Este lunes el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez, se presentó en la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador para informar sobre el caso de Sonia Vargas Terrero, ex colaboradora de Genaro García Luna y que ahora fue contratada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que dirige Norma Lucía Piña Hernández.
Pablo Gómez agregó que los contratos firmados por la funcionaria fueron acuerdos con las mismas empresas que fueron ligadas con Genaro García Luna. Aseguró que Sonia Vargas Terreno realizó operación que consisten en 71 millones 600 mil dólares.
“Ningún contrato cubrió con los señalamientos legales, en relación con hacer investigación de mercado, a pesar de ser de seguridad nacional”.
Sentenció
En el mismo tenor explicó que las autoridades mexicanas, hicieron contrataciones por servicios de 2012 a 2018 en las que están involucrados funcionarios como Eugenio Ímaz Gispert, exdirector del Cisen; Eduardo Guerrero Durán, comisionado de Prevención y Readaptación Social, así como Enrique Salinas Romero, director General de la Política y Estadística Criminal.
Igualmente detalló que todas las erogaciones que se hicieron a un mismo conglomerado de empresas manejadas por un par de personas para sistemas de rastreo, sistemas de inteligencia y telefonía celular. Estas operaciones, dijo, se llevaron a cabo durante el sexenio de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto.
“Estamos hablando de un gigantesco mecanismo”, dijo sobre estas acciones que habrían llevado a desviar más de 700 millones de dólares, los cuales el gobierno de México espera recuperar gracias a un juicio civil en Florida, Estados Unidos.
Finalmente mencionó que las personas mencionadas en este informe son investigadas por la Fiscalía General de la República, la cual se encuentra buscando más evidencias para que se determine si estos funcionarios cometieron algún acto de corrupción.
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