El Parlamento de Irán aprobó por unanimidad suspender toda colaboración con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), incluida la entrada de su director, Rafael Grossi, y la operación de cámaras de vigilancia en sus instalaciones nucleares.
La decisión surge tras el rechazo del canciller iraní, Seyed Abbas Araghchi, a la solicitud del OIEA para inspeccionar sitios bombardeados. Acusó al organismo y a su titular de actuar con “intenciones malignas” y responsabilizó a Grossi del deterioro de la relación.
El vicepresidente del Parlamento, Hamid Reza Haji Babaei, afirmó que la medida busca proteger las actividades nucleares de Irán, luego de que datos confidenciales se filtraran en documentos israelíes. También acusó a Estados Unidos de encabezar una guerra contra el pueblo iraní.
La suspensión se mantendrá hasta que Teherán considere garantizada la seguridad de sus instalaciones y científicos, según lo determine su Consejo Supremo de Seguridad Nacional.
La Fiscalía capitalina obtuvo sentencias de hasta 80 años de prisión contra seis personas —tres hombres y tres mujeres— por su responsabilidad en distintos casos de secuestro cometidos en Tlalpan, Miguel Hidalgo y Xochimilco.
En el caso más grave, Silvina “N” y Pablo “N” fueron condenados a 80 años por el secuestro y asesinato de una persona retenida en un inmueble de la alcaldía Tlalpan en 2020. Pese a exigir dos millones de pesos como rescate, no obtuvieron el pago, y la víctima fue hallada sin vida tras un cateo de la Policía de Investigación.
Otro implicado, Alexis “N”, fue sentenciado a 50 años por un secuestro en Lomas de Chapultepec en 2019, cuando abordó con un cómplice una camioneta y amagó con un arma al conductor. La detención se logró tras una persecución policiaca.
En un tercer caso, ocurrido en 2007, Isidoro “N” recibió 30 años de prisión, mientras que Edwina “N” y Rosa “N” fueron condenadas a 22 años y medio. Privaron de la libertad a un padre y su hija luego de fallar en un intento de robo, y exigieron 700 mil pesos. Las víctimas fueron rescatadas tras labores de inteligencia.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reiteró que seguirá combatiendo el secuestro con investigaciones sólidas y sin impunidad.
El Cártel de Sinaloa logró infiltrarse en comunicaciones del FBI y utilizar el sistema de videovigilancia de la Ciudad de México para seguir y asesinar a testigos protegidos, reveló una auditoría del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
De acuerdo con el informe, en 2018 un hacker al servicio del grupo criminal obtuvo información sensible del celular de un agregado del FBI en la Embajada estadounidense en México. El cártel accedió al registro de llamadas, datos de geolocalización y, mediante el sistema de cámaras capitalinas, siguió los movimientos del funcionario para identificar a sus contactos.
La operación se dio cuando Joaquín “El Chapo” Guzmán ya había sido extraditado, pero su organización mantenía una estructura operativa activa. Las autoridades estadounidenses señalaron que la información fue utilizada para intimidar y en algunos casos asesinar a personas que colaboraban con la agencia federal.
El documento forma parte de una revisión interna sobre cómo el FBI enfrenta los riesgos derivados de la vigilancia masiva y el uso extendido de datos personales, que se ha convertido en una ventaja para grupos del crimen organizado. El texto alerta sobre la creciente capacidad de actores no estatales para explotar vulnerabilidades tecnológicas, como quedó demostrado en este caso.
Hasta ahora, ni el FBI ni los Departamentos de Estado o de Justicia han emitido comentarios públicos. Tampoco se ha revelado la identidad del hacker, del agente afectado ni de las víctimas.
La revelación se da apenas días después de que otro alto funcionario de la DEA, Matthew Allen, expusiera que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) también espió a agentes de esa agencia en Washington durante el juicio de Rubén Oseguera, “El Menchito”.
La casa de bolsa Vector anunció que dejará de operar divisas, aunque aseguró que el resto de sus servicios continuará funcionando con normalidad y sin afectaciones para sus clientes, luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aplicó una intervención gerencial temporal.
El anuncio se da tras ser señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntamente facilitar operaciones de lavado de dinero ligadas al narcotráfico. Pese a ello, la firma aseguró que su liquidez está garantizada y los recursos de sus clientes se mantienen seguros y respaldados por el Depósito Central de Valores de México (INDEVAL).
Vector sostuvo que la medida no compromete su operación y que trabajará de manera coordinada con las autoridades para fortalecer la certeza institucional y cumplir con los más altos estándares regulatorios. También reiteró su disposición a colaborar en el esclarecimiento de cualquier señalamiento.
Estados Unidos entregó en deportación controlada a Edgar Damián Sandoval Albarrán, alias “El Rana” o “El Wereke”, presunto integrante del cártel Guerreros Unidos y testigo clave en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Sandoval fue entregado a México en el cruce fronterizo de Nogales, Sonora, y quedó a disposición de un juez federal en Toluca, donde enfrenta cargos por delincuencia organizada y desaparición forzada de personas. En julio de 2024, la Juez Segunda de Distrito en el Estado de México emitió la orden de aprehensión contra él por su presunta responsabilidad en estos delitos.
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó su detención provisional con fines de extradición tras su arresto en Estados Unidos por ingreso ilegal. Un juez estadounidense ordenó su deportación controlada luego de una audiencia migratoria en junio de 2025.
Durante la investigación, se estableció que “El Wereke” actuaba como halcón y sicario bajo órdenes de Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, jefe de sicarios de Guerreros Unidos. Fue identificado como uno de los responsables de disparar contra los estudiantes tras su captura en septiembre de 2014, hechos que derivaron en la desaparición forzada.
De acuerdo con el expediente público difundido por la entonces Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía, Sandoval Albarrán y otros sicarios trasladaron las cenizas de las víctimas en bolsas de plástico para luego arrojarlas al Río San Juan, ocultando así evidencias.
El gobierno federal había ofrecido una recompensa de 1.5 millones de pesos por información que condujera a su captura.
Con 73 votos a favor y 34 en contra, el Senado de la República aprobó la extinción del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la transferencia de sus funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El dictamen, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca optimizar recursos, evitar duplicidades y fortalecer la evaluación de políticas sociales al concentrarlas en una sola institución. El Inegi asumirá tareas clave como medir la pobreza, evaluar programas sociales, emitir recomendaciones y actualizar los lineamientos técnicos de medición.
📌 A fin de actualizar la metodología para medir el impacto de los programas sociales, el Senado aprobó transferir las funciones del CONEVAL al @INEGI_INFORMA. pic.twitter.com/URLcPTmyJM
La reforma también mantiene en la Secretaría de Hacienda las atribuciones del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, y armoniza varias leyes con lo dispuesto en el Artículo 26 de la Constitución.
Durante el debate, legisladores destacaron que la medida permitirá ahorrar hasta 9 mil 300 millones de pesos. La senadora Andrea Chávez defendió la integración bajo el Inegi como una mejora en eficiencia y coordinación. La oposición advirtió posibles riesgos en la independencia de la medición de la pobreza. El dictamen será enviado a la Cámara de Diputados.
El Senado aprobó en comisiones la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con más de 70 modificaciones a la iniciativa original de la presidenta Claudia Sheinbaum, sin alterar el espíritu de cerrar la brecha digital, garantizar derechos de las audiencias y fortalecer la soberanía tecnológica del país.
El dictamen elimina al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) y crea en su lugar la Agencia de Transformación Digital (ATDT), aunque con atribuciones reducidas, muchas de las cuales fueron reasignadas a nuevos órganos independientes: la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que tendrá independencia técnica y operativa, y la Comisión Antimonopolios, encargada de la aplicación de sanciones a concesionarios.
Durante el debate, legisladores del PRI y PAN reconocieron que se eliminaron varios artículos que implicaban censura, como el controvertido artículo 109, que permitía el bloqueo de plataformas digitales y que fue causa de protestas y diálogos con expertos.
Sin embargo, expresaron preocupación por la persistencia, según ellos encubierta, del padrón de usuarios de telefonía móvil, la geolocalización en tiempo real y la facultad del Estado para suspender transmisiones bajo el argumento ambiguo de “los derechos de las audiencias”. Morena respondió que estas medidas ya existían desde reformas previas y son necesarias para proteger el interés público frente a abusos documentados en grandes concesionarios de la televisión privada.
La ley prohíbe a concesionarios de radio, televisión y plataformas digitales transmitir propaganda política, ideológica o comercial de gobiernos extranjeros, salvo promoción turística o cultural.
Además, incluye medidas para apoyar a medios sociales, indígenas, comunitarios y afromexicanos, permitiéndoles comercializar hasta el 70% de su tiempo de transmisión, en busca de reducir la desigualdad digital y fortalecer la pluralidad.
El dictamen fue aprobado en comisiones con 29 votos a favor, 4 en contra y 4 abstenciones, y será sometido a primer lectura en el pleno del Senado para su votación definitiva próximamente.
La Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, reveló que Grupo Salinas, encabezado por Ricardo Salinas Pliego, acumula una deuda fiscal de 74 mil millones de pesos, cifra que creció 11 mil millones en un año, mientras el empresario mantiene 32 juicios activos para evitar el pago.
La funcionaria explicó que los adeudos se originaron en 2008, pero fue hasta 2016 que el SAT concluyó la auditoría y confirmó las omisiones. Desde entonces, el corporativo ha utilizado todos los recursos legales posibles para retrasar el pago, incluyendo tácticas para recusar a jueces.
De los 74 mil millones, tres juicios en la Suprema Corte concentran 26 mil millones; otros se reparten entre tribunales colegiados, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y otras instancias, según detalló la Procuraduría ante la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sheinbaum confirmó que la deuda corresponde a Grupo Salinas y advirtió que “tendrá que pagar, porque es orden de un juez”. También atribuyó las campañas de Televisión Azteca contra el gobierno a este conflicto fiscal y al proceso de elección judicial, al que Salinas Pliego se opone.
La mandataria reiteró que, aunque el proceso ha sido largo, la justicia “siempre llega”, y destacó la caída en el valor de las acciones del grupo como reflejo del desgaste del caso.
El Senado de la República aprobó dos reformas clave: una a la Ley en Materia de Desaparición y otra a la Ley General de Población, con el objetivo de agilizar la búsqueda de personas desaparecidas y establecer la CURP biométrica como documento de identidad oficial.
La reforma en materia de desaparición, conocida como Ley de Búsqueda, fue aprobada con 89 votos a favor y 13 en contra. Contempla la creación de una Plataforma Única de Identidad interconectada en tiempo real, que integrará el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, la Base Nacional de Carpetas de Investigación y el Banco Nacional de Datos Forenses. También obliga a abrir carpetas de investigación de manera inmediata tras una denuncia de desaparición.
✅ Con 89 votos a favor y 13 en contra, se aprueba en lo general y los artículos no reservados del dictamen que reforma la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Las autoridades de los tres niveles de gobierno, así como empresas con bases de datos biométricos, deberán permitir el acceso a esta información a la Fiscalía General de la República, fiscalías estatales, el Centro Nacional de Inteligencia y cuerpos de seguridad.
El senador morenista Enrique Inzunza destacó que las reformas son resultado del trabajo de colectivos de víctimas, defensores de derechos humanos y especialistas. Se refuerzan mecanismos de búsqueda con perspectiva de derechos humanos y se reconoce legalmente la participación de las familias como víctimas en los procesos de investigación.
Por su parte, la reforma a la Ley General de Población fue aprobada con 69 votos a favor, 28 en contra y 5 abstenciones. Establece el uso de la CURP biométrica con fotografía, huellas y otros datos como nuevo documento oficial de identidad. La oposición (PRI, PAN y MC) advirtió sobre riesgos a la privacidad y al control excesivo del Estado sobre los datos personales.
El morenista Alejandro Murat calificó de “fantasías” estas críticas y aseguró que la CURP biométrica es una herramienta moderna que no implica vigilancia indebida.
Las minutas fueron turnadas a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual ratificación.
Un grupo de indígenas mazahuas y triquis bloqueó este jueves el Eje Central Lázaro Cárdenas, a la altura de Avenida Juárez, para exigir espacios donde puedan vender sus artesanías en condiciones adecuadas.
Los manifestantes señalaron que fueron reubicados del Paseo de la Reforma al Teatro Blanquita, un inmueble en desuso donde, aseguran, la afluencia de compradores es baja y compiten con productos importados, lo que ha afectado sus ventas.
Durante la protesta, alrededor de 50 personas cerraron la vialidad y rodearon un vehículo oficial en el que viajaba la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Elementos de tránsito realizaron cortes a la circulación y desviaron el flujo vehicular.
📹 #Vídeo | Al grito de "solución, solución", un grupo de 50 personas de comunidades triquis, en su mayoría mujeres, encapsulan el vehículo de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada (@ClaraBrugadaM). Esto luego de ser desalojados de Paseo de la Reforma el pasado martes. pic.twitter.com/9EwuxAGcKq
Al lugar acudió personal de Concertación Política del gobierno capitalino con la intención de establecer diálogo, sin embargo, los manifestantes reiteraron su demanda de ser atendidos directamente por la mandataria local. Advirtieron que continuarán sus movilizaciones en el Centro Histórico hasta obtener una respuesta favorable.
