SCJN: se muerde la lengua

Tan solo esta semana pasada se daba a conocer que, en 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) había pagado más de un millón de pesos por un curso con una insólita duración de un día.

Ante esto, la cuenta de twitter de la SCJN indicaba que esos datos no correspondían a la actual administración e indicaba que desde 2019 hay un «nuevo Poder Judicial Federal (PJF)»; y, desde ese entonces, «hace más, con menos».

Sin embargo, se le olvidó mencionar qué acciones tomaría para atender dicho caso o si por lo menos se tomarían las molestias para investigar qué ocurrió en este asunto y aclarar la situación, si es que realmente el «nuevo PJF» está comprometido de tal forma que le interese combatir la corrupción.

Esto llama más la atención, porque técnicamente la SCJN, con esa respuesta, está aceptando un acto de corrupción, y que no hará nada al respecto. Además, para colmo, aun así, aseguran que son un «nuevo PJF». Eso equivale a morderse la lengua, pues no explica ni justifica cómo está combatiendo la corrupción en sus filas ante este tipo de evidencias.

No hay que olvidar que, en 2017, Luis María Aguilar era el presidente de la SCJN en ese entonces y actualmente sigue siendo ministro del máximo tribunal del país. Asimismo, durante su administración, también hubo otros grandes problemas, como la venta de exámenes, en 2018, para ingresar al poder judicial y ocupar el cargo de juez de distrito.

Una actividad que no fue exclusiva de ese año, sino que ya desde antes se sabía que los exámenes para ingresar al poder judicial federal suelen venderse. Incluso, recientemente, en el mes de abril, nuevamente se dio a conocer que un evaluador realizaba estas ventas.

Además, después de revelarse el gasto excesivo por un curso de un día, surgieron otros datos que reflejan la misma situación. Pues, la misma SCJN pagó un total que sobrepasa los ocho millones de pesos por tres cursos de inglés, entre 2017 y 2018, a la misma empresa.

Por tanto, esto provoca la sospecha de que la adquisición de productos y servicios de la SCJN esconde quizá aún más datos relevantes por los que se revela un despilfarro de los recursos públicos, de los cuales solo se guarda silencio.

Asimismo, tras encontrar evidencia de venta de exámenes para ingresar al poder judicial, esto quiere decir que varios integrantes que conforman al poder judicial han llegado a formar parte de las filas de tribunales federales no por cuestión de méritos, sino por actos de corrupción, los cuales han quedado impunes; peor aún, no hay que olvidar que ser juez es un cargo que se relaciona con la impartición de justicia.

De ahí que al mismo ministro Luis María Aguilar se le criticara y se ostentara como un defensor de derechos humanos con su proyecto para inaplicar la prisión preventiva oficiosa que contempla la constitución federal; mismo proyecto que, al final, retiró.

Por otra parte, a todos estos problemas, habría que sumar lo oneroso que resultan ser los suelos de los ministros, los cuales son una carga pesada al erario, pues, desde que se reveló este tema para la opinión pública, se supo que los jueces de la SCJN en nuestro país son los mejores pagados del mundo, lo cual causó una gran indignación para los ciudadanos.

Por cierto, el salario de los ministros nunca ha sido una información que haya estado oculta, sino que simplemente no estaba en el radar ciudadano. Y, tras conocerlos, solo así fue posible empezar a prestar un poco de atención sobre lo que sucede en el poder judicial.

Por todo, si realmente existe un «nuevo PJF», de él se espera que actúe conforme a ciertos principios; entre ellos, que el combate a la corrupción sea algo prioritario de lo cual no hay callarse ni dejarlo pasar. Resulta irónico que el máximo tribunal del país avale la impunidad.

De otra forma, destacar y aceptar que sí, antes de 2019, había corrupción y no hacer nada al respecto, solo es morderse la lengua; quedarse de brazos cruzados.

Pues lo dicho, todas estas irregularidades fueron durante la administración del ex ministro presidente de la SCJN: Luis María Aguilar, quien sigue en funciones como si nada hubiera pasado; y todo, a pesar de haberse aceptado un acto de corrupción.