Categoría: Exclusivas

  • El padre, el hijo, y el espíritu nazi: Michael Kast, padre del presidente chileno, peleó en ejército de Hitler

    El padre, el hijo, y el espíritu nazi: Michael Kast, padre del presidente chileno, peleó en ejército de Hitler

    Por Nathael Pérez

    Porque el amor por las dictaduras viene de familia. José Antonio Kast no solo es un ferviente defensor de Pinochet, pues su padre, Michael Kast, no solo se afilió al partido, fue miembro del ejército nazi y peleó en defensa de la dictadura de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Después de eso emigró a Chile, donde su hijo acaba de ganar las elecciones presidenciales.

    Michael Kast Schindele nació en Alemania en 1914, durante la Segunda Guerra Mundial formó parte del ejército alemán (Wehrmacht) y combatió en el frente oriental. Este dato ha sido reconocido por el propio José Antonio Kast, aunque siempre ha subrayado que su padre no fue miembro del Partido Nazi, una distinción que ha sido objeto de debate público, aunque su inscripción al partido ya ha sido confirmada y hay documentos que lo comprueban.

    Tras el fin de la guerra, Michael Kast fue hecho prisionero por fuerzas aliadas y posteriormente emigró a Chile en la década de 1950, como lo hicieron miles de europeos en ese periodo. En el país sudamericano se estableció como empresario, formó una familia numerosa y llevó una vida alejada de la política pública.

    La polémica surge porque Michael Kast combatió defendiendo a un régimen responsable del Holocausto y de crímenes masivos, un hecho histórico incontrovertible. Diversos sectores han señalado que, más allá de su afiliación partidista, haber servido en el aparato militar del Tercer Reich implica una responsabilidad moral, especialmente cuando su hijo es un ferviente vocero de un discurso político que relativiza violaciones a derechos humanos.

    José Antonio Kast ha respondido a estas críticas afirmando que su padre fue un soldado conscripto, que luchó por sobrevivir y que incluso habría rechazado la ideología nazi. Sin embargo, estas declaraciones no han logrado cerrar el debate, sobre todo por la coherencia ideológica entre la defensa que Kast hace del régimen de Augusto Pinochet y su tendencia a justificar o atenuar crímenes de Estado.

    Organizaciones de derechos humanos, historiadores y analistas políticos han remarcado que el problema no es el pasado personal de Michael Kast en sí, sino la manera en que José Antonio Kast aborda la memoria histórica, tanto en el caso del nazismo como en el de la dictadura chilena: minimizando responsabilidades y desplazando el foco hacia el “orden” y la “lucha contra el comunismo”.

    Este antecedente familiar se ha convertido, así, en un símbolo incómodo dentro del debate público chileno, especialmente porque refuerza la imagen de Kast como un político partidario de proyectos autoritarios, tanto del pasado europeo como del pasado reciente de Chile.

  • ¿Quién es José Antonio Kast? El presidente chileno ultraderechista fanático de Pinochet

    ¿Quién es José Antonio Kast? El presidente chileno ultraderechista fanático de Pinochet

    Por Nathael Pérez


    José Antonio Kast está estrechamente vinculada a la ultraderecha internacional y a una defensa persistente del legado de Augusto Pinochet. Su discurso, alianzas y declaraciones han generado fuertes polémicas, especialmente por relativizar violaciones a derechos humanos, reivindicar la dictadura chilena y alinearse con movimientos reaccionarios.

    Kast y la reivindicación del pinochetismo

    Desde el inicio de su carrera pública, José Antonio Kast ha defendido abiertamente a Augusto Pinochet, marcando una diferencia clara incluso con sectores tradicionales de la derecha chilena que, a diferencia, han optado por tomar distancia del dictador.

    Kast ha afirmado en diversas ocasiones que Pinochet “salvó a Chile del comunismo”, y ha minimizado el carácter represivo de la dictadura que gobernó el país entre 1973 y 1990. En entrevistas y debates presidenciales, ha evitado condenar las ejecuciones, torturas y desapariciones forzadas, además de cuestionar informes oficiales sobre violaciones a derechos humanos.

    Una de sus declaraciones más controvertidas fue asegurar que no existieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos, frase que provocó un amplio rechazo social y político, especialmente entre familiares de víctimas de la dictadura.

    Además, Kast ha defendido el modelo institucional heredado del régimen militar, incluyendo la Constitución de 1980 y el rol de las fuerzas armadas como garantes del “orden”, una visión directamente pinochetista.

    Vínculos ideológicos con la ultraderecha internacional

    El proyecto político de Kast pertenece a una red transnacional de ultraderecha, con vínculos ideológicos y políticos con figuras y movimientos que comparten un discurso antiglobalista, ultraconservador y autoritario.

    Ha expresado afinidad con Jair Bolsonaro, ex presidente de Brasil, celebrando su enfoque de “mano dura” y su discurso contra el feminismo y los derechos LGBT+. También mantiene cercanía con Vox, partido español de ultraderecha, cuyos dirigentes han participado en encuentros organizados por el Partido Republicano en Chile.

    En América Latina, Kast ha sido un actor activo del Foro de Madrid, espacio impulsado por Vox que agrupa a líderes de ultraderecha bajo la bandera de combatir al “socialismo” en la región. Esta plataforma ha sido criticada por promover narrativas que justifican regímenes autoritarios y desacreditan organismos de derechos humanos.

    En EUA, su discurso ha sido comparado con el de Donald Trump: negación del cambio climático, criminalización de la migración, ataques a la prensa crítica y desconfianza hacia organismos multilaterales.

    Antiderechos humanos y discursos de odio

    Las polémicas de Kast no se limitan a declaraciones históricas, ya que durante la campaña presidencial de 2021, propuso cerrar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), institución creada para documentar abusos estatales, lo que fue interpretado como un intento de desmantelar la memoria histórica del país.

    También ha respaldado el uso extendido del estado de excepción, incluso como política permanente en ciertas zonas, y ha defendido la militarización del sur de Chile, restando importancia a denuncias de abusos cometidos por fuerzas de seguridad.

    En el plano social, Kast ha sido señalado por promover discursos que estigmatizan a minorías, especialmente migrantes, comunidades LGBT+ y movimientos feministas, utilizando un lenguaje que normaliza la exclusión bajo la idea de “orden y valores tradicionales”.

    Un liderazgo construido desde la confrontación

    Lejos de moderar su postura, Kast ha capitalizado la polarización, pues su estrategia consiste en presentarse como un “defensor del orden” frente a un supuesto avance del “marxismo cultural”, un marco narrativo típico de la ultraderecha global.

    Esta postura le ha permitido consolidar una base electoral fiel, pero también lo ha convertido en una de las figuras más rechazadas por organizaciones de derechos humanos, académicos y amplios sectores de la sociedad chilena.

  • ¡La derecha se disfraza de Z para engañar! El PAN viste de “juventud” a sus empleados y militantes

    ¡La derecha se disfraza de Z para engañar! El PAN viste de “juventud” a sus empleados y militantes

    Por Ricardo Sevilla

    Una vez más, volvió a fracasar otra marcha impulsada por la autodenominado “Generación Z”.

    Pero déjeme contarle la historia, con datos duros:

    Este fin de semana, la llamada Marcha Nacional del Silencio por la Paz, congregó a un ínfimo número de participantes.

    De acuerdo con estimaciones de elementos de la policía capitalina, la afluencia en Paseo de la Reforma no sobrepasó las 250 personas.

    Sin embargo, más allá de la escasa convocatoria, una investigación de Los Reporteros Mx reveló que, detrás de la fachada de este movimiento supuestamente juvenil, libre e independiente, asoma el rostro hipócrita del Partido Acción Nacional (PAN).

    Y es que, contrario a la imagen de espontaneidad y autonomía que intentaron proyectar, los principales líderes y promotores de esta movilización, en realidad, están vinculados directamente a la estructura juvenil del PAN.

    Y es que al revisar minuciosamente las redes sociales de estas personas, encontramos que, simple y sencillamente, trabajan y militan en el PAN.

    De hecho, entre los líderes identificados se encuentran seis personajes en específico: Luis Fernando Delgado, Sergio Diego Celis Castillo, Marcia Medina López, Daniela Velázquez, Roberto Carlos Jiménez Martínez y Dilant Pizaña.

    Y, en honor a la honestidad, es importante arrebatarles la máscara y presentar a estos panistas tal como son en realidad.

    Luis Fernando Delgado es un panista activo. Él mismo, en sus redes sociales, se describe como un “panista de corazón”. Y no solo eso. Este personaje, que forma parte de Acción Juvenil del PAN, ha mantenido lazos políticos con figuras controvertidas de ese partido, como Christian von Roehrich, Mauricio Tabe y Jorge Romero.

    Sergio Diego Celis Castillo es funcionario público y, de hecho, se desempeña como Jefe de la Unidad de Espacios Culturales de la Alcaldía Cuauhtémoc, gobernada por la polémica Alessandra Rojo de la Vega.

    Marcia Medina López, otras de las principales convocantes, también formó parte de la Marcha del 15N. Sus credenciales son netamente panistas. Y es que Marcia ha sido directora y consejera de Acción Juvenil del PAN, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Actualmente, trabaja en la Alcaldía Benito Juárez, tal como se puede observar en este contrato de prestación de servicios que aquí le presentamos:

    Daniela Velázquez, otra de las participantes y convocantes principales, se describe como “Hecha en @accionjuvenil” del PAN. Pero no solo eso. Daniela es asesora y secretaria técnica de concejal en la Alcaldía Miguel Hidalgo, bajo la administración de Mauricio Tabe Echartea. Anteriormente, fue Directora de Vinculación y Acción Social dentro de la Secretaría Estatal de Acción Juvenil del PAN en la Ciudad de México.

    Otro de los jóvenes “apartidistas” resultó ser Roberto Carlos Jiménez Martínez, quien, en realidad, es consejero nacional de Acción Juvenil. Y desde septiembre de este 2025, ocupa el puesto de Director General Adjunto de Acción Juvenil. De hecho, este personaje señala a Hermes Leonardo como su líder y a Edmundo Guadarrama como su guía, reafirmando su pertenencia a la cúpula juvenil del PAN.

    Otro de los líderes de esta marcha es Dilant Pizaña, quien es asesor en el Senado, vocero nacional del PAN y un participante activo de Acción Juvenil. Tan vinculado está al Partido Acción Nacional que formó parte del equipo de trabajo de Kenia López Rabadán durante su periodo como senadora.

    Esto quiere decir que la autodenominado “Generación Z”, lejos de ser un movimiento de jóvenes libres e independientes, en realidad, es un grupo de militantes y empleados del PAN que convocan a marchas y movilizaciones para apoyar a sus jefes, los conservadores panistas.

  • El uso del poder como arma: Salinas Pliego y TV Azteca contra críticos, periodistas y figuras públicas

    El uso del poder como arma: Salinas Pliego y TV Azteca contra críticos, periodistas y figuras públicas

    Por Nathael Pérez

    A lo largo de los últimos años, Ricardo Salinas Pliego y el conglomerado mediático que encabeza han sido señalados por utilizar su influencia económica, jurídica y televisiva para atacar, desacreditar o intimidar a políticos, periodistas, medios críticos y figuras públicas. Lejos de episodios aislados, los casos dibujan un patrón: quien incomoda al empresario o a sus intereses se convierte en blanco de ataques públicos, campañas mediáticas o litigios con efecto intimidatorio.

    El conflicto más visible se ha dado con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y la presidenta Claudia Sheinbaumm Pardo, a quienes ha convertido en sus principales antagonistas públicos. Desde redes sociales y espacios informativos de TV Azteca, Salinas Pliego ha impulsado una narrativa constante de confrontación, con descalificaciones personales y editoriales críticas que rebasan el análisis político para entrar en el terreno del ataque directo. La disputa, marcada por desacuerdos fiscales y regulatorios, ha sido amplificada por la televisora como un pulso entre “el poder político” y “el empresario rebelde”, ocultando el peso real de un conglomerado que domina pantallas, audiencias y recursos económicos.

    Ese mismo tono ha sido utilizado contra políticos y figuras de Morena, entre ellas Citlalli Hernández, en episodios que trascendieron el debate político para instalarse en la violencia verbal y simbólica. Publicaciones del empresario en X derivaron en resoluciones del INE, que ordenó el retiro de mensajes por considerar que podían constituir violencia política de género. Aun así, Salinas Pliego mantuvo una estrategia de burla y desafío público a las autoridades electorales, reforzando la idea de que su poder económico le permite colocarse por encima de los límites institucionales.

    El caso más grave se produjo cuando Banco Azteca y Grupo Salinas demandaron a siete comunicadores y usuarios de redes sociales, entre ellos Jorge Gómez Naredo, Vicente Serrano, Hans Salazar y otros, bajo el argumento de haber provocado un supuesto “daño financiero” por comentarios críticos. Las demandas incluyeron acciones en tribunales de EUA para intentar revelar la identidad de cuentas anónimas, una maniobra que organizaciones civiles calificaron como demanda estratégica para silenciar la participación pública (SLAPP). El mensaje fue claro: criticar al banco o a su dueño puede salir caro.

    Dentro de ese mismo frente, medios críticos como Polemón y su director Jorge Gómez Naredo se convirtieron en objetivos directos. La cobertura incómoda y las opiniones contra el grupo empresarial fueron respondidas no con argumentos, sino con recursos legales y campañas de deslegitimación, presentando al periodismo crítico como un riesgo para la estabilidad económica. Para defensores de derechos humanos, este tipo de reacciones no busca ganar un juicio, sino generar miedo y autocensura.

    Las periodistas e intelectuales Denisse Dresser, Sabina Berman y Vanessa Romero Rocha también han sido blanco de ataques personales desde las redes sociales del empresario. En estos episodios, el debate público fue sustituido por insultos, burlas y expresiones misóginas, lo que generó condenas desde colectivos feministas, periodistas y académicos. El patrón se repite: cuando la crítica proviene de mujeres con visibilidad pública, la respuesta de Salinas Pliego suele escalar hacia la descalificación personal.

    En el terreno del espectáculo, TV Azteca ha sido señalada por prácticas de cobertura sensacionalista y ataques mediáticos contra celebridades, como ocurrió con Shakira, donde notas y comentarios despectivos fueron difundidos desde espacios de entretenimiento del canal. Aunque estos ataques no siempre parten directamente del empresario, forman parte de una línea editorial que privilegia el escarnio y la burla como herramientas de audiencia, reforzando la cultura del linchamiento mediático desde una televisora con alcance nacional.

    El caso más reciente ha sido el de Gloria Trevi, quien ha interpuesto una demanda a Salinas Pliego y TV Azteca por años de difamación, calumnias, y acoso. Más detalles aquí.

    En conjunto, estos casos revelan un mismo hilo conductor: Ricardo Salinas Pliego y TV Azteca han utilizado su poder económico, legal y mediático para imponer narrativas, intimidar críticos y castigar la disidencia, ya sea política, periodística o cultural. Lo que está en juego no es un pleito personal, sino la libertad de expresión en un país donde los grandes conglomerados mediáticos aún pueden convertir su voz en arma y su influencia en amenaza.

  • ¡Casar se llevó 31 millones!

    ¡Casar se llevó 31 millones!

    Por Ricardo Sevilla

    La Fiscalía General de la República (FGR) ha puesto en marcha un proceso legal que ya ha comenzado a cimbrar a las élites de la derecha.

    Pero déjeme contarle la historia con datos duros.

    La FGR, que ahora está conducida por Ernestina Godoy, ha judicializado la carpeta de investigación contra María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y otras dos personas.

    Estos personajes serán imputados por su probable intervención en el delito de “uso ilícito de atribuciones y facultades”, tal como lo establece el Artículo 217 del Código Penal Federal.

    Ahora bien, la acusación central gira en torno a la polémica obtención de una pensión vitalicia otorgada por Pemex a María Amparo Casar, tras el trágico fallecimiento de su esposo, en 2004.

    Sin embargo, apenas se anunció este movimiento, los beligerantes voceros de la derecha salieron a defender a Amparo Casar.

    Desde luego, escasean los argumentos.

    Por ejemplo, Manuel López San Martín, conductor de ADN 40 y empleado del usurero Ricardo Salinas Pliego, dijo que se trata de una embestida contra Casar. López San Martín sostiene, sin ofrecer pruebas, que la FGR está orquestando una persecución política.

    Cabe recordar que el expediente de Casar fue dado a conocer ante la opinión pública en mayo de 2024, cuando Octavio Romero Oropeza, entonces director general de Pemex, decidió revelar detalles muy contundentes sobre el caso.

    Y es que Romero Oropeza dio a conocer que la muerte de Carlos Fernando Márquez Padilla García, esposo de Casar, fue catalogada, oficialmente, como suicidio.

    Con base en esta evidencia, Pemex anunció que buscaría recuperar una suma millonaria que asciende a 31 millones de pesos.

    Ahora bien, el fatídico suceso ocurrió el 7 de octubre de 2004, cuando Márquez Padilla, quien se desempeñaba como coordinador de asesores de la Dirección Corporativa de Administración, perdió la vida al caer desde una ventana del piso 12 del edificio A de Pemex.

    Tras el deceso, María Amparo Casar solicitó el pago de un seguro de vida, la ayuda de gastos funerarios y, esencialmente, la pensión post-mortem a favor de ella y de sus dos hijos, que fue cubierta hasta que sus vástagos cumplieron 25 años.

    La información oficial compartida, en ese momento, detalló que la pensión vitalicia otorgada a Casar fue de aproximadamente 124 mil 948 pesos mensuales.

    Ahora bien, el punto de inflexión legal y ético es claro: la pensión y los beneficios que comportaron fueron concedidos antes de contar con un dictamen pericial oficial.

    Los directivos de Pemex de aquella época decidieron dar al fallecimiento el tratamiento de “accidente“, omitiendo esperar la resolución del Ministerio Público, que finalmente y de manera concluyente, determinó que la causa de muerte fue un suicidio.

    Eran épocas de Vicente Fox y el director de Pemex era, en ese momento, Luis Ramírez Corzo. Y durante los dos años que Ramírez Corzo estuvo al frente de la paraestatal, la multinacional Caterpillar obtuvo contratos por 30 mil millones de pesos.

    Ahora bien, esta omisión le permitió a Amparo Casar un beneficio económico que no correspondía legalmente bajo las pólizas de Pemex.

    Desde luego, el contexto político no puede ignorarse.

    Y es que las investigaciones sobre presunta corrupción que tocan a políticos de oposición y figuras de la sociedad civil –como María Amparo Casar, excolaboradora del gobierno de Fox, líder de MCCI y cercana a Claudio X. González– fueron gestadas durante el periodo de Gertz Manero al frente de la FGR. Ahora, se judicializan con la nueva estructura de la Fiscalía y el Poder Judicial Federal (PJF).

    Y aquí es importante subrayar que el caso Casar no es solo un pleito legal, sino un estratégico movimiento en el tablero de ajedrez político que enfrenta a la élite opositora, vinculada a empresarios como Claudio X., y ahora defendida por voceros afines a Ricardo Salinas Pliego, contra el aparato de justicia que encabeza la fiscal Ernestina Godoy.

  • Paquete Económico 2026, una apuesta histórica por la Capital

    Paquete Económico 2026, una apuesta histórica por la Capital

    Por Luis Piña

    Ayer, tras comparecer ante el Congreso de la Ciudad de México, durante una tarde marcada por el rigor legislativo el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, hizo una pausa en su agenda para conversar en exclusiva con Los Reporteros MX.

    El titular de finanzas desgranó la columna vertebral del Paquete Económico 2026, asegurando que es un presupuesto diseñado para “beneficiar mucho a las y los capitalinos”.

    Con un tono entusiasta, De Botton agradeció la oportunidad de profundizar, más allá de los estrados legislativos, en los objetivos y alcances de la propuesta fiscal:

    “La verdad estamos muy contentos porque nos da la oportunidad de explicar a la gente cómo pensamos este paquete económico, que incluye una inversión histórica y beneficios fiscales tangibles”, afirmó al inicio de la conversación.

    Inversión Estratégica: movilidad, agua y la visión de Brugada

    Unas de las demandas más persistentes en la capital de la República Mexicana ha girado siempre en torno al transporte, la distribución hídrica y la necesidad de renovar la infraestructura.

    Consciente de ello, y alineado con el espíritu de la actual Jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien ha puesto el mejoramiento de la infraestructura pública (incluyendo complejos como las Utopías) como eje de su gestión, el Paquete 2026 da un golpe de timón para atender esos temas.

    Para impulsar la visión de la mandataria capitalina, De Botton reiteró que la CDMX planea un incremento del 31% en inversión pública para el próximo año, potenciado por el nuevo fideicomiso FIMAS.

    Este aumento, de acuerdo con el titular de finanzas capitalino, se focaliza en sectores prioritarios:

    • Movilidad: “Incrementamos la inversión en movilidad, iniciando tres nuevas líneas de Cablebús. Además, el presupuesto del Metro asciende a 25 mil millones de pesos, el mayor en su historia”, subrayó.
    • Sector Hídrico: Juan Pablo de Botton destaca el robustecimiento del presupuesto de agua en un 27%, pasando de 15 mil a 19 mil millones de pesos: “Estamos reforzando con recursos estratégicos todo lo relacionado con agua potable, drenaje y alcantarillado“.
    • Obra Pública: En materia de obra, el funcionario resalta un programa de repavimentación de dimensiones sin precedentes: “Hablamos del plan de repavimentación más grande que se tenga registro, interviniendo 3.5 millones de metros cuadrados“.

    Pero eso no es todo. Además, Juan Pablo puntualizó que las alcaldías verán un aumento del 7.5% en su asignación, el monto histórico más alto destinado a ellas: “Van a tener más de un billón para inversión directa en infraestructura urbana”.

    Equilibrio Fiscal: Beneficios para la ciudadanía y ampliación de la base

    Aunque los beneficios fiscales pueden percibirse como un detrimento para las arcas públicas, lo cierto es que la estrategia detrás del Paquete Económico 2026 es, precisamente, la de una recaudación inteligente que amplíe la base tributaria sin asfixiar al contribuyente.

    En ese sentido, el secretario detalló una serie de medidas de apoyo ciudadano:

    • Se mantiene el programa de licencia permanente con un costo estable de $1,500 pesos.
    • Se amplía el límite de valor factura para obtener el subsidio del 100% en la tenencia a $685,000 pesos.
    • Se aplica una reducción del 90% a las multas de tránsito que no estén relacionadas con incidentes graves.
    • Se implementa un “programa de regularización de adeudos de predial” muy interesante, que podría incorporar hasta 2.4 millones de cuentas, beneficiando especialmente a viviendas populares y pequeños comercios.

    Placas conmemorativas y proyecciones de recaudación vehicular

    Ante la reciente presentación de las placas vehiculares de edición limitada alusivas al Mundial de 2026, el funcionario aclaró el alcance de esta iniciativa:

    “Este programa conmemorativo es de emisión limitada y totalmente optativo” para quienes deseen llevar consigo un pedazo del Mundial. No es un reemplacamiento obligatorio. Son relativamente pocas, 60 mil por cada uno de los tres modelos”, puntualizó.

    Por si fuera poco, estimó que este programa generaría cerca de 90 millones de pesos, recursos que se canalizarán directamente a proyectos de movilidad sustentable.

    Respecto a la tenencia, adelantó una recaudación cercana a los 4 mil 300 millones de pesos y anticipó un crecimiento notable en emplacamientos:

    “Estamos esperando duplicar el número de altas vehiculares: pasar de 150 mil este año a alrededor de 300 mil el próximo”.

    Confianza financiera: el éxito del Bono Verde

    De Botton calificó como un éxito rotundo la colocación del Bono Verde 2025 en la Bolsa Mexicana de Valores:

    “Tuvimos el doble de la demanda esperada. Es una emisión de 3 mil millones de pesos a 10 años, colocada en Mbono+48 puntos base”.

    Aseguró que esta operación es una prueba fehaciente de la solidez y confianza financiera que proyecta la Ciudad:

    “Esta innovación demuestra la confianza de los inversionistas y garantiza que los recursos vayan directamente a proyectos sustentables, como el Cablebús”.

    La Deuda está bajando, no subiendo

    Para finalizar, De Botton abordó las críticas de la oposición centradas en un supuesto aumento de la deuda y el riesgo fiscal que implican los proyectos de infraestructura de la Jefa de Gobierno.

    Juan Pablo fue directo y categórico en su respuesta:
    “La realidad es que se está disminuyendo la deuda en términos reales. Seguimos con una política de reducción al mismo tiempo que incrementamos significativamente la inversión”, enfatizó.

    El secretario concluyó reiterando la disposición de su dependencia a un diálogo constructivo con todas las fuerzas políticas, siempre que este se base en “argumentos sólidos” y procure “el bienestar de todas y todos” los habitantes de la capital.

    FOTOS: Sebastián Juárez / Los Reporteros MX

  • Rector de la Basílica se esfuma antes de la fiesta guadalupana

    Rector de la Basílica se esfuma antes de la fiesta guadalupana

    El Arzobispo Aguiar Retes no da la cara por su operador.

    Por Ricardo Sevilla

    A pocas horas de entonar las tradicionales “Mañanitas” a la Virgen de Guadalupe, un misterio asoma entre las columnas de la Basílica de Santa María de Guadalupe.

    Y es que Efraín Hernández Díaz, vicario general y episcopal de Guadalupe y rector de la basílica, está desaparecido de sus funciones desde hace cuatro meses, es decir: desde agosto de 2025.

    Monseñor Hernández Díaz es pieza clave en la logística y la liturgia del evento más importante del catolicismo en América: la ceremonia religiosa alrededor de la Virgen de Guadalupe.

    Su ausencia prolongada y la falta de comunicación oficial del Arzobispado Primado de México han encendido las alarmas, eclipsando la solemnidad del 12 de diciembre.

    Fuentes al interior de la Arquidiócesis Primada de México, revelan a Los Reporteros Mx que la ausencia del rector de la Basílica de Santa María de Guadalupe no es solo litúrgica, sino administrativa.

    Y es que monseñor Hernández Díaz no es una figura menor; de hecho, más allá de su cargo en la rectoría de la basílica, es señalado como el “negociador” y operador de confianza del cardenal y arzobispo Carlos Aguiar Retes en la delicada tarea de fiscalizar y entregar recursos de las curias.

    Este rol, que implica manejo de vastas sumas de dinero provenientes de limosnas, donativos y ventas de artículos religiosos, ha convertido su desaparición en un asunto de alta preocupación financiera.

    Del 15 de enero de 2018 y hasta finales de 2023, el polémico Efraín Hernández Díaz fue responsable de la Parroquia Santa María de Guadalupe “Capuchinas”, donde también atendía la Capilla de Indios y la Capilla de El Pocito, dentro del complejo de la Villa de Guadalupe.

    Pero no solo eso.

    El eclesiástico, de quien nadie sabe su actual paradero, también se desempeñó como ecónomo (responsable del dinero) de la Arquidiócesis de México desde el 7 de noviembre de 2018 hasta noviembre de 2023.

    El Tesoro de la Fe

    De entrada, cabe señalar que la Basílica de Guadalupe es uno de los centros religiosos más ricos del mundo, con una afluencia anual de entre 10 y 12 millones de peregrinos. Eso quiere decir que los recursos económicos que maneja son inmensos, pero su fiscalización es opaca, y eso facilita las especulaciones sobre desvíos o mal manejo.

    La “Historia Negra” de Capuchinas

    Hay un antecedente que agrega sal a la herida de la controversia: Y es el paso de Efraín Hernández Díaz por la Parroquia de Capuchinas (dentro del complejo de la Basílica). Ahí, el rector ausente enfrentó señalamientos por mal manejo administrativo y financiero.

    El exseminarista Oswaldo Torres sostiene que, teniendo la custodia y el control del Templo del Pocito, la Capilla de Juramentos, la Antigua Parroquia de Indios y el Bautisterio, Efraín Hernández Díaz habría regalado dos camionetas de lujo con valor de más 15 millones de pesos cada una al arzobispo Carlos Aguiar Retes.

    Por alguna razón, la cúpula eclesiástica mantiene un silencio sepulcral en torno a la ausencia de esta autoridad católica, lo que contraviene la tradición de transparencia en asuntos de salud de sus altos dignatarios.

    Este silencio ha provocado un vacío de poder que, de acuerdo con distintas versiones periodísticas, ha sido llenado por el Vicerrector, quien, según voces internas, ha asumido de facto las responsabilidades sin la existencia de un decreto formal de interinato por parte del Arzobispado.

    Cabe destacar que el último rastro público de Hernández Díaz fue su viaje a España el 18 de septiembre, junto al Obispo Auxiliar Francisco Javier Acero, lo que descarta una enfermedad súbita y refuerza la hipótesis de una crisis institucional o un conflicto de alto nivel.

    Incluso, la tarde de hoy, jueves 11 de diciembre, en ausencia del rector Efraín Hernández Díaz, el canónigo Gerardo Pérez Gómez, vicerrector de la Basílica de Guadalupe, ante un templo colmado de feligreses y peregrinos católicos, fue quien presidió la Celebración Eucarística.

    Infelizmente, la falta de comunicación oficial por parte del Arzobispado en un tema tan sensible (la Basílica es un símbolo nacional) refleja una cultura institucional de opacidad y jerarquía vertical.

    Intentamos comunicarnos con la vocera de la Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe, para conocer su versión sobre los hechos.

    Llamamos y le escribimos a María del Carmen Mejía Rodríguez, gerente de Comunicación Social e Internet de la INBG, pero, hasta la entrega de este reportaje, no hubo respuesta a los cuestionamientos planteados por Los Reporteros Mx.

    El silencio de las autoridades eclesiásticas revela que en la Basílica de Guadalupe, A.R. buscan contener la información para evitar el escándalo y controlar el relato, priorizando la imagen sobre la verdad. La pregunta sigue flotando en el aire: ¿Dónde está monseñor Efraín Hernández Díaz?

  • A lo Duarte, Maru Campos desvía recursos estatales para su inmobiliaria

    A lo Duarte, Maru Campos desvía recursos estatales para su inmobiliaria

    Por Martha Rojas

    La gobernadora de Chihuahua ha facilitado recursos públicos procedentes del Fideicomiso Estatal de Fomento de las Actividades Productivas del Estado de Chihuahua o el Instituto Municipal de la Cultura Física y el Deporte a la Administradora Inmobiliaria de Chihuahua S.A de C.V, de la cual es accionista

    Aunque la actual gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, mejor conocida como Maru Campos se ha empeñado en negar sus vínculos con el exgobernador César Duarte, hoy preso por el delito de peculado y lavado de dinero. Sus prácticas la delatan.

    Al menos, desde 2023, la gobernadora panista ha facilitado contratos para la Administradora Inmobiliaria de Chihuahua S.A de C.V, de la cual es accionista.

    Primero como alcaldesa del municipio de Chihuahua, y ahora, como gobernadora del estado, Maru se ha encargado de beneficiar a la única empresa pública de su propiedad.

    En lo obscuro, están las otras “inversiones” por la que tan sólo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 generó 7 millones 593 mil 390 pesos, según consigna su declaración patrimonial de 2025.

    En dicha declaración, la gobernadora panista que, este diciembre presumió su viaje al Vaticano para conocer al papa León, también declaró ser accionista de la empresa Administradora Inmobiliaria de Chihuahua S.A de C.V, la cual ha recibido numerosos contratos por adjudicación directa.

    Contratos derivados de la renta de inmuebles tipo apartamento, oficinas y bodegas, cuyos costos se han cubierto a través del Fideicomiso Estatal de Fomento de las Actividades Productivas del Estado de Chihuahua, el Instituto Municipal de la Cultura Física y el Deporte o la Dirección de Desarrollo Urbano.

    Aunque la empresa, cuyo RFC y razón social no figuran en la base de datos de proveedores que pública el Gobierno estatal, se conoce, vía transparencia, que en lo que va del año la panista habría destinado al menos dos contratos por adjudicación directa a su inmobiliaria.

    El primero de ellos data del 1 de abril de 2025, cuando la Administradora Inmobiliaria de Chihuahua S.A de C.V destinó 28 mil pesos del presupuesto de egresos a la renta de un inmueble no especificado. Mismos que fueron pagados con una transferencia bancaria el 26 de junio de 2025.
    Sin que el Fideicomiso especificara el tipo de contrato o su duración.

    Ese mismo 26 de junio de 2025, mediante una segunda transferencia de fondos. El Fideicomiso transfirió otros 56 mil 400 pesos, sumando un total de 84 mil 400 pesos transferidos en el mismo día.

    Por otra parte, la Dirección de Desarrollo Urbano contrató los servicios de la inmobiliaria panista en marzo de 2025 pagándole 30 mil 505 pesos.

    Por lo demás, el Gobierno panista ha denostado las solicitudes de transparencia para hacer públicos todos los contratos, poco le importan los conflictos de interés. Pues en reiteradas ocasiones dependencias de su gobierno han negado la relación con la inmobiliaria.

    Duarte en la cárcel, ella en el Vaticano

    Maru Campos también es especialista en negar su relación con César Duarte, pero los hechos también la desmienten.

    En julio de 2025, se hizo público que la gobernadora se negó a proporcionar información sobre las operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, lavado de dinero o desvío de fondos públicos realizados por César Duarte para comprar más de 50 propiedades en Estados Unidos.

    El bufete de abogados que llevaba la demanda civil en el país vecino acusó a la gobernadora de no colaborar “nunca contestó”.

    Ahora, mientras el exgobernador de Chihuahua está preso en el penal del Altiplano, la gobernadora se va al Vaticano. En lo que algunos llamarían un “baño mea culpa”.

  • Duarte: el rey zafiro

    Duarte: el rey zafiro

    Por Ricardo Sevilla

    El nombre de César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua y exdiputado federal, volvió a los titulares al confirmarse su recaptura en Chihuahua. Este arresto, a cargo de la FGR bajo la dirección de Ernestina Godoy, marca el inicio de un nuevo proceso penal de fuero federal por Operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

    El exgobernador de Chihuahua, exdiputado federal y exmiembro del PRI, ha enfrentado una larga lista de acusaciones que van desde el peculado hasta el lavado de dinero.

    El 8 de diciembre de 2025, la FGR confirmó la recaptura de César Duarte en la capital de Chihuahua, como parte de una nueva acción penal por su presunta responsabilidad en delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

    Y no es un capricho, como algunos comentócratas opinan. No. La detención, en realidad, obedece a una orden de aprehensión emitida por un juez federal en mayo de 2024, que solo pudo ejecutarse tras la autorización del gobierno de Estados Unidos, país que previamente lo había extraditado en 2022 por otras acusaciones.

    La fiscal Ernestina Godoy, quien recientemente fue nombrada titular de la FGR, aceleró la ejecución de este expediente, dándole continuidad a una investigación que se gestó durante la gestión del polémico Alejandro Gertz Manero. En ese momento, y en cuanto recibió luz verde de Washington, la FGR de Gertz Manero ordenó su captura y su traslado al penal de máxima seguridad del Altiplano, una cárcel en la que han estado detenidos delincuentes como Joaquín “el Chapo” Guzmán y Rafael Caro Quintero.

    Ahora bien, las acusaciones contra Duarte no son nuevas ni escasas. De hecho, en su contra, se han librado 21 órdenes de aprehensión (20 locales y una federal) por diversos delitos. Le enumeró algunos de ellos:

    • Peculado agravado
    • Asociación delictuosa
    • Lavado de dinero
    • Enriquecimiento ilícito
    • Uso indebido de atribuciones
    • Financiamiento ilegal al PRI
    • Retención de salarios a burócratas
    • Robo de ganado destinado a pequeños productores
    • Y presunta creación de un banco con recursos públicos

    Pero eso no es todo. Además, Duarte ha sido señalado como protagonista de la Operación Safiro, un esquema de desvío de recursos públicos para financiar campañas del PRI, y de contar con una ‘nómina secreta’, mediante la cual habría entregado sobornos a políticos, periodistas y líderes sindicales.

    Pero hay una pregunta que debe responderse: ¿Cuál fue el origen de las investigaciones contra Duarte?

    Le doy los detalles: el proceso judicial se remonta al sexenio de Javier Corral, sucesor de César Duarte como gobernador de Chihuahua.

    De hecho, durante su toma de protesta en 2016, Corral, antes panista y actual simpatizante de Morena, anunció que se llevarían a cabo investigaciones por irregularidades detectadas durante la entrega-recepción.

    Es importante destacar que durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador también se presionó públicamente para que no se permitiera la impunidad. Le digo más: en 2022, López Obrador acusó que la administración de Maru Campos, actual gobernadora de Chihuahua, estaba otorgando beneficios judiciales al exgobernador Duarte y obstaculizando la justicia.

    Hay quien se pregunta: ¿Qué pasó con la primera detención de César Duarte? Yo se lo digo: César Duarte fue capturado por primera vez el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida, y su extradición se concretó el 2 de junio de 2022. Sin embargo, el tratado de extradición entre México y Estados Unidos exige que el país solicitante solo procese al extraditado por los delitos expresamente incluidos en la solicitud original.

    Ahora bien, tras permanecer dos años en prisión, una jueza penal ordenó el cambio de medida preventiva y Duarte fue puesto en libertad. Previo a su detención, el exmandatario priísta continuaba dicho proceso legal con un brazalete de localización.

    Pero le cuento más: su administración en Chihuahua, que comprendió de 2010 a 2016, estuvo marcada por un pernicioso control sobre los medios de comunicación locales, viajes oficiales sin justificación (163 vuelos a Estados Unidos) y un manejo opaco de los recursos estatales. Duarte dejó al estado con una deuda de más de 55 mil millones de pesos.

    Entre las múltiples investigaciones sobre Duarte destaca la compra de al menos seis ranchos en un periodo de apenas cinco meses, muchos de ellos presuntamente adquiridos con recursos públicos. A César Duarte se le acusa también de construir una presa en una de sus propiedades sin permisos y de adquirir bienes de lujo tanto en México como en Estados Unidos, con recursos cuya procedencia no ha podido justificar.

    En total, las autoridades han asegurado 16 ranchos vinculados a Duarte y su familia.

    Uno de los casos más polémicos durante su administración fue el asesinato de Marisela Escobedo, quien fue asesinada en 2010 frente al Palacio de Gobierno mientras exigía justicia por el feminicidio de su hija.

    Ese es César Duarte, el exgobernador priista a quien algunos desbrujulados intentan defender.

  • Gestión de Alessandra Rojo: conflictos laborales, opacidad y abuso de autoridad

    Gestión de Alessandra Rojo: conflictos laborales, opacidad y abuso de autoridad

    La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, acumula señalamientos por despidos injustificados, presunta opacidad en contratos y operativos de “mano dura” contra comerciantes. 

    A poco más de un año de haber asumido la titularidad de la alcaldía Cuauhtémoc, la gestión de Alessandra Rojo de la Vega se ha consolidado no solo por sus denuncias contra administraciones pasadas, sino por una serie de controversias internas y externas que han marcado su ejercicio. 

    El estilo de gobierno, caracterizado por represón y operativos sin aviso previo, ha generado un clima de tensión constante con sindicatos, comerciantes y adversarios políticos, quienes acusan a la alcaldesa de autoritarismo y de utilizar el aparato administrativo con fines de revancha o control político.

    Conflicto laboral y acusaciones de despidos masivos injustificados

    El escándalo más persistente de su administración ha sido el conflicto laboral con el personal de base y sindicalizado de la demarcación. 

    Bajo la bandera de combatir la corrupción y la figura del “aviador” heredado de gestiones anteriores, Rojo de la Vega implementó una reestructuración de personal que se tradujo, de acuerdo a denuncias sindicales, en la separación o reubicación forzosa de cientos de trabajadores

    Los empleados afectados han acusado a la alcaldesa de realizar despidos injustificados por motivos políticos, argumentando que las bajas se concentraron en personal con afiliación o simpatía hacia el partido opositor que gobernó la demarcación previamente.  

    Estas decisiones han derivado en múltiples manifestaciones, paros laborales y la interrupción de servicios, lo que ha puesto en evidencia la inestabilidad interna en el funcionamiento operativo de la alcaldía. 

    Uso de recursos y señalamientos por presunta opacidad

    Su administración ha enfrentado críticas por el manejo discrecional de recursos. Un foco de controversia ha sido la contratación y adjudicación de servicios de seguridad privada y vigilancia

    Se ha señalado una presunta falta de transparencia en la selección de proveedores para estos servicios, sugiriendo que los montos contratados no siempre se justifican con la mejora real de la seguridad en la demarcación. 

    Una investigación realizada por Los Reporteros Mx reveló graves contradicciones, omisiones y una evidente manipulación de cifras. La alcaldesa presumió los “logros” que beneficiarían, según ella, a los más de 545 mil habitantes de esa demarcación. Entre estos estaban la instalación de 51 mil luminarias, adquisición de 53 patrullas nuevas y recuperación de 20 mil metros cuadrados de vía pública.

    Pero la alcaldesa de oposición olvidó mencionar un detalle fundamental: las patrullas no son propiedad de la alcaldía; son arrendadas. Por si fuera poco, documentos oficiales de la propia alcaldía se contradicen sobre el número exacto de unidades y su costo real.

    Choques por el reordenamiento urbano y abuso de autoridad

    La política de “mano dura” en el reordenamiento del espacio público ha sido otra fuente constante de escándalos. 

    Los operativos de desalojo de comerciantes informales, especialmente en las colonias Juárez, Centro, y Tepito, han sido frecuentes y polémicos. Comerciantes ambulantes y organizaciones vecinales han denunciado que estos operativos se llevan a cabo con exceso de fuerza, intimidación y sin agotar las vías de diálogo o de reubicación formal. 

    En varios incidentes documentados, se han reportado confiscaciones de mercancía y enfrentamientos directos entre el personal de la alcaldía y los vendedores, lo que ha escalado las tensiones sociales. 

    Y como si todo lo anterior no bastara para el expediente de escándalos, recientemente la alcaldesa “invitó amablemente” a comerciantes de La Lagunilla a formar parte de la famosa marcha de la supuesta Generación Z, ese evento que buscó venderse como espontáneo pero que tuvo más producción que un espectáculo del Ajusco. 

    Incluso se señaló que la movilización habría sido financiada para quedar bien con su conocido aliado, Ricardo Salinas Pliego. Un cierre digno para una administración que, en vez de gobernar, parece empeñada en competir por el premio a la mejor telenovela política del año.

    Al final, Alessandra Rojo de la Vega parece empeñada en demostrar que, si no puede gobernar con resultados, al menos puede gobernar con escándalos. Su administración avanza como sus operativos: sin aviso, sin consenso y con más ruido que claridad. Rojo de la Vega domina el espectáculo, lástima que la alcaldía no necesita una influencer, sino una administradora.