En Irán, la protesta ya no es solo una consigna política: es un grito de supervivencia. Desde finales de 2025, las calles se han llenado de personas comunes —jóvenes sin futuro, mujeres cansadas de la opresión cotidiana, trabajadores asfixiados por la inflación— que han decidido perder el miedo porque la vida, tal como la conocen, ya no alcanza. El precio de los alimentos sube, el salario no rinde y el Estado parece cada vez más lejano a las necesidades reales de su pueblo.
Lo que comenzó como un reclamo económico pronto se convirtió en algo más profundo: una exigencia de dignidad. Las protestas revelan un malestar estructural, acumulado durante años, donde el autoritarismo político y religioso se combina con un modelo económico incapaz de garantizar bienestar. Frente a este descontento legítimo, la respuesta del régimen ha sido la fuerza: balas, detenciones masivas, persecución y silencio impuesto. Cada manifestante reprimido es también una familia rota, una madre que espera, un barrio que aprende a vivir con miedo.
El gobierno iraní insiste en reducir esta crisis a una conspiración externa. Acusa a Estados Unidos de fomentar la violencia y de utilizar el descontento social como una herramienta para debilitar al país. Y aunque es innegable que Washington ha intervenido históricamente en la región —respaldando sanciones, presiones diplomáticas y discursos de “liberación” que suelen esconder intereses geopolíticos—, esa narrativa no borra una verdad incómoda: nadie necesita ser manipulado desde fuera para protestar cuando el hambre, la represión y la falta de libertades ya son parte de la vida diaria.
Desde una mirada crítica y de izquierda, el conflicto revela una doble injusticia. Por un lado, un régimen que ha cerrado los canales democráticos y responde al pueblo con violencia en lugar de justicia social. Por otro, una potencia como Estados Unidos que, lejos de actuar por solidaridad genuina, instrumentaliza el sufrimiento ajeno para reforzar su influencia regional, sin asumir nunca las consecuencias humanas de sus “intervenciones”.
Entre estos dos polos de poder queda la gente. Personas que no piden sanciones, ni guerras, ni discursos grandilocuentes, sino trabajo, derechos y la posibilidad de decidir su propio destino. La tragedia iraní no puede leerse solo como un problema de seguridad o diplomacia: es una crisis social profunda, donde el pueblo paga el precio de un sistema autoritario y de un orden internacional que prioriza la confrontación sobre la vida.
Irán arde no porque su gente quiera el caos, sino porque durante demasiado tiempo se le negó la justicia. Y mientras las grandes potencias discuten estrategias, son los cuerpos en las calles, las voces silenciadas y el dolor cotidiano los que cuentan la historia real de esta revuelta popular.
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