El 6 de diciembre del 2022, Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de Argentina, fue acusada por los delitos de administración fraudulenta con perjuicio a la administración pública, por lo que fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, sin ningún tipo de prueba contundente que respalde dichas acusaciones. Un día después de la acusación a la vicepresidenta de Argentina, Pedro Castillo Terrones, el ex presidente de Perú, fue detenido y acusado de “incapacidad moral”, después de anunciar de cerrar el Congreso de la República, instaurar un estado de excepción, el establecimiento de un toque de queda nocturno y convocar a elecciones para establecer un nuevo congreso con facultades constituyentes. En su lugar la presidencia fue ocupada por su vicepresidenta Dina Boluarte, llevando a Perú en uno de los episodios más oscuros en su historia. Ambos acontecimientos están relacionados, ambos son ataques bien coordinados de la derecha oligarca por medio del lawfare, para tumbar la ola de gobiernos progresistas en América Latina comenzadas con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en julio del 2018. ¿Qué ocurre en Argentina y Perú? ¿Qué es el lawfare? ¿Qué pueden hacer los gobiernos progresistas ante estos golpes de la derecha global?
Para muchos de los lectores que no estén familiarizados con el término lawfare, será explicado. Lawfare es una palabra acuñada por el diccionario de lengua inglesa de la Universidad de Oxford, formada de dos palabras inglesas law y warfare. Es decir, ley y guerra. Esto es la utilización ilegal de las instancias judiciales nacionales e internacionales, bajo la apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente político. Con la ayuda de los medios de comunicación montan golpes blandos para imponer una realidad, cambiando el paradigma. No es lo mismo que un golpe de estado tradicional, porque este último cuenta con el respaldo de las fuerzas armadas. Aunque en el caso de Perú, los golpistas contaron con el respaldo de las fuerzas armadas y la policía peruana. De modo que se puede considerar lo ocurrido en Perú como un golpe de Estado.
A través del tiempo, se ha visto como príncipes, reyes, emperadores y políticos han sido blancos de ataques, intentos de asesinato y lawfare porque han sido un obstáculo a los intereses de sus opositores. Como el atentado que sufrió el general y presidente francés Charles de Gaulle el 22 de agosto de 1962, porque la ultraderecha francesa veía con malos ojos la independencia de Argelia; el magnicidio de la pareja real austrohúngara, Francisco Fernando y su esposa en Sofía Chotek fueron asesinados en Sarajevo por la Mano Negra o Unión o Muerte, una organización paneslavista serbia, que buscaba unificar a los países de los Balcanes en una sola Serbia y veía la anexión de Bosnia y Herzegovina al imperio austrohúngaro como una amenaza a los planes de unificación, asesinato que detonó el inicio de la Primera Guerra Mundial; y en el 2018 Lula da Silva pasó 580 días en prisión por una condena de corrupción que lastraba su carrera política y permitió el ascenso de Jair Bolsonaro, pero detrás de este juicio estaba la ultraderecha que veía a Lula como una amenaza y buscaba la forma de mermar su poder político.
Como resultado de estos recientes golpes en América Latina, manifestantes llenaron las calles de muchas ciudades de Argentina y Perú en defensa de Kirchner y Castillo. Sin embargo, es en Perú donde la situación es muy crítica y problemática. La policía peruana ha reprimido las manifestaciones con el uso de la violencia ocasionando heridos y muertos. Mientras que la derecha está ocupada en golpetear mediáticamente al ex presidente Castillo, los países de América Latina, encabezados por los gobiernos de la República de Colombia del Gustavo Petro, la Republica de Argentina de Alberto Fernández de Argentina, el Estado Plurinominal de Bolivia de Luis Arce y los Estados Unidos Mexicanos de Andrés Manuel López Obrador en un comunicado expresaron su profunda preocupación ante los recientes acontecimientos que llevaron a la destitución de Castillo Terrones. Este es parte del comunicado:
“Nuestros gobiernos hacen un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas”, dijeron en el comunicado publicado después de que muchos de ellos ya hayan expresado su preocupación por la crisis desencadenada en Perú desde que Castillo decidiera disolver el Congreso, en lo que muchos vieron como un golpe de Estado, y fuera arrestado por ello…”
Antes de ser despojado de su cargo, Castillo solicitó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador asilo político. Por lo que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicano Marcelo Ebrard respondió ante la situación que son las autoridades peruanas las que deben de determinar el estado legal del ex mandatario y que la oferta sigue vigente. Ahora solo queda por determinar lo que sucederá con la cumbre de la Alianza del Pacífico, que se iba a llevar a cabo en Perú y AMLO tenía la intención de viajar para entregar la presidencia pro tempore.
En resumen, la derecha global busca contraatacar por cualquier medio necesario para detener el avance de los gobiernos progresistas en América Latina, ya sea por lawfare, usar los medios de comunicación para poner al público en contra de un mandatario o por medio del asesinato. Los hombres débiles usan la ley a su conveniencia, y cuando no, solo la quebrantan. Esto que quiere decir, que la derecha no son personas fuertes, fuertes de voluntad, porque siempre están sujetos a las leyes del libre, cuando quieren usan las leyes o las rompen para realizar algún negocio al amparo del poder público o entregar un recurso público a una empresa privada.
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.
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