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  • Ciro Murayama: la ‘“autonomía” del derroche

    Ciro Murayama: la ‘“autonomía” del derroche

    Por Ricardo Sevilla

    El exconsejero del INE gana, en el Centro de Estudios Mexicanos UNAM-España, más que la presidenta Sheinbaum.

    Mensualmente, Ciro Murayama Rendón gana más de 132 mil pesos mensuales por dirigir un Centro de la UNAM en España que sólo se dedica a organizar charas virtuales y conferencias con lo que la máxima casa de estudios llama escritores de la “casa”.

    Una solicitud de transparencia realizada por ReporterosMx reveló que el exasesor del Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral, José Woldenberg, percibe 6 mil 454 euros mensuales netos, que al tipo de cambio de hoy, 26 de noviembre, corresponde a 137 mil 287 pesos con 87 centavos.

    De acuerdo con la Secretaría de Hacienda (SHCP), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo percibe un sueldo neto mensual de 134 mil 290 pesos. Esto significa que Ciro Murayama gana 2 mil 997 pesos más que la Presidenta.

    De esta manera, el profesor de Facultad de Economía de la UNAM –donde no imparte clases desde hace tiempo– escapa de la tan sonada, pero mal aplicada, norma de la SHCP que establece que ningún funcionario puede percibir un sueldo más alto que la titular del Poder Ejecutivo.

    La máxima casa de estudios intenta justificar estos altos sueldos alegando que, técnicamente, ni los profesores, ni los rectores, ni otro algún otro trabajador dependiente de la UNAM es legalmente un servidor público.

    En ese sentido, la autonomía de la Universidad se hace valer en su máximo esplendor, puesto que la cúpula dorada no está obligado a rendir cuentas, ni a seguir los criterios de transparencia o elegibilidad para los que cualquier funcionario público tendría que demostrar algo más que “palancas” o contactos influyentes.

    Lamentablemente, siguiendo la herencia de la meritocracia selectiva, la UNAM ha designado para los centros, como el que dirige Ciro Murayama, y en los que gasta más de 71 mil millones de pesos al año, a personajes con dudosa reputación, pero con influjo y conexiones en las altas esferas.

    Ejemplo de ello es precisamente Ciro Murayama, señalado por avalar el fraude electoral de 2006 en contra del entonces aspirante –y ulterior presidente, en 2018– Andrés Manuel López Obrador.

    Además de Murayama, la lista de funcionarios bien pagados incluye al escritor Jorge Volpi, predecesor de Ciro Murayama en el Centro de Estudios Mexicanos en España, y a la nueva directora del Centro UNAM en Chile, Sandra Lorenzano, una narradora argentina que ha aprovechado muy bien sus conexiones en la UNAM para obtener buenos puestos y publicar sus novelas.

    Viáticos, viajes, reuniones…

    Ciro Murayama ha gozado de una mimada estadía en la UNAM, no sólo como profesor de la Facultad de Economía, de donde se tomó un año sabático para promocionarse como consejero del INE, o como miembro del Sistema Nacional de Investigadores, sino también como funcionario de la UNAM en España.

    Murayama, que también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, recibe de la UNAM una renta anual de 732 mil 563 pesos.

    Cabe destacar que la máxima casa de estudios, donde varias sedes académicas mantienen un paro indefinido a causa de la inseguridad y la impunidad, dilapida 44 mil pesos en viáticos y otros 324 mil 396 pesos en lo que ellos denominan “Gastos de Intercambio”, y que no son otra cosa que viajes con cargo a la Universidad.

    Cada año, la UNAM asigna una millonaria partida presupuestal para la manutención de estos Centros UNAM en el extranjero y de todo el personal que labora ahí, tal como ya dimos a conocer en una investigación especial, publicado aquí, en ReporterosMx.

    Lo perturbador es que el financiamiento de estas sedes de la UNAM en el extranjero proviene, de acuerdo con la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales del “Gobierno Federal de México”.

    Lamentablemente, los resultados no han sido destacados ni satisfactorios para el grueso de la comunidad universitaria, en especial de alumnos y profesores que, a pesar de tener años de trayectoria, no pueden acceder a esta clase de privilegios, como los que tiene Ciro Murayama y la casta dorada de la UNAM.

    Infelizmente, la máxima casa de estudios, que en otro tiempo personificó el sentido de la democracia, la igualdad y el progreso, hoy se ha convertido en el símbolo más pringoso del nepotismo, el amiguismo y el derroche.

  • Jorge O’Reilly: corrupción en barrios de lujo sobre humedales y comunidades desplazadas

    Jorge O’Reilly: corrupción en barrios de lujo sobre humedales y comunidades desplazadas

    Por Nathael Pérez


    El empresario inmobiliario y colaborador de el diario La Derecha, Jorge O’Reilly, construyó su imperio sobre humedales del Gran Buenos Aires, Argentina. Sus desarrollos, en perjuicio del ecosistema y de comunidades originarias, muestran una conjunción de negocios opacos, privilegios y vulneraciones ambientales. Este texto revela cómo su firma avanza en terrenos regulados, desplaza a pobladores originarios y presiona a quienes se resisten.


    En las vastas planicies del delta del Río Luján, en la zona de Tigre y Escobar, un fenómeno inmobiliario silencioso viene transformando humedales, zonas de inundación y costas hasta hace poco irrelevantes para el gran negocio del country de lujo. Al frente de esta avanzada está Jorge O’Reilly, colaborador de el diario argentino La Derecha y presidente de EIDICO S.A., desarrolladora especializada en emprendimientos de alto nivel para élites.

    Su estrategia se apoya en un dato revelador: en esa cuenca baja del río Luján existían ya para 2010 más de 50 urbanizaciones cerradas acuáticas que ocupaban cerca del 10 % del territorio estudiado, muchas transformadas mediante rellenos, canales artificiales y elevación de suelo para evitar riesgos de inundación. EIDICO aparece como responsable directo del 30 % de esas urbanizaciones, de acuerdo un estudio de la Universidad Nacional de la Plata. 

    O’Reilly no se detuvo ahí. Fue sobre esos humedales —que funcionan como esponja natural ante lluvias y sudestadas— donde promovió desarrollos emblemáticos. Los mecanismos: rellenos de napas, terraplenes para elevar cotas edificables por debajo de los 8,5 m sobre el nivel del mar, cuando la normativa imponía elevaciones superiores para evitar inundaciones.

    El impacto no es solo ambiental. Cuando esas estructuras urbanas borran humedales, provocan una externalidad directa: el agua va a otro lado. Vecinas y vecinos de la zona denuncian que cada Sudestada trae consigo un nuevo nivel de inundación. Un análisis lo confirma: “la alquimia entre suelos baratos, acceso a cursos de agua y carteles de lujo” explica el brutal avance inmobiliario en zonas reservadas hasta antes para “lo malo del paisaje urbano”.

    El relato de O’Reilly –como que “desarrolla al costo” para pequeños inversores– no logra ocultar esta paradoja: transformó terrenos de alto riesgo ambiental en lotes de lujo, mientras evita someterse a los estándares de evaluación ambiental.

    Pero el daño no acaba en los suelos: en el paraje conocido como Punta Querandí, entre Dique Luján y Maschwitz, un territorio ribereño ancestralmente habitado por comunidades querandíes, chanás y guaraníes, O’Reilly y su empresa mantienen un litigio que simboliza ese despojo silencioso.

    La comunidad denunció que en 2017 la firma de O’Reilly solicitó el desalojo del Museo Autónomo de Gestión Indígena y de instalaciones productivas instaladas por la comunidad en la parcela 321‑f. En sus escritos, la empresa califica a los comuneros como “fuente de conflictos” y menciona “episodios de violencia, amenazas y robo de alambrados” para argumentar el desalojo.

    Los relatos de quienes habitan la zona son aún más perturbadores: un albañil denunció que le ofrecieron dinero para incendiar “los ranchos” de Punta Querandí a fin de liberar al terreno para el barrio privado lindero. Una monja vinculada al entorno del Opus Dei, organización a la que pertenece O’Reilly, fue acusada de hostigar y calificar a los miembros de la comunidad como “indios truchos”. 

    Es difícil obviar el contraste: mientras O’Reilly promueve supuestas “valores tradicionales” y sostiene que sus desarrollos generan empleo y orden urbano, al mismo tiempo bloquea el acceso público a la ribera, valla espacios usados por la comunidad y opera desde una lógica de negocios que vulnera derechos colectivos y ecosistemas enteros.

    El problema no es solo moral, es estructural: un modelo de negocio que se apoya en vacíos regulatorios, privilegios y una relativa impunidad ambiental. Los documentos lo confirman: la autorización del emprendimiento no implicaba permiso para construir, y sin embargo se vendían lotes antes de la factibilidad definitiva

    En este escenario queda claro que O’Reilly encarna más que un empresario inmobiliario: representa un poder que articula negocios, diplomacia, religión y urbanismo en una zona con índices crecientes de vulnerabilidad. Los humedales están bajo asedio, las comunidades bajo presión, y los vacíos legales se transforman en muros —literalmente— que delimitan quién pertenece al “parque” y quién queda inundado esperando respuesta.

    Cuando el desarrollo se come los humedales y sepulta memorias comunitarias, el “país del progreso” se convierte en un espejo con muros altos donde algunos miran desde el jardín de lujo mientras otros luchan para no ahogarse en su patio trasero.

    Fuentes principales:

  • Bustos, Adler y Santuario: Lacayos de Javier Negre en La Derecha Diario

    Bustos, Adler y Santuario: Lacayos de Javier Negre en La Derecha Diario

    Se les acusa de ser meros “lacayos” del periodista ultraderechista español Javier Negre, dedicados al “golpeteo bajo” en lugar de al análisis serio. Destaca el activismo ruidoso y la grosería de Adler, la ideología radical de Bustos Thames y la ambición política de Santurio. 

    Qué fácil se les hace a ciertos personajes pasear su mediocridad con aires de sabelotodos. 

    Resulta que en el rincón más polvoriento del ecosistema digital, conocido como La Derecha Diario, se ha consolidado un grupo de periodistas “críticos” y “apegados a la verdad”, pero que de originales no tienen nada. 

    Hablamos de Juan Pablo Bustos Thames, Daniel Adler (el autodenominado “Gordo Dan”), y Santiago Santurio, tres figuras que más que escribir columnas o notas informativas, parecen operar como la brigada de utilería del verdadero jefe de la función: el mismísimo influencer ultra español, Javier Negre

    Es decir, son los lacayos con libreta, los monaguillos con megáfono de la cruzada libertaria.

    Bustos Thames, Santurio y Adler no son pensadores; son meros repetidores de un libreto preestablecido. Sus escritos, lejos de ofrecer análisis profundos, son poco más que gritos destemplados envueltos en la bandera del “combate cultural”. 

    En lugar de proponer ideas, se dedican a la gimnasia del golpeteo bajo, la descalificación y el linchamiento digital, práctica que, no sorprende, aprendieron a la perfección de su mentor peninsular. 

    Bustos Thames, con su perfil casi anónimo, parece el más aplicado de los tres, escribiendo sin descanso sobre el dogma liberal y negando cualquier atisbo de complejidad social que no encaje en su ideología de derecha radical. No investiga, recita.

    En 2018 fue detenido tras ser señalado como presunto integrante de una red dedicada a robar y vender información reservada de la AFIP. La Policía Federal allanó el estudio jurídico y el domicilio de Bustos en busca de soportes electrónicos y documentación vinculada al caso, quedando incomunicado tras los procedimientos.

    Luego está el fenómeno Daniel Adler, personaje conocido por su activismo ruidoso en redes y su participación en eventos como “La Misa del stream Carajo”, no solo genera polémica sino que parece vivir de ella. 

    Su modus operandi es tan sutil como un martillazo: la burla homofóbica y el insulto como argumento principal. Si la ultraderecha argentina tuviera un jingle, probablemente lo cantaría entre un improperio y una arenga. Es la prueba viva de que la “libertad” que pregonan se reduce, en la práctica, a la libertad para ser grosero. Su rol no es informar, es arengar al bajo instinto.

    Adler, conocido como “Gordo Hitman”, se presenta en redes y en canales de streaming como un especialista en seguridad y contraterrorismo con un pasado heroico en las fuerzas especiales israelíes, pero su biografía oficial está llena de inconsistencias: no hay registros de sus supuestas condecoraciones, misiones o cargos, y su trayectoria real se acerca más a la de un coach financiero devenido prestamista que administra empresas sin sustento comprobable. 

    Finalmente, encontramos a Santiago Santurio, quien utiliza La Derecha Diario no solo como plataforma de opinión, sino como pista de despegue para su carrera política dentro del espacio de La Libertad Avanza. 

    Santurio es la cara más visible de esta operación: el joven político ambicioso que, en lugar de debatir ideas serias, se alinea al circo mediático. Su principal escándalo no son los sobres con dinero, sino los sobres de lealtad incondicional que reparte a la dirigencia del partido, asegurando su lugar en la foto, aunque el costo sea el rigor intelectual y la decencia periodística. 

    El escándalo de los sobresueldos en el Ministerio de Capital Humano comprometió a Javier Milei a través del diputado Santiago Santurio, un dirigente cercano al Presidente cuya proyección había crecido tras la salida de Oscar Zago del bloque libertario. 

    Santurio, referente conservador y aliado de Martín Menem, fue señalado dentro de La Libertad Avanza por su presunto involucramiento en contratos irregulares con la OEI y por haber intentado posicionarse para reemplazar a Pettovello desde Educación, mientras mantenía vínculos con estructuras políticas y policiales cuestionadas por realizar inteligencia sobre vecinos en San Miguel. 

    Todo ello amplificó el malestar y las sospechas dentro y fuera del oficialismo.

    Son estos tres, en el fondo, los que validan el chiste: que en La Derecha Diario, el único periodismo que importa es el que aplaude a sus jefes, sean estos españoles o locales. Son el coro griego del odio y la poca sustancia.

  • Denuncian red criminal de Jancarlo Lozano en GAM

    Denuncian red criminal de Jancarlo Lozano en GAM

    Por Ricardo Sevilla

    Vecinos frenan megaproyecto opaco de Janecarlo Lozano en la GAM y lo señalan por vínculos con la delincuencia organizada

    Vecinos lograron frenar la remodelación del parque Corpus Cristie, emprendida por el alcalde Janecarlo Lozano Reynoso, una obra de la que dependencias no tenían conocimiento ni habían autorizado presupuesto; además, lo acusan de proteger a bandas de extorsionadores como “Los Tanzanios”.

    Mientras el gobierno local del alcalde Janecarlo Lozano Reynoso presume una reducción histórica de los delitos cometidos en la Gustavo A. Madero, vecinos denuncian que es el propio alcalde el que estaría cometiendo ilícitos al, presuntamente, proteger a una banda delictiva denominada “Los Tanzanios” y desviar recursos en obras públicas no solicitadas.

    En septiembre de 2025 comenzó una pugna legal entre vecinos de la colonia Guadalupe Tepeyac y el alcalde Janecarlo Lozano, quien ya había revelado sus aspiraciones para contender por la jefatura de Gobierno de la CDMX. El motivo de la disputa era una colosal remodelación al parque Corpus Christie, el cual tuvo una primera remodelación en 2014, y el cual, de acuerdo con testimonios de los propios vecinos, funcionaba correctamente, aunque carecía de mantenimiento como pintura y poda de pasto.

    No obstante, sin consultar a los vecinos y sin informar a la Secretaría de Obras Públicas de la GAM, el alcalde inició una obra para enrejar el parque y construir un ojo de agua al interior.

    Un día, los trabajadores de la alcaldía comenzaron a talar árboles, una acción que detonó la alerta entre los vecinos.

    Tras solicitar explicaciones, el alcalde de Gustavo A. Madero aseguró que el parque sería revitalizado con una presunta inversión de 50 millones de pesos. La intención, aseguró, era construir un “Edén” similar al que Brugada inauguró en “El Mestizaje”, en la misma demarcación apenas en agosto.

    Sin embargo, los vecinos objetaron que el parque “no necesitaba una remodelación, sino mantenimiento” y que tampoco estaban de acuerdo en que el espacio fuera enrejado.

    Acusaron que, de inicio, se trataba de una estrategia de Janecarlo para acaparar los reflectores mediáticos que lo catapultarán a la contienda electoral por la jefatura de Gobierno de CDMX 2030. También acusaron que la alcaldía no pudo declarar de dónde procederían los recursos para la remodelación, pues desde 2014 el parque no ha tenido mantenimiento.

    Una denuncia ciudadana alertó a las autoridades sobre la obra y la opacidad de los recursos con los que habría de construirse.

    El 3 de septiembre de 2025, los vecinos presentaron una demanda de amparo para frenar la obra y, el 30 de octubre, un Juzgado de Distrito sobreseyó el caso, concluyendo la suspensión definitiva de las obras.

    Sobre la procedencia de los recursos o el plan de desarrollo urbano, la alcaldía se negó a transparentarlo, al considerar que era información de tipo reservada.

    Finalmente, el 4 de noviembre de 2025, la Secretaría de Obras y Desarrollo Urbano de la GAM notificó a los vecinos que no tenían conocimiento o autorización para llevar a cabo la remodelación del parque Corpus Cristie y se deslindó de las acciones que el alcalde realizaba.

    Hasta el momento, la alcaldía solo accedió a responder que se habían talado 16 árboles y que la remodelación había sido consultada con “vecinos”, prueba de ello fue un video generado con IA en el que aparentemente se veía una reunión vecinal. Además, los propios habitantes de la colonia Gadalupe Tepeyac señalaron que los vecinos consultados por el alcalde “ni siquiera” vivían en la alcaldía.

    Acusan vínculos con “Los Tanzanios”

    Los señalamientos de incompetencia y corrupción contra el alcalde Janecarlo comenzaron meses después de que ganara la elección.

    En julio de 2025, un Comité Vecinal presentó un informe ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en el que vinculó al alcalde expriísta y ahora morenista con “Los Tanzanios”, una banda de narcomenudistas y generadores de violencia oriundos de Iztapalapa, que han extendido el terror y la inseguridad sobre otras demarcaciones como la Gustavo A. Madero y Tláhuac.

    El informe del Comité detalló que sujetos, vinculados a “Los Tanzanios”, subían a las unidades de transporte público de la GAM para extorsionar a los operadores.

    Además, acusaban venta de droga y la organización de arrancones sobre las avenidas principales, generando inseguridad y violencia en la demarcación.

    “Usan placas sin casco para escapar. (…) llevan armas de uso del ejército escondidas en las motos. (…) dejan subir a los extorsionadores de “Los Tanzanios” a pedir dinero. Visten sudaderas azules con estampados del Demonio de Tazmania.

    Las cámaras de videovigilancia y los botones de auxilio fueron desactivados por miembros del Cártel de los Nazis, que operan de noche con autos color blanco sin placas… Son bandas protegidas por el alcalde de Gustavo A. MaderoJanecarlo Lozano Reynoso”, denuncia el escrito.

    Bandas y delitos que aquejan a la segunda alcaldía más poblada de la CDMX, para la cual en 2024 se solicitó una partida adicional de 6 mil 400 millones.

    Una alcaldía que hoy presume una reducción del 74% en los delitos, mientras los habitantes señalan al alcalde por opacidad y vínculos con el crimen organizado.

  • Impunidad de la SCJN en la era Piña: adeudos de Salinas y su homenaje a Zedillo

    Impunidad de la SCJN en la era Piña: adeudos de Salinas y su homenaje a Zedillo

    En la gestión de Norma Lucía Piña Hernández, la Suprema Corte de Justicia de la Nación acumuló señalamientos por una constante percepción de impunidad en casos de alto impacto, desde corporativos multimillonarios hasta el reconocimiento a un expresidente conservador.

    Cuando Norma Piña estaba en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la institución acumuló señalamientos como si fueran medallas… pero todas por impunidad. Bajo su mando, el máximo tribunal no solo cargó con la sombra de decisiones polémicas: también pareció especializarse en hacer esperar a la justicia mientras los “poderosos” ganaban tiempo.

    El caso más ruidoso fue el de los amparos fiscales de Ricardo Salinas Pliego. Durante años, Grupo Salinas utilizó recursos legales para posponer el pago de más de 33 mil millones de pesos. Y cuando en 2024 Piña admitió un recurso de reclamación —que ni Hacienda pudo digerir sin arquear la ceja— muchos lo leyeron como un elegante “pase usted” a la dilación. Al final, la Corte resolvió que Salinas debía pagar… pero él, fiel a su estilo, sigue sin hacerlo. 

    Otro episodio vergonzoso para coronar su mandato se dio cuando Piña cerró con un informe en el que elogió la reforma judicial de Ernesto Zedillo de 1994 —un gesto que muchos interpretaron como nostalgia por los tiempos en que los ministros no tenían que someterse a la molestia de un voto popular. 

    Su presidencia, además, estuvo marcada por pleitos con los gobiernos de AMLO y Claudia Sheinbaum, protestas internas, controversias por fideicomisos y resoluciones que parecían guiñarle el ojo a sectores conservadores.

    La Corte que dejó atrás arrastraba más de 1,500 asuntos sin resolver al cierre de agosto de 2025. Y en un país donde apenas 14 de cada 100 delitos llegan a sentencia, los casos de Salinas Pliego y la Guardería ABC exponen una realidad incómoda: la justicia mexicana no solo era lenta; parecía decidir a quién sí y a quién no le aplica la ley.

    Eso sí: Norma Piña obtendrá un aguinaldo de 445 mil pesos.

  • ¡Jubilación de Oro!

    ¡Jubilación de Oro!

    Suprema Corte desembolsará 23.2 mdp en seis ministros que ya no prestan ningún tipo de servicio a la nación

    Por Ricardo Sevilla

    Tras firmar su renuncia, exministros como Norma Lucía Piña Hernández, Luis María Aguilar Morales (quien concluyó su periodo el 30 de noviembre), Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek y Juan Luis Alcántara se hicieron acreedores a un haber de retiro que incluye un jugoso aguinaldo cercano al medio millón de pesos.

    Pese a que hace unos meses ocho de los 11 exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentaron su renuncia y dejaron sus funciones, este Fin de Año cobrarán una cuantiosa suma en forma de aguinaldo.

    Norma Lucía Piña Hernández, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek y Juan Luis Alcántara recibirán en promedio 445 mil pesos en aguinaldo, según la tabla de remuneraciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vigente en 2024.

    Los ministros que firmaron su renuncia antes del 30 de octubre de 2024 y renunciaron a participar en la elección de ministros se hicieron acreedores a un Retiro de Haber. Este retiro de haber incluye, además de su sueldo mensual, prestaciones mayores como aguinaldo, seguro de gastos médicos mayores, prima vacacional, pago por riesgo o reembolso de compra de medicamentos.

    Además, se les brindó la opción de comprar el vehículo que usaron durante sus funciones.

    De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el haber de retiro para cada ministro se calcula con base en el último salario mensual que percibían. Aunque el tabulador publicado en el Diario Oficial de la Federación estipulaba un sueldo máximo de 206 mil 948 pesos, hubo ministros que se llevaron más de 100 mil pesos adicionales en compensaciones.

    Monto que ahora seguirán cobrando en forma de haber de retiro por los próximos dos años. De calcularse individualmente, seis exministros de la SCJN cobrarán mensualmente:

    Es decir que, al año, la Corte tendrá que desembolsar unos 23.2 millones de pesos para pagar a seis ministros que no prestan ningún tipo de servicio público. Aunado a ello, cada ministro recibirá en promedio los 445 mil pesos de aguinaldo, dando un total de 2 millones 670 mil pesos en bonificaciones de Fin de Año.

    Pensión vitalicia por años

    Cabe señalar que el haber de retiro se calcula con base en el salario mensual que percibían los exministros.

    Sin embargo, sólo los ministros que completaron los 15 años para los que fueron elegidos tienen acceso al 100% del monto, mientras que aquellos con menos tiempo recibirán una parte proporcional. Luego de dos años, a todos se les reducirá un 20% del monto que ya reciben.

    Durante los dos primeros años, exministros como Norma Piña o Javier Laynez Potisek acceden al 64.8% del pago, mientras que Alberto Pérez Dayán o Alfredo Gutiérrez recibirán el 85%.

    Sólo el exministro Pardo Rebolledo recibe el 97%, pues fue el único que completó el periodo de 15 años.

    Para cubrir las pensiones de estos seis ministros, la Corte tendrá que desembolsar más de 23 millones de pesos, suma que se añade a lo que ya pagaba a 10 ministros que se retiraron antes de 2025, entre ellos Arturo Zaldívar o Luis María Aguilar Morales, quien cobra mensualmente 206 mil 948 pesos.

    Es decir, que para los próximos dos años, la Corte tendrá que pagar más de 54 millones de pesos en retiros.

    El salario mínimo de un trabajador está fijado en 278 pesos diarios, por lo que las pensiones de los exministros equivalen al trabajo de un día de 194,244 mil mexicanos.

    Lamentablemente, los gastos de la Corte no pararán ahí, pues cerca de 800 jueces y magistrados esperan se finiquite su liquidación.

    Y mientras ellos esperan, la tasa de impunidad en el país se dispara, pues sólo 14 de cada 100 delitos que se denuncian se resuelven con una sentencia.

  • Damián Zepeda no declara sus empresas y recibe sueldazo en el Senado

    Damián Zepeda no declara sus empresas y recibe sueldazo en el Senado

    Por Miguel Ángel Teposteco Rodríguez

    Los Reporteros MX.- Damián Zepeda ha navegado con la bandera de ser una voz crítica dentro del PAN, llamando a la renovación del partido desde hace años, frente a las derrotas electorales que sufrieron sus filas entre 2018 y 2024.

    Pero lejos de esa imagen de hombre sensato que “sabe lo que quiere el partido”, se encuentra un político que prefiere ocultar sus ingresos, faltando a la ley y al compromiso que asumió como servidor público. Y por si fuera poco, ganando casi tanto como la presidenta de la República ¡Como asesor del Senado!

    Según una investigación realizada por Los Reporteros MX, Zepeda ocultó varias empresas de su declaración patrimonial: tanto una que está a su nombre como las de su pareja, Ivonne Robinson Bours González, que dicho sea de paso pertenece a una de las familias más acaudaladas de Sonora.

    En su declaración patrimonial 2025, Damián Zepeda asegura no tener ninguna relación con empresas o participaciones en instituciones más allá de Acción Nacional. Esto sigue el patrón de opacidad de otros dos cabecillas del PAN: Ricardo Anaya y Marko Cortés, que ocultaron sus negocios desarrollados en sus estados de origen, Querétaro y Michoacán, como así lo reveló Los Reporteros MX en investigaciones anteriores.

    En el caso de Zepeda, tiene acciones en la empresa TGI GRUPO DE INVERSION, S.A. DE C.V., con sede en Hermosillo, Sonora. Este negocio data de 2014 y según su página de internet, la organización es de carácter financiero:

    “Consolidarse, crecer y posicionarse como organización líder y ser uno de los mejores grupos inversionistas en México en el rubro empresarial, a través de un crecimiento constante, sostenible y una gestión eficiente que garantice nuestra rentabilidad y la satisfacción de nuestros miembros”.

    Esta empresa sigue teniendo actividades y movimientos legales hasta 2025. En uno de los documentos disponibles en el Registro Público de Comercio, aparece el nombre de Zepeda, lo que confirma su participación activa en el negocio.

    Este documento revela que la empresa recibe ganancias millonarias, las cuales, por supuesto, no están en la declaración patrimonial del panista. Esta empresa tiene aportaciones que están valuadas en 5 millones 249 mil pesos y aportaciones pendientes por un millón 730 mil pesos.

    Según otro documento de asamblea, Zepeda Vidales tiene una participación accionaria de 28 mil pesos de capital fijo y 428 mil 500 pesos de capital variable, es decir, 456 mil 500 pesos que no están siendo declarados (como mínimo).

    Pese a esto, el legislador sólo declaró el pago por honorarios recibido como asesor del Senado de la República por 2 millones 182 mil 398 pesos al año, es decir, 181,866.5 pesos al mes. Por sólo dar un ejemplo, la presidenta Claudia Sheinbaum gana 191 mil pesos mensuales.

    En cuanto a los bienes de su esposa, también ha guardado silencio. Ivonne Robinson Bours González es dueña de dos empresas en Sonora, Navojoa:

    🔴 Agrícola RBG S.A. de C.V.
    🔴 Avícola El Ciclón S.A. de C.V.

    Agrícola RBG tiene como accionistas activos tanto a Ivonne Robinson Bours como a varios miembros de su familia. Esta empresa tiene un capital variable de 6 millones 128 mil pesos, según un documento mercantil. Su última actividad legal fue registrada en el año 2012.

    Por su parte Avícola El Ciclón fue fundada en 1993 y su último rastro legal apareció en 2016.

    Los Reporteros buscó al área de Comunicación de la bancada panista del Senado para hablar de los señalamientos de este reportaje, sin hasta ahora obtener respuesta.

    Más allá de la falta de transparencia, Damián Zepeda continúa con sus actividades políticas, formando parte del relanzamiento del PAN, junto con rostros como el de Anaya, Cortés y Kenia López Rabadán, que de nuevos no tienen nada. Pese a compartir la opacidad con varios de sus compañeros de partido, el mayo de este año Zepeda afirmó que “por el bien del país, nos merecemos transparencia”, lanzando una crítica al gobierno oficialista. ¿Habrá olvidado que primero se tiene que empezar por los problemas de casa? Parece que no. Un miembro más de la oposición con la incongruencia como bandera partidista.

  • Generación Z: entre el escepticismo informativo y el activismo digital

    Generación Z: entre el escepticismo informativo y el activismo digital

    Por Neri Torres, Eduardo Blanco, Nathael Pérez y Oscar Martínez

    La Generación Z mexicana está redefiniendo su relación con la política y los medios. Críticos del periodismo tradicional y al mismo tiempo escépticos de las redes sociales, estos jóvenes exigen transparencia, honestidad intelectual y acción real.

    Para la Generación Z mexicana —es decir, aquellos nacidos entre mediados de los noventa y comienzos de la década de 2010— la política ya no es una ceremonia solemne ni los medios un altar neutral. Crecemos en un paisaje digital, saturado de información, donde los grandes discursos tradicionales conviven con TikToks virales, bots y discursos partidistas camuflados entre memes. 

    Lo que para otras generaciones fue entender “quién manda”, para nosotros es preguntarnos “¿desde dónde hablan?” Y al hacerlo, descubrimos que la objetividad informativa es casi una fantasía: los medios, como otros campos sociales, están atravesados por intereses, ideologías y lógicas de poder.

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    El periodismo no es ajeno al juego político

    Neri Torres, comunicólogo y periodista, señala que la idea de un periodismo objetivo parece cada vez más lejana. Según él, el ecosistema informativo —influido por ideologías políticas, por algoritmos que premian lo conflictivo y por intereses empresariales— moldea lo que consideramos “verdad”. En ese sentido, no basta con decir que se busca el equilibrio: muchas decisiones editoriales son profundamente políticas. Para Neri, lo valioso no es fingir una independencia total, sino transparentar desde dónde se habla.

    Este diagnóstico no es infundado. En México, el acoso judicial hacia periodistas se ha vuelto una forma persistente de presión. Por ejemplo, la organización Artículo 19 reportó múltiples casos en 2025 donde se usan demandas para desgastar medios y voces críticas. Este tipo de hostigamiento contribuye a un clima en que “hablar con franqueza” deja de ser solo una ética profesional y se convierte en riesgo real.

    Desilusión política y exigencia de coherencia

    Eduardo Blanco, también comunicólogo, se describe como parte de una generación que ha sido testigo de crisis políticas, discursos de “guerra”, promesas rotas e inestabilidad económica. Blanco apunta que no hay una fe ciega en partidos ni en ideologías tradicionales —“no creo en derecha o izquierda”, dice— porque la realidad de muchos jóvenes mostrada desde fuera es profundamente simplificada y polarizada.

    Esta desilusión va más allá de la apatía: es hartazgo. La generación Z exige resultados tangibles, no solo discursos épicos. Quiere instituciones que funcionen, oportunidades reales y un México donde tener trabajo, vivienda o salud no dependa del color del voto o del apellido. No se conforma con la polarización, quiere soluciones concretas para la desigualdad. Y si el Estado no da esos resultados, entonces la responsabilidad de cambio recae en nosotros, en la acción organizada, informada y consciente.

    Un mundo líquido en constante transformación

    Nathael, filósofo y lector, utiliza la idea de “mundo líquido” de Zygmunt Bauman para describir la sensación de vivir en una realidad inestable: creímos en una promesa de progreso (“estudiar te salvara”) que poco a poco se desvaneció. Para él, el internet no es solo una herramienta, sino parte de nosotros: marca cómo aprendemos, nos relacionamos y cómo formamos opinio­nes políticas.

    Los medios tradicionales, para esta generación, ya no tienen el peso que tenían para generaciones anteriores. En cambio, lo que ocurre en redes sociales —en Instagram, TikTok, X— influye más profundamente en cómo vemos la política. Los actores políticos lo saben: intentan camuflar sus discursos para que se sientan hechos “a la medida”, personalizados para nosotros. Pero esa estrategia genera rechazo. Ver a figuras políticas apropiarse de nuestras series favoritas o de la estética que nos define solo evidencia lo poco que entienden lo que en realidad nos importa.

    La desconfianza en medios y el valor de la búsqueda

    Oscar, comunicólogo, recuerda haber crecido con la televisión como ventana al mundo; sus padres veían noticieros con reportes dramáticos sobre violencia, desapariciones o crisis. Pero con los años, él aprendió que informarse no debería ser solo consumir lo que “la televisión te da”: es necesario construir un criterio abierto, contrastar fuentes, debatir.

    Para él, el reto actual no es eliminar sesgos: es aprender a vivir con ellos, a reconocerlos y a investigar más allá. La información, dice Oscar, no debe ser una mercancía, sino una herramienta para generar conocimiento y debate. Así como los medios necesitan autonomía, nosotros necesitamos un consumo activo: no ganar la batalla informativa, sino ganar en profundidad y pluralidad.

    ¿Qué significa todo esto para el futuro político de México?

    Primero, que esta generación no solo se informa: también exige. No basta con viralizar consignas; quiere compromisos reales, transparencia ideológica y participación genuina. La Z mexicana no quiere ser usada como masa de maniobra; quiere ser entendida, escuchada y tomada en cuenta.

    Segundo, el escepticismo no es pasividad: es una forma madura de cuestionar el poder, de renegociar el contrato social entre ciudadanos, medios y Estado. Al desconfiar, reclamamos responsabilidad de los periodistas, de los partidos, de los creadores de contenido. Pedimos que no solo nos hablen, sino que nos expliquen desde dónde hablan.

    Como grupo demográfico significativo, tenemos un papel clave: podemos ser puente entre la tecnología y la política, entre la crítica y la acción. No basta con protestar; podemos proponer nuevas formas de participación digital, mecanismos de rendición de cuentas más acordes con nuestra realidad y un modelo comunicativo que no esconda sus intenciones

  • UNAM importa modelo de corrupción penitenciaria

    UNAM importa modelo de corrupción penitenciaria

    Por Ricardo Sevilla

    La seguridad de la máxima casa de estudios será entregada a un personaje que es experto en cárceles. El terror de las cárceles mexiquenses llegará mañana al campus universitario.

    El polémico Raúl Arcenio Aguilar dejó hoy la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria.

    En su lugar, el rector Leonardo Lomelí Vanegas designó a Manuel Palma Rangel como titular de la SPAMSU, quien asumirá el cargo a partir de mañana.

    Cabe recordar que, el pasado 25 de octubre, la muerte de un aficionado del equipo de futbol Cruz Azul a las afueras del Estadio Olímpico Universitario, enfatizó la crisis de seguridad que impera en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

    Sin embargo, la nueva designación del rector Leonardo Lomelí vuelve a encender las alarmas en la comunidad universitaria.

    Y es que llama poderosamente la atención que el rector, ahora, haya decidido poner la seguridad universitaria en manos de un personaje como Manuel Palma Rangel, un priísta de hueso colorado.

    Y es que Manuel Palma Rangel, además de tener un plaza en la Facultad de Economía de la UNAM y ser colaborador de le revista Nexos, también fue subsecretario de Control Penitenciario de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

    Le platico más.

    En teoría, el nombramiento que hizo el rector Lomelí debería ser una respuesta contundente para enfrentar la falta de seguridad que padece la máxima casa de estudios.

    Sin embargo, la experiencia de Manuel Palma Rangel está muy lejos de lo que, en estos precisos momentos, necesita la UNAM.

    Y es que la experiencia del nuevo titular de la SPAMSU se centra en el control de poblaciones cautivas y sistemas de máxima seguridad (es decir: cárceles y centro penitenciarios), un modelo de seguridad que, para ser honestos, es completamente opuesto al ambiente de autonomía, libertad de cátedra y prevención social que deberían caracterizar a la UNAM.

    Pero eso no es todo.

    Y es que, durante la gestión de Palma Rangel al frente de la Subsecretaría de Control Penitenciario del Edomex, diferentes informes periodísticos señalaron que, en los 22 penales mexiquenses que dependían del ahora nuevo titular de la SPAMSU, existían cobros múltiples a los internos, corrupción en todos los niveles, y negocios millonarios con la venta de alimentos y los lugares para dormir.

    Y eso es sumamente preocupante.

    Porque estos señalamientos asocian directamente al nuevo titular de la seguridad universitaria con un historial de presunta corrupción sistémica y fallas gravísimas en el control y la ética institucional en un entorno de alta vulnerabilidad.

    Y le digo más: No deja de llamar poderosamente la atención que, en algún momento, Manuel Palma Rangel haya celebrado un convenio con el actor y ultraderechista Eduardo Verástegui para la reinserción social de adolescentes.

    Francamente, el rector Lomelí debería comprender que la UNAM, como universidad libre y autónoma, debe operar bajo un modelo de seguridad comunitaria y de prevención social, y no como una cárcel.

    Sin embargo, al designar a un exfuncionario con experiencia en el modelo de control y punitividad carcelaria, la UNAM ha optado por una estrategia de mano dura. Y eso es terriblemente preocupante.

  • Municipio de Querétaro gasta 89 mdp en publicidad, sólo en 2025

    Municipio de Querétaro gasta 89 mdp en publicidad, sólo en 2025

    Por Miguel Ángel Teposteco Rodríguez

    Los Reporteros MX.- Los gobiernos, legisladores y figuras del panismo suelen escudriñar con lupa los gastos que realizan los partidos oficialistas: desde los vuelos que toman, las casas que compran, los restaurantes que frecuentan y el tipo de vida que llevan. Sin embargo, no vacilan en destinar millones de pesos a rescatar su propia imagen, incluso a costa del erario.

    Ese es el caso de Querétaro. 89,148,222 pesos es la cantidad que, según una investigación de Los Reporteros MX, ha gastado el gobierno municipal de Felipe Fernando Macías Olvera, únicamente en lo que va de 2025. Un gasto publicitario dividido en spots de radio, prensa y televisión, así como en pagos a empresas de reproducción de materiales publicitarios.

    De acuerdo con el portal de datos abiertos del gobierno de Querétaro, el gasto en publicidad debe reportarse trimestralmente. La actualización más reciente corresponde al tercer trimestre, equivalente a los primeros nueve meses de la actual administración.

    El primer informe reportó un gasto total de 13 millones 800 mil pesos, distribuidos en apenas seis contratos con empresas de comunicación, entre las que destaca TV Azteca, uno de los medios con línea editorial más crítica del oficialismo. Todos los contratos fueron adjudicados de manera directa.
    En el caso de TV Azteca, el pago fue de 4 millones 750 mil pesos, el monto más alto otorgado en ese periodo.

    Otras empresas beneficiadas en el primer trimestre fueron:

    🔴 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.
    🔴 SENSO, S.A. DE C.V.
    🔴 PERIODISMO CON RIGOR, S.A. DE C.V.

    Durante el segundo trimestre, el panista incrementó el gasto y destinó 28 millones 404 mil 872 pesos en publicidad. Esta vez los recursos se repartieron entre 54 empresas relacionadas con la comunicación, entre ellas IMPULSORA DE VENTAS DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V., que recibió la tajada más alta con 4 millones 800 mil pesos.

    Por último, en el tercer trimestre se ejerció la mayor cantidad de gasto en publicidad con 46 millones 943 mil 350 pesos. Este presupuesto se asignó a 46 empresas dedicadas a medios de comunicación, difusión comercial y creación de contenidos impresos. En la lista destacan nombres de medios alineados con la posición, como Imagen Radio Comercial, S.A. de C.V. y El Universal Compañía Periodística Nacional, S.A. de C.V.

    Para dimensionar la magnitud de estos recursos, basta comparar el gasto publicitario con el Plan Municipal de Obra Pública 2024–2027, que contempla 547.77 millones de pesos para infraestructura durante tres años.

    Es decir, el gobierno panista ha destinado prácticamente una sexta parte del presupuesto total de obra pública de tres años solo en publicidad, y en apenas nueve meses.

    El gasto supera incluso el costo de proyectos clave para Querétaro, como la rehabilitación de red de drenaje sanitario, red de agua potable y pavimento en la colonia Reforma Agraria, que tiene un costo de 6 millones 677 mil 029.66 pesos.

    O la construcción de red de agua potable, drenaje sanitario, alcantarillado pluvial y pavimento de concreto en calles de la colonia Santa María Magdalena, con un presupuesto de 49 millones 908 mil 407.05 pesos. O la construcción de auditorio en la Secundaria General No. 4, colonia Lomas de Casa Blanca, con un costo de 29 millones 947 mil 259.83 pesos, según datos oficiales del municipio.

    Este ejercicio cuestionable del presupuesto no debería sorprender. El alcalde de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, ha estado envuelto en varios escándalos.

    Por ejemplo, de acuerdo con una investigación de la revista Proceso, publicada el 23 de mayo de 2024, cuando “Felifer” aún era candidato de la alianza PAN–PRI–PRD, recibió 400 mil pesos de una empresa beneficiada con la privatización del servicio de recolección de basura, mediante un cheque entregado a su madre.

    Además, anteriormente Los Reporteros documentó el uso de 7 millones de pesos para la instalación de alumbrado público en zonas donde, según testimonios de vecinos, nunca se realizaron las obras.

    Así, el PAN vuelve a exhibir su doble moral y su contradicción al frente de uno de los últimos bastiones que le quedan frente al avance del oficialismo en toda la República Mexicana.

    Los documentos de publicidad pueden consultarse de forma pública en el siguiente enlace: https://municipiodequeretaro.gob.mx/b-erogacion-de-recursos-por-contratacion-de-servicio/.