En los últimos tres años, colonias emblemáticas de Miguel Hidalgo y Benito Juárez han sido escenario de desalojos que vecinos y organizaciones vinculan con el cártel inmobiliario y la gentrificación. Detrás del crecimiento urbano, se repite una historia de desplazamiento, litigios irregulares y comunidades fragmentadas.
En calles donde antes los vecinos convivían y el sonido cotidiano era el de la vida barrial, hoy predominan las vallas, los sellos judiciales y la maquinaria. En alcaldías como Miguel Hidalgo, familias de colonias como Popotla, Tacuba y Anáhuac han denunciado desalojos forzados tras años —incluso décadas— de habitar los mismos inmuebles. Los procesos, narran los afectados, comenzaron con avisos legales confusos y terminaron en expulsiones que los dejaron sin la vivienda que los vio crecer.
En Benito Juárez, el fenómeno se entrelaza con el llamado cártel inmobiliario, una red de corrupción que facilitó permisos irregulares para desarrollos de alta densidad. En colonias como Narvarte, Del Valle y Nápoles, vecinos relatan presiones constantes, juicios civiles acelerados y desalojos ejecutados en horarios intempestivos, todo con un mismo objetivo: liberar predios para nuevos proyectos y elevar el valor del suelo.
Más allá de los casos puntuales, el patrón se repite. La gentrificación avanza empujada por la especulación inmobiliaria, el aumento de rentas y la transformación del uso habitacional. Adultos mayores, inquilinos históricos y familias de ingresos medios han sido los más vulnerables, obligados a abandonar zonas donde construyeron su vida y formaron comunidad.
Mientras el paisaje urbano se verticaliza y el discurso oficial presume modernización, en estas alcaldías persiste una pregunta incómoda: ¿para quién se está construyendo la ciudad? Entre edificios nuevos y banquetas relucientes, quedan las historias de quienes fueron desplazados, recordando que el desarrollo, cuando ignora a sus habitantes, se convierte en una forma de despojo.
Claudia Sheinbaum contiene las amenazas de Donald Trump mediante una diplomacia técnica que prioriza la soberanía y la advertencia de costos económicos mutuos.
La relación bilateral entre México y Estados Unidos ha entrado en una fase que desafía los pronósticos más pesimistas de los analistas de Washington y México.
Tras meses de incertidumbre marcados por la retórica incendiaria de Donald Trump sobre aranceles, cierres fronterizos e invasión militar a México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha logrado consolidar una diplomacia de “cabeza fría y mano firme” que no solo ha contenido las amenazas económicas, sino que ha forzado un inédito reconocimiento de respeto por parte del magnate neoyorquino.
La clave del éxito, según fuentes diplomáticas y el análisis de los hechos recientes, radica en una estrategia de negociación entre iguales: Sheinbaum ha sustituido la confrontación ideológica por una frialdad técnica que Trump parece interpretar como fortaleza.
En las llamadas telefónicas y encuentros bilaterales del último año, la mandataria mexicana ha puesto sobre la mesa una realidad económica innegable: el costo de un arancel del 25% para México terminaría impactando los precios finales en el mercado estadounidense, una advertencia que resonó en el equipo económico de Trump.
Este enfoque pragmático permitió, por ejemplo, que en febrero de 2025 se lograra la suspensión de amenazas arancelarias inmediatas a cambio de un compromiso de corresponsabilidad. Sheinbaum ha sido enfática en que el respeto es mutuo; en su participación en la cumbre del G7 en Canadá, planteó un “acuerdo general” que integra seguridad, comercio y migración, alejándose de las concesiones unilaterales y exigiendo, por primera vez de forma frontal, el control del tráfico de armas que fluye desde el norte.
En el frente interno, este “escudo diplomático” se sustenta en resultados que el gobierno de Sheinbaum utiliza como moneda de cambio.
La Estrategia Nacional de Seguridad, liderada por Omar García Harfuch, ha comenzado a arrojar datos duros que incluso las agencias de inteligencia estadounidenses han tenido que reconocer. En el más reciente informe de seguridad se mostró que los homicidios dolosos se han reducido 40% en 2025, en comparación con el inicio de su administración.
Esta reducción no es fortuita; responde a una nueva arquitectura de seguridad que prioriza la inteligencia y la coordinación sobre la fuerza bruta, logrando la detención de más de 38 mil personas vinculadas a delitos de alto impacto.
El combate al fentanilo, el punto más álgido de la agenda con Trump, ha pasado de ser un tema de negación a uno de operativos quirúrgicos. Durante el primer semestre de 2025, las fuerzas federales aseguraron más de 140 toneladas de drogas, incluyendo cerca de 1.5 toneladas de fentanilo puro y más de 2 millones de pastillas listas para su distribución.
Además, el desmantelamiento de más de 750 laboratorios clandestinos en 17 estados ha representado un golpe financiero a los cárteles estimado en miles de millones de pesos. Al atacar la cadena de suministros y no solo la distribución, Sheinbaum ha quitado a la administración Trump el pretexto de la “inacción”, demostrando que México puede ser un socio eficiente sin sacrificar su soberanía ni permitir intervenciones militares extranjeras.
La estrategia de seguridad no se limita a la contención. El enfoque en las causas, reforzado con programas de desarmamiento voluntario que han recuperado miles de armas de las calles, busca estabilizar las zonas de mayor conflicto, donde la incidencia delictiva ha mostrado sus primeras tendencias a la baja en años.
Al final del día, la gestión de Claudia Sheinbaum parece haber descifrado el código para tratar con Donald Trump: resultados cuantificables en la frontera y una dignidad innegociable en la mesa de diálogo. Mientras el mundo esperaba una colisión, México ha impuesto un ritmo de cooperación estratégica que, al menos por ahora, mantiene las “locuras” de Washington bajo control.
La alcaldía Miguel Hidalgo desalojó a 10 familias del un predio ubicado en la calle Mar Blanco 102, en la colonia Popotla; acusan que personal del panista Mauricio Tabe, incluso, amenazó de muerte a una familia que se mantiene en resistencia y que ha demostrado la propiedad legal del predio; un predio que, por cierto, la alcaldía quiere convertir en un complejo inmobiliario
A punta de amenazas, groserías y armas, personal de la alcaldía Miguel Hidalgo desalojó a una mujer de la tercera edad llamada Gloria Dorador de la casa que habitó por más de cinco décadas.
Junto a ella, otras 10 familias fueron lanzadas a las calles ante la mirada de vecinos y autoridades que se negaron a auxiliar a las familias.
El motivo: la “vecindad” que habían habitado por más de cinco décadas era reclamada por un familiar desconocido del antiguo administrador.
Desde el pasado 2 de octubre de 2025, el inmueble, ubicado en la calle Mar Blanco 102 de la colonia Popotla es habitado por sujetos armados, que dicen ser personal de la alcaldía que encabeza el panista Mauricio Tabe, a quien numerosas investigaciones han señalado de encabezar una red de corrupción inmobiliaria.
Ante la creciente gentrificación de la Ciudad de México, políticos panistas han encontrado un jugoso negocio ante la expropiación autoritaria e ilegal de predios intestados o no regularizados.
Este es el caso de la señora Gloria Dorantes, cuyo linaje se extiende hasta los inicios de la Revolución Mexicana, que ahora duerme en la banqueta de la que hasta octubre fue su casa.
Hasta ahí, personal de la alcaldía Miguel Hidalgo, vestida de azul, ha acudido en numerosas ocasiones para tratar de “levantar” a Gloria, y sus nietos, entre ellos Santiago Dorantes, bajo la excusa de que interfieren el “libre paso” y “quejas vecinales”.
Sin embargo, Gloria ha negado estar manifestando que su tienda de campaña en la banqueta, a la que ya le ha colgado una manta en la que denuncia el trato de Mauricio Tabe, sea un estorbo. Es, por el contrario, una forma de resistir ante la impunidad y la injusticia.
Inmueble no es de la alcaldía
Pero déjeme contarle la génesis de esta historia. Los problemas para la familia Dorantes comenzaron con la muerte de María de la Luz Lerma, propietaria original del inmueble en Mar Blanco 102.
Gloria Dorantes y su esposo, ya fallecido, habían comprado bajo un esquema de cuotas mensuales el apartamento en que vivían a la señora Lerma. Sin embargo, poco antes de oficializar el contrato de compraventa, María de la Luz murió. La propiedad quedó intestada y el conserje, Carlos Shirley, intentó apropiársela y desalojar a todas las familias.
El intento fracasó porque la familia Dorantes interpuso un juicio en el que comprobó que, a costa de cuotas mensuales, había adquirido la propiedad por voluntad de la dueña original. La sentencia del Gobierno de la CDMX falló en su favor y se hicieron propietarios legítimos de la propiedad. Sin embargo “la falta de dinero” impidió que escriturarán el apartamento.
Ahora, un desconocido familiar del exconserje Carlos Shirley, reclama la propiedad, respaldado por la máquina burocrática de la alcaldía Miguel Hidalgo. La familia nunca ha dado la cara, sin embargo, personal de la alcaldía se apersonó para desalojar a punta de mazazos a todas las familias del codiciado inmueble, entre ellas a Gloria Dorantes.
El oscuro negocio de Mauricio Tabe
La razón del desalojo es a todas luces clara para la familia Dorantes: Mauricio Tabe busca liberar el predio, apropiárselo, revenderlo y lucrar, siguiendo el modus operandi del Cártel Inmobiliario de la Benito Juárez, en el que el nombre de Tabe, dicho sea de paso, salió a relucir.
Los Reporteros Mx pudo comprobar la realidad de las acusaciones. Y es que, desde 2015, el predio es objeto de un plan inmobiliario por el que la alcaldía desembolsó 275 millones 639 mil 734 pesos con réditos para el futuro.
El Mar Blanco 102 de la colonia Popotla fue concedido a la empresa VIBAME S.A de C.V para una “obra pública” no especificada bajo el contrato DMH-LPLO-054-15.
Sin embargo, la alcaldía no ha emitido ningún pronunciamiento oficial respecto al predio y tampoco ha brindado una solución para las familias damnificadas, que temen que el terreno será vendido para construir otro de los innumerables complejos inmobiliarios que infestan la alcaldía panista.
Aunque los autores del desalojo se presentaron con lujo de violencia nunca mostraron una orden de desalojo, ni mucho menos se identificaron. Desde entonces, la familia Dorantes ha denunciado ser víctima de amenazas e intimidación parte del personal de la alcaldía.
“Tras la invasión del predio que habitaba en paz mi abuela, nos encontramos en resistencia, soportando amenazas de muerte, pero sin dejar entrar a los delincuentes a la casa de mi abuela, único punto que resiste una ocupación violenta e ilegal”, escribe Santiago Dorantes en una campaña a través de la plataforma GoFundMe, mediante la que buscan el apoyo ciudadano.
Hasta el momento, la familia ha logrado detener la demolición de la que fue su hogar por casi cincuenta años, pero no hay fecha ni posibilidad de que lo vuelvan a poseer.
Acusaciones salpican a Tabe
No sería la primera vez que el alcalde de la Miguel Hidalgo está implicado en un caso que involucra predios y abuso.
En noviembre de 2025, aquí en Los Reporteros Mx, le informamos cómo el alcalde a solapado la conversión de un área protegida en un basurero, y en septiembre, el panista fue acusado en el Congreso de CDMX por el morenista Víctor Hugo Romo por su omisión y complicidad en la construcción de un piso extra en el predio de Lafontaine 110, que viola los permisos establecidos para construcciones de la zona.
El hackeo masivo a la UNAM sacó a relucir que el director de su sede en Canadá, Constantino Macías, ha sido señalado por acoso sexual y abuso de poder.
Antes de su designación, realizada por el polémico exrector Enrique Graue, el también director del Instituto de Ecología ya había sido señalado en una auditoría por no haber transparentado más de 15 mil millones de pesos del CONACYT.
Ahora bien, no es la primera vez que la máxima casa de estudios sufre ataques cibernéticos.
En septiembre de 2015, la UNAM ya había sido presa de un monumental hackeo que reveló algunas de sus prácticas más oscuras.
El hackeo masivo de la Universidad expuso los abusos de autoridad, el nepotismo, la complicidad y la omisión que rodean la operación de sus sedes en el extranjero.
La información difundida reveló que hay personajes allegados a la institución que atesoran un fuerte y pernicioso poder político o cultural, como la escritora Sandra Lorenzano, quien coordina el Centro de Estudios Mexicanos en Chile, o bien el exconsejero del INE, Ciro Murayama, director del Centro de Estudios Mexicanos en España.
Pero eso no fue todo.
El hackeo masivo a la UNAM también exhibió las deleznables prácticas en las que ha incurrido el personal de la institución en Canadá.
Documentos puestos a la venta en un servidor web revelaron que Constantino de Jesús Macías García, investigador del Instituto de Ecología, ejerce abusivamente su puesto como director del centro UNAM Canadá.
De acuerdo con esta acusación, Constantino Macías, es alcohólico, racista e incluso un acosador sexual en potencia.
En la carta dirigida a la Máxima Casa de Estudios, los denunciantes narran que el “profesor” llega a la sede en estado de ebriedad, imponiendo al personal de la sede el cuidado de su mascota o favores personales, tales como el envío de regalos personales a su familia.
Además, la carta expone el racismo de Constantino Macías, quien se ha negado a participar en las celebraciones folklóricas con temática mexicana, debido a un desprecio por el embajador Carlos Manuel Joaquín González y por la cultura nacional.
“En diversas ocasiones ha manifestado su desagrado por lo folklórico, la comida mexicana y la cultura de su país. “El Sr. Macías ha mostrado un comportamiento inadecuado fuera de la sede. Particularmente cuando las mujeres asisten con vestimenta que resalta su figura”, consigna el documento.
Dicha actitud la habría perpetrado contra escritoras y asistentes a la Feria Iberoamericana del Libro o con la propia embajadora de Panamá, Romy Vásquez.
En ese sentido, los acusantes señalan que aquellos que se nieguen o se rebelen contra la autoridad de Constantino Macías son despedidos de inmediato.
Por si no bastaran las acusaciones contra él, el “investigador” se ha dado el lujo de despilfarrar los recursos de la institución, solicitando productos Apple para su uso personal y el vehículo de la institución, de la cual cobra el combustible que utiliza en sus paseos por el país.
UNAM omite hackeo, niega problemas en Canadá
En un escueto comunicado, la “máxima casa de estudios” minimizó el hackeo masivo, asegurando que sólo cinco de sus más de 100 mil servidores fueron vulnerados. Además, la Dirección General de Cómputo negó que la información de alumnos o profesores hubiera sido sustraída.
Sin embargo, tanto los correos divulgados por el periodista Ignacio Gómez Villaseñor, muestran una historia totalmente distinta.
Respecto al caso de acoso y alcoholismo de Constantino de Jesús Macías, la Rectoría de Eduardo Lomelí guardó silencio.
Meses antes de que la acusación formal fuese enviada a la institución educativa, las instancias administrativas habían premiado con un año sabático a Constantino.
Del 1 de enero al 31 de diciembre, el investigador había solicitado una licencia en el Instituto de Ecología, donde era titular.
La UNAM no explicó cómo un académico con licencia y en año sabático de pronto estaba dirigiendo la sede en Canadá.
Las acusaciones que realizó el personal de la sede en aquel país no son las únicas que pesan sobre el investigador.
La última auditoría realizada en 2018 al Instituto de Ecología que dirigió Macías muestra su grave tendencia a la opacidad, pues no pudo explicar el destino de más de 15 mil 443 millones de pesos que el CONACYT había destinado al instituto.
Meses más tarde la UNAM cerró la investigación señalando que se habían atendido las recomendaciones y del dinero, jamás volvió a explicar nada.
Desde que ingresó a la UNAM, universidad en la que también trabajó su padre, Macías fue adquiriendo poco a poco poder e influencia, sobre todo con la elección de Enrique Graue como rector, pues fue él quien lo nombró director del Instituto de Ecología y también quien lo designó director de la sede UNAM-Canadá, antes de terminar su rectoría en 2023.
Así, el investigador de la UNAM fue convirtiéndose en una figura de amplia influencia, ejerciendo su cargo, según apuntan, desde el nepotismo, el abuso y el amiguismo.
Pese a que figuras como Ricardo Anaya, Manlio Fabio Beltrones e incluso el propio expresidente priísta Enrique Peña Nieto han mantenido estrechos lazos con opositores venezolanos, han acusado al partido Morena y a su fundador, Andrés Manuel López Obrador, de querer establecer en México un régimen totalitario.
Desde hace más de una década, la derecha venezolana se ha mantenido cerca de la derecha mexicana, especialmente desde 2015, cuando una segunda ola de protestas en el país sudamericano sacudió al régimen Bolivariano.
La derecha mexicana, encabezada por el PRI y el PAN, no tardó en hacer eco de las demandas de la oposición venezolana, en ese momento encabezada por Leopoldo López, su esposa, Lilian Tintori, Henrique Capriles y una incipiente María Corina Machado.
En 2016, un año después de las fuertes protestas detonadas por la escasez de alimentos en Venezuela, el PRIAN, auspiciado por la entonces canciller mexicana Claudia Ruiz Massieu, y el presidente Enrique Peña Nieto, urdió una prominente visita de Lilian Tintori, esposa del opositor venezolano Leopoldo López, a México.
En aquella ocasión Tintori, quien hoy está exiliada en Europa, luego de que su esposo fuese liberado de la prisión de Ramo Verde en Venezuela, visitó el Senado de la República, Los Pinos e incluso se reunió con distintos políticos, entre ellos Ricardo Anaya, Miguel Barbosa e incluso, el expresidente Peña Nieto.
Desde ahí comenzó una campaña política en la que la derecha mexicana acusó a López Obrador de parecerse a Nicolás Maduro. Esto con miras a desestabilizar las elecciones de 2018, mismas que, finalmente, ganó el tabasqueño.
Anaya insistió en que, de ganar AMLO, México estaba destinado a convertirse en un segundo Venezuela o Cuba.
Pero el tiempo desmintió la acusación cargada de odio y malas intenciones. López Obrador, lejos de sus augurios apocalípticos, dejó el poder al terminar su mandato en 2024 para retirarse voluntariamente en su finca, “La Chingada”, en Palenque.
Sin embargo, el contacto de la derecha mexicana con la derecha venezolana siguió vigente a través de intercambios comunicacionales y presenciales.
Y es que, después de la visita de Tintori, otros personajes como Enrique Capriles o Juan Guaidó, reconocido por Estados Unidos como presidente interino de Venezuela en 2019, dejaron ver su simpatía por la derecha mexicana, llamando a que el entonces presidente se posicionara contra el régimen de Nicolás Maduro.
Un opositor, exasesor de Peña Nieto
Mientras la oposición venezolana crecía alimentada por el disgusto de la población que reclamaba a Maduro el incremento excesivo de la inflación y la escasez de medicinas y alimentos, en México, Enrique Peña Nieto se prepara para integrar a su equipo de asesores a Juan José Rendón Delgado, un publicista buscado por la Interpol que financió un golpe fallido contra Nicolás Maduro.
El llamado “Rey de la propaganda negra” se jactaba de haber llevado a la victoria a Peña Nieto en las presidenciales de 2012, y que desde entonces trabajó para el PRI.
El oriundo de Atlacomulco pagó un millón de dólares al venezolano a cambió de asesorar su campaña presidencial. Un sueldo que provenía, de acuerdo con las afirmaciones del propio Emilio Lozoya, de las millonarias donaciones de la constructora brasileña Odebrech.
Pero Rendón no sólo asesoraba a Peña Nieto, también guiaba la campaña de Juan Guaidó, un joven opositor venezolano que aspiraba a derrocar a Maduro.
De acuerdo con el diario británico The Guardian, Rendón habría ordenado instalar cámaras espía en las sedes de campaña de los opositores de Peña. En ese momento Andrés Manuel López Obrador, Josefina Vázquez Mota y Gabriel Quadri.
El publicista venezolano prometió hacer hasta lo imposible para que Andrés Manuel no ganara la elección. Y así sucedió.
Desde entonces, la derecha mexicana ha equiparado a López Obrador con Nicolás Maduro o Fidel Castro. De hecho, desde entonces la oposición mexicana ha insistido en que el país se encamina a convertirse en una dictadura comunista.
PRI y PAN justifican intervención de EUA
Tras la captura de Nicolás Maduro, Venezuela se ha convertido en el centro de debates que incluso han llegado al Senado mexicano.
Morena y sus aliados respaldaron a la presidenta Claudia Sheinbaum y condenaron la intervención estadounidense, mientras que PRI y PAN justificaron la acción. Señalando que Maduro era un “dictador”.
Lo cierto es que el PRIAN no pierde oportunidad para crear falacias entorno al gobierno que ahora encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, el morenismo y el futuro del país.
La FIFA ha castigado a países por guerras, discriminación e interferencia política, desde Sudáfrica hasta Rusia. Mientras algunos reciben sanciones estrictas, el organismo guarda silencio ante acciones de figuras como Donald Trump contra Venezuela. ¿Los valores de esta institución son universales o selectivos?
En 1992, el fútbol fue alcanzado de lleno por la guerra en los Balcanes, ya que Yugoslavia, entonces bajo sanciones internacionales, fue excluida de competencias en uno de los primeros casos donde un conflicto armado sacó a una selección del escenario mundial. Décadas después, algo similar ocurrió con Rusia, que en 2022 fue suspendida totalmente tras la invasión a Ucrania, quedando así fuera del Mundial de Qatar y de torneos europeos.
Un caso aún más prolongado fue el de Sudáfrica, nación fue expulsada entre 1958 y 1992 por su política de apartheid, lo que terminó siendo la suspensión más larga registrada en la historia del fútbol internacional.
La FIFA también ha actuado con firmeza frente a la interferencia de gobiernos en las federaciones, como en los caso de Nigeria, que fue suspendida brevemente en 2014; Indonesia, en 2015; y Kuwait en dos ocasiones (2007 y 2015), hasta que las autoridades civiles se retiraron del control directo del futbol.
México aparece en este listado desde un ángulo distinto, dado que en el Mundial de Brasil 2014, la FIFA advirtió formalmente a la Federación Mexicana por el grito de “puto”, el cual consideraron discriminatorio, y dejó abierta la posibilidad de sanciones mayores, incluida la exclusión. Aunque nunca se ejecutó una expulsión, el episodio marcó el inicio de castigos recurrentes, como multas y partidos sin público en años posteriores.
Todos estos casos reflejan un patrón claro: la FIFA interviene cuando percibe violaciones graves a sus principios, ya sea por conflictos bélicos, discriminación o control político del futbol. En algunos países, la amenaza bastó; en otros, el castigo fue inevitable.
Sin embargo, este rigor contrasta con el silencio reciente del organismo, pues mientras Gianni Infantino otorgó a Donald Trump el “Premio de la Paz de la FIFA” en medio de gestos políticos mayores, en días recientes el mandatario ha protagonizado la intervención contra Venezuela y secuestrado al presidente Nicolás Maduro, todo ello sin que que la FIFA haya emitido pronunciamiento alguno.
El premio otorgado a Trump y el silencio ante sus acciones recientes abren un cuestionamiento necesario: ¿la defensa de los valores del fútbol es universal o selectiva? El contraste entre sancionar a unas naciones y guardar silencio frente a otras decisiones de poder erosiona la a一muy poca一 credibilidad moral del máximo organismo del fútbol.
En un país donde buena parte de la población vive al margen del sistema bancario tradicional, empresas como Grupo Elektra se han consolidado como una alternativa y, en muchos casos, como la única opción para acceder a bienes y servicios financieros.
Sin embargo, detrás de la aparente facilidad para obtener créditos en Elektra, se esconde una realidad mucho más compleja y preocupante: la explotación de la vulnerabilidad económica a través de tasas de interés exorbitantes, que empujan a miles de familias a un ciclo de endeudamiento que exacerba y profundiza la desigualdad.
La empresa Elektra, fundada en 1950 por Hugo Salinas Price, padre de Ricardo Salinas Pliego, capitaliza la precariedad y la exclusión financiera, explotando un modelo de negocio que, si bien opera dentro del marco legal, abre una buena cantidad de interrogantes éticas y sociales.
Pero vayamos al meollo del asunto:
El corazón del problema, y donde late el negocio agiotista de Salinas Pliego, reside en que un amplio sector de la población en México carece de servicios bancarios formales.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF) de México, en 2023, aproximadamente el 40% de la población adulta en México no contaba con acceso a ningún producto financiero formal (cuenta bancaria, tarjeta de crédito, etc.).
Esta brecha, lamentablemente, se ha acentuado en zonas rurales y comunidades con bajos ingresos.
Y es justo aquí, en el terreno fértil de la exclusión, es donde Elektra, a través de su brazo financiero, Banco Azteca, y sus tiendas de bienes de consumo, ha construido su vasto y pernicioso imperio.
De hecho, la CONAIF, en su informe de 2023, dio a conocer que la principal institución dispersora de créditos, ese año, fue Banco Azteca.
En la empresa Elektra, que cuenta con dos razones sociales: Nueva Elektra del Milenio, S.A. de C.V. y Grupo Elektra, S.A.B. de C.V., se ofrecen con bombo y platillo, entre otros servicios, créditos “rápidos” y sin grandes requisitos, que resultan sumamente atractivos para aquellas personas que suelen ser rechazadas por la banca tradicional o, incluso, para aquellos que no cumplen con sus exigencias documentales y de historial crediticio.
Tasas de Interés: un ancla al fondo del endeudamiento
Sin embargo, la contraparte de esta simulada “facilidad” para obtener créditos en Elektra son las elevadísimas tasas de interés.
Y es que, aunque las cifras varían según el tipo de producto (crédito de nómina, préstamo personal, compra a plazos), lo cierto es que los intereses son exponencialmente más altos que las ofrecidas por la banca formal.
Un préstamo de nómina, en Elektra, que es otorgado por Banco Azteca, S.A., tiene un Costo Anual Total (CAT) de 92.9% sin IVA, de acuerdo con el cálculo más reciente (al 31 de marzo de este 2025) dado a conocer por la empresa de Salinas Pliego.
Por ejemplo, si el solicitante obtiene un crédito de 10 mil pesos, sumándole el 92.9% más IVA, al final el prestatario terminará pagando más de 20 mil pesos.
Esta abismal diferencia se traduce en que una persona, por un artículo de mil pesos, por ejemplo, puede terminar pagando 2 mil o 2 mil 500 pesos, simplemente por los intereses.
Y estos préstamos alcanzan tasas de interés anuales que oscilan entre el 80% y el 150%, e incluso más en algunos productos.
Cabe destacar que estos intereses leoninos superan con creces las tasas promedio de créditos personales bancarios, que rara vez superan el 50% anual para clientes con buen historial.
El perfil del cliente: la necesidad como motor de la aceptación
El cliente promedio de Elektra suele ser alguien con ingresos precarios y una necesidad imperiosa.
Las personas que suelen ser las víctimas pérfidas de este conglomerado son los trabajadores informales, las amas de casa con un pequeño emprendimiento, o los adultos mayores con una pensión mínima.
Para estas personas, la compra de un electrodoméstico, una motocicleta, o el acceso a un pequeño préstamo, representa una solución inmediata a un problema urgente, incluso si ello implica asumir condiciones desfavorables.
Y justo de estas necesidades se han aprovechado vorazmente las empresa de Ricardo Salinas Pliego.
El gobernador Mauricio Kuri reparte Querétaro como si fuera herencia; sobrino desaparece empresas de su declaración patrimonial
Por Ricardo Sevilla
En el corazón del Bajío mexicano, el estado de Querétaro se ha consolidado como un bastión de crecimiento industrial y plusvalía inmobiliaria.
Sin embargo, tras la fachada de modernidad, se teje una red de influencias que vincula el despacho del gobernador panista Mauricio Kuri con las notarías y oficinas de desarrollo urbano.
A través de una investigación de Los Reporteros MX, detectamos cómo José Yamil Kuri Soto, sobrino del mandatario panista, fue catapultado a la Secretaría de Desarrollo Urbano de Corregidora con apenas 20 años y un título recién impreso de la Universidad Anáhuac.
Sin experiencia previa, el joven funcionario no solo se dedicó a administrar el crecimiento de la ciudad, sino que, paralelamente, se fue encargando de expandir un imperio inmobiliario personal que decidió omitir sistemáticamente en sus declaraciones de situación patrimonial.
Y aquí el hilo conductor es justo el conflicto de interés: y es que mientras Yamil firma licencias de cambio de uso de suelo en zonas de alta exclusividad como El Refugio, sus propias empresas —donde su tío es socio— se ven beneficiadas por la plusvalía generada por las decisiones gubernamentales.
Y eso no es todo.
La triangulación incluye a personajes clave como Rogelio Vega y a empresas “fantasma”, como Inmobiliaria Santa Fe, que tras dejar una estela de deudas en Puebla, hoy ha encontrado tierra fértil en Querétaro bajo el amparo del “Kurismo”.
De hecho, los datos duros muestran una contradicción estructural en la información dada a conocer por el sobrino del gobernador Kuri:
Ingresos declarados: 67 mil 674 MXN netos mensuales.
Realidad documentada: Socio en al menos 7 empresas y titular de trámites de cambio de uso de suelo en zonas premium.
El panismo en Querétaro (y más concretamente el Kurismo) no quiere que la gente sepa que esta “invisibilidad patrimonial” es una técnica de supervivencia de las élites para evitar el escrutinio público, mientras utilizan el aparato estatal para el rent-seeking (obtención de rentas a través del control de licencias).
Infelizmente, este 2025, en Querétaro, la normalización del nepotismo ha revelado una captura del Estado por parte de grupos panistas de interés inmobiliario.
Desde hace tres meses el presidente municipal de Ixtapaluca, Felipe Arvizu, no se ha presentado a trabajar, sin embargo, continúa cobrando su salario mensual de más de 77 mil pesos; habitantes denuncian un creciente aumento de la violencia así como un permanente abandono.
Por Martha Rojas
Mientras Ixtapaluca se hunde en una creciente crisis de violencia y abandono, el presidente municipal, Felipe Arvizu, desaparece sin dejar rastro.
Desde finales de septiembre pasado el presidente municipal no se ha parado en las oficinas del Palacio Municipal, aunque sigue cobrando su salario como lo ha hecho desde 2021, cuando sucedió a la priísta Maricela Serrano.
Felipe Rafael Arvizu de la Luz continúa embolsándose 77 mil 132 pesos mensuales sin necesidad de pararse en su oficina o explicar su ausencia a sus dependientes y gobernados.
El morenista hizo su última aparición pública el pasado 10 de noviembre de 2025, cuando a través de X compartió una fotografía con Francisco Coca Maldonado, coordinador del Corredor Económico del Bienestar en el Estado de México.
Luego de un mes y medio, Arvizu volvió a dar señales de vida el 18 de diciembre al asistir al funeral de Víctor Hugo Bravo Ramírez, gerente de administración y finanzas de OPDAPAS Ixtapaluca. Luego de eso, el presidente municipal volvió a desaparecer, limitándose a compartir videos navideños en su página oficial de Facebook.
Sin embargo, fuentes cercanas a este diario afirman que el presidente no asiste a las oficinas gubernamentales desde hace meses.
El presidente también ha rehusado explicar si su ausencia se debe a una enfermedad o simplemente a que el municipio no le interesa. Pues desde que tomó el poder en 2021, los cambios positivos en la demarcación han sido pocos o nulos.
En un municipio marcado por la creciente violencia, sólo destaca el aumento desmesurado de los impuestos sobre el predial, el agua e incluso la falta de mantenimiento al drenaje, y de todas las vías principales como la avenida Cuauhtémoc, la principal conexión entre Puebla y Cuautla con la Ciudad de México.
Fue justamente en un tramo de la avenida Cuauhtémoc —a la altura de Santa Bárbara— donde a finales de septiembre iniciaron trabajos de reencarpetamiento.
Una obra que coincidió con la “desaparición” del presidente municipal y que enfureció a vecinos de la localidad. Pues el tramo de 1.4 kilómetros, que lleva tres meses en obra no necesitaba reparación. A diferencia del distribuidor vial hacia Chalco, o la prolongación de la avenida Cuauhtémoc a la altura de Ayotla, donde los baches y el deterioro de la carpeta asfáltica son evidentes.
La falta de mantenimiento y las lluvias de la temporada provocaron fuertes estragos en el municipio. Desde 2024, cuando se tomaron las últimas fotografías de Google Street View, hasta diciembre de 2025, la avenida Cuauhtémoc no ha tenido una sola obra de mantenimiento. Y cada día, la avenida está peor.
Entre el derroche y la corrupción
El mandato de Felipe Arvizu no sólo se ha hecho célebre por su nulo impacto, sino también porque apenas en julio, Nora Chávez, directora de Servicios Públicos de Ixtapaluca, fue captada recibiendo una cuantiosa suma proveniente de la extorsión a recolectores de basura que operan en el municipio.
De acuerdo con los recolectores, la funcionaria recibiría un pago semanal de 15 mil pesos para permitir la operación de dichos camiones. Sumado a ello, recibiría una cuota adicional de 500 pesos por cada una de las 150 unidades que operan en el municipio. Lo cual daría una suma de hasta 75 mil pesos semanales que no forman parte de los ingresos registrados por parte del municipio.
Al respecto, el presidente municipal de Ixtapaluca, Felipe Arvizu, no ha hecho ningún posicionamiento, como tampoco lo ha hecho respecto a su salud o a su capacidad para dirigir un municipio.
¡Ninfa Salinas ingresó al consejo consultivo de la Fundación IMSS!
Por Ricardo Sevilla
“Hoy hay más Fundación Azteca en el IMSS y más IMSS en Fundación Azteca que nunca”, afirmó este 2025, orgulloso, Zoé Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Y eso no fue todo.
En LosReporteros Mx le dimos a conocer que Robledo firmó convenio para la implementación de la Orquesta y Coro IMSS Esperanza Azteca, a pesar de que el dueño de Elektra adeudaba 74 mmdp al SAT.
El dueño de Grupo Salinas, a través de sus orquestas, entró por la puerta grande en el IMSS y, gracias a ello, ya tiene presencia en la CDMX, Nuevo León, Edomex y Coahuila.
Salinas Pliego puso 110 instrumentos destartalados y el IMSS, pese a que lo negó, se ha dedicado a cargar con todo el paquete; es decir: paga la nómina de los profesores, pone los foros, auditorios y aulas del IMSS.
A través de un reportaje especial, le revelamos que el 5 de julio de 2023 se firmó el Convenio General de Colaboración entre el IMSS y Fundación Azteca de Grupo Salinas, dentro del Teatro Cubierto San Jerónimo Independencia.
Pero eso no fue todo.
Una vez que Salinas Pliego vendió al IMSS la idea de sus coros al Instituto Mexicano del Seguro Social, no se ofreció ni un solo concierto.
No fue sino hasta 2024 cuando el IMSS puso en marcha el Coro IMSS Esperanza Azteca, con un concierto pequeño el cual decidió financiarse con parte del presupuesto del IMSSy concierto supuestos “donativos” gestionados a través de la Fundación Azteca.
El coro, le dimos a conocer en su momento, estuvo integrado por 194 menores. Y aunque el director de la institución, Zoé Robledo, afirma que el coro ha sido un éxito, desde su fundación, lo cierto es que, hasta diciembre de este 2025, solo realizaron una presentación en el foro Independencia.
Lo extraño es que el IMSS, a través de un comunicado, anunció que estaban trabajando para que el IMSS tenga otros 35 coros similares a un costo que, a pesar de las solicitudes de información que hemos pedido al IMSS, la institución aún no ha querido esclarecer.
Lo cierto es que, en años recientes, más de 1,700 millones de pesos del erario público han sido inyectados a los Coros Esperanza Azteca, y otros 10 millones de pesos han sido entregados a sus Planteles Azteca.
De la batuta filantrópica a la caja registradora pública
El caso de los Coros y Orquestas Esperanza Azteca es paradigmático. Su origen se remonta a una iniciativa del violinista Julio Saldaña, quien, ante la necesidad de financiación, se vio obligado a ceder los derechos de su proyecto a Salinas Pliego. Lo que inicialmente se presentó como un mecenazgo de Grupo Salinas, pronto reveló su verdadera fuente de sustento: la Secretaría de Educación Pública (SEP), CONACULTA, la Cámara de Diputados y, más recientemente, el IMSS.
La trama se complejiza con la figura de Esteban Moctezuma Barragán, exdirector de Fundación Azteca, quien posteriormente asumió el cargo de Secretario de Educación Pública. Esta transición no fue fortuita. En 2019, bajo su gestión en la SEP, los Coros Azteca fueron transferidos y renombrados como Orquestas y Coros de la Nueva Escuela Mexicana (ONEM). Sin embargo, antes de esta “millonaria transición”, la Fundación Azteca, en presunto contubernio con Moctezuma, supo explotar el potencial económico de las orquestas.
Un ejemplo terriblemente elocuente es el Fideicomiso Centro de Capacitación Esperanza Azteca en Puebla, creado en 2012 mediante un acuerdo con el gobierno estatal, entonces liderado por Rafael Moreno Valle.
Aquel fideicomiso no solo canalizó recursos públicos, sino que también implicó la cesión de un inmueble de más de 5 mil hectáreas, “La Constancia Mexicana”, a favor de las Orquestas y Sinfónicas Azteca. Entre 2011 y 2018, esta red de “donaciones” y contratos gubernamentales sumó los impresionantes 1,700 millones de pesos.
¿Y sabe qué? Terminó 2025 y el director del IMSS, no se molestó en aclarar esta situación. ¿Seguirá Zoé Robledo al frente de una institución tan importante?
