El caso del magistrado Froylan Muñoz Alvarado ha cobrado relevancia en medio de la discusión sobre la reforma judicial en México. Muñoz, quien se opone firmemente al “Plan C”, es un claro ejemplo de cómo la justicia puede convertirse en un privilegio, según una reciente investigación de la revista Polemón.
El magistrado, que forma parte del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, recibe un salario superior al del presidente Andrés Manuel López Obrador, violando así la Constitución que establece que ningún funcionario debe ganar más que el titular del Ejecutivo. De acuerdo con los datos revelados, Muñoz Alvarado percibe un sueldo bruto de 212,340 pesos mensuales, más casi 3 millones de pesos al año en prestaciones, bonos y compensaciones. Además, recibe una beca mensual de 19,803 pesos del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conahcyt), lo cual añade otra capa de controversia, ya que los becarios deben comprometerse a no recibir otras remuneraciones.
La situación se torna aún más cuestionable al considerar que Muñoz Alvarado simultáneamente se desempeña como magistrado, secretario de Organización de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho (ANDD), y “estudiante de tiempo completo”. Esto genera dudas sobre cómo logra cumplir con todas estas responsabilidades, además de sus actividades cotidianas.
Una revisión de sus declaraciones patrimoniales muestra que en 2023 omitió mencionar el pago de la beca y su estatus de estudiante de posgrado. Esto implicaría que reportó un ingreso mensual de 244,542 pesos, sumando casi 3 millones de pesos anuales solo por su trabajo en el Poder Judicial.
Finalmente, bajo la dirección de Muñoz Alvarado, la Asociación de Magistrados y Jueces logró un amparo para proteger un fideicomiso de 15 mil millones de pesos, que en su momento se consideró para apoyar a los damnificados del huracán Otis.
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