La iniciativa, que se vincula a la esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, ha generado críticas por su trámite apresurado y posibles intereses políticos.
El Congreso del Estado de San Luis Potosí avanza rápidamente en la reforma conocida como “Ley Ruth”, vinculada a Ruth González, esposa del actual gobernador, Ricardo Gallardo. La propuesta busca modificar la elección de la gubernatura, estableciendo la paridad obligatoria y anticipando el inicio del proceso electoral. Sin embargo, la medida ha suscitado preocupación por sus implicaciones políticas.
Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación aprobaron el dictamen de esta iniciativa. El coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM, Héctor Serrano, describió el procedimiento como “abreviado”. En minutos, convocaron a sesión, a pesar de que la iniciativa apenas había sido recibida oficialmente.
El artículo más polémico obliga a los partidos a postular solo a mujeres para la gubernatura en 2027. Legisladores de diferentes partidos expresaron sus reservas sobre la urgencia del proceso. Proponen que la reforma carece de un análisis profundo y de un debate adecuado.
La votación en Comisiones mostró una división notable. Rubén Guajardo y Nancy García, de los partidos PAN y Morena, votaron en contra, mientras que algunos del PRI, PVEM y Nueva Alianza apoyaron la reforma. La diputada Nancy García argumentó que la modificación es innecesaria, ya que Morena ya promueve la participación política de las mujeres.
Carlos Arreola, también de Morena, se abstuvo, esperando instrucciones de su dirigencia. En contraste, Rubén Guajardo del PAN señaló que los partidos deben tener libertad al elegir sus candidatos, sin imposiciones externas.
A pesar de las críticas, el coordinador del PVEM, Héctor Serrano, defiende la reforma como un paso para cerrar la brecha histórica en la política estatal. No obstante, sus palabras generan dudas sobre si la medida responde a intereses más allá de la igualdad de género.
El próximo domingo 14 de diciembre, la iniciativa será votada en el Pleno del Congreso. Para avanzar, necesita el apoyo de al menos 18 legisladores. La controversia en torno a este tema se intensifica y promete marcar un cierre de año tenso en el ámbito legislativo.
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