La censura literaria en EUA alcanza niveles históricos, afectando especialmente a autores latinoamericanos y obras con representación LGBTQ+. Organizaciones como PEN América y la American Library Association documentan retiros masivos de títulos en todo el país.
La censura de libros en Estados Unidos ha alcanzado un punto sin precedentes, pues de acuerdo con un artículo de Témoris Grecko para Milenio, de casi 4 mil títulos prohibidos en 45 estados, más de la tercera parte son de autores latinoamericanos y de obras con personajes LGBTQ+. Entre los autores afectados están Gabriel García Márquez, Isabel Allende, Laura Esquivel, los chicanos Rudolfo Anaya y Sandra Cisneros, así como biografías de Frida Kahlo y Celia Cruz. Los contenidos censurados incluyen referencias sexuales, críticas al capitalismo o al colonialismo, y relatos sobre diversidad racial y sexual.
PEN América señala que “Nunca antes en la vida de ningún estadounidense se habían retirado sistemáticamente tantos libros de las bibliotecas escolares de todo el país” y que políticos han presionado a directores escolares “incluso amenazando con fondos públicos para exigir su cumplimiento”. La American Library Association (ALA) reporta que en cumplimiento de directivas anti-DEI, se realizan retiros masivos de títulos en centros federales, afectando textos sobre etnias, minorías y temas LGBTQ+, incluyendo escuelas del Departamento de Defensa y la Biblioteca Nimitz de la Academia Naval.
Entre los libros más desafiados de 2024 destacan títulos como All Boys Aren’t Blue, de George M. Johnson, y Gender Queer, de Maia Kobabe, que abordan identidad de género y diversidad racial. PEN América advierte que esta “normalización de la prohibición de libros” genera un control ideológico sobre la educación pública y afecta derechos de estudiantes, educadores y bibliotecarios.
Los estados con mayor incidencia de censura incluyen Florida, Texas y Tennessee, donde los gobernadores republicanos han promovido políticas que facilitan la prohibición de libros en escuelas y bibliotecas. También se observan movimientos en Pensilvania, Michigan y Minnesota, con poderes divididos entre republicanos y demócratas. Esta censura se ha institucionalizado parcialmente a nivel federal, con la administración Trump imponiendo directivas como Ending Radical Indoctrination in K-12 Schooling y Ending Radical And Wasteful Government DEI Programs, retirando casi 600 libros en escuelas del Departamento de Defensa.
Además de afectar a estudiantes, la campaña de censura ha generado un clima de miedo entre educadores y bibliotecarios, quienes se ven presionados a limitar el acceso a textos para evitar sanciones o conflictos políticos. PEN América concluye que la estrategia busca explotar temores de los padres para ejercer control ideológico sobre la educación pública, reduciendo el derecho de los estudiantes a leer y aprender, y eliminando protecciones para los docentes.
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