El gobierno colombiano confirmó que ya suman 15 menores fallecidos en operaciones militares desde agosto, lo que detonó indignación nacional, presión política y reclamos de organismos de derechos humanos, además de una investigación oficial sobre el uso de la fuerza.
La tragedia humanitaria que enfrenta Colombia volvió a escalar luego de que autoridades revelaron nuevos casos de menores muertos en bombardeos militares, lo que elevó la cifra total a 15 víctimas desde agosto y reavivó el debate sobre la actuación del Estado en zonas de conflicto.
Los hechos emergen tras la reciente operación militar contra un campamento insurgente en Guaviare, inicialmente presentada como un golpe operativo exitoso contra una facción disidente, pero que terminó exhibiendo la presencia de menores reclutados a la fuerza entre los fallecidos, de acuerdo con organismos defensores de derechos humanos.
La situación se agravó al conocerse más víctimas en operativos previos, en regiones como Caquetá, Arauca y Guaviare, donde la violencia armada y la falta de oportunidades suelen ser caldo fértil para el reclutamiento forzado por parte de grupos criminales.
Frente a la crisis, el presidente Gustavo Petro expresó en su cuenta oficial que cargará con el pesar de lo ocurrido, al tiempo que solicitó perdón a las madres de las víctimas. La conmoción pública también provocó reclamos legislativos, incluidos llamados a la renuncia del ministro de Defensa, Pedro Sánchez.
Mientras tanto, la Fiscalía Penal Militar abrió una investigación para determinar si el uso de la fuerza aérea se aplicó con apego a los principios operativos y humanitarios, en un episodio que remite a crisis similares ocurridas en 2019, cuando otro ministro de Defensa terminó dejando el cargo tras una polémica prácticamente idéntica.
