Autor: Nathael Pérez Santa Cruz

Luis María Aguilar Morales se despidió del Pleno de la Suprema Corte tras 15 años como ministro y 55 años de carrera en el Poder Judicial de la Federación. Su salida —arropada por familiares, empleados de su ponencia y colegas— fue presentada como el cierre solemne de una trayectoria ejemplar. Pero, detrás de los aplausos formales, se acumulaban investigaciones, favoritismos sospechosos y una larga estela de maniobras turbias que marcaron su paso por la Corte.

A lo largo de su carrera, Aguilar también cultivó un perfil mediático: fue colaborador semanal de Siempre!, revista de origen priísta y, en años recientes, identificada con posiciones de ultraderecha. Ese escaparate le funcionó bien para proyectar autoridad moral… justo mientras su gestión al frente del Poder Judicial (2015-2018) comenzaba a resquebrajarse bajo señalamientos graves.

Redes de corrupción durante su presidencia en el Poder Judicial

Las investigaciones de la administración posterior del Consejo de la Judicatura Federal destaparon un entramado inquietante. Durante la presidencia de Aguilar en la Corte:

• Se vendieron exámenes para acceder a cargos de jueces federales, muchos de los cuales —junto con magistrados— integraron redes de corrupción para “mover” asuntos dentro de los tribunales, encabezadas por el magistrado Jorge Camero.
  
• Se licitaron contratos de telefonía a sobreprecio, operados mediante procesos a modo.
  
• En Jalisco, cárteles del narcotráfico habrían gozado de protección institucional de jueces y magistrados federales, sin que la presidencia de la Corte moviera un dedo.
  

Todos estos hallazgos surgieron de pesquisas contemporáneas, no durante la gestión de Aguilar, lo que sugería un liderazgo más interesado en la apariencia de pulcritud que en limpiar la casa.

El caso Pérez Maqueda: dinero en la cajuela, cuentas congeladas y vínculos incómodos

La trama se volvió más oscura con el caso de Francisco Javier Pérez Maqueda, director general de Inmuebles y Mantenimiento del Poder Judicial durante la gestión de Aguilar. El 10 de febrero de 2017, en plena era Aguilar, se le encontraron 3 millones 400 mil pesos en la cajuela del vehículo oficial. El episodio, que parecía digno de una serie de narcos, fue apenas la punta del iceberg.

Años después, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló cuentas de Pérez Maqueda tras detectar millones de pesos depositados en México y en el extranjero, con transferencias recurrentes hacia cuentas vinculadas —según la indagatoria— a la presidencia de la Corte en tiempos de Aguilar.
El propio Pérez Maqueda era vecino, amigo y compadre del ministro. Poca casualidad en un entorno donde los contratos de infraestructura federal se otorgaban con discrecionalidad y en el contexto urgente de construir instalaciones para el sistema penal acusatorio.

Las investigaciones federales, bajo el requerimiento 110/F/B/1372/2020, involucraron no solo al ministro, sino también a su hermana María Elena, a la familia Arrangoiz Moheno, a empresas beneficiadas con licitaciones durante su presidencia y a presuntos prestanombres. La red financiera apuntaba a un patrón claro: enriquecimiento, triangulación y blindaje interno.

Incluso, se mencionó que otro ministro de la Corte habría estado implicado en las irregularidades del entorno de Pérez Maqueda, aunque sin revelar públicamente el nombre.

Favores, dilaciones y decisiones “a la carta”

La percepción de que Aguilar inclinaba su voto y sus facultades hacia intereses específicos se fortaleció con múltiples episodios, particularmente en la Segunda Sala, donde sus resoluciones parecían favorecer con consistencia a personajes de la administración peñista.

El punto más álgido estalló con un expediente fiscal de 25 mil millones de pesos —equivalente al presupuesto anual de estados como Campeche o Tlaxcala— relacionado con una corporación señalada por evasión. Aguilar pidió ejercer su facultad extraordinaria para atraer el caso… y una vez en sus manos, lo guardó ocho meses sin resolverlo.

El entonces presidente López Obrador, visiblemente molesto, denunció públicamente que el ministro mantenía el expediente congelado “como si estuviera cuidándolo”, en lugar de resolverlo “a favor o en contra, pero resolverlo”. Para el gobierno de aquel momento, el simple hecho de retener un asunto de tal magnitud sin explicación era indicativo de un interés externo al derecho.

En contraste, Aguilar resolvió “rapidito” la suspensión de la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos en Chihuahua y Coahuila, un fallo que afectaba directamente al gobierno federal. La contradicción era difícil de ignorar: para frenar un programa educativo, sí había celeridad; para resolver un caso millonario, había paciencia infinita.

Una despedida ceremoniosa con un legado en entredicho

Aunque Aguilar Morales se despidió de la Corte envuelto en discursos solemnes, su legado quedó marcado por:

• Redes de corrupción en la estructura administrativa del Poder Judicial.
  
• Vínculos personales con funcionarios involucrados en operaciones financieras irregulares.
  
• Dilaciones estratégicas en asuntos fiscales de alto impacto.
  
• Resoluciones selectivas que alimentaron suspicacias políticas.
  

Su imagen de ministro técnico, serio y distante quedó opacada por un historial que, pieza por pieza, dibujaba un Poder Judicial al servicio de alianzas personales y de intereses que poco tenían que ver con la justicia. Y, por supuesto, semejante “trayectoria” no podía quedar sin recompensa: por esta gran labor que realizó durante años, el ministro cobrará un aguinaldo de 445 mil pesos este año. Una joya de cierre para una carrera ejemplar… en todo menos en justicia.