El gobierno de Donald Trump proclamó la “Semana Anticomunista” en respuesta al ascenso electoral de figuras de izquierda en EUA, en especial el triunfo del socialista democrático Zohran Mamdani como alcalde electo de Nueva York. La medida, acompañada de un discurso cargado de retórica de Guerra Fría, busca reactivar un clima de confrontación ideológica y justificar políticas de control interno más severas.
La Casa Blanca declaró esta semana como la “Semana Anticomunista”, en un gesto que mezcla nostalgia por la Guerra Fría con una estrategia política de polarización. La proclamación se presentó como un “recordatorio solemne” de los males del comunismo, pero se enmarca en un contexto electoral donde el presidente Donald Trump enfrenta la creciente presencia de políticos progresistas y socialistas democráticos en gobiernos locales.
En su mensaje, Trump advirtió que “nuevas voces repiten viejas mentiras”, refiriéndose al llamado “socialismo democrático” que, en su opinión, busca “rendir la libertad” en favor del Estado. Aunque sin mencionar directamente a Mamdani, el mandatario lo calificó días antes como “comunista”, diluyendo las diferencias entre corrientes ideológicas y reforzando un discurso de enemigo interno. Analistas apuntan que la iniciativa busca revivir un marco moral de “patriotismo anticomunista” para cohesionar a su base más conservadora.
El movimiento va más allá del terreno simbólico. El gobierno federal ha intensificado redadas migratorias, desplegado tropas en ciudades y multiplicado por tres el presupuesto para detenciones. De acuerdo con el Migration Policy Institute, el número de inmigrantes encarcelados alcanzó los 61 mil en agosto y podría superar los 100 mil a inicios de 2026, convirtiendo a EUA en el país con el sistema de detención migrante más grande del mundo.
Al mismo tiempo, Washington refuerza su presencia militar en el Caribe y el Pacífico, bajo el argumento de combatir el narcotráfico. En ese frente, se han realizado 19 ataques en meses recientes, dejando decenas de muertos identificados sin pruebas como “traficantes”. El senador republicano Lindsey Graham sintetizó la lógica del gobierno en una frase que causó polémica: “Estamos matando a toda la gente correcta y recortando tus impuestos.”
La “Semana Anticomunista” confirma el regreso de un tono ideológico agresivo en la política estadounidense: un país que, tres décadas después del fin de la Guerra Fría, vuelve a mirar al mundo —y a sí mismo— con el miedo como brújula.
El hallazgo de combatientes de Hamás ocultos en túneles bajo Rafah amenaza con colapsar las negociaciones de paz entre Israel y el grupo islamista. A pesar de los esfuerzos diplomáticos encabezados por Jared Kushner, el dilema militar y político refleja la fragilidad del alto el fuego y la posibilidad de una partición permanente de Gaza.
El conflicto en Gaza atraviesa una nueva fase de incertidumbre. Decenas de combatientes de Hamás permanecen atrapados bajo tierra, en los túneles de Rafah, una zona que ahora se encuentra bajo control israelí. La organización islamista exige garantías de salvoconducto para sus hombres, mientras Israel se niega a ofrecer cualquier concesión que pueda interpretarse como una victoria para su enemigo. Esta disputa ha convertido los túneles en el principal obstáculo para avanzar hacia un alto el fuego sostenible.
De acuerdo con fuentes diplomáticas, Jared Kushner, yerno del presidente de EUA, Donald Trump, regresó a Jerusalén para discutir con Benjamin Netanyahu los términos de un nuevo plan que incluya la amnistía parcial para los combatientes dispuestos a rendirse. Sin embargo, ni Hamás ni el gobierno israelí parecen dispuestos a ceder. Los mediadores internacionales temen que la prolongación del conflicto y el bloqueo en las negociaciones deriven en un nuevo ciclo de violencia que haga imposible la reconstrucción de Gaza.
La guerra, iniciada tras el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, ha dejado más de 69 000 palestinos muertos, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud gazatí validadas por la ONU. Aunque el primer acuerdo de alto el fuego permitió liberar rehenes y aumentar la ayuda humanitaria, las acusaciones mutuas de incumplimiento han debilitado cualquier esperanza de estabilidad. Israel denuncia que Hamás retrasa la entrega de cuerpos y rehenes, mientras el grupo islamista afirma que el ejército israelí ha continuado con ataques encubiertos y restricciones al ingreso de ayuda.
La realidad sobre el terreno apunta a una partición de facto: más de la mitad de Gaza está bajo control israelí y el resto, aún dominado por Hamás, vive bajo asedio. La comunidad internacional advierte que la actual tregua podría transformarse en un bloqueo indefinido, donde las ruinas, los túneles y el cansancio humanitario sustituyan cualquier posibilidad de paz. En ese contexto, el “progreso diplomático” que proclaman Washington y Tel Aviv parece cada vez más un espejismo político que un camino real hacia la reconciliación.
Los mensajes divulgados por los demócratas apuntan a que el expresidente de EUA estaba al tanto del abuso de menores cometido por Jeffrey Epstein. La Casa Blanca enfrenta creciente presión para liberar los llamados “archivos Epstein”.
Las piezas de un escándalo que nunca terminó de cerrarse vuelven a encajar. Nuevos correos electrónicos dados a conocer por los demócratas en el Comité de Supervisión de la Cámara sugieren que Donald Trump conocía las actividades sexuales ilícitas de Jeffrey Epstein, el magnate condenado por tráfico de menores que murió en prisión en 2019. En uno de esos mensajes, Epstein escribió que “por supuesto [Trump] sabía sobre las chicas”.
El contenido de los tres correos, fechados entre 2011 y 2019, implica que el presidente tuvo contacto con víctimas y que incluso pidió a Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, que detuviera la captación de menores. En otro mensaje, el propio Epstein admitió haber pasado horas con Trump y una víctima en su residencia, al tiempo que presumía de la protección política que esa cercanía le daba.
La revelación ha encendido el Congreso. El demócrata Robert Garcia acusó a la Casa Blanca de ocultar los “archivos Epstein”, un conjunto de documentos que detallarían la relación entre Trump y la red de tráfico sexual. Ro Khanna, también demócrata, aseguró que trabaja con el republicano Thomas Massie para forzar un voto que haga públicos todos los expedientes. “El público merece transparencia y las sobrevivientes merecen justicia”, declaró.
En medio del escándalo, Ghislaine Maxwell busca la conmutación de su sentencia, una petición que Trump aún no ha rechazado públicamente. La situación ha llevado a los líderes demócratas a acusar al presidente de encabezar “un programa de protección de pedófilos”, mientras los republicanos bloquean la divulgación total de los documentos.
El silencio del mandatario, que insiste en que las acusaciones son un “engaño político”, contrasta con la creciente presión para que su gobierno libere la verdad completa sobre su vínculo con Epstein.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que existen 30 quejas por violaciones a derechos humanos derivadas de las recientes redadas migratorias en EUA. Llamó a reconocer el papel de los migrantes mexicanos en la economía estadounidense y exigió respeto a sus derechos.
Durante su conferencia mañanera, Claudia Sheinbaum abordó las redadas contra migrantes en EUA y reveló que 30 denuncias por abusos a los derechos humanos fueron presentadas ante el gobierno mexicano. La mandataria subrayó que los migrantes “sostienen la economía” del país vecino y denunció la discriminación y el trato indigno que enfrentan.
Sheinbaum destacó que los cruces irregulares de mexicanos hacia el norte “son muy pocos”, pero recordó que más de 40 millones de personas de origen mexicano viven en territorio estadounidense. “El 90 % tiene papeles, incluso más”, dijo, y sostuvo que muchos llevan más de medio siglo en aquel país.
La presidenta insistió en que la migración mexicana impulsa sectores como el campo, la construcción y los servicios, y pidió que se reconozca su aporte. “Siempre vamos a buscar el diálogo y la coordinación, pero cuando no estemos de acuerdo también lo vamos a decir. Hay que proteger a nuestros paisanos, siempre lo vamos a hacer”, afirmó.
El tema surge luego de que el subsecretario Roberto Velasco informara que, desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, 10 mexicanos han fallecido bajo custodia del ICE, lo que motivó al gobierno mexicano a enviar 13 notas diplomáticas a Washington.
El positivismo llegó a México como un proyecto de modernización, pero terminó como un instrumento de legitimación del poder autoritario. Gabino Barreda, Justo Sierra y Porfirio Díaz lo adaptaron a las necesidades del Estado y de la derecha, convirtiendo así la educación y la ciencia en vehículos de control social para justificar un régimen autoritario.
El positivismo es una corriente filosófica que promete la salvación de la sociedad a través de la ciencia y la razón, pero que en la práctica reduce al ser humano a un engranaje del Estado. Propone que todo conocimiento debe basarse en la observación empírica y que la historia y la política pueden regirse como leyes naturales, ignorando la complejidad moral y social del ser humano. Bajo el lema “el amor como principio, el orden como base, el progreso como fin”, la libertad individual queda subordinada a un supuesto bien común impuesto desde arriba, al convertir la educación y la ciencia en instrumentos de control, legitimando así jerarquías, desigualdades, y concentrando el poder en las manos de unos pocos.
Auguste Comte (1798-1857), padre del positivismo.
Gabino Barreda: ciencia y educación al servicio del Estado
Gabino Barreda (1818-1881) fue el primer gran arquitecto del positivismo en México. Formado en París bajo influencia de la corriente de Auguste Comte, regresó a un país fragmentado por guerras y crisis políticas, creyendo que México necesitaba más que leyes: un proyecto racional y ordenado que transformara la sociedad desde la educación.
Al frente de la Escuela Nacional Preparatoria, Barreda convirtió la educación en un vehículo de emancipación intelectual, pero también en disciplina cívica. Su famosa “Oración cívica” proclamaba “libertad como medio, orden como base y progreso como fin”. La libertad, en su visión, no era un derecho absoluto: debía subordinarse al orden racional, y el progreso legitimaba la autoridad del Estado.
Sin embargo, lo que Barreda concebía como instrumento pedagógico fue reinterpretado por sus discípulos —los “científicos” del Porfiriato— como una herramienta ideológica de control. La educación dejó de ser emancipadora para convertirse en el medio de consolidación del poder autoritario: la jerarquía social y una modernización económica guiada por la élite. Con Barreda, el positivismo dejó de ser filosofía, se convirtió en política y traicionó su espíritu de cuestionamiento: la ciencia, la educación y el poder se alinearon para moldear un México obediente y racional.
Justo Sierra: el arquitecto moral de la obediencia
Justo Sierra Méndez (1848-1912) es recordado como el “Maestro de América”, pero su influencia va más allá de la enseñanza: fue el ideólogo que transformó el positivismo en justificación moral e intelectual del régimen de Porfirio Díaz. Heredero de Gabino Barreda, bastardeó la ciencia y la educación al convertirlas en herramientas del Estado, lo que permitió cimentar una derecha jerárquica y disciplinada que veía en el orden la condición para el progreso.
Sierra entendió que la razón debía imponerse a través del poder estatal. Su visión de una “dictadura ilustrada” no negaba la modernidad: la subordinaba al control del saber y de la autoridad. Como Ministro de Instrucción Pública, fundó la Universidad Nacional de México (hoy UNAM), reorganizó la educación y promovió la enseñanza laica y científica. Pero su cruzada educativa tenía un límite: la libertad debía someterse al orden, y la justicia social se alcanzaba desde arriba, a través de una élite ilustrada que formaba al pueblo para obedecer.
El pragmatismo político de Sierra lo acercó a Díaz, consolidando la idea de que un liderazgo fuerte era indispensable para garantizar la estabilidad. Su legado es doble: por un lado, la institucionalización del conocimiento como motor del progreso; por otro, la construcción de una derecha que convirtió la educación en un instrumento de control social.
Porfirio Díaz: la legitimación de una dictadura con la ciencia
Porfirio Díazhizo del positivismo el soporte ideológico de su régimen, al transformar la filosofía científica en un instrumento de legitimación del poder. Su lema “Orden y Progreso” no fue solo un eslogan: justificaba la centralización política, la subordinación de los ciudadanos y la concentración de la autoridad en manos de una élite. Bajo su mirada, las ideas de Gabino Barreda y Justo Sierra dejaron de ser herramientas de emancipación intelectual para convertirse en medios prácticos de control social y político, donde la educación y la ciencia estaban al servicio del Estado y de sus objetivos autoritarios.
De esta manera, el positivismo se convirtió en discurso de la derecha mexicana: la modernización económica y la inversión extranjera estuvieron acompañadas de represión política, desigualdad social y una limitación de libertades. La visión de Sierra sobre una “dictadura ilustrada” y la educación como herramienta de cohesión social se tradujo en ciudadanos instruidos para obedecer, mientras que las elites ilustradas consolidaron su poder y monopolizaron el progreso.
En consecuencia, el Porfiriato muestra cómo el positivismo fue castrado y retorcido para justificar la concentración del poder y la subordinación de la sociedad. La ciencia y la educación, que Barreda y Sierra habían pensado como motores del progreso, fueron convertidas en armas de control por la derecha, consolidando un Estado jerárquico y autoritario. El legado de modernización de Díaz es, sobre todo, el legado de un sistema donde el progreso fue medido por la obediencia y la perpetuación del poder de unos pocos.
El positivismo mexicano dejó una huella ambivalente: bajo su máscara de ciencia y progreso, la derecha encontró justificación para concentrar poder, imponer obediencia y consolidar jerarquías. Lo que prometía emancipación se transformó en justificación del control social, recordándonos que incluso las ideas más brillantes pueden ser moldeadas para servir a los intereses de la élite y del Estado.
El exyihadista Ahmed al Sharaa, otrora miembro de Al Qaeda, fue recibido con honores por Donald Trump en la Casa Blanca, marcando un giro histórico en la política hacia Siria. Su ascenso —de combatiente radical a presidente recibido por Washington— genera asombro y sospechas sobre la autenticidad de su transformación.
En un giro que parece sacado de un thriller político, Ahmed al Sharaa, antiguo líder del Frente Al-Nusra, fue recibido este lunes por Donald Trump en la Casa Blanca. Sonriente, el mandatario republicano calificó al nuevo presidente sirio como “un hombre fuerte” y un “aliado confiable”, apenas días después de que su nombre fuera eliminado de la lista de terroristas globales del Departamento del Tesoro de EUA.
El encuentro simboliza una ruptura con décadas de aislamiento y sanciones. Siria, tras la caída de Bashar al Assad en diciembre de 2024, intenta presentarse como una nación reconciliada. El propio Al Sharaa —antes conocido como Abu Mohammed al-Yolani— pasó de colocar explosivos en Irak a prometer paz, reconstrucción y apertura económica.
De los campos de batalla a los despachos diplomáticos, la historia del nuevo líder es tan vertiginosa como improbable. Tras ser prisionero en Abu Ghraib y Camp Bucca, donde conoció a Abú Bakr al Baghdadi, Al Sharaa rompió con el extremismo más salvaje del Estado Islámico. En 2015 prohibió ejecuciones y ordenó devolver propiedades a comunidades cristianas, gesto que cimentó su reputación de líder pragmático.
El reconocimiento de Washington llega tras una semana decisiva: la ONU levantó las sanciones contra su gobierno y Siria se integró a la Coalición Global contra el ISIS, convirtiéndose en su miembro número 90. Trump celebró el hecho como “una nueva era para Medio Oriente”.
Aun así, el escepticismo persiste. Analistas advierten que la conversión de un exyihadista en estadista “es tan meteórica que cuesta creerla”. Mientras tanto, Israel y Líbano observan con cautela el nuevo eje Washington-Damasco, conscientes de que un solo movimiento en falso podría hacer temblar de nuevo la región.
La pregunta queda abierta: ¿es Al Sharaa el símbolo de una Siria renovada o el más hábil camaleón del siglo XXI?
Con información de Fran Ruíz Pereira para La Crónica.
Un atacante suicida detonó explosivos frente a una corte de distrito en Islamabad, capital de Pakistán, causando 12 muertos y 27 heridos. El hecho ocurre en medio del repunte de la violencia atribuida a grupos vinculados al Talibán paquistaní.
Un ataque suicida sacudió este martes la capital de Pakistán. Un hombre se inmoló frente a las puertas de una corte de distrito en Islamabad, detonando una carga explosiva junto a un vehículo policial. El ministro del Interior, Mohsin Naqvi, confirmó que 12 personas murieron y al menos 27 resultaron heridas.
Hasta el momento ningún grupo se ha atribuido la autoría, aunque las autoridades han enfrentado en los últimos meses un resurgimiento del Talibán paquistaní (TTP). Naqvi afirmó que el atentado pudo haber sido ejecutado por “elementos respaldados por India y aliados talibanes afganos”, aunque la investigación sigue en curso.
Testigos relataron escenas de pánico y confusión. La explosión, que se escuchó a varios kilómetros, ocurrió en plena hora de actividad judicial, cuando decenas de ciudadanos y abogados transitaban por el área.
Horas antes, fuerzas de seguridad frustraron otro ataque en un colegio militar en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, donde milicianos intentaron tomar como rehenes a cadetes. Las autoridades también atribuyeron ese hecho al TTP, aunque el grupo negó participación.
El primer ministro Shehbaz Sharif condenó ambos atentados, ordenó una investigación y prometió que los responsables “serán llevados ante la justicia”. “No permitiremos que la sangre de inocentes paquistaníes se desperdicie”, afirmó.
Los ataques refuerzan la preocupación por el aumento de la violencia en el país. Desde que los talibanes tomaron el poder en Afganistán en 2021, Pakistán ha experimentado una nueva ola de atentados, principalmente en regiones fronterizas. El episodio de este martes es uno de los más letales registrados en Islamabad en los últimos años.
Pese al cese de hostilidades en Gaza desde el 10 de octubre, sólo ha ingresado una mínima parte de los medicamentos necesarios. Autoridades sanitarias palestinas denuncian el colapso del sistema de salud y acusan a Israel de restringir el acceso a insumos vitales y destruir farmacias durante el conflicto.
A un mes del alto el fuego en la franja de Gaza, el sistema de salud del enclave palestino se mantiene en situación crítica. De acuerdo con el director general del Ministerio de Salud, Munir al Barsh, solo ha ingresado 10% de los medicamentos necesarios para atender a los miles de heridos y enfermos que dejó la ofensiva israelí.
El funcionario detalló que Israel permitió el paso de apenas 60 camiones con fármacos, principalmente analgésicos y antibióticos, desde el inicio de la tregua. Añadió que la mayoría de los hospitales carecen de sedantes y antimicrobianos, lo que ha provocado un alza drástica en los precios dentro del sector privado.
Al Barsh denunció además que el ejército israelí destruyó 860 farmacias en los dos años de conflicto, y que no existe mejora alguna en el abasto, pese al cese de los combates. La situación humanitaria se agrava en un territorio donde han muerto más de 69 mil palestinos desde octubre de 2023, de acuerdo con cifras oficiales.
En Cisjordania, unos 50 colonos israelíes atacaron a campesinos y periodistas que participaban en la cosecha de aceitunas en la zona de Beita. Entre los heridos se encuentra la fotógrafa de Reuters, Raneen Sawafta, agredida brutalmente mientras cubría la jornada. La agencia exigió una investigación y que los responsables rindan cuentas.
Por su parte, la Unrwa criticó a Israel por restringir la entrada de ayuda humanitaria, mientras desde Abu Dabi, el asesor presidencial emiratí Anwar Gargash declaró que los Emiratos Árabes Unidos no participarán por ahora en ninguna fuerza de estabilización en Gaza, aunque reiteró su compromiso con los esfuerzos políticos y humanitarios para alcanzar la paz.
El presidente de EUA, Donald Trump, concedió indultos a su exabogado Rudy Giuliani, a Mark Meadows y a otros implicados en los esfuerzos por revertir las elecciones de 2020. La medida subraya la continuidad de la narrativa de fraude electoral promovida por Trump, aunque tribunales y autoridades no encontraron pruebas que alteraran los resultados.
El presidente Donald Trump otorgó indultos a su exabogado personal Rudy Giuliani, a su exjefe de gabinete Mark Meadows, a Sidney Powell, y a John Eastman, entre otros, por su participación en intentos de anular la victoria de Joe Biden en 2020. La proclamación firmada por Ed Martin, abogado de indultos del gobierno, aclara que los indultos no se aplican al propio Trump y destacan que se trata de delitos federales, de los cuales ninguno de los beneficiados había sido acusado en casos federales sobre las elecciones.
Estos indultos reflejan los esfuerzos de Trump por mantener la narrativa de que las elecciones de 2020 le fueron “robadas”, pese a que tribunales y otras instancias no encontraron evidencia de fraude. También se incluyen republicanos que actuaron como electores falsos, así como Jeffrey Clark, exfuncionario del Departamento de Justicia que defendió los esfuerzos de Trump para impugnar la elección. Giuliani y Eastman, figuras clave en la promoción de teorías infundadas, enfrentaron sanciones profesionales y demandas por difamación, mostrando el impacto de sus acciones en la esfera pública.
En 2021, una investigación de Ricardo Sevilla para RegeneraciónMx reveló cómo la UNAM y el Gobierno de la Ciudad de México destinaron casi 30 millones de pesos a la exposición Carne y Arena, dirigida por Alejandro González Iñárritu. Los nombres de Enrique Graue y Jorge Volpi destacaron por su papel en la asignación de estos recursos, generando cuestionamientos sobre ética, transparencia y prioridades institucionales.
En diciembre de 2021, se dio a conocer que Miguel Ángel Mancera, entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y Enrique Graue, rector de la UNAM, autorizaron pagos millonarios a Alejandro González Iñárritu, quien además recibió el grado de Doctor honoris causa por parte de la máxima casa de estudios. La cifra total se aproximó a los 28 millones 527 mil pesos, de los cuales un millón de dólares se destinó directamente a Iñárritu, y más de 10 millones de pesos adicionales se usaron en construcción, operación, logística, promoción y otros gastos asociados.
Una excolaboradora de la UNAM recordó que “fue el propio Graue quien ordenó a Jorge Volpi que, con dinero de nuestra máxima casa de estudios, le llenaran los bolsillos al Negro Iñárritu”. Volpi, titular de la Coordinación de Difusión Cultural, ejecutó estas instrucciones con la ayuda de Ricardo Raphael de la Madrid, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, “supervisando” los detalles de la exposición, aunque sin acudir personalmente al recinto.
El convenio CC-013-2017, firmado entre Volpi y Raphael de la Madrid, especificaba que la UNAM y la CDMX aportarían fondos “para actividades que desarrollen estrategias de promoción turística en la Ciudad de México”. Sin embargo, críticos y trabajadores del Centro Cultural señalaron que la exposición tuvo escasa afluencia de público durante sus 285 días de exhibición, cuestionando la eficacia de la inversión y la prioridad de destinar recursos públicos a un proyecto con valor cultural dudoso.
Carne y Arena, periodista que documentó los costos, precisó que una parte de los 500 mil dólares adicionales se pagó a Nicolas Scabini, director de arte y proveedor autorizado por Iñárritu, mientras que la UNAM asumió otros pagos por obras, construcción y operación. En paralelo, se gastaron 145 mil pesos en elementos promocionales, incluyendo más de 106 mil pesos para la página web oficial y 70 mil pesos para horas extra del personal.
La instalación fue considerada la más cara en la historia de la UNAM, superando exposiciones previas de artistas reconocidos como Anish Kapoor y Yayoi Kusama. Irmgard Emmelhainz, ensayista y crítica cultural, señaló que “el problema con la instalación de González Iñárritu es que las experiencias y sensaciones carecen de valor de revelación; su fuerza reside en una estéril (y sensacionalista) puesta en escena que pierde fuerza en lo efímero de la sensación del espectador”.
El manejo de los recursos por parte de Graue y Volpi dejó un legado de cuestionamientos: el gasto millonario, la opacidad en la asignación de fondos y la priorización de proyectos de alto costo frente a necesidades académicas y culturales más relevantes evidenciaron un patrón de decisiones que muchos consideraron arbitrarias y poco responsables.
