Funcionarios advierten que el enfoque de la administración de Donald Trump en deportaciones masivas ha reducido drásticamente la capacidad de la ATF para investigar el tráfico de armas y delitos violentos
Las investigaciones federales sobre delitos con armas de fuego en Estados Unidos han caído a niveles mínimos debido a que miles de agentes han sido desviados para apoyar la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump. De acuerdo a información de CNN, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) ha reasignado hasta el 80 % de sus agentes especiales a labores vinculadas con inmigración, lo que ha debilitado significativamente la capacidad del país para controlar el tráfico de armas ilegales.
Funcionarios actuales y anteriores de la agencia señalaron que, desde el inicio del año, la ATF no ha revocado la licencia de ningún distribuidor de armas, una caída del 90 % respecto al último año de la administración de Joe Biden. El cambio se debe a la anulación de la “Política de Tolerancia Cero”, la cual permitía sancionar con mayor rapidez a los vendedores que violaran las verificaciones de antecedentes o incurrieran en otras infracciones graves. “Están desregulando una industria que vende herramientas que pueden acabar con la vida de personas en segundos”, declaró un agente bajo anonimato.
El impacto del redireccionamiento no se limita a la ATF, pues documentos obtenidos por CNN revelan que un 23 % de los agentes del FBI, y hasta tres cuartas partes de los efectivos de la DEA también han sido asignados a tareas migratorias, dejando de lado investigaciones de narcotráfico, corrupción y delitos financieros. Exfuncionarios advierten que esta política “está perjudicando al país al debilitar la aplicación de la ley federal”.
La administración de Trump defiende esta medida alegando que el reforzamiento de la seguridad migratoria ha permitido capturar pandilleros y criminales peligrosos. “La Administración está responsabilizando a todos los delincuentes, ya sean inmigrantes ilegales o ciudadanos estadounidenses”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson. No obstante, analistas y exagentes afirman que el costo de estas reasignaciones será visible en el aumento de la violencia armada y la pérdida de control sobre el tráfico de armas hacia México.
El debilitamiento de la supervisión también preocupa a expertos en seguridad internacional. Estudios citados por CNN indican que el 70 % de las armas incautadas en México provienen de Estados Unidos, y que la reducción de inspecciones facilita el flujo de armas hacia el crimen organizado. “Menos inspecciones significa menos rastreo de armas y más posibilidades de que terminen en manos equivocadas”, explicó el académico Topher McDougal, de la Universidad de San Diego.
Con recortes presupuestales que superan los 400 millones de dólares y una pérdida acelerada de personal, la ATF enfrenta lo que algunos exfuncionarios describen como una “crisis moral y operativa”. El desvío de agentes hacia la represión migratoria, sumado a jubilaciones anticipadas y despidos dentro del FBI y otras agencias, está dejando vacíos en la lucha contra el tráfico de armas y los delitos violentos. “El número de investigaciones criminales ha tocado fondo”, admitió un exalto ejecutivo de la ATF.
