percepción subjetiva: existen razones químicas y moleculares por las que el pavo, el lomo, el bacalao o los romeritos saben mejor después de reposar una noche en el refrigerador.
La clave está en una serie de reacciones químicas post-cocción.
Cuando los alimentos se enfrían y reposan, las proteínas se relajan, las fibras musculares se estabilizan y los jugos internos se redistribuyen, logrando una integración más uniforme de sabores.
Ingredientes como ajo, cebolla, chile y especias contienen compuestos aromáticos volátiles que, tras el primer calentamiento, continúan reaccionando con las grasas y proteínas, intensificando el sabor umami, considerado el quinto sabor básico.
Desde el punto de vista científico, durante el reposo ocurre la retrogradación del almidón y la estabilización de las emulsiones, procesos que mejoran la textura y profundidad del platillo.
En preparaciones tradicionales como el bacalao, la vizcaína o los romeritos, el colágeno de las carnes se gelifica al enfriarse, atrapando moléculas de sabor. Al recalentarse lentamente, estas estructuras se rompen de forma controlada, liberando una explosión de sabor difícil de lograr en una cocción apresurada.
En términos culinarios, el recalentado es una auténtica maduración del platillo.
Además, estudios en gastronomía molecular señalan que el reposo prolongado permite una mayor difusión de compuestos hidrosolubles y liposolubles, lo que explica por qué los guisos, moles y salsas complejas alcanzan su mejor versión al día siguiente. Por ello, chefs profesionales coinciden en que muchos platillos están diseñados, sin saberlo, para saberse mejor recalentados.
No obstante, disfrutar del recalentado implica hacerlo con seguridad alimentaria.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que las bacterias se multiplican rápidamente entre los 5 °C y los 60 °C, conocida como la zona de peligro. Por esta razón, la comida no debe permanecer más de dos horas a temperatura ambiente antes de refrigerarse y debe conservarse por debajo de los 4 °C.
Al momento de recalentar, los alimentos deben alcanzar al menos los 74 °C en su interior, temperatura suficiente para eliminar patógenos y evitar riesgos a la salud.
El arte del recalentado también exige técnica.
Se recomienda evitar el microondas en piezas grandes de carne, ya que calienta de forma irregular y puede resecar las proteínas. El uso de fuego bajo, una tapa para conservar la humedad y la adición de un poco de caldo, vino o salsa permiten recuperar la textura original sin perder jugosidad.
Así, el recalentado deja de ser sinónimo de sobras y se convierte en la versión perfeccionada de la cena navideña, donde la ciencia y la tradición se encuentran en el plato.
La figura de Roberto Gómez Bolaños, conocido, dentro y fuera de México, como Chespirito, evoca, en el imaginario colectivo, un torrente de risas asociadas con el humor y la inocencia.
Personajes como El Chavo del 8, El Chapulín Colorado o El Chompiras, entre muchos otros, acompañaron y deleitaron a varias generaciones de niños, jóvenes y adultos en toda Latinoamérica.
Pero debajo del traje del Chapulín colorado se escondía un hombre conservador, reaccionario y que simpatizaba con las dictaduras.
Roberto Mario Gómez Bolaños, nacido en la Ciudad de México, en 1929, se jactaba de que la comedia y el humor blanco eran la piedra angular de su trabajo.
Y, en efecto, sus programas no recurrían al lenguaje procaz ni a las vulgaridades, ni a los chistes subidos de tono.
Y ese formato, que se esforzaba mañosamente en adherirse a los valores universales, hacía que su programa fuera apto y consumible para un público de todas las edades.
Bolaños, que se juraba admirador de Shakespeare, diseñó a sus personajes con atributos simplones.
Su fin era tratar de entretener a un público amplio sin complicarse la existencia y recurriendo a temas controvertidos.
El Chavo del 8 nació en una empresa llamada Televisión Independiente de México, que después se convertiría en Televisa, y ahí, en esa empresa, que simpatizaba con el poder político en turno, cuidaban las formas y él lenguaje.
Y justo por eso, Gómez Bolaños cuidaba, en todo momento, que sus personajes no emplearan un lenguaje ofensivo ni incurrieran situaciones inapropiadas.
Gómez Bolaños, que tenía un carácter acobardado, no quería hacer enfurecer a Emilio Azcárraga Vidaurreta ni Eugenio Garza Sada, dueños y fundadores de aquellas empresas.
Se trataba de un humor conservador con una alta dosis de ramplonería.
De hecho, gran parte del humor de Bolaños se basaba en sketches anodinos: caídas, golpes, gestos exagerados y situaciones visualmente cómicas.
Sin embargo, esos componentes no eran originales y, en su mayoría, estaban extraídos de la comedia clásica, especialmente de Charles Chaplin y El Gordo y el Flaco, a quienes Chespirito admiraba y se esforzaba en imitar.
El personaje principal de Bolaños,
El Chavo, era un niño huérfano que vivía en una vecindad.
El personaje presumía tener un corazón enorme y una imaginación desbordante. Todas sus características y sus interacciones eran predecibles, y estaban acompañadas, siempre, por un giro cómico.
El objetivo de Bolaños era generar una conexión inmediata con el público.
Se trataba, en todo caso, de adultos interpretando a niños.
Pero Bolaños tenía un objetivo muy claro: que sus personajes, El Chavo, el Chapulín Colorado, Don Ramón, Quico, Doña Florinda, Jaimito El Cartero y otros que llegaron después, representaran arquetipos fácilmente reconocibles en la sociedad.
Sin embargo, detrás de todos estos velos de comedia e inocencia, se escondía una faceta poco conocida y que, actualmente, sus admiradores se han empeñado en eludir.
Por alguna razón, los biógrafos de Chespirito han pasado de largo ante uno de los aspectos más controvertidos de la vida de Roberto Gómez Bolaños, que es su participación en eventos y espectáculos organizados por dictaduras militares en América Latina.
Como se sabe, durante varias décadas las dictaduras militares sepultaron la democraciabajo un manto de plomo.
Pero eso no pareció importarle al creador de El Chapulín colorado.
Documentos y testimonios de la época confirman que Bolaños no solo realizó giras por diferentes países sudamericanos, sino que, sin oponer ninguna resistencia ni objeción, aceptó presentarse en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet y en Argentina bajo la Junta Militar de Jorge Rafael Videla.
Y aquí es fundamental contextualizar el periodo de estas presentaciones. En Chile, el régimen de Pinochet, que subyugó a esa nación durante 17 años, de 1973 a 1990, es recordado por una brutal ola de crímenes, una terrible represión política y violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
El Informe Rettig, de 1991, por ejemplo, documentó 3 mil 197 personas asesinadas y desaparecidas por razones políticas, mientras que el **Informe Valech (2004)**registró 38 mil 254 víctimas de prisión política y tortura.
Bolaños sabía perfectamente que la dictadura había prolongado su sombra por todo Chile. Sin embargo, eso no le impidió aceptar la invitación del gobierno de Pinochet y, en 1977, se presentó en el Estadio Nacional de Santiago. Se estima que unas 17 mil personas se dieron cita en el lugar para recibir a Chespirito y sus acompañantes.
Hay voces críticas que aseguran que, antes de aceptar la invitación, Bolaños se enteró de que miles de hombres habían sido recluidos precisamente ahí, en el Estadio Nacional, mientras sus esposas y familiares se reunían en las afueras para saber en qué estado se encontraban sus seres queridos.
Ahí, en el estadio que sirvió como escenario para las chanzas de El Chavo, los detenidos por la dictadura habían sido sometidos a torturas eléctricas, golpes, vejaciones sicológicas, mala alimentación y hacinamiento.
Chespirito supo que en los camarines, salones y baños que utilizaron él y los actores que lo acompañaron habían funcionado como campo de concentración. También supo que, ahí mismo, donde fue vitoreado y aplaudido, habían muerto varias decenas de chilenos.
No obstante, Roberto Gómez Bolaños recibió con indiferencia que aquel estadio hubiera sido utilizado como centro de detención y tortura.
La mañana del el 12 de octubre de 1977, El Chavo y su comparsa, se presentaron en la cancha del Estadio Nacional para ofrecer una función.
Pero vayamos al meollo del asunto:
El objetivo del dictador Augusto Pinochet era que, a través de Chespirito, el pueblo chileno se olvidara de las torturas eléctricas, de los golpes, las vejaciones sicológicas, la mala alimentación, el hacinamiento y la muerte de cientos de personas.
Se calcula que aquella mañana se reunieron, en el Estadio Nacional de Chile, unas 35 mil personas para recibir su dosis de pan y circo, vía Chespirito.
Un año después, en 1978, Gómez Bolaños aceptó la invitación del dictador Jorge Rafael Videla, quien, en ese momento, era miembro de la Junta Militar y presidente de facto de Argentina.
El sombrío Videla, poco después se supo, había sido autor de 469 crímenes de lesa humanidad: 66 homicidios, 306 secuestros, 97 torturas y 26 robos.
Pero esos antecedentes tampoco impidieron que Chespirito y sus comitiva de actores aceptaran actuar en el estadio Luna Park de Buenos Aires, el 9, 10 y 11 de noviembre de ese año, en el Luna Park.
A Gómez Bolaños, que recorrió Latinoamérica intensamente durante esa década oscura, no pareció alterarle que, al igual que Pinochet, la Junta Militar encabezada por Videla, acumulara una espesa nube de sombras a su alrededor.
La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) en su informe “Nunca Más”, de 1984, estimó cerca de 9 mil desaparecidos, cifra que organismos de derechos humanos elevan a 30 mil.
En ambos contextos, la presencia de una figura de la talla de Chespirito, con su poder de convocatoria y explotando su aura de “inocencia”, fue interpretada por algunos de sus críticos, como un aval implícito o una normalización de dichos gobiernos, o al menos, una manifiesta indiferencia ante las atrocidades cometidas.
Y es que las risas arrancadas por Chespirito en aquellos escenarios fue percibida como una burla hacia las familias de las víctimas de la dictadura.
Hubo quien aseguró que fue una cooptación del entretenimiento para distraer de la represión.
Es importante destacar que el uso de muletillas y la repetición de gags o situaciones cómicas eran una constante en el trabajo de Chespirito. Y este “humor blanco” y simplón fue precisamente el que la ayudó a trascender barreras geográficas y culturales.
Los regímenes dictatoriales suelen buscar la adhesión popular o al menos la pasividad de la población, y la presencia de figuras mediáticas carismáticas ayuda a proyectar una imagen de normalidad, orden y bienestar. Esto desvía la atención de las violaciones a los derechos humanos y el terrorismo de Estado.
La presencia de Chespirito en estos países, incluso si su objetivo era “llevar alegría”, operó dentro de una lógica de legitimación cultural.
La dimensión sociológica de estos eventos radica en cómo la cultura popular puede ser cooptada para fines políticos, consciente o inconscientemente, por parte del artista.
En el marco del concepto de “pan y circo”, descrito por Juvenal, estas presentaciones servían como un mecanismo de distracción masiva, ofreciendo un paliativo emocional que podía atenuar el malestar social y la crítica al régimen.
En ese sentido, el Chavo fue la coartada perfecta para el olvido y la negación.
En algún punto de su carrera, Roberto Gómez Bolaños decidió vender su talento al mejor postor, alzándose de hombros ante el costo humano.
Ahora bien, la trayectoria política de Roberto Gómez Bolaños no se limitó a su presencia internacional.
El apoyo explícito de Chespirito al panista Felipe Calderón en las elecciones presidenciales de México de 2006 es otro punto oscuro en la trayectoria del comediante.
Es importante destacar que mirar a Chespirito desde esta perspectiva no busca “cancelar”su legado, sino comprender cómo las ideologías se entrelazan con el arte y cómo los símbolos culturales pueden ser utilizados para diversos fines, a veces, muy alejados de la inocencia que inicial o hipócritamente proyectan.
Lamentablemente, para Roberto Gómez Bolaños, el antifaz del Chapulín no pudo ocultar sus posturas reaccionarias.
En Los Reporteros Mx revelamos que Alessandra Rojo de la Vega recauda más de 4 mdp por cobro de plaza en Tepito, pero se niega a transparentar el gasto.
Le dijimos, con datos duros, que de enero a diciembre de 2025, la alcaldía Cuauhtémoc recaudó más de 4 millones de pesos en cobro de plazas, el doble de lo que destinó al rubro de salud.
Y la alcaldesa respondió, desde sus redes sociales, que, en efecto, la administración de la CDMX controla Tepito, Zócalo, Bellas Artes. Y trató de jugar a la ironía, diciéndonos que fuéramos serios..
Pero la seriedad es justo el ingrediente que a la alcaldesa le hace falta.
Vayamos a fondo con todo este tema porque, de acuerdo con testimonios de los propios comerciantes de la Cuauhtémoc, la administración de Rojo de la Vega es la que recibe ingresos por “cobro de plazas”.
Mientras la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega sostiene un discurso de austeridad y “falta de presupuesto”, las arcas de la alcaldía Cuauhtémoc han recibido un flujo constante de efectivo proveniente de uno de los sectores más vulnerables y, a la vez, pujantes de la ciudad: el comercio informal.
En Los Reporteros Mx revelamos que, entre enero y diciembre de 2025, la administración recaudó 4,196,687 pesos bajo el concepto de “cobro de plazas” en zonas críticas como Tepito, el Zócalo y Bellas Artes. Sin embargo, este monto —que duplica la inversión anual en salud de la demarcación— ha caído en un “agujero negro” de transparencia.
El Contraste de las cifras
La alcaldía reporta 14 mil comercios informales. Y ojo con eso porque si dividimos el monto recaudado (4.19 mdp) entre el número de puestos, la cifra anual por comerciante resulta sospechosamente baja (aproximadamente 300 pesos al año).
Esto revela dos escenarios alarmantes: o existe una subdeclaración masiva de ingresos, o el grueso del dinero se desvía antes de entrar a la contabilidad oficial.
Clientelismo y presión
Testimonios recogidos en la zona de Tepito indican que el pago no solo es monetario. Los comerciantes denuncian una “cuota política”: la obligatoriedad de asistir a mítines y marchas de “Ale de la Vega” bajo amenaza de perder su espacio de trabajo. La gestión del espacio público se ha transformado, así, en una moneda de cambio electoral.
La relación entre la alcaldía y los comerciantes no es de regulación, sino de transacción. El “cobro de plaza” actúa como un impuesto extralegal que otorga el “derecho a existir” en el espacio público, validando la precariedad laboral a cambio de réditos económicos para la autoridad.
Se observa la transición del “voto libre” al “voto corporativo”. Al condicionar la estancia en la vía pública a la participación en actos políticos, se despoja al ciudadano de su agencia y se le convierte en un activo movilizable para el mantenimiento del poder.
La UNAM cerró 2025 marcada por recortes presupuestales, episodios de violencia extrema, paros y una creciente sensación de impunidad, evidenciando una crisis estructural que puso en jaque su seguridad, autonomía y vida académica.
El 2025 fue un año de turbulencia profunda para la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), marcado por una crisis multidimensional que sacudió tanto su estabilidad académica como su tejido social.
La máxima casa de estudios no solo enfrentó un entorno económico adverso desde la planeación del gasto federal, sino que terminó convertida en epicentro de violencia digital, extremismo e inseguridad, fenómenos que rompieron la normalidad en sus campus.
Bajo la gestión del rector Leonardo Lomelí Vanegas, la UNAM navegó entre la exigencia de mayor presupuesto y la urgencia de contener una ola de violencia que obligó al cierre temporal de facultades y escuelas de bachillerato.
La vulnerabilidad financiera fue el primer golpe del año.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación planteó inicialmente un recorte superior a 5 mil millones de pesos, equivalente a casi 10% del presupuesto operativo de la UNAM. Aunque la Secretaría de Hacienda lo calificó después como un “lamentable error” y prometió ajustes inflacionarios, el daño ya estaba hecho: becas en suspenso, proyectos de investigación congelados y planeación institucional paralizada.
El episodio evidenció la fragilidad de la autonomía financiera universitaria, dejando claro que el funcionamiento de una comunidad de más de 370 mil estudiantes sigue atado a decisiones políticas tomadas fuera del campus.
A la crisis presupuestal se sumó un estallido de violencia sin precedentes, vinculado a grupos extremistas y comunidades digitales radicalizadas que operan en los márgenes universitarios.
El caso “Lex Ashton” se convirtió en uno de los momentos más oscuros del año: misoginia, violencia y discursos de odio incubados en internet escalaron hasta una tragedia que desnudó la ineficacia de los protocolos de seguridad.
La respuesta institucional fue duramente cuestionada, pues reportes previos sobre conductas violentas y posesión de armas fueron ignorados o minimizados por autoridades académicas antes del desenlace fatal.
El clima de tensión se agravó con una oleada de amenazas de bomba, falsas pero altamente disruptivas, que paralizaron planteles de Ciudad Universitaria y de las Escuelas Nacionales Preparatorias.
Durante octubre, la UNAM vivió en alerta permanente, con desalojos masivos, suspensión de clases y miedo generalizado. Para el cierre del año, el saldo fue contundente: ocho planteles tomados, seis en paro y más de una decena operando de forma híbrida o en línea, con un impacto directo en la calidad educativa y el avance académico.
En el plano laboral, el fantasma de la huelga recorrió la universidad en el segundo semestre. El STUNAM sostuvo negociaciones tensas con la rectoría, exigiendo aumentos salariales acordes a la inflación y al encarecimiento de la canasta básica.
Aunque se evitó el paro con un incremento del 4%, el descontento de más de 30 mil trabajadores quedó latente. La votación dividida evidenció una fractura interna, donde una parte significativa de la base laboral considera que los salarios ya no alcanzan para sostener el costo de vida.
Finalmente, la UNAM cerró el 2025 enfrentando una “violencia normalizada”, reconocida por el propio rector Lomelí como un problema estructural.
Pese a las semanas de cultura de paz, los talleres de mediación y los discursos institucionales, las denuncias por violencia digital y acoso de género aumentaron.
De acuerdo con la Gaceta UNAM, aunque se reforzaron las comisiones de igualdad, la falta de sanciones efectivas sigue siendo el reclamo central de las universitarias. Denunciar no garantiza justicia, y la impunidad continúa marcando muchos casos de agresión dentro de la máxima casa de estudios.
Usuarios llaman a cancelar suscripción y servicios de la empresa Totalplay.
Ante los llamados de los usuarios, la directora de la compañía, Anabel Cruz, salió en redes sociales a decir que Totalplay es una empresa donde, esencialmente, trabajan mujeres. Sin embargo, los propios usuarios le dijeron que el dueño de la empresa es un personaje misógino.
De hecho, Totalplay ha estado en el centro de varias polémicas recientes, especialmente durante 2024 y 2025. Estas controversias van desde cambios en sus políticas de servicio hasta batallas legales de alto nivel por deudas fiscales.
Aquí le enumero algunas de ellas:
1. La polémica del “Límite de Consumo” (en abril de 2025) Esta ha sido la controversia más ruidosa y reciente. Totalplay anunció una “Política de Uso Justo” que imponía límites de datos a sus paquetes residenciales, algo inusual en servicios de internet fijo en México.
El problema era que si un usuario excedía su límite, se le cobraría un extra (aproximadamente 110 mil pesos por cada 100 GB adicionales).
Eso propició que los usuarios saturaron las redes sociales con quejas, argumentando que el internet “ilimitado” era parte de su contrato original.
De hecho, la PROFECO tuvo que intervenir, advirtiendo que ninguna empresa puede modificar unilateralmente los términos de un contrato vigente. Ante la presión, la empresa tuvo que aclarar que los usuarios podían elegir quedarse en su plan anterior sin estos límites.
2. Batallas legales contra el SAT (ocurrida en 2024) La empresa de Ricardo Salinas Pliego, como bien se sabe, protagonizado un largo conflicto con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
En marzo de 2024, la Suprema Corte (SCJN), todavía en garras de Norma Piña, otorgó un amparo a Totalplay para evitar el pago de una deuda de 640 millones de pesos. Sin embargo, en agosto de 2024, otros fallos determinaron que la empresa aún debía cubrir créditos fiscales por miles de millones de pesos.
3. “Robo de puertos” y saturación de red En foros de usuarios y redes sociales (como Reddit y X), ha crecido la queja sobre una práctica técnica controvertida:
Usuarios reportan que, al haber saturación en su zona, los técnicos desconectan a clientes existentes para dar de alta a nuevos suscriptores en el mismo “puerto” de la caja de fibra óptica.
Esto genera fallas intermitentes que los usuarios tardan días en reportar y solucionar, solo para que el ciclo se repita.
4. Estilo de comunicación de Salinas Pliego Ricardo Salinas Pliego, que tiene un ánimo beligerante, suele responder de manera agresiva o sarcástica a las quejas de los clientes en redes sociales.
A menudo llama “llorones” o “comunistas” a quienes critican el servicio o los cobros extra.
Esta actitud cerril ha generado campañas de boicot bajo el hashtag #AdiósTotalplay, aunque el empresario sostiene que su servicio sigue siendo el mejor del mercado.
Lamentablemente, no es así.
Varias cosas para analizar.
De entrada, ante el boicot, la dirección liderada por Anabel Cruz intenta utilizar una narrativa de género (“empresa de mujeres”) para blindar a la marca. Sin embargo, hay una total desconexión entre esta imagen y la figura pública del dueño, Ricardo Salinas Pliego, cuyas interacciones en X (antes Twitter) son catalogadas por expertos en derechos humanos como misóginas y violentas.
De enero a diciembre de 2025, la alcaldía ha logrado recaudar más de 4 millones de pesos en cobro de plazas, el doble de lo que destinó al rubro de salud; del dinero nada se sabe, pues la alcaldía se niega a transparentar en qué lo gastó.
Por Ricardo Sevilla
El Centro Histórico de la Ciudad de México constituye uno de los espacios más lucrativos para la alcaldía Cuauhtémoc.
Aunque en los últimos meses, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega se ha empeñado en señalar que a la alcaldía le “faltan recursos”, lo cierto es que los tiene, y de sobra.
Y es que el denominado primer cuadrante de la Capital no sólo es una zona económicamente activa para muchos comerciantes, sino también para la alcaldía que, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, logró recaudar 4 millones 196 mil 687 pesos por cobro de plazas ambulantes en Tepito, Zócalo, Hidalgo y Bellas Artes.
Pero la alcaldía, no sólo ha sumado un colosal apoyo monetario por parte de los comerciantes, sino también una masa de apoyo político que asevera ser presionada para asistir a los mítines, informes e incluso a las marchas que organiza “Ale de la Vega”, como la conocen en la zona.
Una suma que resulta nimia si se considera que la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública reportó la existencia de 14 mil comercios informales.
¿De cuánto es el cobro y cada cuándo se paga? Eso es algo que la alcaldía Cuauhtémoc se ha negado ha aclarar.
Ante una solicitud de transparencia realizada por Los Reporteros MX, la alcaldía Cuauhtémoc se negó a desglosar en qué han sido utilizados los recursos recaudados por el uso del espacio público.
También se negó a aclarar el origen de los recursos con los que la alcaldesa ha realizado sus mítines políticos, incluyendo la organización y logística de su 1.º informe de Gobierno, declaró a inicios de noviembre de 2025.
Lo que sí se sabe, es que el ingreso por cobro de plazas en el Centro es el doble de lo que Rojo de la Vega destinó al rubro de Salud en el mismo periodo de 2025, el cual según la cuenta de la alcaldía fue de 2, 181, 716. 33 pesos.
Gastos opacos
Pero las cuentas opacas de Alessandra de la Vega no se limitan únicamente a la recaudación por uso de suelo. Como este diario lo informó anteriormente, sus malas matemáticas también se reflejan en los gastos erogados en seguridad, más específicamente la renta de patrullas y también en los miles de luminarias que dijo haber reparado, pero que nadie sabe exactamente dónde están.
Y que, por supuesto también la alcaldía se ha negado a ubicar.
Llama la atención también el gasto exacerbado que Alessandra de la Vega hizo en el rubo de recolección de basura. Donde dice que el gasto es de 39 millones 307 mil 23 pesos durante este año.
Sin embargo, el gasto no ha alcanzado para que los trabajadores de limpia de la alcaldía Cuauhtémoc accedan a los seguros básicos de trabajador. La semana del 15 de diciembre más de 300 trabajadores y recolectores de basura protestaron en la alcaldía para exigir su incorporación a un sindicato.
Una vez más surge la pregunta ¿A qué se destina el dinero que recauda y gasta la alcaldía cuando la realidad difiere del discurso?
Por su parte, Ale de la Vega solo ha apuntado a decir que se han retirado millones de toneladas de basura de las calles aunque para los habitantes el panorama sigue igual que antes.
La huelga de Cananea fue un prolongado conflicto laboral que terminó el 17 de diciembre de 2025 tras más de 18 años de lucha de los trabajadores de la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, Sonora, contra la empresa Grupo México.
Encabezado por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM), liderado por Napoleón Gómez Urrutia, este movimiento se convirtió en uno de los conflictos laborales más largos de la historia moderna de México y un símbolo de la lucha por los derechos laborales frente a intereses empresariales y decisiones políticas de distintos gobiernos.
¿Cómo comenzó?
La huelga estalló el 30 de julio de 2007, cuando los trabajadores decidieron suspender labores en la mina al denunciar violaciones sistemáticas al contrato colectivo de trabajo, condiciones de inseguridad y falta de respuesta por parte de la empresa.
Desde el inicio, el movimiento se politizó, pues hubo intervención tanto de autoridades federales como de actores políticos, lo que hizo que el conflicto trascendiera de lo estrictamente laboral y se transformara en una confrontación entre los trabajadores organizados y el poder corporativo y estatal.
Factores detonantes
Las causas principales incluyeron:
Incumplimiento del contrato colectivo: desacuerdos persistentes sobre salarios, prestaciones y condiciones de trabajo.
Condiciones inseguras: denuncias continuas sobre la falta de medidas adecuadas de seguridad e higiene en la mina.
Presión política y legal: el enfrentamiento entre el sindicato y el Estado contribuyó a cargar políticamente el conflicto.
Falta de acción empresarial y estatal: los intentos por parte de Grupo México y gobiernos anteriores por resolver la huelga fueron insuficientes, lo que prolongó el paro por años.
¿Cuánto tiempo duró?
La huelga se prolongó desde el 30 de julio de 2007 hasta el 17 de diciembre de 2025, es decir, más de 18 años de paralización, resistencia y negociación.
La noche del 17 de diciembre de 2025, en asamblea general, los trabajadores aprobaron por unanimidad los términos de un acuerdo definitivo como parte de un “Plan de Solución Integral” negociado con autoridades federales y del estado de Sonora, marcando así el fin oficial del conflicto.
Sucesos más importantes que marcaron la huelga
Represión del PAN
Durante la administración del panista Felipe Calderón, en 2010 la Policía Federal ingresó a la mina para retomar control y reanudar operaciones, lo que fue visto por los trabajadores como una forma de represión y alineación con intereses empresariales sobre los derechos sindicales.
Este hecho se convirtió en uno de los momentos más recordados del conflicto, pues reflejó la participación directa del gobierno federal del PAN en la estrategia para contener y debilitar a los huelguistas.
Además, la prolongación de la huelga a lo largo de los sexenios del PAN —incluyendo figuras como Guillermo Padrés Elías, entonces gobernador de Sonora— contribuyó a que el conflicto adquiriera una dimensión política regional y nacional.
Acciones y participación de políticos vinculados al PRI
Aunque el PRI no fue actor directo en las negociaciones generales, miembros priistas y representantes legislativos de Sonora jugaron un papel en foros legislativos y políticos al abordar el tema desde instancias de gobierno y propuestas para darle seguimiento a la situación de los trabajadores, la mina y su impacto económico y social.
El caso de Cananea fue usado por algunos priistas en espacios públicos y legislativos para cuestionar políticas laborales y de negociación de los gobiernos federales, así como para promover soluciones legislativas sobre derechos laborales.
Acuerdo final y cierre del conflicto
El fin de la huelga se formalizó con la aprobación de un Plan de Solución Integral, el cual incluye beneficios económicos, acceso al IMSS, pensiones y otras compensaciones para los trabajadores y familias afectadas, negociado con la participación del gobierno federal (encabezado por Claudia Sheinbaum) y el gobierno estatal de Sonora.
Los trabajadores expresaron agradecimiento a las autoridades por su intervención en esta etapa y subrayaron el significado histórico del acuerdo, poniendo fin a una lucha que duró casi dos décadas.
Importancia histórica
La huelga de Cananea del siglo XXI fue un conflicto laboral excepcional por su duración, resistencia y dimensión política, ya que puso en evidencia:
La fragilidad de los derechos laborales frente a intereses económicos poderosos
La intervención de gobiernos federales y estatales, particularmente bajo administraciones del PAN y al involucrar a políticos priistas en ámbitos legislativos
La necesidad de repensar condiciones laborales, seguridad social y justicia para trabajadores mineros
El firme papel del sindicalismo organizado en México desde una perspectiva histórica y contemporánea
En el epicentro del periodismo corporativo, Juan Francisco Ealy Ortiz (dueño y presidente de El Universal) se ha encargado de construir un pernicioso imperio de influencia.
Ealy Ortiz se jacta de formar parte de diferentes organizaciones periodísticas.
Una de ellas es la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)
Sin embargo, su pertenencia a la SIP revela una agenda que trasciende lo informativo.
De hecho, detrás de esta relación existe un patrón de “solidaridad corporativa”.
¿A qué me refiero? Le explico:
La SIP no solo defiende la libertad de prensa, sino que actúa como un escudo diplomático para empresarios bajo fuego estatal, como es el caso de Ricardo Salinas Pliego.
Con sede en Estados Unidos, específicamente en Miami, la SIP ha emitido comunicados donde dice estar “preocupada” por las críticas gubernamentales hacia Grupo Salinas. Lo que el organismo omite decir es que estas descalificaciones han derivado de un conflicto fiscal histórico: una deuda que supera los 63 mil millones de pesos al fisco mexicano.
Y aquí es importante decir que la “libertad de expresión” se utiliza como un eufemismo para proteger el patrimonio de un deudor sistémico.
El “Networking” del horror
Hay algo curioso: para atraer socios, la SIP ofrece una moneda de cambio invaluable: el acceso a redes y contactos. No obstante, sus archivos de “casos de éxito” incluyen a figuras que representan las antípodas de los valores democráticos.
Y es que esta organización dice a sus socios, para engatusarlos, que sus afiliados han tenido acceso a la opinión directa de líderes políticos como Augusto Pinochet, Bill Clinton, Oscar Arias, etcétera.
Pero le digo quienes han sido estos flamantes consejeros que tanto presume el SIP. Ahí le van:
El expresidente estadounidense Bill Clinton, quien tuvo una relación extramatrimonial con la becaria Monica Lewinsky, lo cual llevó a Clinton a un juicio político (impeachment) por perjurio y obstrucción de la justicia.
El expresidente de Costa Rica, Oscar Arias, quien, en 2019, fue denunciado por varias mujeres, quienes lo denunciaron por abuso sexual y violación. Arias, cabe recordarlo, fue criticado por impulsar una reforma constitucional que le permitió volver a la presidencia en 2006, rompiendo la tradición de no reelección en su país.
Augusto Pinochet, responsable de una dictadura marcada por torturas, ejecuciones y desapariciones.
Y aquí observamos una amalgama de intereses donde los dueños de los medios (Ealy Ortiz), los magnates financieros (Salinas Pliego) y los organismos internacionales (SIP) forman una casta cerrada. El objetivo no es informar, sino mantener el statu quo que les permite operar por encima de la ley.
Lamentablemente, el discurso de la “libertad de prensa” se convierte en una herramienta ideológica. Cuando el Estado intenta cobrar impuestos, la élite lo traduce como “persecución política”. Es un uso instrumental del lenguaje para proteger intereses privados.
Tristemente, nos damos cuenta de que la SIP es el club secreto donde los dictadores cenan con los periodistas.
El PAN ha recurrido a instancias internacionales en Estados Unidos (especialmente en Washington D.C.) desde hace décadas. Con ánimo injerencista, este partido político de derecha ha ido a acusar a México con Estados Unidos.
Sin embargo, en los últimos años —y particularmente en 2024 y 2025— esta estrategia se ha intensificado significativamente.
Lo que comenzó en los años 80 como una búsqueda de legitimidad democrática frente al sistema de partido único, se ha transformado en 2024 y 2025 en una estructura institucionalizada de presión transnacional. El PAN y el PRI ya no ven a Washington solo como una sede diplomática, sino como un tribunal de apelación política.
Cabe recordar que, en noviembre de 2025, una comitiva encabezada por el vocero Jorge Triana y legisladores como Noemí Luna y Roberto Gil Zuarth acudió a Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar una supuesta “represión” contra la “Generación Z” durante las marchas del 15 de noviembre.
Pero no fue el único caso.
En diciembre de 2025, otra diputada local del PAN, Laura Álvarez, acudió a la OEA en Washington para denunciar “violencia política de género” y acoso por parte de legisladores de Morena, alegando que, según ella, las instituciones en México estaban “secuestradas”.
En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador las cosas no fueron distintas.
En febrero de 2024, por ejemplo, Santiago Taboada (entonces candidato a la Jefatura de Gobierno de la CDMX) acudió a la OEA y la CIDH en Washington para denunciar “persecución política” que, según él, era encabezada por la Fiscalía de la CDMX. El integrante del PAN le fue a decir al gobierno estadounidense que había en curso una “elección de Estado”.
Tampoco fue el único caso.
Entre 2022 y 2023, diversas comitivas de legisladores panistas (como Mariana Gómez del Campo) acudieron de manera recurrente a foros en EU y ante la OEA para denunciar una supuesta “erosión democrática” en contra, alegaban en ese momento, de organismos autónomos como el INE.
Un año antes, en agosto de 2021, la coalición “Va por México” (PAN, PRI y PRD) viajó a Washington para presentar una denuncia formal ante la OEA y la CIDH por la presunta intromisión del crimen organizado en las elecciones intermedias de ese año.
Desde la sociología política, este comportamiento se define como el “Efecto Boomerang”, y ocurre cuando los canales internos de comunicación entre oposición y gobierno se rompen; en ese caso, los actores locales, como el PAN, buscan aliados internacionales para que estos presionen al Estado desde fuera.
Los panistas, lamentablemente, viven en una burbuja. Y es que la soberanía no se defiende en una ventanilla de Washington, se construye en las calles de México. Estos conservadores deberían entender que ir a acusar al gobierno con Estados Unidos es admitir la propia incapacidad de convencer al pueblo.
El PAN gastó en un mes cerca de un millón de pesos para promocionar su imagen en redes sociales; tan sólo por una publicación de tres días, en la que presumió el viaje a Washington de una comitiva para denunciar la “represión” de la marcha de la Gen Z, desembolsó 30 mil pesos
Por Martha Rojas
El Partido Acción Nacional no ha escatimado recursos del erario para remontar su campaña publicitaria de relanzamiento y, de paso, lanzar uno que otro golpe al Gobierno federal.
Muestra de ello, es la millonaria suma que el partido blanquiazul ha invertido en sus campañas de redes sociales. Desde videos promocionales de relanzamiento, donde Jorge Romero o Ricardo Anaya aparecen como héroes nacionales que “no se rinden” o clips para promocionar el valor de la familia y el de la Generación Z costaron más de 1 millón de pesos en el último mes.
Llama la atención que el partido, que hoy en día dirige Jorge Romero Herrera, también destinó unos 30 mil pesos a la promoción de un viaje a Washington en el que una comitiva panista denunció la “presunta represión a la marcha de la Gen Z”.
El 25 de noviembre, Jorge Triana, Roberto Gil, Annia Gómez, Fernando Torres y Noemí Luna viajaron a la capital estadounidense para denunciar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la presunta represión a la marcha del 15-N.
Sin embargo, el partido puso en circulación tres días después un clip que confirmaría que el viaje es parte de una campaña mediática del PAN a propósito de su relanzamiento.
Pues, de acuerdo con las publicaciones pautadas en la Biblioteca de Anuncios de Meta, el video del viaje se pagó para circular entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre de 2025.
Desde su renovación de imagen hecha pública en octubre pasado, el partido ha desembolsado más de 5 millones de pesos en estudios de mercado, branding y campañas publicitarias. Mientras que el dirigente nacional, Jorge Romero, ha invertido cerca de 4 millones en su imagen personal, también en anuncios de Facebook.
Tan sólo en el último mes, el blanquiazul ha pagado anuncios de días de entre 3 mil y 250 mil pesos.
Siendo los más costosos aquellos en los que promete al “pueblo” caminar juntos para que las medicinas vuelvan a los hospitales.
Cabe señalar que, Romero, quien percibe alrededor de 187 mil 500 pesos mensuales del partido, ha capitalizado buena parte de sus recursos en promocionar su imagen personal. Esto, con miras a posicionar el partido de cara a las elecciones intermedias de 2027, donde se elegirán 16 gobernadores y 500 legisladores.
Con una agresiva campaña en redes sociales, el PAN no sólo busca penetrar en la opinión pública como un “nuevo partido”, sino hacer que el repudio al aborto, las necesidades médicas y la inconformidad de la denominada Gen Z sean tema de controversia. Imponiendo una agenda ultraderechista.
Respecto al pago por el anuncio del viaje a Washington, el monto equivale a lo que un profesionista en México gana al mes. Y deja claro que la prioridad del PAN no es atacar los problemas que aquejan a México sino la promoción partidista y personal.
