Ayotzinapa: Crimen de Estado

Nos acercamos cada vez más a cumplir ocho años de la lamentable desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero. Una herida social que no se va a cerrar nunca y que la impunidad e injusticia han sido la tendencia constante en ese caso y miles más. Sin embargo, en la actual administración federal se ha hecho un esfuerzo por esclarecer esta situación y fue presentado recientemente un informe de conclusiones preliminares que nos motivan a escribir el presente escrito.

Mentira histórica

Como sabemos, la noche del 26 de septiembre y madrugada del 27 de 2014 fueron agredidos los estudiantes de la normal de Ayotzinapa mientras se encontraban en una actividad política en Iguala previa a la movilización del 2 de octubre en la Ciudad de México. Durante la represión algunas personas fueron asesinadas; de los estudiantes unos fueron detenidos, otros se escondieron y, finalmente, los 43 que fueron desaparecidos forzadamente.

Ante la ola de protestas -incluso a nivel mundial- se llevaron a cabo detenciones de distintos funcionarios (como el presidente de Iguala José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa) la renuncia de otros (como el gobernador del estado, Ángel Aguirre) y la presión parecía apuntar hacia las más altas esferas del poder público del país.

Por ello, el gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto, a través de su Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y su jefe de investigación, Tomás Zerón alteraron las pruebas y fabricaron otras para limpiar la cara de las instituciones implicadas en los hechos (principalmente del ejército), así construyeron la “verdad histórica”.

Esa que debe ser llamada la “mentira histórica” decía que los estudiantes habían sido entregados por los policías municipales al grupo criminal Guerreros Unidos (ya que ellos los habían confundido con miembros de otro grupo delictivo y/o que habían sido atacados por orden del presidente de Iguala por temor a que fueran a boicotear un evento) y que los habían asesinado para después incinerarlos en el basurero municipal de Cocula, Guerrero.

No obstante, distintos organismos internacionales desestimaron esa versión e hicieron notar que había sido fabricada y en algunos momentos iban en contra de la ciencia las conclusiones que habían tenido desde el gobierno federal. Principalmente, la investigación que realizó el Grupo Independiente de Expertos Internacionales (GIEI) demostró lo ya señalado líneas arriba.

Concluyendo…

Desde el inicio de la Cuarta Transformación (2018) el gobierno federal se comprometió a esclarecer los hechos y hacer justicia, debido a eso se creó la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia sobre el caso de Ayotzinapa (CVAJ) que llevó las investigaciones correspondientes con el apoyo de la Subsecretaría de derechos humanos presidida por Alejandro Encinas.

En julio de 2020 la “verdad histórica” fue cancelada y se solicitó la captura de 46 exfuncionarios bajo acusaciones de desaparición forzada y delincuencia organizada. Entre ellos, el jefe de la investigación, Tomás Zerón, quien se encuentra en Israel y el gobierno de México ha presionado para lograr su extradición sin tener éxito aún.

Las conclusiones preliminares de la CVAJ fueron finalmente presentadas este jueves 18 de agosto por Alejandro Encinas y tuvieron datos bastantes interesantes: se considera ya el caso como un crimen de Estado; se explica la participación conjunta de la delincuencia organizada y miembros de las instituciones gubernamentales (incluido el Ejército); había un infiltrado de las fuerzas armadas entre los estudiantes; la creación de la “verdad histórica” respondió a la fabricación de una historia que pusiera en buenos términos al gobierno y sus instituciones; y aunque solo se han identificado restos de 3 de los estudiantes, no se tienen indicios de que los demás estén con vida.

Entre las primeras medidas tomadas después del informe fue la detención el viernes 19 de agosto del ex procurador general de la república, Jesús Murillo Karam, quien ya fue vinculado a proceso bajo los delitos de obstrucción o estar contra la administración de la justicia, tortura y desaparición forzada.

Además, la Fiscalía anunció que se liberaron otras 83 órdenes de aprehensión en el estado de Guerrero contra mandos militares y personal de tropa (20 de ellas), policías locales y estatales y autoridades administrativas y judiciales, así como contra miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.

¡Justicia!

Esperemos que las investigaciones sigan su curso y se puedan esclarecer más los hechos y hacerse justicia. Que paguen los que tengan que pagar. Estamos seguros que aún faltan personas implicadas por juzgar, entre ellos Enrique Peña Nieto que ha de estar buscando un lugar donde esconderse.

Ayotzinapa -como decía al comienzo- es una herida que jamás va a sanar, pero que la resolución de su caso y el empleo de la justicia puede ayudarnos a que no se vuelvan a repetir estos acontecimientos. Nuestra memoria histórica y nuestro compromiso con un mundo mejor nos obligan a asegurarnos de que así suceda.