Autor: Rafael Martínez

  • Acusan a panista de desvío de 160 millones en la Unión Ganadera

    Acusan a panista de desvío de 160 millones en la Unión Ganadera

    El dirigente actual de la Unión Ganadera Regional del Oriente denunció ante la Fiscalía Anticorrupción al exdiputado Esteban Abraham Macari. Señala que fondos públicos destinados al campo se usaron de forma irregular entre 2019 y 2024.

    Mario Esteban López Meneses presentó una denuncia contra Esteban Abraham Macari por un presunto desvío de 160 millones de pesos ante la Fiscalía Anticorrupción de Yucatán.

    De acuerdo a la denuncia, los recursos provinieron de la Secretaría de Desarrollo Rural de Yucatán, apoyos que llegaron entre 2019 y 2024 y estaban destinados a programas para ganaderos y zonas rurales.

    López Meneses afirma que la Unión guarda revisiones técnicas y documentos administrativos. Además, dice tener testimonios internos que apuntan a irregularidades en el manejo de fondos.

    Los informes, de acuerdo al dirigente, muestran varios problemas, entre los que destacan uso irregular de recursos, proyectos duplicados sin pruebas de ejecución, movimientos bancarios sin respaldo y microcréditos sin evidencia de pago.

    La denuncia también involucra al exsecretario de Desarrollo Rural, Jorge Díaz Loeza, quien sostiene que los funcionarios encargados de supervisar no detectaron las anomalías en su momento.

    Para los ganaderos, la acusación busca claridad y reparación,  López Meneses  asegura que quieren saber quién autorizó los recursos, cómo se ejercieron y a qué se destinó cada monto. Por ello pide rendición de cuentas para el campo yucateco.

    La Fiscalía Anticorrupción recibirá ahora la documentación y deberá iniciar las averiguaciones, proceso que intentará aclarar la ruta del dinero y fijar responsabilidades penales o administrativas, en caso de proceder.

    La denuncia abre un debate sobre el control de apoyos al campo y la transparencia en las asociaciones civiles. Los productores esperan que la investigación arroje respuestas claras y rápidas.

  • Golpe fiscal a Grupo Salinas

    Golpe fiscal a Grupo Salinas

    La Suprema Corte autorizó al SAT cobrar 48 mil 326 millones de pesos por ISR, recargos y multas de 2008 a 2013.

    La Suprema Corte publicó los detalles de siete juicios fiscales contra Grupo Salinas. Con esas resoluciones, el SAT podrá cobrar 48 mil 326 millones de pesos por impuestos, recargos y multas, el monto corresponde a los ejercicios fiscales de 2008 a 2013.

    Autoridades fiscales informaron que esos recursos fortalecerán servicios públicos y programas sociales. Para Ricardo Salinas Pliego y sus empresas, la sentencia representa un golpe legal y financiero.

    El fallo envía un mensaje claro sobre el cumplimiento fiscal de las empresas, por lo que el SAT ya prepara acciones para cobrar y aplicar recargos cuando proceda. La Corte detalló los criterios usados en el cálculo y en las sentencias.

    Ciudadanos esperan que la decisión impulse la confianza y justicia en el sistema tributario.

  • Exigen auditoría a empresas por uso excesivo de agua en Zacatecas

    Exigen auditoría a empresas por uso excesivo de agua en Zacatecas

    Productores locales piden investigar a trasnacionales que agravan la crisis del agua en la región

    Productores agrícolas de la región exigen al gobierno federal y a la Cámara de Diputados que realicen una auditoría a las grandes empresas trasnacionales. Estas empresas, entre las que destacan las mineras, refresqueras y cerveceras, están utilizando excesivos volúmenes de agua, mucho más de lo que tienen concesionado. Alberto de Santiago Murillo, vocero de la Asociación de Áreas Agrícolas de Riego en Zacatecas, expresa su preocupación por la sobreexplotación de los acuíferos, evidenciada por la actuación de funcionarios corruptos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

    En Zacatecas, la cervecera más grande del mundo, perteneciente a Grupo Modelo, consume enormes cantidades de agua. De Santiago Murillo, que cultiva cebolla, ajo, chile y frijol en la misma área, explica que esta compañía tiene concesionados 16 mil millones de metros cúbicos, pero en realidad extrae el doble: 32 mil millones de metros cúbicos al año. Esta situación provoca un serio desequilibrio en la disponibilidad del agua en la región.

    Los datos sobre la industria cervecera contrastan con la realidad del sector agrícola. La planta cervecera emplea alrededor de 3 mil personas, mientras que más de 8 mil productores agrícolas generan empleo para más de 80 mil trabajadores. De Santiago Murillo señala que las empresas del sector cervecero manipulan cifras y estudios para presentarse como víctimas, mientras que los agricultores son retratados como villanos, una narrativa que él considera engañosa.

    El vocero también critica la nueva Ley General de Aguas Nacionales. Asegura que el enfoque actual castiga a los campesinos y favorece a las grandes industrias. “La ley debe ser más rigurosa con cerveceras, refresqueras y mineras”, insiste. Estas empresas no solo contaminan el agua, sino que exportan el recurso vital sin devolverlo a la región.

    Los productores agrícolas utilizan el agua de manera sostenible. De Santiago Murillo menciona que parte del agua que usan se recicla a través del riego, permitiendo la recarga natural del acuífero. El ciclo del agua se completa gracias a los cultivos, que también contribuyen a la creación de un ambiente más húmedo, generando nubes y lluvia.

    Con esta perspectiva, los agricultores de Zacatecas demandan una respuesta justa y equitativa del gobierno. No se trata solo de la preservación de sus cultivos, sino de la supervivencia de todo un ecosistema. Los productores rurales piden una real atención y una regulación eficaz sobre las grandes corporaciones que están agotando un recurso esencial para todos.

  • Morena y productores acuerdan mesa urgente por el agua

    Morena y productores acuerdan mesa urgente por el agua

    Morena y productores acordaron instalar hoy una mesa para revisar la ley de aguas y reanudar el diálogo en Gobernación.

    Tras un encuentro en el Congreso, la bancada de Morena y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano acordaron abrir una mesa urgente sobre la ley de aguas.

    El cabildeo incluyó al coordinador de Morena, Ricardo Monreal, y al líder del frente, Eraclio Rodríguez. También participó el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval.

    Rodríguez dijo que la mesa ya empezó a funcionar y que los productores harán propuestas para cambiar la iniciativa. Añadió que buscan aclarar puntos que hoy no favorecen al campo.

    Además, acordaron gestionar una reunión entre transportistas y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. La intención es abordar la seguridad en carreteras y casetas.

    Rodríguez advirtió que viven contra reloj. Comentó que temen choques en los bloqueos y que quieren evitar más violencia. Por eso pidieron agilizar las conversaciones.

    Sobre precios, propusieron usar los costos de producción oficiales y sumar una utilidad justa. Así, la industria deberá comprar por encima del costo real, dijo Rodríguez.

    También explicaron que no requieren un documento previo para hablar en Gobernación. Señalaron que lo fundamental es la voluntad de las partes para avanzar.

    Mientras tanto, los bloqueos se mantienen hasta ver avances. Los diputados quedaron listos para intervenir y acompañar las mesas de diálogo.

    La jornada cerró con la promesa de seguir negociando hoy mismo. Productores, transportistas y legisladores dijeron buscar acuerdos que eviten más pérdidas y confusión.

  • El Licenciado niega vínculos con el CJNG

    El Licenciado niega vínculos con el CJNG

    En Morelia, Jorge Armando Gómez Sánchez asegura que lo torturaron tras su detención y pide que el juez no lo vincule al asesinato del alcalde de Uruapan.

    Jorge Armando Gómez Sánchez, alias “El Licenciado”, negó hoy pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación. Afirmó no conocer a ninguno de sus integrantes.

    El juez Luis Fernando Díaz Parra resolverá hoy si lo vincula a proceso por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez. Gómez enfrenta cargos como presunto autor intelectual.

    Gómez dijo que lo detuvieron el 18 de noviembre en el barrio de San Juan, cuando iba al partido de fútbol de su hijo. Relató que los agentes que lo arrestaron lo torturaron y amenazaron con dañar a su familia.

    El detenido está en prisión preventiva en el penal de El Altiplano, en el Estado de México. Dijo ser licenciado en Ciencias de la Comunicación y Periodismo y aseguró llevar una vida honesta.

    También relató su trabajo: fue contratista de la Comisión Federal de Electricidad desde 2012 y asesor en el Congreso en 2018. En 2024, dijo, colaboró en obras públicas para el ayuntamiento de Santa Ana Maya, donde nació su madre.

    El juez también revisará la situación de siete policías municipales que eran escoltas del alcalde. Los acusan de homicidio por omisión; uno de ellos, Demetrio “N.”, enfrenta cargos por disparar y matar al joven señalado como “Niño Sicario”.

    Las autoridades identificaron al pistolero como Víctor Manuel Ubaldo Vidales. Lo abatieron con su propia arma cuando ya estaba sometido.

    Ayer, un juez impuso prisión preventiva a Jaciel Antonio Herrera Torres, “El Pelón”, presunto integrante del CJNG. Lo señalan de reclutar en un centro de rehabilitación a los jóvenes implicados en el homicidio. Además, Fernando Josué Leal Aceves apareció muerto el 10 de noviembre en la carretera Uruapan-Paracho junto con Ramiro “N.”.

    La familia del alcalde y la comunidad esperan la resolución del juez mientras buscan justicia. Las audiencias continuarán hoy y la ciudad sigue pendiente del fallo.

  • Aumentan penas por despojo a 25 años de cárcel

    Aumentan penas por despojo a 25 años de cárcel

    La Cámara de Diputados aprueba reformas al Código Penal Federal para endurecer las sanciones por despojo, especialmente contra grupos vulnerables.

    La Cámara de Diputados tomó una decisión importante al aprobar reformas al Código Penal Federal (CPF) que incrementarán las penas por el delito de despojo. La reforma, aprobada por unanimidad con 413 votos, responde a un problema creciente en el país, donde miles de personas han sido víctimas de este delito.

    El legislador Gerardo Ulloa Pérez, del partido Morena, destacó durante la sesión que el despojo afecta profundamente a la sociedad. Mencionó que, en el Estado de México, se han registrado más de 42 mil casos de despojo entre 2015 y 2025. Esto pone de manifiesto la urgencia de abordar esta cuestión.

    Con la nueva reforma, los responsables de despojos en grupo enfrentarán penas de entre 10 y 15 años de prisión. Por otro lado, quienes cometan este delito de manera repetida podrían recibir sentencias de 5 a 25 años. El nuevo artículo 395 Bis agrega agravantes que aumentarán las penas para los servidores públicos involucrados. También se castigará con de 6 a 10 años adicionales de prisión a aquellos que se hagan pasar por notarios o afecten a personas vulnerables.

    La reforma busca proteger especialmente a adultos mayores y personas con discapacidad. Estas poblaciones son más susceptibles a abusos, y la ley ahora busca ofrecerles una mayor protección y justicia.

    En otro tema, los diputados también aprobaron un dictamen que protege a los sindicatos de la interferencia de funcionarios públicos. Este cambio en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado garantiza que la representación sindical refleje realmente la voluntad de los trabajadores. La diputada Sonia Rincón Chanona, también del partido Morena, afirmó que esta medida fortalecerá la transparencia en las relaciones laborales y protegerá los derechos de los agremiados.

    Con estas reformas, la Cámara de Diputados pretende no solo combatir el delito de despojo, sino también promover un entorno laboral más justo y respetuoso. Las decisiones tomadas hoy marcan un avance significativo en la lucha por los derechos de todos los ciudadanos.

  • Acusaciones de Morena contra el PRI por violencia en marcha de la Generación Z

    Acusaciones de Morena contra el PRI por violencia en marcha de la Generación Z

    Morena señala al líder del PRI de estar detrás de grupos de choque en el evento del 15 de noviembre.

    La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México lanzó serias acusaciones contra Alejandro “Alito” Moreno, presidente nacional del PRI. Lo acusan de haber contratado grupos de choque y conocidos como porros para provocar disturbios durante la marcha de la Generación Z, que tuvo lugar el pasado 15 de noviembre.

    Durante una conferencia de prensa, los representantes de Morena aseguraron que Moreno orquestó esta operación. Mencionaron que, en una reunión de organización, comisionó a dos diputados federales, Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla e Israel Betanzos, para liderar la movilización de estos grupos. Según los dirigentes de Morena, los diputados se comunicaron con Ángel Gutiérrez, conocido como El Fabia, quien es presidente del PRI en Gustavo A. Madero. Él se encargaría de movilizar a jóvenes de varias organizaciones, como la Organización de Estudiantes Técnicos (Odet) y el Frente Juvenil Revolucionario, también apodados “Los 300”.

    Paulo García, vocero de Morena, enfatizó que también participaron grupos porriles de distintas instituciones educativas, como el IPN y la UNAM. Expresó que esta información proviene de testimonios de simpatizantes y militantes priistas preocupados por su seguridad. Por ello, responsabilizaron a Moreno de cualquier acción violenta que pudiera surgir.

    La situación genera tensión en el ambiente político, y Morena espera que las autoridades tomen cartas en el asunto ante estas acusaciones graves.

  • Catean dos casas en Iguala ligadas a Ayotzinapa

    Catean dos casas en Iguala ligadas a Ayotzinapa

    La FGR realizó un operativo en Iguala y aseguró dos viviendas vinculadas al Caso Ayotzinapa. Detuvo a tres personas y colocó sellos por “desaparición cometida por particulares”.

    La Fiscalía General de la República realizó un operativo simultáneo en la zona Norte de Guerrero.  Agentes de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) dirigieron las diligencias.

    El operativo comenzó alrededor de las 06:20 horas.  Agentes catearon y aseguraron dos viviendas en Iguala. Una está en la calle Ramón Corona, en el Centro.  

    La otra se ubica en la Unidad Habitacional Nicolás Bravo, número 30 de la calle Luis Donaldo Colosio.

    Las autoridades colocaron sellos de clausura.  El motivo consignado en los sellos es “desaparición cometida por particulares”. La FGR dijo que esa medida se vincula a las pesquisas del caso Ayotzinapa.

    La Fiscalía confirmó la detención de tres personas. Se trata de un hombre y dos mujeres.  Las trasladaron en calidad de presentados para continuar las diligencias.

    En la acción participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Las fuerzas federales y locales resguardaron las zonas con patrullas y unidades tácticas.

    La FGR no ha aclarado si existían órdenes de aprehensión.  La institución informó que dará más detalles sobre la situación jurídica de los detenidos en las próximas horas.

    Estas diligencias forman parte de la investigación por la desaparición de los 43 normalistas, ocurrida en septiembre de 2014. Familiares y comunidades esperan avances y respuestas tras años de demanda por la verdad y la justicia.